Entre la verdad y la sombra: la nueva era de la censura

Stalin mandaba borrar de las fotografías a los colaboradores que caían en desgracia. En la Alemania nazi, el Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, controlaba por completo la prensa, la radio, el cine y la literatura. En España, la Ley de Prensa de 1938 impuesta por Franco estableció la revisión previa obligatoria de todo material publicado. En Corea del Norte, Kim Jong-un mantiene un control absoluto sobre internet y los medios de comunicación; solo se puede acceder a información aprobada por el Estado. Y en Rusia, el célebre Putin ha restringido la prensa, cerrado medios independientes y perseguido a periodistas críticos de su régimen. Incluso Estados Unidos, paladín de la democracia, actualmente utiliza el acoso legal y castigo con pérdida de ingresos contra medios de información para fomentar el temor a la difusión de noticias que critiquen a su presidente.

Cuán satisfechos estarían los dictadores del pasado y del presente al ver el amplio régimen de censura que aún se aplica en muchos países, incluido el nuestro. Estamos llegando a la distopia que nos planteaba George Orwell en su novela “1984”, con una sociedad totalitaria controlada por un régimen omnipresente y su ministerio de la verdad.

¿Que entendemos por censura y para qué sirve?

La censura es la supresión, control o limitación de información, ideas o expresiones por parte de una autoridad, ya sea un gobierno, institución o grupo de poder, con el objetivo de impedir que el público acceda a ciertos contenidos que se consideran indeseables, peligrosos o inconvenientes.

Mantener el poder político, controlar la opinión pública, proteger la moral o valores “oficiales” son los objetivos primordiales de la censura para evitar el cuestionamiento, y/o debilitar la autoridad de los grupos de poder.

Evolución de la censura en nuestro país:

Antes del actual gobierno, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) fue aprobada en 2011, durante la presidencia de Mauricio Funes (FMLN). Esta ley permitió la creación del Instituto de acceso a la información Pública (IAIP), entidad que aseguraba que todo ciudadano salvadoreño tuviese acceso a información estatal. Entre 2011 y 2018, aunque hubo casos de opacidad o retrasos, el acceso a datos públicos fue relativamente amplio. Los ciudadanos y periodistas podían solicitar informes sobre gastos, salarios, compras públicas, etc. Pero todo cambio con la llegada de Nayib Bukele al poder en junio de 2019.

En 2020, el gobierno clasificó como “reservada” gran parte de la información relacionada con gastos en publicidad, viajes, contratos y compras de emergencia (por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19). Durante este año, se comenzó a negar información solicitada por periodistas y organizaciones civiles, alegando “seguridad nacional” o “protección de datos personales”. Durante este tiempo, el IAIP sufrió el cambio de comisionados independientes por funcionarios “amigables”, así debilitando su autonomía. Con esta infusión de personas afines al gobierno, el instituto comenzó a avalar la reserva de información en casos donde antes habría exigido transparencia.

Desde 2021, muchas instituciones del Estado ya no publican datos actualizados (por ejemplo, sobre finanzas públicas, seguridad o salud). Diferentes medios independientes de información han denunciado obstáculos sistemáticos para acceder a fuentes oficiales. En 2023, el gobierno reformó procedimientos administrativos que facilitan declarar como “reservada” casi cualquier información.

La censura nos mantiene en la oscuridad. Limita y debilita la participación ciudadana y por ende la democracia. Cuando los gobiernos censuran información o medios de comunicación, los contrapesos se debilitan. A largo plazo, esto genera concentración del poder, y puede derivar en regímenes totalitarios. La censura permite ocultar irregularidades financieras, contratos sospechosos y desvíos de recursos. Los abusos de poder y la corrupción se multiplican. De acuerdo con la clasificación en el índice de percepción de la corrupción, en el 2024, El Salvador cayo al puesto 126 de 180 países.

La censura facilita proyectar una imagen idealizada del gobierno, incluso cuando la realidad es muy distinta. Es muy clara la contradicción de la percepción del ciudadano común salvadoreño, por ejemplo, con respecto al estado de la economía nacional, y los reportes técnicos producidos por entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La censura fomenta desinformación, rumores y teorías conspirativas, ya que la ciudadanía busca información en fuentes no oficiales. Pensadores como John Stuart Mill, argumentan que la censura limita la búsqueda de la verdad y restringe el desarrollo moral e intelectual de las personas. La búsqueda de la verdad, un concepto cada vez más ajeno en nuestro país.

*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional