Autor: Alvaro Cruz

En El Salvador, durante los primeros días del mes de agosto, las calles se llenan de luces, desfiles, ferias y procesiones que conmemoran una de las solemnidades religiosas más reconocidas en el calendario nacional: la fiesta en honor al Divino Salvador del Mundo. Esta celebración, cargada de simbolismo y tradición, rememora el momento de la Transfiguración del Señor Jesucristo en el Monte Tabor, evento registrado por los evangelios sinópticos (Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-8; Lucas 9:28-36), en el cual el Hijo de Dios manifestó su gloria eterna a tres de sus discípulos. 

En ese monte, por unos breves momentos, la carne fue transformada por la gloria, y los ojos de los Apóstoles que se encontraban ahí contemplaron a Jesús que vendrá en majestad. Sin embargo, en medio del bullicio festivo, de los actos litúrgicos y de las manifestaciones culturales, se corre el riesgo de perder de vista el mensaje central de salvación: y que solo aquellos que estén preparados —no en religión, sino en comunión viva— serán partícipes de ese glorioso acontecimiento. Esta esperanza bienaventurada se conoce como el “arrebatamiento de la Iglesia” y su inminencia es más urgente que nunca.

La Transfiguración fue un anticipo celestial, una revelación momentánea de la majestad del Señor Jesucristo. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Fue una manifestación gloriosa de su deidad y una confirmación de su identidad como el Hijo amado del Padre. En este sentido, la Transfiguración no fue un espectáculo religioso, sino una preparación escatológica para lo que ha de venir: el retorno glorioso del Salvador del Mundo. El apóstol Pedro, testigo ocular de ese momento, lo conectó directamente con el regreso del Señor.

“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad” (2 Pedro 1:16). Así como el Salvador fue transfigurado ante sus discípulos, así también la Iglesia será transformada en un abrir y cerrar de ojos (1 Corintios 15:52), cuando suene la trompeta final y seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:16-17). La Transfiguración, entonces, es una sombra anticipada de la que había de ser con el retorno del Señor Jesucristo en gloria. 

El Salvador del Mundo no busca devotos tradicionales, ni fervor efímero en agostos festivos. Él busca una Iglesia santa, vigilante y sin mancha, preparada como una esposa ataviada para su Esposo (Apocalipsis 19:7-8). Es aquí donde debemos confrontar una dolorosa realidad: la vida cristiana a medias no alcanza para el arrebatamiento. En tiempos de celebraciones religiosas, muchos se congregan, marchan, visten túnicas, levantan imágenes y proclaman con los labios que Jesús es el Salvador. Pero la Escritura advierte con severidad: “Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí.” (Mateo 15:8)

Un cristianismo cultural, heredado, ritualista o superficial no transforma el corazón. Y si el corazón no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, esa persona será dejada atrás cuando el Salvador venga por los suyos. La parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13) nos recuerda que todas esperaban al Esposo, pero solo las prudentes entraron. Las otras llegaron tarde, no por falta de religión, sino por falta de comunión verdadera. De modo que el arrebatamiento es el acto soberano de Dios para librar a la Iglesia verdadera del juicio venidero (cf. Apocalipsis 3:10; 1 Tesalonicenses 5:9). 

Este evento será repentino, glorioso e irreversible. Y sucederá antes del derramamiento de la ira divina sobre el mundo impío durante la Gran Tribulación. En el contexto salvadoreño, donde se celebra cada 6 de agosto al Salvador del Mundo, deberíamos preguntarnos con honestidad: ¿Estamos preparados para encontrarnos con ese Salvador cara a cara? ¿O solo le damos honor en actos públicos, mientras en lo íntimo vivimos para nosotros mismos?

Muchos celebran la Transfiguración de Jesús, pero rechazan ser transformados por Él. Lo quieren glorioso en la imagen, pero no como Señor en su conciencia y decisiones. 

