Autor: Alvaro Cruz

No sé ustedes cómo están percibiendo este nuevo 2026; en mi caso ha comenzado intenso y cargado de temas fuertes. Una de esas experiencias la viví en plena época navideña, conversando con una pareja de salvadoreños que reside en Estados Unidos y que, según comentan, ya son también ciudadanos de ese país. El tema espinoso fue la supuesta transparencia de los documentos en salud que el actual gobierno dice haber instalado, y la reacción de mis “conocidos” fue desproporcionadamente intensa, casi visceral, en defensa de su ídolo político. Esta experiencia me llevo a reflexionar sobre si la salud es un derecho o un beneficio para el ciudadano salvadoreño.

Durante décadas se repitió que la salud era un asunto técnico: números, protocolos, presupuestos, eficiencia. Hoy esa afirmación resulta cada vez más insostenible. La salud es, y siempre ha sido, un territorio político. No porque los hospitales voten o los médicos legislen, sino porque decidir quién accede, cuándo y en qué condiciones es una forma directa de ejercer poder.

En El Salvador, los cambios recientes en el sistema nacional de salud se presentan bajo un lenguaje cuidadosamente elegido: modernización, optimización, reordenamiento. Palabras neutras en apariencia, casi asépticas. Pero detrás de ellas se juegan preguntas profundamente políticas: ¿qué se entiende por derecho?, ¿qué se considera gasto?, ¿quién asume el riesgo cuando el sistema falla?

La salud deja de ser un derecho cuando se gestiona como un servicio y se comunica como un favor. No es una afirmación ideológica; es una constatación histórica. Cuando el acceso depende de la capacidad de pago, de la afiliación o de la “prioridad” definida desde arriba, el vínculo entre Estado y ciudadano se transforma. El paciente deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser usuario, cliente o beneficiario temporal.

Este desplazamiento no ocurre de golpe. No hay un decreto que anuncie: “la salud deja de ser un derecho”, aunque quizá —y sin que lo notemos— los “sabios” diputados ya lo hayan pronunciado. Ocurre de manera gradual: externalización de servicios, alianzas público-privadas opacas, reducción silenciosa de prestaciones, énfasis en indicadores de productividad más que en resultados sanitarios reales. Todo ello amparado por un discurso que erige la eficiencia como valor supremo, como si la eficiencia fuera políticamente neutra. Pero la eficiencia siempre responde a una pregunta previa: ¿eficiencia para qué y para quién?

Un sistema puede ser eficiente reduciendo costos a corto plazo y, al mismo tiempo, generar más enfermedad, más desigualdad y más gasto a largo plazo. También puede ser eficiente desde el punto de vista administrativo y profundamente injusto desde el punto de vista social.

Pero hay un elemento, el cual trataba de argumentar con mis “conocidos”, y el cual suele quedar fuera del debate: el silenciamiento de la deliberación. Las reformas sanitarias más profundas no deberían hacerse a puertas cerradas ni presentarse como hechos consumados. Sin embargo, el clima político actual favorece la rapidez sobre el debate, la decisión centralizada sobre el consenso, la obediencia sobre la crítica. En ese contexto, cuestionar cambios en salud pública se interpreta fácilmente como resistencia al progreso o, peor aún, como oposición política. Y así se me percibió en mi intercambio de opiniones, yo estaba alineado con la “oposición”, según ellos.

Este es un error peligroso. La salud pública no se defiende con consignas ni con lealtades partidarias, sino con datos, ética y participación social. Cuando los gremios médicos, las universidades o las organizaciones civiles expresan inquietudes, no están “obstaculizando” el desarrollo; están cumpliendo una función democrática esencial: advertir sobre riesgos que no siempre son visibles desde el poder. La pandemia dejó una lección que parece olvidarse con rapidez: los sistemas de salud frágiles no fallan de manera abstracta, fallan en cuerpos concretos. En ancianos que no acceden a atención oportuna, en pacientes crónicos que interrumpen tratamientos, en familias que se endeudan para pagar lo que antes era público. Cada decisión administrativa tiene una traducción clínica. Además, la salud es uno de los últimos espacios donde el Estado se encuentra con la ciudadanía de manera directa y cotidiana. Un hospital público no es solo un edificio: es una promesa. Cuando esa promesa se debilita, también lo hace la confianza social. Y sin confianza, ningún sistema —por eficiente que se declare— puede sostenerse en el tiempo.

