Autor: Alvaro Cruz

Cada 25 de noviembre, el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” nos recuerda una verdad urgente: vivir libres de violencia no es un privilegio, es un derecho humano básico. Sin embargo, millones de mujeres alrededor del mundo continúan enfrentando agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y simbólicas que niegan su dignidad y su autonomía. Este día no solo convoca a la reflexión, sino también a la acción colectiva para transformar una realidad que persiste a pesar de los avances normativos y sociales.

El derecho a una vida libre de violencia está reconocido en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, entre otros. Estos marcos establecen que los Estados tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No se trata solamente de atender las consecuencias, sino de modificar las condiciones estructurales que permiten y perpetúan la violencia. Esto implica combatir la desigualdad de género, los estereotipos y las normas culturales que asignan a las mujeres roles subordinados.

A pesar de los compromisos asumidos, las cifras demuestran que la violencia sigue siendo una pandemia silenciosa. La violencia doméstica continúa siendo la forma más extendida y la causa más común de los feminicidios en El Salvador, aunque no es la única. También existen la violencia digital, la trata, el acoso en espacios públicos y laborales. Los feminicidios representan el extremo más brutal de un continuo de violencia. Cada caso no es un hecho aislado: forma parte de un sistema de desigualdad que normaliza la agresión, que perpetúa el odio o la discriminación hacia las mujeres y que, de forma perversa, responsabiliza a las víctimas.

Tomando como ejemplo estadísticas recientes sobre la modalidad de violencia más grave que sufren las niñas y mujeres en el mundo producidas por organizaciones especializadas o medios de prensa, en el transcurso de 2025, en El Salvador se han registrado 23 feminicidios, en Francia 88 y en México 388. A las mujeres nos siguen matando en todas partes del mundo.  Según el informe “Feminicidios en 2023” de ONU Mujeres y UNODC, en 2023 se estimaron 85.000 mujeres y niñas asesinadas intencionalmente, de las cuales unas 51.100 (60 %) fueron víctimas de sus parejas íntimas o familiares. En promedio, esto equivale a 140 mujeres asesinadas cada día por alguien muy cercano (pareja o familiar).  Muchas de estas muertes podrían haber sido evitadas, ya que la data disponible para ese informe también indica que muchas de estas mujeres ya habían denunciado ser víctimas de violencia o amenazas de parte de sus verdugos.

Garantizar una vida libre de violencia implica fortalecer sistemas de protección estatales que realmente funcionen: fondos suficientes, personal capacitado y comprometido, leyes efectivas, instituciones sólidas, acceso a la justicia sin revictimización, refugios seguros, educación con enfoque de igualdad y políticas públicas sostenidas. Sin embargo, también resulta indispensable un cambio cultural profundo. La violencia no se erradica solo con normas; se elimina transformando actitudes, reconociendo y evitando la reproducción de patrones dañinos y fomentando relaciones basadas en el respeto y la equidad.

La participación activa de la sociedad es esencial. Las comunidades, las escuelas, los medios de comunicación y las familias tienen un papel clave en la prevención. Romper el silencio, creer en las sobrevivientes y promover modelos de convivencia igualitarios son pasos indispensables para construir entornos seguros. La educación en derechos humanos y en igualdad de género desde edades tempranas constituye una herramienta poderosa para prevenir futuras violencias. La educación de los varones tiene una importancia clave para evitar que se conviertan en adolescentes y hombres adultos perpetuadores de ciclos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres.

El 25 de noviembre no debe ser un recordatorio pasajero, sino un compromiso permanente. Defender el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es apostar por sociedades más justas, democráticas y humanas. Mientras una sola mujer siga viviendo con miedo, la tarea no estará completa. Garantizar este derecho es una responsabilidad colectiva que exige voluntad política, recursos suficientes y, sobre todo, una convicción profunda de que la vida y la libertad de las mujeres merecen ser respetadas y protegidas.

