Autor: Alvaro Cruz

El cambio está cada vez más orientado hacia la especulación financiera y menos hacia la creación de capacidades, con conciencia crítica y humanitaria, que tengan presente a todo ser humano en toda su integridad, sobre todo en el uso de las realidades terrenas, lo que nos demanda otras leyes morales y sociales, que reconsideren las diversas situaciones, ante un crecimiento mundial pobre, que lo único que fomenta es la desigualdad entre zonas. Por tanto, es una injusticia que los países menos adelantados reporten flujos estancados o en descenso, lo que agrava las brechas de financiamiento para el desarrollo. Además, sin medidas para reactivar la inversión productiva, los flujos seguirán concentrándose en pocas regiones y sectores, limitando su aporte al avance global.

Ciertamente, si la inflación baja, pero la inversión es moderada y la incertidumbre persiste, el costo de la vida continúa siendo un desafío global, instándonos a repensar sobre los riesgos de suministro, que nos reclaman por sí mismo, un enfoque más coordinado de las políticas monetarias, fiscales y generales, de forma que se ampare a los grupos de población más vulnerable. En este sentido, los anhelos sectoriales también desempeñan un papel vital, porque amplían la capacidad humanística con sus sistemas de producción, fortaleciendo las cadenas de suministros, especialmente en alimentos, energía y logística. Indudablemente, una acción coordinada entre manejos mercantiles, fiscales e industriales será fundamental, para gestionar los precios sin comprometer la estabilidad.

En consecuencia, hoy más que nunca se precisa una coordinación global profunda y una acción colectiva decisiva. La mejora sostenida y sustentada, dependerá de reconstruir la confianza y de vigorizar la previsibilidad, renovando compromisos, con un sistema multilateral de comercialización abierta, basado en normas; considerando a la juventud, que representa más de la mitad de la población mundial, como uno de los principales motores de la innovación y del progreso. Sin embargo, muchos jóvenes siguen enfrentándose a obstáculos constantes que les impiden reconstruir el futuro que desean, como la pobreza y la diferenciación extrema o el acceso limitado a una educación de calidad y a un trabajo digno.

Sea como fuere, el momento actual es de transformación radical, inducido en parte por la revolución tecnológica, lo que debe estimular a que los aprendices cooperen en la creación conjunta de sistemas educativos modernos, pertinentes e inclusivos, para que la docencia y el aprendizaje respondan realmente a sus aspiraciones. En efecto, las personas menores de treinta años representan más de la mitad de la población mundial. Son una fuerza motriz que requieren de empleos dignos. A mi juicio, para conseguir este objetivo equitativo y universal, el liderazgo instructivo es esencial para un adiestramiento contributivo con las circunstancias que vivimos. De lo contrario, tampoco lograremos alcanzar la igualdad de género y mucho menos romper con el ciclo del descarte.

Para responder a estos retos actuales, hay que llamar la atención sobre la importancia de la responsabilidad moral, basada en la dignidad y en la innata vocación humanística del sujeto, como ciudadano de bondad y bien, máxime en un orbe heterogéneo y computarizado como jamás. La dimensión ética es cardinal, ya que son las gentes las que diseñan los sistemas y determinan para qué se utilizan. De hecho, al igual que la especulación financiera, con la ganancia fácil como fin fundamental, sigue causando estragos; igualmente, la inteligencia artificial, puede deshumanizarnos por completo. Porque lo que mide la perfección del individuo, no radica en los conocimientos adquiridos, sino en la capacidad de servicio, lo que revela nuestra humanidad, que es lo que nos hermana y armoniza.

Guatemala atraviesa hoy uno de sus momentos más oscuros en la historia reciente. Mientras el calendario esta por finalizar el mes enero de 2026 y el presidente Bernardo Arévalo cumple sus primeros dos años de gestión, la sensación en las calles no es de todo lo que ofreció durante su campaña, una serie de ideas de escritorio, soñadoras y frazadas por gobiernos de izquierda. Con exactamente la mitad de su mandato por delante, el gobierno se encuentra en una encrucijada donde la retórica de la transparencia ya no alcanza para frenar las balas, extorsiones y mas de 3,000 homicidios durante el año 2025.