Defender la salud como derecho no implica negar la necesidad de reformas, controles o mejoras. Implica algo más básico: reconocer que no todo lo valioso es cuantificable y que no todo lo medible es justo. Implica aceptar que la salud no puede reducirse a un balance financiero sin perder su sentido humano.Convertir la salud en territorio político no es un acto de confrontación; es un acto de responsabilidad cívica. Porque allí donde se decide quién vive mejor, quién espera más y quién queda fuera, ya no estamos ante un problema técnico. Estamos ante una decisión moral, y por tanto, política.

La historia criminal de El Salvador desafía los paradigmas tradicionales de la criminología y ciencias forenses en la región y sujeto de estudio en escuelas criminológicas en el mundo. Durante décadas, el país fue el rostro de la «impunidad estructural» en los homicidios; para el año 2019, las estadísticas eran desoladoras: de cada 100 homicidios cometidos, 97 quedaban sin capturas y sin castigo. Este escenario no solo alimentaba el ciclo de violencia, sino que enviaba un mensaje de permisividad estatal donde el crimen era, en términos económicos y legales, un riesgo calculado de baja probabilidad. El ser sicario, gatillero, asesino a sueldo, matón prepago, torpedo utilizado por la mafia italiana, pagaba bien, un oficio y era un estilo de vida.

Sin embargo, el Balance 2025 presentado por el Gabinete de Seguridad Ampliado revela una metamorfosis en el delito de homicidio. El dato más disruptivo no es solo la cifra mínima de 82 homicidios intencionales en todo un año —una reducción abismal frente a los 3,962 del año 2017—, sino la tasa de efectividad del 100% en su resolución al lograr la captura del o los posibles responsables. Desde la criminología, este fenómeno se explica a través de dos pilares: la eficacia en los actos iniciales de investigación y la solidez en la judicialización.

La eficacia Policial: El control de la escena

El éxito de un proceso penal nace en los «momentos de oro» posteriores al delito. La operatividad actual, respaldada por 988 días sin homicidios bajo el régimen de excepción, ha permitido que la Policía Nacional Civil (PNC) realice investigaciones de campo sin la presión de las estructuras terroristas que antes contaminaban o silenciaban las escenas, además de todo el apoyo financiero, técnico, logístico y de equipos de última generación recibido por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

La transición de una violencia de pandillas criminales hacia una violencia predominantemente interpersonal —donde la intolerancia social y familiar sumaron 74 de los 82 casos— ha permitido que la subdirección técnica científica forense y las subdirecciones de investigación e inteligencia aplique protocolos de recolección de evidencia mucho más precisos y especializados. Ya no se investiga en un entorno de guerra urbana, sino en un contexto de control territorial donde la capacidad de respuesta estatal es inmediata. El año 2025 marco la creación y aplicación altamente eficiente y eficaz del Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), mediante el cual más de siete unidades especializadas se activan ante el reporte de un asesinato, con el fin de ubicar al responsable y hacer cumplir la Ley.

El rol de la FGR: Del expediente al veredicto

La resolución de los 82 casos no termina con la captura, es el inicio, que no es un dato menor; allí es donde el rol de la Fiscalía General de la República (FGR) se vuelve protagónico. El paso de un 97% de impunidad en 2019 a un 0% en 2025 no es obra de la suerte. Los datos muestran una madurez en la carga probatoria: mientras que en 2020 las absoluciones eran frecuentes, para 2025 se registró una disminución del 47% en absoluciones en comparación con aquel año.

