El acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador, aprobado en febrero de 2025 bajo un programa de Servicio Ampliado (EFF), no sólo persigue sanear las finanzas públicas y reducir vulnerabilidades macroeconómicas; también le da un grado de relevancia a la gobernanza y transparencia. El propio informe del FMI subraya que el programa busca “fortalecer las finanzas públicas, reconstruir los colchones externos y financieros y mejorar los marcos de gobernanza y transparencia”. En ese contexto, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se convierte en una institución clave para asegurar que el ajuste fiscal y el uso del endeudamiento se ejecuten con probidad.
Dentro de los compromisos asumidos figura un hito específico para diciembre de 2025: la aprobación de reformas legales que fortalezcan el rol de la Corte de Cuentas. En la matriz de acciones estructurales del programa se exige “enmendar la legislación para fortalecer la independencia y el mandato anticorrupción de la Corte de Auditorías [Corte de Cuentas]” y alinearlo con estándares internacionales como la Declaración de México de INTOSAI y la Declaración de Abu Dabi de la UNODC, incluyendo una base legal clara para la colaboración con la Fiscalía General de la República.
Un elemento fundamental es la necesidad de que la Corte de Cuentas opere gradualmente bajo los estándares internacionales de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). El hecho de que el FMI haga referencia explícita a la Declaración de México —que define pilares de independencia para las entidades fiscalizadoras— supone que la CCR debe avanzar no sólo en su marco legal, sino también en la forma en que planifica, ejecuta y comunica sus auditorías. Esto implica transitar hacia metodologías auditorías basadas en riesgos, criterios de materialidad claros, procesos de revisión de calidad y una comunicación de resultados oportuna y accesible al público.
Introducir estos estándares no es un cambio que pueda hacerse de la noche a la mañana. Requiere inversiones en formación de personal, sistemas de información, herramientas de análisis de datos y manuales de auditoría actualizados. También exige una transformación cultural: pasar de auditorías predominantemente de cumplimiento formal a ejercicios que evalúen economía, eficiencia y eficacia del gasto público. La gradualidad es clave para que el personal asimile las nuevas metodologías y para que los entes auditados se adapten a mayores exigencias de documentación y control interno.
En este punto resulta revelador comparar el presupuesto votado para 2025 de la Corte de Cuentas con el proyecto para 2026, según la información suministrada. El total pasa de 50,448,939 dólares en 2025 a 55,820,585 dólares en 2026, un incremento nominal de 5,371,646 dólares, equivalente a un 10.65 %. Sin embargo, la verdadera transformación se observa en el rubro de Gastos de Capital: de 803,265 dólares en 2025 se proyecta un salto a 4,441,610 dólares en 2026, es decir, un aumento de 3,638,345 dólares que supone un crecimiento cercano al 453 %. En otras palabras, la inversión de capital prevista para la CCR se multiplica considerablemente entre un año y otro.
Como aspectos positivos, al desagregar este gasto de capital se aprecia que la mayor expansión se concentra en Bienes Muebles, que pasan de 355,035 dólares a 2,895,775 dólares (un incremento superior al 700 %), seguidos por Intangibles —probablemente software, licencias y desarrollos informáticos— que suben de 208,230 a 524,670 dólares (alrededor de 152 % más). La partida de Infraestructura también crece de forma significativa, de 240,000 a 1,021,165 dólares, cuadruplicando su nivel previo. Estas cifras sugieren un esfuerzo deliberado por modernizar equipamiento, sistemas y espacios físicos de la Corte de Cuentas, lo cual es coherente con la necesidad de adoptar estándares INTOSAI y de fortalecer su capacidad tecnológica y logística para realizar auditorías más complejas y oportunas. Así, la lectura conjunta de los compromisos con el FMI y del presupuesto 2025–2026 permite extraer una conclusión: el fortalecimiento de la Corte de Cuentas no es sólo un asunto de leyes, sino también de recursos.
Las reformas legales que refuerzan la independencia y el mandato anticorrupción de la CCR, junto con la introducción gradual de estándares INTOSAI y el fuerte incremento en gasto de capital, crean una ventana de oportunidad para transformar a la entidad en un verdadero pilar del sistema de control público salvadoreño. El desafío hacia adelante será garantizar que estas inversiones se traduzcan en más y mejores auditorías, en informes públicos accesibles y en una coordinación efectiva con la Fiscalía y otras instituciones, de modo que la lucha contra la corrupción y el uso transparente de los recursos públicos dejen de ser promesas y se conviertan en resultados verificables para la ciudadanía.
*Rommel Rodríguez es economista de Funde.