La reciente declaratoria de Estado de Sitio a nivel nacional, tras el asesinato de diez agentes de la Policía Nacional Civil , cinco mas heridos de gravedad los motines coordinados en prisiones como Renovación I y el Preventivo de la Zona 18, es la evidencia de un fracaso previo. Durante meses, se denunció la ausencia de una política criminal clara. Lo que hoy vemos es la reacción desesperada de un Estado y gobierno que permitió que el crimen organizado y las pandillas, especialmente el Barrio 18 y la MS-13convirtieran las cárceles en centros de comando con beneficios que rayan en lo insultante: desde aire acondicionado, comida de restaurantes y rápida hasta  en los tres tiempos, servicios de mensajería privada, cable, redes sociales y más.

El gran pecado de la administración Arévalo no ha sido solo la falta de mano firme, sino la aparente desconexión entre su agenda anticorrupción y la seguridad ciudadana, y no desmantelar las redes de corrupción. Mientras el Ministerio de Gobernación intenta ahora «aislar» a los líderes, el ciudadano de a pie se pregunta por qué se tuvo que llegar a una masacre de policías para que el gobierno entendiera que con el terrorismo de las pandillas no se negocia. La percepción de una falta de voluntad política es palpable; se percibe a un Ejecutivo que teme al costo político de las medidas de control estricto, mientras las extorsiones siguen siendo el impuesto más efectivo (y letal) del país.

En Guatemala el sistema penitenciario ha operado bajo un régimen de «autogobierno» que el actual gobierno no ha sabido desmantelar con la celeridad que la crisis exigía. La fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad a finales de 2025 fue el primer gran aviso de que el sistema estaba podrido por dentro, y la respuesta fue, de nuevo, lenta y burocrática. Y hasta el momento hay ex funcionarios prófugos y otros que siguen con sus empleos.

A Bernardo Arévalo le queda la mitad de su periodo. En política, eso es un suspiro. Si en estos próximos dos años no se logra transitar de los Estados de Sitio temporales a una reforma penitenciaria estructural —que incluya la finalización de las cárceles de máxima seguridad prometidas y el corte total de señales y privilegios—, su legado no será el de la utopía democracia recuperada, sino el del gobierno que, por indecisión, cobardía y actos de corrupción entregó el territorio a la gobernanza criminal.

El presidente Arévalo es un testimonio mas de los fracasos de los gobiernos de izquierda y de funcionarios que desconocen de seguridad y que les encanta quedar bien con organismos internacionales pero no con sus ciudadanos. Todo lo que crítico y dijo que no haría, en una semana es lo que ha hecho. No hay coherencia en sus acciones y las capturas no refleja que tengan los niveles de inteligencia o quizás no se quiere combatir por posibles implicaciones con el crimen organizado. Criticar es fácil.

*Por Ricardo Sosa / Doctor y máster en Criminología / Experto en Seguridad Nacional

Últimamente hemos estado escuchando y viendo en los medios la denuncia formal por acoso sexual y otros abusos presentada por dos exempleadas contra el famoso cantante español Julio Iglesias. La denuncia también menciona otros supuestos delitos conexos, como trata de personas y vulneración de derechos laborales. Aunque el caso aún se encuentra en una fase preliminar, mientras la fiscalía determina si puede investigarlo y si la jurisdicción española es la competente, ya nos invita a reflexionar sobre un tipo de violencia cotidiana, invisible e impune en muchas sociedades, como la nuestra, que afecta primordialmente a alrededor del 35% de las mujeres en el mundo.

En muchos países, las denuncias de acoso sexual en la escuela, el trabajo o los espacios públicos son frecuentes, pero rara vez se reflejan en estadísticas oficiales globales y comparables. Una de las principales razones de esta ausencia de datos que reflejen la verdadera magnitud del problema es precisamente la falta de denuncia. En un estudio sobre acoso sexual entre profesionales de la salud en España se encontró que dos de cada tres personas agredidas no denunciaron a su agresor: en el 45% de los casos por temor a ser acusadas de exagerar y en el 40% porque creían que la denuncia no serviría de nada.