El sistema judicial ha procesado con éxito no solo los delitos de sangre, sino que ha logrado un incremento del 52% en condenas generales respecto a 2020. Esto indica que la FGR ha pasado de una gestión de expedientes a una estrategia de inteligencia técnica que permite judicializar casos con pruebas periciales irrefutables, logrando 11,666 condenas solo en el último año. Una evidencia de la gestión de calidad en la FGR actual con un trabajo fortalecido por prueba técnica científicacon fundamento en ciencias forenses y penales.

El Salvador ha logrado invertir la pirámide de la impunidad. Al garantizar que cada homicidio sea investigado, judicializado y castigado, el Estado ha restablecido el principio de «certeza del castigo», el disuasor más potente según la teoría de la prevención general. La sinergia entre el Gabinete de Seguridad y la FGR ha transformado el sistema de justicia: de ser una «puerta giratoria» para delincuentes, a convertirse en un filtro de alta precisión que ha reducido los delitos patrimoniales y de calle en más de un 51.50%.

En el año 2025, la justicia en El Salvador dejó de ser una promesa estadística para convertirse en una realidad científica.Al efectuar el análisis criminológico del Balance Anual de la Seguridad 2025 quiero destacar y es mi opinión que la resolución del 100% de los casos de homicidios intencionales se convierte en el logro más destacado del Gabinete de Seguridad Ampliado ya que no solo se supera una meta de disminuir los homicidios sino de resolverlos. Y estoy seguro de que este año la FGR logrará todas las condenas pendientes al cierre del 2025 en las próximas audiencias. Excelente trabajo en equipo y de alta coordinación entre PNC y FGR.

*Por Ricardo Sosa  / Doctor y máster en Criminología @jricardososa

Para miles de microempresarios, el acceso al crédito no es una herramienta para crecer, sino una condición mínima para seguir operando. Sin financiamiento, el negocio se detiene; sin ingresos, el hogar colapsa. Sin embargo, según los datos del informe El estado de la MYPE 2025. La otra cara de la economía, preparado conjuntamente por el Observatorio MYPE de FUSAI y FLACSO, este vínculo vital entre crédito y supervivencia se ha vuelto cada vez más frágil durante los últimos años. A partir de 2023, el fuerte aumento de los microcréditos castigados revela un deterioro profundo en la salud financiera del segmento de microempresarios de subsistencia, consecuencia directa de los efectos acumulados de la pospandemia y del encarecimiento sostenido de los alimentos entre 2021 y 2024.

Durante la emergencia sanitaria, las medidas de alivio financiero proporcionadas por el gobierno ofrecieron un respiro inmediato y necesario. Pero ese alivio tuvo un costo oculto: postergó el reconocimiento del daño real sobre la viabilidad de miles de negocios. Hoy, la oleada de créditos castigados muestra que el sistema financiero formal está empezando a asumir pérdidas que se habían acumulado silenciosamente. La recuperación de muchos microempresarios de subsistencia nunca llegó, y la fragilidad estructural de sus actividades quedó expuesta cuando el entorno económico se volvió más adverso.

La exclusión financiera de estos microempresarios emproblemados, sin embargo, no ocurre de manera repentina. Es un proceso progresivo y, en muchos casos, invisible. El microempresario no es expulsado de inmediato del crédito formal; primero enfrenta un deterioro gradual de su perfil, lo que lo obliga a migrar hacia otras instituciones formales aceptando condiciones más costosas. Cuando esas opciones también se agotan, la puerta que queda abierta es la del crédito informal. Lejos de ser una decisión libre, se trata de una respuesta desesperada para sostener la operación diaria del negocio.

Esta transición no implica necesariamente una ruptura total con el sistema formal. Muchos microempresarios combinan préstamos de bancos, cooperativas, cajas de crédito, sociedades de ahorro y crédito, con financiamiento informal, construyendo un patrón de sobreendeudamiento diversificado. Esta coexistencia refleja una lógica de supervivencia, no de planificación. La urgencia por pagar proveedores, cubrir gastos básicos o refinanciar deudas previas empuja a asumir obligaciones simultáneas, sin acceso a mecanismos de alivio estructurado ni acompañamiento técnico.

