Autor: Alvaro Cruz

América Latina y el Caribe atraviesan un momento decisivo, y la discusión sobre el papel de la educación superior vuelve a imponerse. No se trata solo de debatir problemas ya conocidos —como financiamiento, reformas curriculares o nuevas tecnologías—, sino de enfrentar una pregunta más profunda: ¿para qué queremos sistemas de educación superior en nuestras sociedades? Formulada así, obliga a ampliar el foco hacia su papel en el conocimiento y el desarrollo de la región.

Durante décadas, las universidades latinoamericanas han sido espacios centrales de formación, producción de conocimiento y debate público. Hoy, ese papel se ve tensionado por el cuestionamiento de la autoridad científica y la transformación de los modos de producción del conocimiento.

En este contexto, resulta difícil sostener sistemas de educación superior sin su vínculo con el desarrollo científico y tecnológico. Pero el problema no se agota en el financiamiento. Es, sobre todo, una cuestión de orientación: ¿qué conocimiento se considera relevante?, ¿para quién se produce?, ¿en qué condiciones?

Las presiones para adaptar la formación a las demandas inmediatas del mercado son crecientes. Aunque necesarias, cuando dominan reducen la educación superior a una función de corto plazo, debilitando su papel en la formación de ciudadanía y de futuros. A ello se suma un cambio más profundo: la educación superior ya no es el único espacio de producción y validación del conocimiento. Plataformas digitales y actores tecnológicos disputan su legitimidad, obligando a redefinir su papel.

En América Latina y el Caribe, estos desafíos adquieren una densidad particular. La región enfrenta profundas desigualdades, restricciones fiscales persistentes y una inserción históricamente desigual en la producción global de conocimiento. Por ello, la discusión sobre educación superior es inseparable de la capacidad de construir y sostener agendas propias de desarrollo científico y tecnológico.

¿Qué tipo de conocimiento se produce cuando la investigación depende de agendas externas o de financiamiento de corto plazo? ¿Es posible construir capacidades científicas sostenidas sin una apuesta pública decidida? ¿Estamos frente a una crisis de financiamiento o ante una redefinición —más silenciosa— de qué conocimiento se considera relevante? Estas preguntas estructuran hoy el debate regional.

Pensar la educación superior desde América Latina implica no solo responder a estas tensiones, sino también situarlas. El conocimiento forma parte de relaciones de poder y jerarquías globales. De allí la importancia de fortalecer capacidades propias y ampliar las referencias desde las cuales se produce y valida el saber.

En este punto, la articulación regional es estratégica. En una región con sistemas universitarios y científicos diversos, mayoritariamente públicos, se requieren espacios de encuentro y diálogo. En ese marco, FLACSO se presenta como un espacio abierto para articular redes de formación, investigación y cooperación, conectando universidades, sistemas científicos y Estados, y fortaleciendo una conversación regional sobre conocimiento y desarrollo.

Preguntarse para qué queremos educación superior es, en última instancia, preguntarse qué lugar le damos al conocimiento en nuestros proyectos de sociedad. En un escenario de transformaciones profundas, deja de ser una pregunta académica para convertirse en una definición política y estratégica.

*Rebecca Lemos Igreja es la Secretaria general de FLACSO

Es imposible que el gabinete de guerra de Donald Trump no haya previsto, antes de atacar Irán, que el régimen chiita iba a amenazar la libre circulación de petróleo por el estrecho de Ormuz. Pero si tal contingencia obligaba, por imaginable, a planificar una respuesta adecuada, ¿qué falló en los cálculos de la Casa Blanca para exhibir tanta incapacidad al enfrentar el desastre logístico, económico y político que ha supuesto la paralización de la zona?

Aunque suele afirmarse, tal vez para ahorrar explicaciones, que Irán ha “cerrado” el estrecho, lo cierto es que los déspotas de Teherán solo han tenido que anunciar potenciales agresiones a los tanqueros que crucen la vía para elevar los precios de los seguros de cada buque, cuyas respectivas tripulaciones temen con razón aventurarse por este angosto canal que conecta el golfo Pérsico con el de Omán y lleva al océano Índico.