Hay sentencias bíblicas que no requieren comentarios teológicos profundos para revelar su peso moral; bastan por sí mismas para poner en evidencia el verdadero pulso espiritual de una sociedad. Una de ellas es: “El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente” (Proverbios 22:9). No habla de ideologías, ni de colores políticos, ni de ordenanzas municipales. Habla de humanidad, de compasión y de ese deber eterno de ver en el rostro del desamparado la imagen de un ser que merece dignidad. Y es precisamente en tiempos como los actuales, donde decisiones administrativas generan tensión.

Entre el orden urbano y el deber moral de asistir al necesitado, cuando este pasaje bíblico se vuelve más que una frase inspiradora: se convierte en un espejo que nos obliga a evaluar si nuestras políticas públicas avanzan hacia una sociedad más humana o hacia una sociedad más indiferente. No se trata de negar el valor del orden, sino de recordar que dicho orden no puede ser alcanzado a costa de la compasión, porque entonces dejaría de ser orden para convertirse en un silencio incómodo ante el sufrimiento ajeno. En los últimos días se ha generado un debate en torno a la decisión municipal.

De no permitir que las iglesias y personas particulares entreguen alimentos en el Parque Libertad, en San Salvador Centro. Las razones de reordenamiento urbano son válidas y comprensibles: toda ciudad moderna aspira a la limpieza, la armonía y la seguridad. Nadie podría oponerse sensatamente a que la capital avance hacia mejores condiciones. Sin embargo, la preocupación emerge cuando el orden comienza a interpretarse como la ausencia del vulnerable; cuando la solución parece consistir en desplazar al necesitado sin ofrecerle una salida real; cuando el mensaje implícito es que alimentar al hambriento constituye una forma de “desorden”.

La discusión no debe quedarse en la superficie. Más allá de la regulación del espacio público, está el desafío de equilibrar el progreso urbanístico con la responsabilidad ética de no invisibilizar a quienes viven al margen de la sociedad. Una ciudad puede modernizarse sin sacrificar la empatía; puede embellecer sus plazas sin endurecer su corazón. En esto, conviene recordar que ni las iglesias evangélicas ni la Iglesia católica pusieron en el Parque Libertad a aquellos hombres y mujeres en situación de calle, muchos de ellos atrapados entre el alcohol, las drogas, la soledad y el abandono.

No los colocó ahí la compasión cristiana. Llegaron ahí por un entramado complejo de pobreza histórica, ruptura familiar, salud mental desatendida y oportunidades negadas. Culpar a quienes dan un pan caliente, una taza de café o una frazada, como si sostuvieran una dinámica de caos, sería tan impreciso como injusto. Nadie elige vivir en la intemperie, y nadie que se preocupa por un ser humano debería ser tratado como generador de “desorden”. Es necesario comprender que la presencia de personas sin hogar en el centro histórico no es consecuencia de un acto voluntario ni de un hábito tolerado por las iglesias.

Sino el resultado acumulado de décadas en las que el país careció de políticas preventivas, programas de salud mental accesibles y oportunidades laborales reales para los sectores más vulnerables. La labor de asistencia no provoca el fenómeno; apenas lo mitiga. Es importante subrayar, con absoluta diplomacia y respeto institucional, que la labor que hacen las iglesias —evangélicas y católicas por igual— no es un simple acto asistencial: es una extensión natural del mandato bíblico. No es activismo callejero, es obediencia espiritual. “Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis” (Mateo 25:35).

Esta enseñanza no prescribe la misericordia según reglas urbanísticas; la manda ejercer donde haya un ser humano necesitado. Y por ello, reducir estas acciones a un “estorbo” para el orden urbano pasa por alto que durante décadas han sido precisamente estas comunidades de fe las que han suplido vacíos donde el Estado, por limitaciones estructurales, no ha podido llegar. Su presencia no es casual ni improvisada; es constante, es organizada y es profundamente humana. Tampoco se trata de confrontar con las autoridades, sino de unirnos frente a un fenómeno que no se resuelve, impidiendo la ayuda.