En ese contexto, el crédito informal opera como última opción, pero también como una trampa. Las tasas abusivas, la ausencia de contratos formales y la falta de protección legal exponen a los prestatarios a prácticas de acoso, amenazas e incluso violencia. Más allá del impacto económico, esta dinámica deteriora la estabilidad emocional y física de los microempresarios, profundizando su vulnerabilidad y reduciendo sus posibilidades reales de recuperación.

La persistencia de estas prácticas revela el fracaso de la Ley contra la Usura. La falta de control efectivo ha consolidado un mercado distorsionado en el que el crédito informal opera sin límites, mientras el sistema formal, regulado y restringido, se retira de los segmentos más vulnerables, dejándolos atrapados entre la exclusión financiera y la usura.

A ello se suma la fragmentación del mercado crediticio. Las instituciones evalúan el riesgo con información parcial o desactualizada, lo que permite que un mismo prestatario acceda a múltiples fuentes de financiamiento sin que ninguna tenga una visión completa de su carga financiera. La falta de trazabilidad no solo incrementa el riesgo individual, sino que erosiona la calidad de cartera y eleva el riesgo sistémico.

En este contexto, la deserción del crédito formal no debe interpretarse como una simple pérdida operativa. Es un síntoma estructural que revela fallas en la regulación, en la protección al cliente, en el diseño de productos y en la gestión del riesgo. Sin una estrategia coordinada de inclusión financiera, la deserción seguirá funcionando como un mecanismo de exclusión permanente, empujando a los microempresarios hacia circuitos cada vez más precarios.

Frente a este escenario, la respuesta institucional no puede seguir siendo fragmentada ni reactiva. Los hallazgos del informe El estado de la MYPE 2025. La otra cara de la economía reclaman una agenda nacional de inclusión financiera centrada en la sostenibilidad del cliente. Esto implica programas de reestructuración y saneamiento financiero, sistemas unificados de información crediticia, regulación más eficaz del crédito informal, educación financiera con acompañamiento continuo y una revisión profunda del marco legal contra la usura. Sin estas reformas, el microcrédito seguirá siendo un instrumento de sobrevivencia de corto plazo, pero también un factor que empuja a los microempresarios más vulnerables fuera del sistema, del mercado y, en muchos casos, del país.

El llamado Socialismo del Siglo XXI enamoró a mucha gente hace 25 años. Su narrativa era atractiva, sus liderazgos exudaban carisma y sus promesas estaban dirigidas a pueblos que desconocían las terribles historias de la China maoísta o la Unión Soviética estalinista. Pero a estas alturas, luego de ver los pavorosos resultados, la conclusión sencilla es que ninguna “modernización” del socialismo funciona. El del siglo XXI también destruyó economías, dividió sociedades e implantó tiranías, exacto como lo hicieron todas las formas de socialismo real tras la Revolución Bolchevique.

El proceso venezolano es particularmente doloroso porque hemos asistido a él —su inicio, su esplendor y su fracaso— casi en vivo y en directo. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, es decir, a lo largo de un cuarto de siglo, vimos la destrucción de un país por etapas, sin paliativos ni interrupciones. Esto no nos había sido posible en el caso cubano, porque no existía la tecnología para contemplar a Fidel Castro, a todo color, ejecutar sus inmensos errores. Nuestra generación en cambio, gracias a los adelantos comunicacionales, fue testigo de lo que Chávez primero, y Nicolás Maduro después, le hicieron a una de las naciones más ricas del planeta.

El fallo del socialismo venezolano (como sucedió con el soviético, el chino o el cubano) fue de origen, de diseño. Cuando un gobierno llega a creerse en la capacidad omnímoda de asignar los recursos, sustituyendo en esa función a millones de personas interactuando en libertad, el camino a la debacle económica es un efecto consustancial, predecible e inevitable. La perversión subyace en el viejo embuste de pensar que el Estado, al controlar cada rincón de la economía, conseguirá que la riqueza llegue a todos los ciudadanos. Y eso se ha probado falso siempre, una y otra vez, con puntualidad matemática.