Lo veneran en procesión, pero lo niegan en sus acciones diarias. Las fiestas pueden ser ocasión para el ocio, pero también pueden ser puertas abiertas a la reflexión espiritual. Hoy más que nunca, El Salvador —la nación toda— necesita volver al Señor Jesucristo— no como íconoreligioso, sino como Redentor personal. El llamado no es a conmemorar un evento pasado, sino a prepararse para un evento futuro: Su venida inminente. “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” (Mateo 24:42)

Ser cristiano no es portar una túnica un día al año, sino vivir crucificado con Cristo cada día (Gálatas 2:20). El Salvador del Mundo merece más que una fiesta anual: merece una vida entera rendida a su voluntad, bajo la guía del Espíritu Santo, y esperando su regreso con anhelo. Mientras El Salvador se viste de fiesta y eleva la mirada hacia una imagen del Señor Jesucristo transfigurado, los cielos están a punto de abrirse para una transformación mayor: la del arrebatamiento de la Iglesia fiel. La venida del Señor está cerca, y la pregunta que cada alma debe hacerse no es si participará en la procesión, sino si participará en la gloria.

Hoy, en esta tierra llamada “El Salvador”, no basta con celebrar al Salvador del Mundo. Es necesario obedecerle, amarle, servirle y esperarlo. 

Que este tiempo de festividad se convierta en un clamor de santidad, un altar de arrepentimiento y una vigilia de esperanza. Porque la trompeta está por sonar, y solo los transformados verán su gloria. “Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.” (1 Juan 3:3)

La señora Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, localidad considerada el corazón de Ciudad México, decidió desalojar las estatuas del tirano Fidel Castro y del asesino en serie Ernesto “Che” Guevara, colocadas en un parque de la localidad, 2017, por decisión de un funcionario mexicano partidario de la dictadura cubana y político importante de la administración de la actual presidenta.

Ambos símbolos de abusos y crueldades infinitas fueron removidos en el año 2018 por falta de autorizaciones gubernamentales, después de haber sido objeto de vandalismo en señal de protestas y de manifestaciones de vecinos en su contra.

En consecuencia, la alcaldesa, con las facultades que le confiere su cargo arguyó que los monumentos habían generado controversias y que la alcaldía consideraba que no estaba justificado que ocuparan el espacio público asignado, además de que se habían producido irregularidades en su emplazamiento, sin aludir los treinta y dos mil dólares de los fondos públicos gastados en la construcción y al hecho de que se le rendía tributo a dos sujetos que representaban valores contrarios a lo que la sociedad mexicana y su gobierno dicen enaltecer, agregando públicamente “Ni el Che ni Fidel pidieron autorización para instalarse en Cuba y tampoco en la Tabacalera”.

Las estatuas colocadas sobre un banco del parque representaban a Fidel Castro y a Guevara, con un libro y una pipa de tabaco, respectivamente, en vez de un fusil de asalto o un artefacto explosivo, las verdaderas afinidades de esos sujetos que durante toda su existencia lo que aportaron a la sociedad fueron desgracias, miserias e incalculable cantidad de damnificados y muertos.

Esta faena ha suscitado numerosos comentarios, pero, sin dudas, los más llamativos han sido las acotaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que la alcaldesa Rojo de la Vega había actuado ilegalmente al desalojar los monumentos a la vez que acuso a la funcionaria de “una intolerancia tremenda”.

Por otra parte, la señora presidenta, siguiendo las pautas del castrismo de intentar descalificar a sus adversarios y enemigos, expone que la alcaldesa fue a Cuba de vacaciones lo que evidenciaba, en su opinión, que no estaba en contra del régimen, ignorando que no todos los que visitan la isla lo hacen por amor a la dictadura, muchos, van a informarse o asistir a la digna oposición que ella y sus aliados como Luis Inacio Lula da Silva han escogido ignorar por motivos ideológicos.

En honor a la verdad no soy partidario de la destrucción de estatuas y monumentos. Cada día que transcurre me convenzo de que existen valores indelebles representados en ocasiones por imágenes y monolitos dedicados a insignes personalidades o acontecimientos de la historia, aunque las perspectivas que tiene cada quien sobre los mismos sucesos y personas pueden ser radicalmente opuestas, lo que debe motivar una apropiada reflexión de parte de los involucrados.

