Autor: Alvaro Cruz

Estados Unidos, apoyado diplomáticamente por Egipto, Catar y Turquía, ha ganado esta guerra entre Israel y Hamás: Donald Trump arrastra las risas nerviosas, los excitados aplausos y todos los titulares; más allá del continuado e insuperable liderazgo de Estados Unidos, el mundo nunca había proyectado tan nítidamente la imagen de una empresa global en donde los jefes regionales orbitan alrededor de un indiscutible CEO. Mucho pragmatismo, con algo de vergüenza ajena, flota en este cuadro.

Las palabras de Hun Manet, el primer ministro camboyano, sirven como resumen de esta situación: luego del fin del último conflicto fronterizo con Tailandia, declaró que Trump debe ganar el Premio Nobel de la Paz, dado que su “diplomacia innovadora” contribuyó a poner fin a las hostilidades también allí.

La guerra, que comenzó con la peor masacre de judíos en un solo día desde la Segunda Guerra Mundial y terminó con la destrucción de Gaza, espera ser canalizada hacia la paz a través de una misión internacional de estabilización, la cual debería servir como punto de partida de una tecnocracia para la reconstrucción por fuera de Hamás.

Con un Estado palestino cada vez más reconocido en el plano diplomático y cada vez menos reconocible en el plano geográfico, la transición política encuentra muy debilitado al grupo terrorista, y lo más importante es que lo mismo le sucede a su patrocinador persa. En ese sentido, también Hezbolá se halla en horas bajas. Con todo, Hamás probablemente mantiene todavía la capacidad de irradiar su influencia; su plasticidad operativa le podría permitir permanecer agazapado y recuperarse sin la carga de las responsabilidades de gobierno. Ya se verán las formas del próximo conflicto.

Por su parte, Israel, ante este contexto actual, y con la certeza de que el rostro árabe predominante ya no es el de Bashar al-Ásad, Sadam Husein o Muamar el Gadafi, puede reflexionar y aprovechar el momento para impulsar sus objetivos estratégicos en la región, esto entre disculpas a Doha y un poco de más acatamiento de lo que dice Washington, es decir, a través de un imprescindible torrente de realismo. Además, las zonas colchón se han complejizado, multiplicándose en pequeñas acciones móviles.

Con esta realidad provisional en Oriente Próximo, el debate político occidental, jugando con sangre ajena, ha solidificado la revolución ideológica o el intercambio narrativo de los polos. Los herederos ideológicos de quienes han torturado a los judíos durante siglos hoy defienden su Estado vehementemente. Por otro lado, con tal de que desaparezca ese Estado, aquellos que pregonan determinadas ideas en casa, se alinean con quienes implacablemente se las llevan por delante.

Unos sitúan al chivo expiatorio integral como la vanguardia de esta época, los otros lo señalan como un opresor volcando toda la huérfana frustración revolucionaria en forma de odio, usando a los palestinos como merchandising encarnado. Lo que no cambia es que el judaísmo sigue siendo la herramienta simbólica preferida.

Es de amplitud intelectual interesarse por eventos lejanos y de salud democrática indignarse con el comportamiento de gobiernos, militares o terroristas. Sin embargo, la pasión descargada de conocimiento, que solo se enciende en un sitio, ilumina muy claramente las intenciones, las cuales, ante las pausas informativas, terminan encontrando otro instrumento.

Por lo pronto, el mundo sigue girando y la estulticia digitalmente enredada, guste o no, engrasa. No obstante, la distensión en Oriente Próximo se deslizará mejor mediante una reducción de su protagonismo virtual.

