Un grupo de organizaciones sociales presentaron, este martes, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 25 demandas de amparo por la presunta violación de derechos humanos en contra del vocero de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) y habitantes de la comunidad La Floresta, acusados de comercializar parcelas y manera ilegal.
Las demandas fueron realizadas por Unidehc junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir).
“En estos 25 amparos hacemos una descripción de los derechos violados por parte de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil que han ejecutado procesos de desalojos y capturas en contra de habitantes de la zona (de San Juan Opico)”, manifestó la representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Maricela Ramírez.
Ramírez explicó que con dichas solicitudes buscan que la Sala de lo Constitucional garantice los derechos humanos que están respaldados en la Constitución de la República, que corresponden a la libre asociación.
“El argumento de la Fiscalía para la captura de Fidel Zavala y en contra de los abogados de Unidehc tiene que ver con una acusación de asociaciones o agrupaciones ilícitas. Nos parece una burla este tipo de acciones cuando está estipulado en la Constitución salvadoreña nuestro derecho a poder asociarnos libremente”, expuso la vocera del BRP.
En ese sentido, exigen a la Sala de lo Constitucional que verifiquen el derecho libre a asociarse y que no se criminalice a los defensores de derechos humanos.
Otras demandas
Otro de los derechos que aseguran fue violentado se trata del derecho a la posesión, ya que sostienen que los habitantes de La Floresta exigen un derecho “auténtico” y del que el Estado salvadoreño está obligado, que es una vivienda digna.
Asimismo, señalan que hubo un proceso legal llevado por Unidehc, donde se le niega a la comunidad el derecho a la petición, es decir, a ser escuchados por las autoridades salvadoreñas.
Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidehc), fue detenido el 25 de febrero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fiscalía.
Fidel Zavala y otras 19 personas son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar vender lotes a personas de escasos recursos por $100 y $200. Según la FGR son acusados de los delitos de amenazas con agravación especial, comercialización irregular de parcelas o lotificaciones, limitación ilegal a la libertad de circulación, ejercicio ilegal de la profesión y agrupaciones ilícitas.
La FGR, además, publicó que Unidehc «nunca ha sido inscrita ante las instituciones correspondientes, ni está en proceso de inscripción, lo que la convierte en una asociación ilícita».
Solicitud de medidas cautelares
Por otra parte, Unidehc presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para otorgar medidas cautelares a favor de Fidel Zavala.
“Nos preocupa el grave peligro que el Sr. Zavala pueda correr en caso en caso de ser trasladado a cualquier recinto de centros penales por posibles represalias debido a las denuncias que realizó en 2024”, señala la carta dirigida a la CIDH.
Zavala fue acusado en 2022 del delito de estafa y pasó detenido 13 meses en los centros penales de Mariona y la Granja de Santa Ana; cuando salió libre, denunció en la Fiscalía General de la República sobre maltratos y torturas que sufrió por las autoridades durante su proceso penal.
Ante la nueva captura de Zavala, el vocero de Movir, Samuel Ramírez, afirmó que el activista de Unidehc “es una víctima de la persecución política.”
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