El reciente acuerdo de Facilidad de Fondo Ampliado (EFF) firmado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional representa un hito en la política fiscal del país. Más allá del alivio financiero que supone, el acuerdo ofrece una oportunidad valiosa para fortalecer la institucionalidad fiscal, especialmente el papel de la Corte de Cuentas de la República (CCR), órgano clave en la vigilancia del uso de los recursos públicos. Diversos informes internacionales, entre ellos los del propio FMI, la Encuesta de Presupuesto Abierto y el Reporte de Transparencia Fiscal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, han coincidido en señalar la necesidad de reforzar la independencia y capacidad técnica de la entidad contralora del Estado salvadoreño.
Una gestión fiscal responsable requiere instituciones sólidas y transparentes. Según la más reciente edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership, El Salvador obtuvo una calificación de 61 puntos sobre 100 en vigilancia presupuestaria.
En este ámbito, la Corte de Cuentas alcanzó 72 puntos, superando a la Asamblea Legislativa y destacándose por su aporte al control del gasto público. Sin embargo, persisten desafíos importantes: ampliar el acceso a los informes de auditoría, garantizar que los más relevantes lleguen a conocimiento de la Asamblea Legislativa y realizar una auditoría financiera completa conforme a los estándares internacionales a la liquidación del presupuesto ejecutado del Estado. Como aspecto favorable, la legislación salvadoreña permite la participación ciudadana en la fiscalización cuando se sospecha un uso irregular de fondos, siendo este un aspecto alentador que puede favorecer el mejor uso de fondos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su Reporte de Transparencia Fiscal, reconoce los avances de la Corte de Cuentas, pero insiste en la necesidad de que sus auditorías abarquen todo el presupuesto ejecutado y que la institución cumpla con los principios de independencia establecidos internacionalmente. En esa línea, el acuerdo entre el FMI y el Gobierno salvadoreño contempla la presentación, antes de diciembre de 2025, de una propuesta de reforma legal para fortalecer la autonomía institucional y financiera de la Corte de Cuentas, otorgándole además un mandato claro en materia anticorrupción.
Con base en el Acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, la reforma deberá alinearse con las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia la Declaración de México de la INTOSAI, que consagra los principios de independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, y la Declaración de Abu Dabi de la ONU sobre integridad institucional.
Entre los cambios esperados figuran una mayor independencia política y técnica, un mandato ampliado para investigar irregularidades administrativas y financieras, y mecanismos de coordinación con la Fiscalía General de la República mediante protocolos de intercambio de información y remisión de casos. Estos ajustes permitirían transformar la Corte de Cuentas en un órgano de control moderno, técnico e independiente, capaz de detectar y prevenir la corrupción en la gestión pública.
El acuerdo con el FMI debe verse, más que como una imposición externa, como una oportunidad para avanzar hacia una cultura de responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Publicar auditorías pendientes, proporcionar datos fiscales y adoptar estándares internacionales no son metas ajenas al país, sino pasos concretos hacia una gestión pública más eficiente y confiable. Cada acción de apertura, cada informe disponible y cada avance en rendición de cuentas contribuye a fortalecer la confianza ciudadana y la sostenibilidad fiscal.
El Salvador se encuentra ante un momento decisivo. La modernización de la Corte de Cuentas no solo podría mejorar la calidad del gasto público, sino que también puede consolidar la confianza en las instituciones y la capacidad del Estado para administrar con probidad los recursos de todos. Aprovechar este impulso con determinación es clave. La fecha clave es diciembre de 2025 donde las propuestas deben estar en el congreso salvadoreño para que puedan ser discutidas y, una vez aprobadas, fortalecer el proceso de evaluación del gasto público.
*Rommel Rodríguez es economista de Funde