El abogado y activista salvadoreño David Morales denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos una docena de abogados han salido de El Salvador durante este año por temor a ser capturados arbitrariamente, en un contexto de creciente autoritarismo, represión contra voces críticas y cierre del espacio cívico.
Durante una audiencia en Miami, en el marco del 194 período ordinario de sesiones de la CIDH, Morales aseguró que las restricciones al ejercicio de la abogacía en el país han escalado en áreas como el sistema penal, la lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
“En mi país, la consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencia las restricciones al ejercicio de la abogacía”, afirmó Morales, miembro de la organización Cristosal. Según explicó, los ataques públicos desde el Gobierno hacia abogados y organizaciones sociales han sido reiterados, y la situación se agravó en 2025 con al menos cinco profesionales detenidos.
López y Anaya, en prisión y sin contacto
Entre los casos mencionados está el de la abogada Ruth López, exjefa del área Anticorrupción de Cristosal, quien fue arrestada el 18 de mayo bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito. La CIDH le otorgó medidas cautelares, señalando que enfrenta un “riesgo de daño irreparable” a sus derechos fundamentales. Lo mismo ocurrió con el abogado Enrique Anaya, otro jurista crítico del Ejecutivo salvadoreño, también detenido.
Morales denunció que tanto López como los demás abogados privados de libertad “permanecen en total incomunicación, sin contacto con familiares ni abogados defensores”, lo cual ha sido constatado por la CIDH.
Ley de Agentes Extranjeros cierra espacios cívicos
El activista también expuso ante la CIDH los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que permite al Estado cerrar organizaciones sociales, cancelar su personería jurídica, imponer multas de hasta $250,000 y aplicar un impuesto del 30 % a los fondos provenientes de cooperación internacional.
“La LAEX busca cerrar el espacio cívico y controlar de forma arbitraria a las organizaciones sociales”, afirmó. Morales advirtió que este marco legal ha obligado a instituciones como Cristosal y Fespad a cesar parte de sus operaciones.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la normativa tiene fines punitivos, ya que facilita la censura, el monitoreo estatal y la imposición de sanciones discrecionales contra quienes critican al Gobierno.