El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), la máxima autoridad del multilateral, revisará el 26 de febrero la solicitud del gobierno salvadoreño para un programa de asistencia financiera por $1,400 millones.
De acuerdo con el calendario de actividades para esta semana, sujeto a cambios, el miércoles se tiene en agenda la solicitud del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), al que llegó el FMI en acuerdo técnico con el gobierno salvadoreño el 18 de diciembre de 2024.
Para que la solicitud pase el visto bueno del Directorio Ejecutivo se revisará el cumplimiento de condiciones previas asumidas por la Administración de Nayib Bukele, donde pesa más las reformas a la polémica ley del bitcoin, que desde su vigencia en septiembre de 2021 fue la piedra en el zapato para que el gobierno afianzara el acuerdo que ha costado cuatro años de negociaciones.
A petición del gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó el 19 de enero de 2024 un paquete de reformas a la ley, que convertían a la criptomoneda en uso exclusivo para el sector privado y de aceptación voluntaria. Además, se eliminó la opción de pagar impuestos y se garantiza que las deudas del gobierno se paguen en la moneda que fueron adquiridas.
Ajuste fiscal
Si el Directorio Ejecutivo aprueba la solicitud, el gobierno se compromete a aplicar un juste fiscal de 3.5 puntos del producto interno bruto (PIB) durante tres años.
¿En qué consiste? El gobierno se compromete a implementar medidas para aumentar los ingresos y reducir el gasto público. El gran temor de la población es que un acuerdo contemple un incremento de impuestos o nuevos tributos, pero en reiteradas ocasiones altos funcionarios han asegurado que no contemplan esta alternativa.
En el comunicado emitido por el FMI en diciembre se destacó que el gobierno inició con el ajuste al reducir la grasa salarial en el presupuesto de 2025, así como el gasto en bienes y servicios, y las transferencias a los municipios.
Los economistas han asegurado que en algún punto el gobierno tendría que afianzar un ajuste fiscal con el FMI para corregir las disposiciones de la caja fiscal, principalmente para reducir el peso de la deuda pública que al cierre de 2024 superó los $32,107 millones, con pensiones.
De aprobarse el acuerdo, se abriría el grifo para que el gobierno reciba $3,500 millones en operaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
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