El Estado no es ninguna entidad magnánima abstracta que pueda lograr la proeza de ocuparse de lo que cada individuo produce, intercambia o consume: es una estructura concreta conformada por seres humanos que, volviéndose burócratas, concentran en sus falibles manos el destino de la riqueza, en lugar de dejarla en manos de miles de productores, vendedores y compradores tomando sus propias decisiones económicas.

El fracaso material y moral del chavismo es el fracaso del Estado todopoderoso y omnipresente. Cuando Chávez gritaba “¡Socialismo o muerte!” no proclamaba una antinomia, una incompatibilidad entre dos términos, sino una secuencia de hechos, una causa seguida de un efecto. Quizá sin saberlo, estaba anunciando la promesa verdadera —la ruina— detrás de la idea socialista que impuso a su país.

Los daños incontables están al alcance de cualquier mirada objetiva. Represión, censura, encarcelamientos masivos, asesinatos selectivos y tortura sistemática, todo eso junto, es solo una parte del desastre humanitario. Alrededor de ocho millones de venezolanos se vieron obligados a salir de su patria, expulsados por el hambre y el miedo. El Producto Interno Bruto de la nación redujo su valor en un 55%, la pobreza casi se triplicó y el salario mínimo es hoy menor a cinco dólares. La confiscación de más de 1.500 empresas se convirtió en una alegre fiesta de corrupción, despilfarro y exportación ideológica. Aparte del agujero fiscal que generó el desembolso millonario en compensaciones forzadas, la operación deficitaria de los activos estatales destrozó la productividad del país que en 1999 se enorgullecía de ser la quinta economía de Latinoamérica.

La oportuna bonanza petrolera que permitió a Chávez gastar a manos llenas sirvió por un tiempo para subsidiar la ineficiencia e incrementar el más grosero asistencialismo; empero, cuando esa gallina dejó de poner huevos de oro, el fallo de origen del sistema produjo la consecuente y devastadora contracción. La disminución de ingresos alcanzó a más del 80% de los habitantes, mientras la hiperinflación llegó a restarle tantos ceros al bolívar que perdió su valor de cambio. En 2019, un solo huevo llegó a costar la astronómica cifra de mil bolívares en el supermercado.

Los datos son fríos, pero su equivalente en penuria humana no lo es. El chavismo convirtió una nación fértil en una sociedad de indigentes, desesperados por un cambio que jamás llegaba. Los descarados fraudes electorales solo fueron eslabones de una larga cadena de atropellos a la dignidad del pueblo venezolano. El régimen socialista cruzó todas las fronteras imaginables, hasta que Donald Trump, con su característica forma de enfrentar los problemas, envió soldados para llevar a Nicolás Maduro y a su esposa ante un tribunal neoyorquino.

Se esboza aquí un resumen apretado de las ingenuidades teóricas y las bestialidades operativas que hicieron colapsar el chavismo. En una columna anterior se ha hecho referencia a la ineptitud globalista que supone la reciente captura de Maduro. Llega el momento de hablar de las alternativas que se abren a la Administración de Trump después de este paso agresivo.

El actual inquilino de la Casa Blanca es esencialmente impredecible, pero sí vale la pena realizar un esbozo de las acciones que un verdadero estadista, con genuino pensamiento liberal, realizaría en Venezuela para contribuir a su recuperación política, económica, institucional y social. De ello hablaremos más adelante.

*Federico Hernández Aguilar es escritor.

En el momento que escribo, cualquier cosa puede suceder en las noticias referentes a Venezuela. En el justo momento de la captura de Maduro de parte del gobierno de Trump, diferentes voces dieron su veredicto. Los venezolanos están contentos, pero aún no pueden gritar con euforia la frase: “Venezuela libre”.

Lo de invadir no es nuevo; hemos leído tantas historias sobre invasiones de países poderosos hacia los más pequeños. Estados Unidos tiene una lista para recordar; una de las más emblemáticas en América Latina fue la que realizó en Panamá. Noriega fue apresado y llevado a juicio. Igual lo que le está sucediendo en estos momentos a Nicolás Maduro.