Aunque alrededor de veinte embarcaciones fueron atacadas por Irán desde alguna parte de los 1.500 kilómetros de costa que posee en el estrecho, ningún petrolero logró ser hundido durante todo el mes de marzo y ni siquiera se produjeron daños suficientes para impedir el avance efectivo de las naves agredidas. En consecuencia, más que la capacidad real de los chiitas para bloquear militarmente el estrecho de Ormuz, lo que mantiene paralizado el flujo marítimo allí es una mezcla de ajustes tarifarios y miedo.

Para todos los efectos prácticos, sin embargo, la circulación de crudo se ha detenido. En un intento de contrarrestar la situación, Estados Unidos ha prometido echar a andar un plan de reaseguro marítimo de 20.000 millones de dólares y así liberar esa quinta parte del combustible mundial que se mueve en Ormuz. Pero pasar a las concreciones no ha sido fácil, como tampoco lo fue pretender que se produjera un cambio de régimen en Irán a punta de bombas y misiles teledirigidos.

Alí Jameneí, el líder supremo, encontró la muerte durante los primeros ataques de EE UU e Israel, seguido de numerosos dirigentes cuyas cabezas fueron siendo cortadas conforme se asomaban, tal como sucedió al influyente secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, y un día después al enérgico ministro de la Inteligencia, Esmail Khatib, responsable de buena parte de la represión desatada contra civiles iraníes hace unos meses.

Pero el fanatismo musulmán chií parece renovarse como la mitológica Hidra de Lerna, ese monstruo acuático al que le crecían dos cabezas allí donde le cercenaban una. Con su comprensible renuncia a enviar tropas a Irán, Donald Trump está renunciando también a controlar la región, por mucho que afirme estar alcanzando inéditos logros militares en Medio Oriente. Mientras quede un radical del régimen con vida, ni Washington ni Tel Aviv pueden respirar tranquilos. Para Israel seguirá siendo un riesgo existencial la vecindad iraní; Estados Unidos, por su lado, podría enfrentar años de atentados en diversas partes del globo. No se puede exagerar el límite de la compulsión chií por el “martirio”.

Por eso el agujero negro en el que se metió el presidente norteamericano no parece tener fondo. Y a Trump le urge salir de él, a como dé lugar. Mientras más días pase revolcándose en ese pantano, el inquilino de la Casa Blanca no se estará pegando un tiro en el pie sino en ambos fémures.

El partido Republicano ya venía perdiendo en las encuestas frente a sus adversarios demócratas a razón de seis puntos porcentuales en promedio. Los abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el manejo sospechoso de los archivos de Jeffrey Epstein y el mal desempeño de la economía, entre otros asuntos, le venían imponiendo al mismísimo Trump un techo de 45% de aprobación, uno de los más pobres en el último cuarto de siglo para un mandatario en ejercicio. Con la guerra en Irán, esos índices se han desplomado por debajo del 40%, lo que podría ubicar al actual gobernante –considerando los promedios de ambos mandatos– como el más impopular de la historia demoscópica de EE UU.

“Ninguna encuesta de Gallup”, sostuvo en su momento el profesor emérito de politología, Dr. J. David Gillespie, “ha mostrado jamás una mayoría a favor de Trump. Su aprobación ha variado apenas 14 puntos, entre el 35% y el 49%. Este es, con diferencia, el rango de popularidad más pequeño para un solo presidente desde que comenzaron las encuestas científicas”. (Ya podemos imaginar las sentencias académicas que producirá el actual fiasco iraní).

El mandatario republicano necesita urgentemente exhibir un triunfo internacional de amplias repercusiones

Si los demócratas –que también destacan en eso del auto sabotaje– se cuidan de cometer errores garrafales de aquí a noviembre, nada parece indicar que Trump vaya a conservar las mayorías que posee en ambas cámaras del Congreso. De ahí que el mandatario republicano necesite, urgentemente, dos cosas fundamentales: primero, revertir los graves fallos cometidos en lo interno desde que volvió al poder; y segundo, exhibir un triunfo internacional de amplias repercusiones. En esto último, me parece, Cuba podría ser el naipe que Washington se saque de la manga.

