Las cifras publicadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología sobre la disminución del 2.32 % en la matrícula universitaria y técnica durante 2024 son más que un simple dato estadístico: son una llamada de atención nacional. En un país donde la educación es la principal herramienta para romper los ciclos de pobreza, perder más de 4,600 estudiantes en un año debería preocupar a todos los sectores, no solo al académico.
El descenso es aún más notorio si se observa por tipo de institución. Los institutos tecnológicos, clave para la formación técnica y la empleabilidad juvenil, registran una reducción alarmante del 20.57 %. Este dato no solo refleja desinterés, sino posiblemente una crisis estructural: costos de estudio inalcanzables, falta de incentivos laborales o la migración de jóvenes que ven más oportunidades fuera del país que en un título académico local.
La Universidad de El Salvador, la única pública, también experimentó una baja de matrícula, aunque menor (1 %). Sin embargo, el problema va más allá de los números: la reducción del 26 % en aspirantes seleccionados muestra que la educación superior pública está enfrentando desafíos profundos de acceso y motivación. La advertencia hecha por las autoridades universitarias desde la pandemia del COVID-19 se está cumpliendo, y sin políticas de rescate educativo, la tendencia podría agravarse.
El problema no distingue entre lo público y lo privado: el sistema completo de educación superior está bajo presión, como lo muestran las estadísticas en las universidades privadas.
En un contexto donde más de 110 mil mujeres y 85 mil hombres buscan formación universitaria, la reducción de matrícula implica menos oportunidades para el desarrollo profesional, menos innovación y, a largo plazo, un debilitamiento del capital humano del país.
Es urgente que el Estado, junto a las universidades y el sector productivo, trace una política nacional para la retención y atracción estudiantil, que combine becas, empleo juvenil y programas flexibles de estudio. Los acuerdos que ha impulsado la Secretaría de Integración con las Universidades privadas para becas universitarias es un buen paso en esa dirección porque la educación no puede ser un lujo, ni una víctima más de la crisis económica y social.
El futuro de El Salvador depende de cuántos jóvenes puedan seguir soñando —y estudiando— en su propio país.