Toda autoridad merece respeto, y toda autoridad debe velar por el bienestar general. El llamado, más bien, es a la reflexión serena: el orden y la misericordia no son conceptos opuestos; pueden, y deben, convivir. Reordenar la ciudad es importante, pero ordenar no significa invisibilizar; embellecer no significa desalojar humanidades; limpiar espacios públicos no debe confundirse con barrer los dolores ajenos hacia rincones cada vez más inaccesibles. El verdadero liderazgo urbano no consiste únicamente en administrar plazas, sino en articular soluciones que no sacrifiquen la dignidad de los más frágiles.

Los mejores modelos de ciudades modernas en el mundo han demostrado que la convivencia entre desarrollo urbano y programas de asistencia integral es no solo posible, sino necesaria para construir comunidades más inclusivas y resilientes. Lo que hoy sucede en el Parque Libertad debería ser visto como una oportunidad, no como un obstáculo. Si el problema es el desorden, la solución no es prohibir la solidaridad, sino encauzarla. En países donde se han logrado avances significativos con población en situación de calle, el modelo no se ha basado en sancionar la ayuda.

Sino en integrarla a un programa más amplio: centros de atención integral, programas de rehabilitación, albergues temporales, oportunidades formativas y laborales, articulación con la empresa privada y, sobre todo, colaboración cercana con las iglesias, que durante décadas han sido un motor silencioso de misericordia. Este enfoque no solo ordena el espacio físico, sino que ordena las oportunidades y reconstruye las vidas. Se logra un equilibrio entre el urbanismo y la compasión, entre la estética y la justicia social. Creer que la entrega de alimentos es el problema equivale a confundir el síntoma con la enfermedad.

La verdadera necesidad no está en la pan y el café que se entrega todas las semanas en las calles, sino en la vida rota que se intenta sostener con un pedazo de pan. Impedir ese acto no elimina la pobreza, solo la vuelve más silenciosa y más cruel. Cuando se deja de alimentar a alguien, no se corrige una conducta; se profundiza un abandono. Y cuando una sociedad permite que la indiferencia sustituya a la misericordia, pierde más que el necesitado: pierde su alma colectiva. La compasión no desordena; lo que desordena es no tener una estrategia estructural para atender la marginalidad.

Como país, debemos superar la idea de que la persona en situación de calle está ahí porque quiere. Los testimonios son múltiples: jóvenes expulsados de su hogar, ancianos sin familia, personas con trastornos psiquiátricos sin tratamiento, víctimas de violencia, trabajadores que perdieron todo a causa del alcoholismo. La respuesta no puede ser cerrar los ojos, ni prohibir un plato de comida, sino abrir rutas para que esas vidas encuentren alternativas reales. Y esas rutas solo serán posibles si se construyen desde una alianza estratégica entre instituciones gubernamentales, municipalidades, sector privado e iglesias.

El Parque Libertad, símbolo histórico de encuentro, no debería convertirse en un símbolo de exclusión. Si algo enseña la Escritura es que la dignidad humana no se negocia. El pan que se comparte no desordena; ordena conciencias. El evangelismo predicado no ensucia plazas; limpia el alma de quien la recibe y de quien la ofrece. Reordenar la ciudad es legítimo, pero reordenar la misericordia es imposible. Porque la misericordia no se decreta: se vive. Y una ciudad que renuncia a la misericordia se vuelve estéticamente hermosa, pero espiritualmente vacía.

Que esta discusión no nos haga olvidar que el verdadero desarrollo urbano no solo se mide en adoquines nuevos, sino en corazones capaces de detenerse ante el dolor ajeno. Y que siempre será bendito —ayer, hoy y mañana— aquel que da de su pan al indigente. “El ojo misericordioso será bendito”. Esa sigue siendo, en cualquier geografía y bajo cualquier administración, la regla de oro de toda ciudad verdaderamente cristiana.