Y poco más podría hacer Trump. Las destituciones de Kristi Noem y Pam Bondi, secretaria de Seguridad Nacional y Fiscal General respectivamente –producidas en menos de un mes– llegan demasiado tarde para engañar a nadie. En paralelo, a 11 mil kilómetros de Washington DC, el estrecho de Ormuz sigue siendo esa arteria que obstruye la circulación de la sangre política del presidente de Estados Unidos.

El 17 de marzo de 2026 quedará grabado en los anales de la historia de la justicia, jurídica y penal de El Salvador como el día en que el paradigma de la retribución penal se transformó definitivamente. Tras décadas de un sistema que, bajo una interpretación rígida del garantismo que llego a nuestra América en la década de los noventa, que limitaba la estancia en prisión a un máximo de 60 años en nuestro país.

El Salvador ha dado un paso audaz hacia un nuevo refuerzo de control social formal. Este cambio no es producto de líneas, corrientes, filosofías, u órdenes de países bajo otra realidad criminal o algún organismo internacional o peor hacer cambios por que se les ofrece fondos, sino de la voluntad política, iniciativa y a propuesta del presidente Nayib Bukele, quien ha invocado y solicitado formalmente la implementación de la pena prisión perpetua revisable. Es el quien gira las instrucciones al ministro de seguridad pública y justicia para llevar la pieza de correspondencia con todos los argumentos, respaldos tecno jurídicos y relacionados con la política criminal, así como de reformas a leyes secundarias y especiales.

Antes de esta iniciativa del presidente Bukele la legislación salvadoreña se enfrentaba a una paradoja moral y técnica: frente a crímenes que por su atrocidad fracturaban el tejido mismo de la humanidad, el Estado se veía obligado a poner una fecha de caducidad al castigo, máximo 60 en algunos casos, ya que en otros había posibilidad de beneficios penitenciarios. La barrera de los 60 años, aunque extensa, resultaba insuficiente ante la magnitud de la criminalidad organizada y de criminales en lo individual que asoló al país durante décadas. El presidente Bukele, con su liderazgo, interpretando el clamor de una sociedad que prioriza la pacificación territorial, ha propuesto que la máxima sanción sea, en efecto, para siempre, pero con una ventana de revisión que la legitima ante la comunidad internacional y los derechos fundamentales.

La propuesta del presidente Bukele se posiciona estratégicamente en el combate a los tres delitos que el derecho internacional y la criminología moderna catalogan como las mayores afrentas a la civilización: el terrorismo a gran escala que incluye en nuestro caso a las pandillas criminales, los homicidios intencionales y las violaciones. Al enfocar la perpetuidad revisable en estas figuras, El Salvador se alinea con estándares del Estatuto de Roma y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde la pena de por vida no es un «entierro en vida», sino una medida de seguridad extraordinaria sujeta a la evolución del condenado.

Esta reforma no debe leerse únicamente como un endurecimiento punitivo. En el marco de la pacificación del país, la pena de prisión perpetua revisable actúa como un mecanismo de incapacitación definitiva para quienes han demostrado una desadaptación absoluta, pero manteniendo la «cláusula de revisión» que exige el respeto a la dignidad humana. El presidente ha logrado algo que parecía imposible antes de marzo de 2026: romper el techo de de los 60 años para garantizar que aquellos que cometieron las peores atrocidades no vuelvan a caminar por las calles salvadoreñas, no se vuelvan a ver sus rostros, a menos que una revisión judicial y técnica exhaustiva demuestre con técnicas científicas su modificación en la peligrosidad y pronóstico favorable para obtener el régimen de libertad controlada. No es cierto que había prisión perpetua antes de marzo 2026 en El Salvador por cientos de años en una condena y agotadas todas las instancias judiciales.

El presidente  Nayib Bukele ha redefinido el concepto de justicia en la región. El Salvador ya no es el país de la impunidad ni el de las penas cortas para los delitos más graves; es ahora un Estado que, por medio de su gobierno, con la Constitución en la mano, leyes secundarias y especiales adapatadas y la seguridad como bandera, aplica la máxima firmeza permitida por la razón jurídica moderna. La pacificación ha encontrado su ancla legal y permanente.