*Augusto Manzanal Ciancaglini es politólogo

El 31 de octubre de 1983 viaje a México; entonces inició mi aventura en aquel país hasta el 5 de enero de 1992. Esa estancia fuera de nuestras fronteras duró exactamente ocho años, dos meses y cinco días. Fue una especie de “autoexilio”, tras verme obligado a ello por motivos de fuerza mayor: no me miraban con “buenos ojos” ni me quería ninguno de los bandos que habían iniciado el conflicto en enero de 1981, cuando el décimo día de ese mes arrancó la primera gran ofensiva insurgente contra la dictadura. Durante la década anterior se había desatado la “guerra sucia” impulsada por esta en perjuicio de la población, fuera opositora real o supuesta; también la guerra de guerrillas, mucho antes de que las organizaciones rebeldes anunciaran la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Salí entonces casi con “una mano adelante y otra atrás”, llevando conmigo apenas cien dólares estadounidenses generosamente donados por mi padre. Dejaba a mi hija de casi cuatro años y su madre; me junté de nuevo con ambas allá en el entonces Distrito Federal, para habitar durante unos meses –a partir de abril de 1983– un cuartito que nos prestó una familia solidaria de compatriotas que también había sido forzada a abandonar El Salvador por la persecución política. Luego nos mudamos a un apartamento, en una de las colonias de caché de la ahora Ciudad de México; este nos fue prestado por una pareja de jóvenes mexicanos comprometidos con las causas populares en Centroamérica.

Nos sentábamos a comer en periódicos alrededor de una mesa sencilla; también dormíamos sobre viejas ediciones del “Excélsior” y “El Día”, entre otros. Además de no tener muebles, tampoco tenía un ingreso formal. El segundo amigo que conocí, un verdadero “chilango”, me apoyó regularizando mi situación migratoria tras matricularme en la Universidad Nacional Autónoma de México –la UNAM– para estudiar la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Con este nos repartíamos la mitad de los 150 dólares que mensualmente le pagaban por atender a quienes llegaban a la “sucursal” del Socorro Jurídico Cristiano, instalado en el Centro Universitario Cultural de la Orden de Predicadores de la Provincia de Santiago; léase, los frailes dominicos. Era un futbolista empedernido que me llevó a jugar con el equipo del Cerro El Judío, en el torneo amateur en el cual participaba. Pero seguía sin un trabajo estable que me permitiera mantener a mi familia.

Fray Gonzalo Balderas Vega fue el primer amigo que conocí allá; me lo presentó mi cuñada al siguiente día de mi llegada y quedé a su merced, pues ella se fue enseguida tras los pasos de su esposo y sus hijos que ya estaban en Nicaragua. Al observar mi situación, este teólogo poblano me animó a elaborar un proyecto de investigación sobre la realidad de las personas salvadoreñas y guatemaltecas refugiadas en México con o sin estatus migratorio. Su idea era que se lo presentáramos a fray Miguel Concha Malo, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de su congregación.

Dicho y hecho, pero la respuesta fue negativa: no había recursos para financiar dicha iniciativa. Sin embargo, nos contó que el Consejo de Provincia había aprobado otro proyecto: el del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.

“Consigan  dinero para eso”, nos dijo. Así fue que, ni cortos ni perezosos, logramos que el Consejo Mundial de Iglesias –presidido por el entrañable reverendo Charles Harper– nos donará un pequeño fondo con el que lo inauguramos hace 41 años; es decir, en noviembre de 1984.

Mi labor allá culminó con la elaboración del informe institucional de 1991 sobre la situación del país en la materia. Durante el primer trimestre de ese año, al buscar mi historial académico en la UNAM para comenzar a trabajar la tesis y graduarme, me di cuenta de que este había sido borrado por completo. Por medio de un amigo común, pude hablar con el subsecretario de Gobernación de la época; este me notificó la razón de tal “medida”: me había inmiscuido en asuntos internos mexicanos. Atrevido yo, le pregunté que por qué afirmaba eso, si no aparecía como parte del personal del “Vitoria” y nunca había brindado ninguna declaración ni firmado documento alguno sobre políticas gubernamentales. La respuesta fue contundente: “Seamos serios, somos adultos”.

Procedía entonces mi expulsión inmediata del país, con base en el artículo 33 constitucional. Pero por ser amigo de su amigo, hizo una excepción: podía quedarme un año como máximo mientras veía para dónde agarraba. Así llegué a la dirección del Instituto Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Pero eso ya no es parte de la historia del “Vitoria”.

