A Katya Natalia Miranda Jiménez, niña salvadoreña de nueve primaveras, la violaron sexualmente y asesinaron de forma desalmada a tan corta edad. Los salvajes que consumaron semejantes atrocidades, fueron favorecidos por otra: la impunidad propiciada por un sistema de justicia podrido hasta su médula. Escasamente había transcurrido poquito más de siete años de la firma del acuerdo final de paz, el más publicitado entre los que posibilitaron frenar los combates bélicos y garantizaron que después no se disparara ni una pinche bala entre los ejércitos gubernamental y guerrillero. Tan impecable cese al fuego terminó siendo lo más meritorio del proceso liderado por Naciones Unidas; esfuerzo que, lastimosamente, no alcanzó para superar lo que generó ese conflicto: la ausencia de una democracia real junto a las violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, así como la persistencia de una sociedad eternamente dividida.
Lo contrario a esos gravísimos males nacionales sufridos por nuestras mayorías populares, era lo que constituyó las aspiraciones plasmadas en el primer acuerdo alcanzado por las partes beligerantes en Ginebra el 4 de abril de 1990. Por eso, este debería considerarse el más importante. Más allá del listado de las novedades que necesitábamos urgentemente –como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hoy totalmente desnaturalizadas– y de dejar atrás prácticas contrarias al bien común como la impunidad, algo que no pasó, este acuerdo debió ser el mejor termómetro para calibrar la temperatura nacional en medio de un proceso de pacificación progresivamente desfigurado.
Coincidiendo con la fecha de la firma del Acuerdo de Ginebra, nueve años después ocurrieron los horrendos crímenes referidos. Temiendo por su seguridad, con sobradas razones, la madre y la hermana de Katya abandonaron su terruño en noviembre del 2020. Emigraron, sí, pero no claudicaron. Al despedirse de la niñez salvadoreña, Hilda María Jiménez dijo que no abandonaba el esfuerzo iniciado un año atrás. Aseguró entonces que debía cuidar a su otra hija ‒Gina Marcela‒ y garantizar que no les ocurriera nada, para seguir hasta que los asesinos de Katya y sus encubridores –dentro y fuera del aparato estatal‒ paguen sus culpas.
Con fuerza y tesón comprobables en el tiempo, ya lograron que el caso llegara hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En su escrito de remisión para someterlo a esa jurisdicción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala “la responsabilidad internacional de El Salvador por el homicidio y la violación sexual de la cual fue víctima Katya Miranda Jiménez, así como por la omisión en el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos”.
Luego de un breve resumen del caso, la CIDH retoma los dos procesos judiciales impulsados por la Fiscalía General de la República (FGR). Procesos, para mí, fraudulentos. En enero del 2000 arrancó uno, contra Carlos y Edwin Miranda ‒abuelo y padre de Katya, respectivamente‒ junto a dos empleados del primero. Carlos fue acusado tanto por homicidio agravado como por violación y agresión sexual agravadas; a su hijo, por abandono y desamparo de persona. Al otro par lo acusaron por encubrimiento en perjuicio de la actividad judicial. Edwin fue sobreseído definitivamente en octubre; los demás provisionalmente, para que los fiscales en un año investigaran y aportaran elementos suficientes para enjuiciarlos. Pero eso no pasó y quedaron libres del todo al cumplirse dicho plazo. El Ministerio Público apeló sin éxito.
En el segundo requerimiento ‒presentado catorce días antes de finalizar el período fijado para perseguir a los sádicos criminales‒ se acusó a Carlos de fingir el secuestro de su nieta, culpar por ello a un enemigo personal y así vengarse de este. Pero falló el plan. Paradójicamente, por ese pajazo sacado de la manga fiscal sí hubo condenas que fueron revertidas en septiembre del 2014 mediante sentencia favorable para los acusados.
Hoy que se tramita el caso en el tribunal regional, ya saltaron quienes dicen que ‒a diferencia de “los mismos de siempre”‒ esto es “mérito” de Nayib Bukele y su supuesta “lucha contra la impunidad”. ¡No jodan! Sépanlo: su administración recibió el Informe de Fondo de la CIDH el 6 de diciembre del 2023 e inicialmente tuvo dos meses para exponer cómo estaban acatando sus recomendaciones. Pero tras siete prórrogas solicitadas por el Estado durante un año y medio, las víctimas no fueron reparadas por las violaciones señaladas. Conociendo los antecedentes en cuanto al deplorable cumplimiento estatal de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como parte peticionaria neceamos solicitando someter el caso a la Corte IDH y lo logramos. Esto último es fruto de la tenacidad de Hilda María y Gina Marcela. ¡De nadie más!