El acoso sexual es una forma de violencia que sigue siendo invisible y que afecta, en su gran mayoría, a mujeres en posición de dependencia frente al poder. Es el contexto en el que se inscribe la conducta del mencionado personaje, que se ha jactado de haber tenido sexo “consensual” con más de tres mil mujeres. Por ello ha sido tan importante el movimiento #MeToo para realzar y visibilizar este problema. En 2006, la activista afroestadounidense Tarana Burke creó “Me Too” como proyecto para acompañar y sanar a sobrevivientes de violencia sexual, especialmente niñas y mujeres negras de comunidades empobrecidas. Su objetivo era el “empoderamiento a través de la empatía”.

En octubre de 2017, tras las denuncias masivas contra el productor Harvey Weinstein, la actriz Alyssa Milano invitó en Twitter a que las mujeres que hubieran sufrido acoso o agresión sexual escribieran “MeToo”, dando origen a una ola global del hashtag. En cuestión de días, #MeToo fue tendencia en decenas de países, se usó cientos de miles de veces en 24–48 horas y generó variantes locales en otros idiomas (por ejemplo, #MiráCómoNosPonemos en Argentina). #MeToo rompió el silencio sobre el acoso y la agresión sexual en el trabajo, la política, el deporte, los medios y el ámbito académico, mostrando la magnitud del problema y cuestionando la “normalización” de estas conductas. El movimiento modificó normas informales: aumentó el escrutinio social hacia figuras de poder, impulsó protocolos internos en empresas y organizaciones, y fortaleció redes de apoyo y credibilidad hacia las víctimas.

El acoso sexual suele definirse como conductas de naturaleza sexual no deseadas (comentarios, insinuaciones, chantaje, contacto físico, solicitudes de favores sexuales) que crean un ambiente hostil, humillante o intimidante, especialmente en contextos de poder asimétrico. En términos epidemiológicos, el acoso sexual es una forma de violencia sexual muy frecuente, profundamente subregistrada y con patrones claros de género, edad y poder.

Diversas encuestas internacionales estiman que alrededor de una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual a lo largo de su vida, y en muchos estudios sectoriales entre el 20% y el 60% reportan experiencias de acoso sexual en el trabajo, la escuela o espacios públicos, aunque estas cifras son conservadoras por el fuerte silenciamiento y la falta de denuncia. La carga recae sobre todo en mujeres y niñas, con mayor riesgo en la adolescencia y la adultez temprana, cuando coinciden la entrada al mundo laboral, la dependencia económica y normas de género que tienden a culpabilizar a la víctima y proteger al agresor.

El acoso aparece con especial intensidad en contextos jerárquicos (salud, academia, justicia, fuerzas armadas, servicios), donde la dependencia del empleo, de una beca o de una calificación académica facilita la impunidad y reduce la probabilidad de denuncia, creando una brecha importante entre la experiencia real y los registros oficiales. Desde la salud pública, el acoso sexual se asocia con depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, consumo problemático de sustancias y síntomas físicos diversos, además de ausentismo, abandono de estudios o del empleo y pérdida de ingresos, lo que traduce la violencia cotidiana en una carga significativa para los sistemas sanitarios y las economías. Por todo ello, la epidemiología del acoso sexual no se limita a contar casos: obliga a analizar determinantes estructurales (desigualdades de género, jerarquías laborales, normas culturales) y a reconocer que el subregistro masivo es, en sí mismo, uno de los rasgos centrales del problema.

Estaré gratamente sorprendido si a don Julio le quitan lo de donjuán, pero lo dudo.

En las últimas semanas un número importante de compatriotas ha demandado a quienes componen los institutos armados de Cuba, que actúen cívicamente y derroquen el castrismo, una salida honorable para quienes han sido la verdadera columna del totalitarismo insular.

