Durante 2025, varios exfuncionarios salvadoreños fueron condenados por delitos de corrupción, fraude electoral y vínculos con estructuras criminales, según resoluciones emitidas por distintos tribunales del país.
En febrero de este año, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a cuatro años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes, tras comprobarse que no cumplió con el pago de las cuotas correspondientes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Fondo de Pensiones de los empleados municipales durante su gestión como edil.
Posteriormente, en septiembre, el Tribunal Primero de Sentencia impuso al exedil una segunda condena de 18 años de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, relacionados con negociaciones con pandillas en el marco de las elecciones presidenciales y municipales de 2014 y 2015.
Con ambas sentencias, Muyshondt acumula 22 años de prisión. Tras las condenas emitidas, la defensa técnica del exalcalde ha presentado recursos de apelación en ambos casos. El exfuncionario permanece detenido desde el 4 de junio de 2021.
En el mismo proceso judicial por negociaciones con pandillas, el tribunal también condenó a 28 años de prisión al exministro de Seguridad, Benito Lara, y a 28 años de cárcel al exministro de Gobernación, Arístides Valencia, por los delitos de fraude electoral (20 años) y agrupaciones ilícitas (8 años).
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, quienes pertenecían a los partidos políticos FMLN y Arena, sostuvieron al menos 17 reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, en las que se acordó que pandilleros y sus familiares votaran a favor de determinados candidatos.
Además, se estableció que estas estructuras coaccionaron a habitantes de distintas comunidades para favorecer a partidos específicos en los comicios.
Otro caso relevante ocurrió en junio de 2025, cuando el Tribunal Quinto de Sentencia de Salvador condenó a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano por delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas.
La exedil fue condenada a seis años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y cuatro más por negociaciones ilícitas.
Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022.
Por otra parte, en agosto el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a 10 años de prisión al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, en el caso conocido como Rais-Martínez. El tribunal le impuso cinco años por cada delito.
Según la FGR, Martínez favoreció a terceras personas en la creación pruebas falsas en un proceso judicial. Mencionar que en 2024, el exfiscal fue condenado en la vía civil por enriquecimiento ilícito por un monto de $71,736.62, suma que deberá reintegrar al Estado salvadoreño.
En este mismo caso también fue condenado el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por el delito de fraude procesal.
Procesos pendientes
Por otra parte, entre los procesos pendientes donde figuran exfuncionarios se señala el caso del exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, quien fue arrestado en febrero de 2025 por el delito de enriquecimiento ilícito, por más de $200,000 en perjuicio de la administración pública.
En ese mismo mes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó su detención provisional y envió el caso a la etapa de instrucción. Hasta la fecha no se ha programado audiencia preliminar. Actualmente, el exfuncionario guarda prisión en un penal de la zona occidental, en Santa Ana.
Chicas ya había sido declarado culpable por enriquecimiento ilícito de manera civil, en noviembre de 2024, cuando la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador lo sentenció a reintegrar más de $202 mil, junto a su núcleo familiar.
Asimismo, continúa el proceso judicial por la masacre de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ocurrida el 16 de noviembre de 1989. En este caso se procesa al expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; al exdiputado Rodolfo Antonio Parker, y a nueve exmilitares, quienes desde noviembre de 2024 fueron enviados a la etapa de juicio.
El 18 de noviembre de 2024, tras la audiencia preliminar, el juzgado determinó que existían indicios suficientes para procesar a los 11 imputados por su presunta participación en la planificación y ejecución del crimen, ordenando la apertura a juicio. No obstante, hasta el momento, no se ha establecido una fecha para la vista pública.