Vivimos en la época de mayor información conviviendo con la mayor ignorancia! Pero no es culpa del pueblo; Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la información, y sin embargo, la confusión y la desinformación campan a sus anchas. Pero más allá de las clásicas «noticias falsas», existe un fenómeno más sutil y peligroso: la producción deliberada de ignorancia. Los filósofos Robert Proctor y Londa Schiebinger acuñaron un término para esto: “agnotología”. No es solo la ausencia de conocimiento como ignorancia tradicional, sino la creación cultural y política de la duda; una ignorancia por diseño. Es el arte de enterrar la realidad bajo un alud de eufemismos, medias verdades y silencios estratégicos.
En el debate público salvadoreño, somos testigos de cómo ciertos términos se convierten en armas para empobrecer la discusión. Palabras que antes servían para construir ciudadanía, hoy se vacían de contenido o se satanizan. El ejemplo más claro es el de los derechos humanos. En el discurso oficialista, la frase «derechos humanos» ha sido secuestrada y se le ha añadido un adjetivo que lo invalida: «derechos humanos para pandilleros». Este giro lingüístico es una pieza maestra de agnotología.
Al etiquetarlos como un privilegio exclusivo de los criminales, se logra un triple objetivo. Primero, se deshumaniza al delincuente, allanando el camino para cualquier política, por dura que sea, sin que genere empatía. Segundo, y más importante, se siembra la confusión en la ciudadanía sobre qué son realmente los derechos humanos. Se oculta que estos son universales, inalienables e indivisibles. No son un favor que el Estado concede a los «buenos», sino un límite al poder estatal para proteger la dignidad de todas las personas, incluyendo las que han cometido los peores crímenes. Cuando se aplaude la vulneración de los derechos de un presunto pandillero, sin saberlo, se está debilitando el escudo que nos protege a todos de un posible abuso de poder.
El problema no termina ahí. La agnotología también se manifiesta en la desaparición de otras palabras de nuestro vocabulario. Conceptos como «presunción de inocencia», «debido proceso» o «proporcionalidad de la pena» son sistemáticamente omitidos del relato oficial. En su lugar, se instala una narrativa binaria y maniquea: «nosotros» contra «ellos», «los de bien» contra «los malhechores». Esta simplificación es funcional, porque una sociedad que no conoce o no reclama el «debido proceso» es una sociedad que no notará cuando ese proceso se le es aplicado a ella misma de forma arbitraria.
Se nos vende la idea de que la seguridad es un fin que justifica cualquier medio, ignorando que los medios que utilizamos definen el tipo de sociedad que construimos. Al esconder la complejidad del fenómeno criminal —sus raíces sociales, la falta de oportunidades, el abandono estatal que precedió a la violencia—, se nos condena a repetir los errores. Se fomenta la creencia de que la solución es únicamente punitiva, ocultando los fracasos de las políticas de reinserción que nunca se implementaron a profundidad o la necesidad de un sistema de justicia robusto que no dependa de la excepcionalidad.
El problema de fondo no es solo lo que se dice, sino lo que se silencia. No es solo el término «pandillero» el que se usa, sino el término «ciudadano» el que se deja de lado. Cuando reducimos a una persona a un solo error o a un estigma, dejamos de verlo como un sujeto de derechos. Esa despersonalización es el caldo de cultivo para la tiranía.
Frente a esta fábrica de ignorancia, el ejercicio periodístico y la opinión pública tienen una tarea titánica: reapropiarse de las palabras. Nombrar las cosas por su nombre es un acto de resistencia. Llamar a las cosas por su nombre no es defender delincuentes; es defender la claridad conceptual que evita que, en un futuro, se nos juzgue a nosotros sin las mínimas garantías. Porque al final, una sociedad que desprecia el derecho de uno, termina perdiendo el derecho de todos.
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