Lo anterior es alusivo cuando un país tiene soberanía y Estado de derecho como principios fundamentales del derecho internacional. En el caso de Venezuela —no existe el Estado de derecho—. El pueblo sufre el autoritarismo chavista. El gobierno de Trump irrumpió a la fuerza y se llevó a juicio a Estados Unidos a Maduro. Muchos han aplaudido, especialmente los venezolanos. Sin embargo, hay una incertidumbre en el interior de Venezuela. Este tipo de intervención puede conllevar un conflicto armado internacional.

Les escribí a las amistades que tengo; por obvias razones, no diré nombres de los que me mandaron su opinión sobre lo suscitado en Venezuela. Mercedes, nombre ficticio, me contestó al preguntarle qué piensa sobre la captura de Maduro: “Es lo que la mayoría esperábamos; aún estoy pasando el susto, fue inesperado. Vivo cerca de una zona militar. Hasta ahora es que tengo energía eléctrica. Toca tener paciencia; estamos en estado de conmoción. No se puede hablar mucho; yo que vivo en la capital, la cual está en silencio, hay pocas personas en la calle. Hay que esperar cómo se desenvuelve todo con ayuda de Trump, porque aquí quedaron unos radicales. Ellos tienen armas, no podemos celebrar ni protestar. Son momentos difíciles y de incertidumbre”.

Claudia (nombre ficticio) manifiesta: “Nadie puede ir en estos momentos a la calle a protestar o celebrar. Muchos han ido a comprar a los supermercados alimentos. En estos momentos, hasta en redes sociales hay miedo de opinar. Los venezolanos queremos que ese régimen se termine; hay una gran alegría de que hayan sacado a Maduro y a su mujer del país. Ellos son unos sinvergüenzas. Los chavistas no han respetado la voz del pueblo, por el hecho de que hubo elecciones libres. Sin embargo, hay un control total de parte de las fuerzas militares. La gente está cansada, hay nueve millones de venezolanos afuera. Es una lástima que la Corte Penal Internacional no hiciera nada en estos años. Por el momento, los venezolanos estamos reprimidos, no podemos expresarnos. Con respecto a los términos jurídicos, lo que hizo Trump fue una invasión, pero si no es así, esta situación caótica no se acaba. Solo una instancia así podía enfrentarse a esa dictadura”.

Muchos, especialmente los que viven en el interior de Venezuela, esperaban que hubiese inmediatamente una transición democrática. De la tiranía, autoritarismo y corrupción hacia una verdadera democracia. Sin embargo, se vislumbra que Trump solo tenía en sus planes atrapar, encarcelar y enjuiciar a Maduro. Venezuela está en un limbo, hay dudas e incertidumbre. Nadie sabe lo que pasará.

El país de las barras y estrellas llega a rescatar a un país, pero a medias. Esa transición no será fácil. Poco a poco, cada ciudadano irá respirando la tan ansiada democracia, irá percibiendo el progreso, la estabilidad económica y un Estado de derecho restaurado.

El supuesto guion de un final feliz es que llegasen inmediatamente a Venezuela, Edmundo González y María Corina Machado, para dialogar con las diferentes autoridades y realizar una transición a un nuevo gobierno democrático. Mientras tanto, hay que esperar.  Sin duda alguna, Trump está modificando la geopolítica. La transición venezolana apenas empieza.

* Fidel López Eguizábal, Docente e investigador Universidad Nueva San Salvador

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv

Aún no se habían enfriado los abrazos de la gente despidiendo el 2025 y expresando sus buenos deseos para el año que iniciaba, cuando nos desayunamos con la noticia de los bombardeos focalizados en Venezuela y la captura del hasta entonces cuestionado “presidente” de ese país –Nicolás Maduro Moro– junto con su esposa. Todo ello, a manos de fuerzas armadas estadounidenses en el marco de un operativo más parecido a una puesta en escena tragicómica. Trágica porque hubo personas fallecidas violentamente; alrededor de 80 según un importante medio de comunicación gringo, entre las cuales se cuentan más de 30 de origen cubano. A eso debe agregarse el haber presenciado en este país caribeño, sobre todo a través de las llamadas “redes sociales”, la combinación de un viejo y nuevo modo de agresión rocambolesca del todo condenable.