El totalitarismo castrista y sus asociados de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador han obligado a muchos de sus connacionales a abandonar sus respectivas patrias, forzando al destierro a quienes se les oponen. Millones de personas no han tenido más alternativas que dejar en el pasado su quehacer cotidiano por tal de no ir a prisión o vivir en condiciones que ningún ser humano merece, convirtiéndolos en exiliados o emigrantes, en base, a la conducta que cada uno asuma.

La vida en el exilio, para quien lucha por el retorno, es dura, cargada con innumerables retos, aunque sin dudas es mucho mejor que la que enfrentan quienes no tuvieron esa oportunidad o decidieron no elegir ese camino para continuar luchando en su tierra por la libertad y los derechos de todos.

En principio un exiliado es un perseguido, un opositor, un individuo que pudo ser encarcelado por el gobierno que combatió y que se vio precisado a huir de su país, no obstante, es justo decir que el exilio no es cuestión de veteranía, sino de la conducta que asume el individuo cuando se llega a otra nación.

No importa los años de vida en el extranjero. El exiliado tiene que estar comprometido con la contienda que le lleve de regreso si esa es su voluntad. Dejar de trabajar por retornar a la patria, coloca la condición de exiliado en pasado, mutando el individuo a inmigrante.

Entre el exiliado y el inmigrante hay diferencias de causas y conducta. El exiliado ha sido perseguido por sus ideas o acciones de carácter político. Exiliarse nunca fue el objetivo de los que enfrentaron un gobierno, sino una opción para continuar la lucha en otras latitudes.

El exilio o el destierro, como gustaba decir José Martí, confiere la oportunidad de luchar por el regreso y saber, como afirmaba el Maestro, «que nunca son más bellas las playas del destierro que cuando se les dice adiós», aunque desgraciadamente, muchos no tendrán ese privilegio por mandatos ineludibles del tiempo que se nos agota, sin embargo, podemos tener la certeza de que el ostracismo, por extenso que sea, en algún momento termina y que más de uno podrá decirle adiós a los litorales que les acogieron.

En el exterior hay que luchar contra el desencanto, las inevitables cosechas de fracasos, desengaños y hasta traiciones, pero cuando la meta es cumplir con el deber, no hay obstáculo insuperable ni tiempo que no pueda ser acumulado, mientras la dulce nostalgia por lo lejano nos acompañe y la morriña nos aprese con más severidad que cualquier carcelero.

Los latinoamericanos en general hemos padecido del exilio de manera crónica, la realidad política de muchos de nuestros países ha determinado que a través de más de 200 años de vida republicana el exilio haya sido la única vía para salvar la vida o evitar la crueldad del encierro, cuando un déspota llega al poder y busca perpetuarse.

No hay generación de iberoamericanos en la que más de unos de sus miembros no hayan tenido que refugiarse en el extranjero. Los cubanos tenemos esa dolorosa experiencia, aun en democracia, la falta de seguridad por la vehemencia criminal de cualquier esbirro obligó a muchos al exilio.

Sin embargo, el número de exiliados y desterrados en América Latina desde que los Castro tomaron el poder en Cuba no tiene paralelo.

La Nicaragua sandinista tiene numerosos exiliados y cientos de desterrados como los causados en el 2023, cuando presos políticos, sacerdotes, periodistas y opositores, fueron expulsados por Daniel Ortega y Rosario Murillo y despojados de su nacionalidad.

Venezuela que tantos exiliados recibió se convirtió a partir de Hugo Chávez y Nicolas Maduro en el principal gestor de exiliados y desterrados de este hemisferio

Rafael Correa en Ecuador también provocó la partida de cientos de sus compatriotas y la Bolivia de Evo Morales obligó a salir al extranjero a muchos buenos ciudadanos por una cruenta persecución política, situación que esperamos se enmiende bajo el gobierno de Rodrigo Paz.

Sin embargo, el país que más ha practicado el destierro ha sido el totalitarismo castrista, razón por la cual el exprisionero político cubano Ángel de Fana lleva años organizando vigilias, demandando a la dictadura insular, la libertad sin destierro de sus prisioneros políticos