Según el índice de la Transparency International (CPI 2024) El Salvador obtuvo una puntuación de 30 sobre 100, muy por debajo del promedio mundial que es igual a 43/100, ocupando la posición 130 de 180 países. El índice de transparencia mide la percepción de corrupción en el sector público. Nuestro país ha tenido consistentemente un índice menor de 40 durante los últimos 15 años. Sin embargo, lo grave de la situación actual es que la tendencia durante este tiempo sugiere que El Salvador no ha mejorado de forma sostenida su percepción de transparencia; al contrario, ha empeorado en términos relativos. El índice de transparencia del actual gobierno es mas bajo que con los gobiernos del Frente y Arena.

Todos somos, de una u otra forma, conscientes de la falta de transparencia que actualmente afecta a nuestro país. La información pertinente y relevante sobre las acciones de nuestros gobernantes está vedada a los ojos del ciudadano común. La falta de justificación pública de gastos, el secretismo en las decisiones gubernamentales y la negativa sistemática a proporcionar información solicitada por la ciudadanía, medios independientes e investigadores, caracterizan el presente gobierno. Incluso en el ámbito de la salud, resulta imposible acceder a datos importantes sobre la epidemiología nacional, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de exposición ciudadana a enfermedades, algunas de ellas potencialmente mortales.

Todo parece indicar, por los índices actuales de aprobación presidencial, que al ciudadano común le interesa más bailar en el centro histórico que monitorear el manejo de los fondos públicos que, al final del día, provienen directamente de sus bolsillos. La transparencia para el salvadoreño es un factor que no afecta el día a día, por lo tanto, sin importancia. Sin embargo, sin instituciones transparentes, la seguridad es difícil de sostener a largo plazo, y la reducción del crimen puede ser solo temporal, costosa o depender excesivamente del uso de la fuerza militar o punitiva. Houston, tenemos un problema.

Según la literatura académica y organismos internacionales como ONU, Banco Mundial e Inter-American Development Bank, existe una relación fuerte e indirecta pero consistente entre el nivel de transparencia/corrupción (medido por el CPI) y los niveles de seguridad pública. No son índices que se influencian automáticamente uno al otro, pero están claramente conectados por mecanismos sociales, económicos e institucionales.

Ejemplos históricos muestran que las políticas hiper-punitivas o militarizadas pueden lograr una reducción rápida de los delitos, incluso en contextos con baja transparencia. Sin embargo, cuando la transparencia no avanza de manera paralela, con el tiempo suelen surgir efectos adversos como la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, el retroceso del estado de derecho, la concentración del poder y el deterioro democrático. Además, la criminalidad tiende a aumentar cuando cambia el liderazgo o se reduce el financiamiento de la represión. A menos que adoptemos un sistema monárquico, la democracia exige la transferencia y rotación del poder político.

Singapur, un país referente para el gobierno actual tiene una altísima transparencia institucional (tercera mas alta en el mundo), bajos niveles de corrupción en fuerzas de seguridad, poder judicial independiente, políticas preventivas, no solo punitivas, un sistema penitenciario enfocado en rehabilitación, y alta confianza de la población en el estado. En Singapur, la seguridad no depende del miedo, sino de instituciones que funcionan.

Está plenamente demostrado por hechos históricos que la opacidad en el ejercicio público abre las puertas a prácticas como la corrupción y la falta de ética pública. Sin transparencia no hay democracia ni un correcto desempeño del servicio público. Nadie quiere regresar a la inseguridad del pasado, ni al reinado de las pandillas. Definitivamente hoy estamos más seguros que con gobiernos anteriores, pero para lograr que esta seguridad sea sostenible, sin dañar nuestras libertades individuales, el mejoramiento de la transparencia de los organismos públicos tiene que mejorar. La reserva de la información, como estrategia para excluir al ciudadano común y demás instituciones que no forman parte del ente gobernante es, por seguro, una estrategia que esta destruyendo nuestra democracia. Es rico bailar en el centro histórico sin temor a la delincuencia o al terrorismo, pero sin libertad nos cansaremos muy pronto de bailar.