Nadie debería extrañarse ante esta acción, que es la más reciente intromisión violenta directa ordenada por un gobernante yanqui en los asuntos internos de otros países; en nuestra América tenemos, entre muchos, antecedentes terribles tales como los de Granada en 1983 y Panamá en 1989. Sin embargo, nadie debería dejar de indignarse.

En cuanto a lo novedoso y al menos para mí inesperado, por el despliegue militar y las acciones criminales previas ejecutadas, eso tiene que ver con la “extracción” sin mayor resistencia de la pareja mencionada que inmediatamente fue trasladada a la capital federal del país del norte. La misma fue consumada, dicen, “quirúrgicamente”; es decir, de forma precisa y sin mayores complicaciones para sus responsables materiales e intelectuales.

Pero pese a las víctimas mortales referidas, se antoja pensar en una especie de comedia mal montada al ver las imágenes de Maduro saludando con las manos esposadas y al escuchar las declaraciones de Marco Rubio asegurando que dejarían que Delcy Rodríguez –vicepresidenta del déspota secuestrado– ocupe la silla vacía siempre y cuando se porte bien; eso sí, le advirtió que la tendrán en la mira desde la Casa Blanca. Antes, su jefe había dicho que ellos administrarían el país. A lo anterior se suma el caso de quien se perfilaba como importante protagonista y que, al menos por el momento, se ha quedado “chiflando en la loma”: María Corina Machado, recién galardonada con el Nobel de la Paz no obstante haber solicitado abiertamente que se consumara un asalto a mano armada como el del sábado 3 de enero recién pasado o aún peor.

Al momento de escribir estas líneas, casi las ocho de la noche del lunes 5 de enero, la noticia que circulaba en vivo a través de los medios era la de los aparentemente fuertes combates en las afueras del caraqueño Palacio de Miraflores. ¿Qué estaba ocurriendo? ¡Quién sabe! Lo único que se escuchaba y veía eran ráfagas nutridas junto al espectáculo de las balas trazadoras brillando en la oscurana; en las calles se observaban soldados y tanques. Antes de estallar el refuego, la señora Rodríguez ya había asumido la jefatura de Estado; entre los asistentes al evento se encontraba uno de los hombres fuertes del régimen chavista: el mal encarado Diosdado Cabello, por quien Donald Trump también ofrecía una recompensa millonaria para la persona que lo entregara. Las especulaciones sobre lo que estaba ocurriendo, iban desde un intento del bocón de Diosdado por derrocar a la elegida de Washington hasta la de un nuevo ataque estadounidense.

Lo que sí no admite suposiciones, chambres y demás patrañas es la causa central de la embestida estadounidenses bautizada como “Operación Resolución Absoluta”. Más allá del secuestro de quien se mantuvo durante casi trece años ejerciendo el poder dictatorial y violando derechos humanos, el ansiado trofeo es el petróleo nacionalizado hace exactamente 50 años por Carlos Andrés Pérez. ¡Pura rapiña! “A confesión de parte, relevo de pruebas” reza el axioma jurídico y eso es lo que ocurrió con esta acción propia de la matonería imperialista. Así lo declaró obscenamente Trump. Habrá que ver qué dice y hace China, principal importadora del crudo venezolano. Pero queda claro que no son ni los derechos humanos violados ni la ausencia de democracia, lo que lo empujó a desafiar a las patéticas e inoperantes organizaciones de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos.

En medio del trance continental y mundial presente, me acaban de recordar estas palabras de Pancho Villa: “¡Ánimo, cabrones que más adelante está más feo!”. Que las consideren su paisana Sheinbaum junto a Petro y Lula. Otros, como aquel que ya duró más de seis años en el trono y piensa seguir, estarán tranquilos… ¡mientras permanezca Trump en la Casa Blanca!  Cómo no pues, si están cortados con la misma tijera.