Uno de los donantes que financia proyectos de investigación en la Universidad de El Salvador (UES) ha decidido frenar el financiamiento que brinda a la institución de educación superior estatal debido a la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros que faculta al Estado a fiscalizar a todos los agentes extranjeros a través del Ministerio de Gobernación y además les establece un impuesto del 30 % a sus contribuciones.
Durante 2024, la UES recibió unos $13 millones luego de haber gestionado 30 proyectos de investigación, según el rector, fondos que fueron utilizados para movilidad académica, compra de equipo y de insumos para las investigaciones y proyectos.
El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, explicó el lunes que uno de sus donantes les informó que «se van a mantener en reserva la decisión de acompañar proyectos» con esta institución por la aprobación de la nueva ley que ha sido cuestionada por el probable impacto en la libertad de asociación y expresión.
«Precisamente hemos encontrado la resistencia en una de ellas, en donde ha expresado que por el momento se van a mantener en reserva la decisión de acompañar proyectos que la Universidad de El Salvador ha venido gestionando y por supuesto, están en la libertad».
Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador (UES).
Quintanilla detalló, durante una entrevista en Informa TV, que los donantes tienen la libertad de reorientar los fondos que destinaban hacia El Salvador para apoyar a otros países de Centroamérica o África. Aseveró que en sus pláticas con embajadores le han expresado que «existe esa preocupación» y que están en desacuerdo con la normativa «en cuanto a que sus países están interesados en el desarrollo de la Universidad de El Salvador».
Por estas razones, considera que la normativa «seguro afectará a la Universidad de El Salvador» y a otras universidades, puesto que la vicerrectora académica del Alma Mater le informó que en, el Consejo de Educación Superior –un organismo consultivo del Ministerio de Educación–, las otras universidades también están preocupadas por el impacto a donaciones para investigaciones.
«Nosotros por supuesto somos respetuosos de la ley y en esa lógica nos vamos a someter a lo que esté establecido y, por supuesto, aceptar la decisión que los cooperantes».
Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador (UES).
En este sentido, la institución ha solicitado a la Fiscalía General de la UES y al decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que analicen la normativa para concluir cuál es el impacto que pudieran tener en el trabajo que han «venido construyendo con la cooperación internacional».
Esta ley creó un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) con facultad para requerir a los agentes extranjeros documentos o cualquier información que considere necesaria, de forma oficiosa, supervisar, fiscalizar y llevar un control de las actividades de los agentes extranjeros, requerirles “los informes necesarios”, remitir a Fiscalía un informe semestral de las actividades registradas, colaborar con otras instituciones del Estado, sobre informes sobre “la actividad de los sujetos obligados” para investigación y procesos administrativos y decidir quiénes estarán excluidos, así como revocar la exclusión o renovarla ante “incumplimientos”. La ley prohíbe actividades políticas.
5 proyectos de la UES con cooperación extranjera
1. Innovación tecnológica, proyectos de investigación y desarrollo con impacto a pequeña y mediana empresa y buscan un valor agregado para empresas: $9 millones.
2. Estudios de geología. Facultad de Ciencias Agronómicas implementó la carrera de Ciencias de Geologías. Recibió financiamiento para compra de equipo, mismo que se usó para ir a Ahuachapán por explosión de ausol.
3. Laboratorio de toxinas marinas.
4. Laboratorio sobre energía nuclear para control de enfermedades.
5. Tratamientos a bajo costo en Odontología.
Pide exclusión para universidades
El rector de la UES pidió a la Asamblea Legislativa que valore las afectaciones que la Ley de Agentes Extranjeros puede causar a las instituciones educativas y que excluya de la ley a las universidades, para no afectar los proyectos académicos que dependen de la cooperación internacional.
Quintanilla aseguró que se mantendrán respetuosos de lo que establece la normativa y se van a «someter a lo que esté establecido y, por supuesto, aceptar la decisión que tomen» los cooperantes sobre los proyectos que están en gestión.
La controversial normativa aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa entró en vigor el 7 de junio y dio un plazo de 90 días para la inscripción de personas u organizaciones que reciben financiamiento desde el extranjero. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, aseguró que la normativa implica que El Salvador «da un paso más en la dirección de Nicaragua» y que está «dirigida a impedir el trabajo de las sociedad civil y medios independientes».
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