La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la noche de este viernes que no es ningún delito llamar o referirse a una persona por su apodo.
La aclaración se dio luego de que en redes sociales se hiciera viral de que los apodos podrían considerarse un delito cuando causan daño a estudiante.
La Fiscalía dijo que en el país no existe ninguna «Ley Antiapodos».
«La FGR informa a la población salvadoreña que es falsa la información que circula en redes sociales y medios de comunicación sobre la supuesta criminalización del uso de apodos en las escuelas», señaló la FGR.
#Aclaración | «Ley Antiapodos» no existe.
La @FGR_SV informa a la población salvadoreña que es falsa la información que circula en redes sociales y medios de comunicación sobre la supuesta criminalización del uso de apodos en las escuelas.
Aclaramos que el Código Penal… pic.twitter.com/w8XCNhPbSr
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 8, 2025
La FGR añadió que estas acciones no implican ni en el ámbito escolar, ni en ningún otro espacio.
Consideraciones de la ley
El llamar a las personas por sus apodos no está penado en el Código Penal, sin embargo la injuria sí es considerada un delito.
Según las normativas actuales, cuando se ofrenda de palabra o a través de una acción la dignidad «o el decoro» de una persona, el acusado será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
El artículo 221 del Código Penal también habla sobre los daños y señala que serán sancionados con prisión de seis meses a dos años los individuos que dañen bienes muebles o inmuebles, públicos o privados, a través de cualquier inscripción de palabras, figuras, símbolos o marcas que fuera grabadas o pintadas.
En esa misma línea, el artículo 339 del mismo documento ampara cuando se ofenda de hecho o palabra el honor de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por esta razón será sancionado con prisión de seis meses a tres años.
Las últimas reformas al Código Penal fueron aprobadas el 7 de febrero pasado por la Asamblea Legislativa no toma en cuenta el tema de los apodos, pero se abordó el aumento de prisión, creación de nuevos delitos y ajustar mecanismos probatorios.
El Órgano Legislativo también reformó las leyes Penal Juvenil, contra el crimen organizado y Penitenciaria, así como el Código Procesal Penal.
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