Los que han padecido el castrismo dentro de la Isla siempre pudieron apreciar que un oficial de la seguridad del estado disfrutaba de más prerrogativa que su par de cualquier otro cuerpo armado, aunque mostrara una menor graduación. La policía política era una especie de aristocracia con capacidad para intimidar a muchos generales y doctores, diría el novelista Carlos Loveira.

No obstante, el proceso contra el general Arnaldo Ochoa y otros oficiales demostró que, aunque la policía política era la que mostraba los dientes a la población, siempre presta para desgarrar a la oposición sin considerar edad o sexo, era verdaderamente el ejercito la columna vertebral del totalitarismo.

Altos funcionarios como Ramiro Valdés, “El carnicero de Artemisas” quien valiera como uno de los principales confabulados entre los Castro y Hugo Chavez, forjo un aparato de alta eficiencia represiva, pero con un elevado poder corrosivo que se evidencio en un proceso en el que, si bien, el fusilado de mayor graduación fue un general del ejército, la mayoría de los encartados provenían de las altas esferas del ministerio del Interior, siempre vinculados a tramas de tráficos que el régimen perseguía públicamente pero que promovía en silencio para obtener ganancias que eran ilícitas en la ilegalidad socialista.

El sistema cubano ha estado históricamente sostenido sobre una imponente mentira y un fabuloso fraude en el que todos los uniformados han cumplido un rol muy importante, por eso, me sorprendería que actuaran en contra del nocivo entramado que han ayudado a construir, los militares cubanos han sido tan nefastos para el país como los propios cuerpos de seguridad.

No se debe olvidar que el presente aparato militar cubano fue creado por los Castro en 1959, tal y como hizo Fulgencio Batista en 1933 después de los sucesos del 4 de septiembre, interesante, en aquel momento ambos déspotas disfrutaban de amplio respaldo popular para construir sus guardias pretorianas y desmontar las fuerzas armadas que encontraron cuando tomaron el poder.

El ejército de los Castro ha sido más despiadado y violatorio de la dignidad humana que cualquier otra fuerza militar que haya operado en la República, comparable a las huestes de Valeriano Weyler que en los noventa del siglo XIX impuso la reconcentración campesina, gestión repetida en los sesenta y setenta del siglo pasado por Fidel y Raul.

Además, no debemos pasar por alto que como la sociedad cubana esta militarizada, más del 70 % de la alta dirigencia isleña es de extracción castrense, e igualmente un número considerable de miembros del Comité Central del Partido son militares.
Por otra parte, y muy importante, los apetitos imperiales de los Castro siempre fueron satisfechos por los militares que, de manera encubierta, o actuando como gendarmes internacionales, intervinieron en tres continentes sin que se produjera ningún cuestionamiento a los dictados del tirano.

Un aspecto notable es la importante vinculación de los militares cubanos en negocios de gran rentabilidad como lo ha venido haciendo desde su constitución el Grupo de Administración Empresarial, mas conocido como GAESA un conglomerado de empresas que maneja sectores claves  de la economía que incluye el turismo, comercio minorista, finanzas y telecomunicaciones, un grupo de militares que manejan miles de millones de dólares sin una fiscalización verdadera  porque ellos son la máxima autoridad del país, a la vez que operan  los  servicios de inteligencia y seguridad.

Las fuerzas armadas castristas, esto tal vez no sea correctamente político, pero me cuesta calificarlas como de Cuba, aparentan una inquebrantable lealtad, motivada, quizás, por devoción a la memoria del “máximo líder”; otros por la pasión que les embargó cuando cumplían funciones pretorianas a miles de millas de las costas de Cuba, sin que falten quienes sirvan por convicciones políticas y, para no incurrir conscientemente en una injusticia, es probable que no falten los que están a la espera del momento oportuno para exclamar, ¡Basta!  y derroquen la tiranía, o lo mas probable, los generales, doctores y sus proles, interesado en disfrutar las riquezas robadas a plenitud, sean los que actúen gracias a una oportuna conciencia de compromiso con los derechos humanos y la democracia.