*Por Ricardo Sosa / Doctor en Criminología/ Doctorante en Justicia Criminal / @jricardososa

El último dictador que padeció Colombia fue el general Gustavo Rojas Pinilla, uno de los pocos mandatarios en la historia que renunció al poder, 1957, iniciándose así un proceso hacia la alternabilidad democrática que, a pesar de las imperfecciones, sitúa al país entre las naciones decanas, solo después de Costa Rica, que efectúan elecciones generales periódicas, plurales y secretas.

Una información muy interesante, de los tres países que salieron de regímenes de fuerza en los años finales de la década del cincuenta del pasado siglo, Colombia, Venezuela y Cuba, solo el primero ha sido capaz de sostener la convivencia democrática gracias a que sus instituciones y la población, han logrado controlar las ínfulas dictatoriales de más de un caudillo.

Cierto que Colombia no es la república más estable ni donde más se respetan los patrones de la justicia, además, ha padecido una subversión política de proporciones épicas y lo que probablemente es peor, sufre como ningún otro el flagelo del narcotráfico, con todo lo que se deriva de esa actividad, factores que influyen negativamente en la paz social, obstaculizan el progreso y se prestan como caldo de cultivo para una ingobernabilidad sistémica.

Sin embargo, sus lideres políticos han honrado los compromisos electorales. La población ha tenido la oportunidad de elegir a sus gobernantes, de equivocarse o atinar en su elección; beneficio que el pueblo venezolano perdió en 1998 cuando votó por Hugo Chávez como presidente, a pesar de sus antecedentes golpistas, de sujeto que no respetaba la democracia. De igual forma, los cubanos vitorearon en las calles a Fidel Castro, creyendo en una renovada epifanía.

Los golpistas y los conspiradores de oficio en una sociedad que respeta la alternabilidad electoral no creen en la libertad de elección. Quienes recurren a la violencia para alcanzar el poder en una sociedad plural en la que rige la democracia, la peor forma de gobierno con excepción de todas las demás, de acuerdo a Winston Churchill, si llegan al poder, es muy probable que pretendan perpetuarse en él.

Abordo este tema porque Colombia el próximo mes de mayo se juega su futuro sin encontrarse en el dilema shakesperiano de votar o no votar, tienen que votar porque de no hacerlo puede resultar electo quien menos represente la voluntad popular.

El voto es un serio compromiso. Es un ejercicio cívico que nos garantiza la libertad y el respeto a nuestros derechos si acertamos, por el contrario, equivocarse, sea por pereza o pura indolencia, puede transformar nuestras vidas en un infierno.

Todas las elecciones son importantes, pero algunas pueden ser más trascedentes que otras y este es el caso de los comicios colombianos. Los chilenos recientemente se encontraron en una encrucijada similar, debían elegir entre un candidato de derecha, José Antonio Kast o la comunista Jeannette Jara, en mi opinión, tomaron el mejor camino porque considero que las experiencias comunistas y socialistas han sido rotundos fracasos que inevitablemente conduce a sus propios electores a la perdida de derecho y a la miseria más despiadada.

Los candidatos de mayores opciones en los próximos comicios colombianos representan opciones muy opuestas.

Iván Cepeda, figura de la izquierda política, representa el Pacto Histórico, una agrupación que llevo a la presidencia a Gustavo Petro, que según los colombianos que conozco y lo que he leído, ha gobernado desastrosamente.

Cepeda, senador de la República que  sirvió, 2012, como facilitador del Acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) suscrito por las partes en el 2016, propone impulsar una transformación económica y social profunda.

Otro aspirante es Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, situado a la derecha, abogado, empresario y político, fundador del movimiento Defensores de la Patria, ha expresado su respaldo al libre mercado y su firme compromiso con restablecer la seguridad publica entre otras propuestas.

Según las encuestas hay un tercer candidato de relevancia, la abogada y senadora Paloma Susana Valencia Laserna, que representará en los comicios al Centro Democrático que lidera el expresidente Alvaro Uribe Vélez, siendo de los tres aspirantes más importantes la que representa el centro del espectro político nacional.

Sin dudas son candidatos que representa visiones políticas y hasta ideológicas muy opuestas. Personas competentes y al parecer capaces, lo que hace más complicada la tarea del electorado colombiano.

*Pedro Corzo es periodista cubano