La defensa de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, apeló la condena de 10 años de cárcel que le impuso el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, tras ser declarada responsable por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas.
El recurso de apelación se presentó el pasado 27 de octubre, último día habilitado a la defensa para apelar la sentencia condenatoria, según informó el abogado Miguel Ángel Cárcamo a Diario El Mundo. La defensa de la exedil expresó, desde que se conoció la condena, su desacuerdo por lo que había asegurado que se realizaría dicho procedimiento para anular la pena.
El abogado defensor explicó que el proceso mantiene una reserva parcial sobre las pruebas, tema que se debate en el recurso de apelación. Por este motivo, se desconocen los argumentos expuestos ante el tribunal.
La apelación fue presentada ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, el cual dictó la sentencia y posteriormente remitir a la Cámara de lo Penal competente.
En junio, Nercy Montano fue condenada a seis años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y cuatro más por negociaciones ilícitas.
Durante el juicio, los jueces concluyeron que Montano incumplió sus deberes al no garantizar el pago puntual a los empleados, mientras paralelamente se incrementaron los fondos para las fiestas patronales que la comuna celebra en los meses de octubre. La exfuncionaria ostentaba el mayor cargo dentro de la comuna de Soyapango, por lo que se determinó que era la responsable legal de gestionar la municipalidad.
Asimismo, fue declarada responsable de favorecer la contratación de una empresa bajo el nombre de Lex Support para la recuperación de la mora que enfrentaba la comuna. En dicha empresa figuraba como representante legal el abogado Ricardo Roque Baires, procesado y condenado en el mismo caso.
La exedil fue absuelta de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación, e infracción de condiciones laborales o de seguridad social, debido a que se comprobó que en la municipalidad había una falta de liquidez para la cancelación de los salarios, situación que impidió que se realizarán los pagos correspondientes a los trabajadores.
Por su parte, Roque Baires fue sentenciado a dos años y ocho meses por negociaciones ilícitas y tres años por falsedad ideológica, además de una condena de responsabilidad civil en abstracto; pena que fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, provocando protestas de trabajadores sindicalizados.