Según el índice de la Transparency International (CPI 2024) El Salvador obtuvo una puntuación de 30 sobre 100, muy por debajo del promedio mundial que es igual a 43/100, ocupando la posición 130 de 180 países. El índice de transparencia mide la percepción de corrupción en el sector público. Nuestro país ha tenido consistentemente un índice menor de 40 durante los últimos 15 años. Sin embargo, lo grave de la situación actual es que la tendencia durante este tiempo sugiere que El Salvador no ha mejorado de forma sostenida su percepción de transparencia; al contrario, ha empeorado en términos relativos. El índice de transparencia del actual gobierno es mas bajo que con los gobiernos del Frente y Arena.
Todos somos, de una u otra forma, conscientes de la falta de transparencia que actualmente afecta a nuestro país. La información pertinente y relevante sobre las acciones de nuestros gobernantes está vedada a los ojos del ciudadano común. La falta de justificación pública de gastos, el secretismo en las decisiones gubernamentales y la negativa sistemática a proporcionar información solicitada por la ciudadanía, medios independientes e investigadores, caracterizan el presente gobierno. Incluso en el ámbito de la salud, resulta imposible acceder a datos importantes sobre la epidemiología nacional, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de exposición ciudadana a enfermedades, algunas de ellas potencialmente mortales.
Todo parece indicar, por los índices actuales de aprobación presidencial, que al ciudadano común le interesa más bailar en el centro histórico que monitorear el manejo de los fondos públicos que, al final del día, provienen directamente de sus bolsillos. La transparencia para el salvadoreño es un factor que no afecta el día a día, por lo tanto, sin importancia. Sin embargo, sin instituciones transparentes, la seguridad es difícil de sostener a largo plazo, y la reducción del crimen puede ser solo temporal, costosa o depender excesivamente del uso de la fuerza militar o punitiva. Houston, tenemos un problema.
Según la literatura académica y organismos internacionales como ONU, Banco Mundial e Inter-American Development Bank, existe una relación fuerte e indirecta pero consistente entre el nivel de transparencia/corrupción (medido por el CPI) y los niveles de seguridad pública. No son índices que se influencian automáticamente uno al otro, pero están claramente conectados por mecanismos sociales, económicos e institucionales.
Ejemplos históricos muestran que las políticas hiper-punitivas o militarizadas pueden lograr una reducción rápida de los delitos, incluso en contextos con baja transparencia. Sin embargo, cuando la transparencia no avanza de manera paralela, con el tiempo suelen surgir efectos adversos como la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, el retroceso del estado de derecho, la concentración del poder y el deterioro democrático. Además, la criminalidad tiende a aumentar cuando cambia el liderazgo o se reduce el financiamiento de la represión. A menos que adoptemos un sistema monárquico, la democracia exige la transferencia y rotación del poder político.
Singapur, un país referente para el gobierno actual tiene una altísima transparencia institucional (tercera mas alta en el mundo), bajos niveles de corrupción en fuerzas de seguridad, poder judicial independiente, políticas preventivas, no solo punitivas, un sistema penitenciario enfocado en rehabilitación, y alta confianza de la población en el estado. En Singapur, la seguridad no depende del miedo, sino de instituciones que funcionan.
Está plenamente demostrado por hechos históricos que la opacidad en el ejercicio público abre las puertas a prácticas como la corrupción y la falta de ética pública. Sin transparencia no hay democracia ni un correcto desempeño del servicio público. Nadie quiere regresar a la inseguridad del pasado, ni al reinado de las pandillas. Definitivamente hoy estamos más seguros que con gobiernos anteriores, pero para lograr que esta seguridad sea sostenible, sin dañar nuestras libertades individuales, el mejoramiento de la transparencia de los organismos públicos tiene que mejorar. La reserva de la información, como estrategia para excluir al ciudadano común y demás instituciones que no forman parte del ente gobernante es, por seguro, una estrategia que esta destruyendo nuestra democracia. Es rico bailar en el centro histórico sin temor a la delincuencia o al terrorismo, pero sin libertad nos cansaremos muy pronto de bailar.