Por ejemplo, rechazo que las estatuas dedicadas a Cristóbal Colón y demás descubridores y conquistadores de nuestra América sean retiradas de los lugares públicos en que se encuentran. No creo en los argumentos demonizadores de quienes promueven su remoción. Cierto que los personajes que representan muchas de esas estatuas cometieron innumerables abusos y crímenes, pero también fueron quienes hicieron posible el choque de dos mundos y el enriquecimiento de ambos, siendo el resultado de su gestión de vida altamente positivos.

Eso no se puede argüir en lo que atañe a Castro y Guevara, tampoco a los jenízaros que los acompañaron en la destrucción de Cuba y en su frustrado intento de desestabilizar a todo un continente para imponer el poder totalitario.

Considero que los monumentos y estatuas representan episodios trascendentes de la historia y su construcción o remoción deben ser objetos de detalladas investigaciones cuyo resultado no debe estar influenciado por simpatías sino por la contribución que los encartados y sucesos haya hecho a la humanidad.

Por mi parte, conociendo la gestión de estos criminales me parece bien la destrucción de monumentos similares en cualquier parte del mundo que representen a sujetos como estos, en particular, el dedicado al “Che” en la ciudad de Santa Clara, porque lo que dijera la alcaldesa Rojo de la Vega el pasado lunes 21 de julio, es una verdad irrebatible: “Fidel Castro y El Che fueron asesinos. El asesino no es menos asesino si es de izquierda”.

* Pedro Corzo es periodista cubano

Pedro Corzo
Periodista

Sí amorcito, te lo prometo, le dijo Julio a su hija Carmina de 7 años. Cumplía años ese día, y su madre le partiría un pastel después de cena. Estaba oscureciendo cuando Julio arrancó su motocicleta, una Yamaha XTZ250. Miró su reloj, eran las 6:15pm. Tenia exactamente 45 minutos para llegar a su casa y cumplir su promesa. Un grupo de nubes amenazantes se cernían sobre el horizonte, ojalá y no llueva, pensó. Pero pasados 15 minutos, comenzó el diluvio, típico de los meses de julio en nuestro país. Las nubes ocultaron el sol, y la lluvia abundante le dificultaba la visibilidad. Julio conducía, más rápido de los usual, su motocicleta por la 25 Avenida, una de las vías más transitadas de la ciudad. La lluvia hacía que el asfalto estuviera resbaladizo y la visibilidad disminuida, pero Julio iba atento y con precaución. Sin embargo, a su lado, un conductor de automóvil, apresurado y distraído por su teléfono móvil, invadió el carril de Julio sin darse cuenta. El impacto fue súbito. La moto de Julio derrapó sobre el pavimento mojado, lanzándolo violentamente contra el bordillo de la acera. A pesar de que llevaba casco y equipo de protección, la fuerza del golpe le provocó heridas graves en la cabeza y el torso. Los testigos llamaron rápidamente a emergencias, pero Julio perdió la conciencia antes de que llegaran. Julio falleció en el hospital debido a un trauma craneoencefálico severo y hemorragias internas. Era un sábado, y su hija Carmina lo esperaría toda su vida.

El Salvador se encuentra entre los países con mayor mortalidad vial de Centroamérica, con una tasa de 22 muertes por cada 100,000 habitantes, aproximadamente un 30 % por encima del promedio regional. Junto con Honduras, lidera esta trágica estadística en la región. Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), los accidentes de tránsito ocupan el sexto lugar entre las principales causas de fallecimiento en el país, una cifra alarmante que ha permanecido elevada durante la última década, con más de 1,000 muertes anuales de forma constante. Se trata de una tragedia sostenida, no solo por su magnitud, sino porque afecta principalmente a la población adulta en edad económicamente activa. El perfil más común de las víctimas fatales es el de un hombre joven o de mediana edad (71 %), en su mayoría motociclistas (39 %) y peatones (41 %). En conjunto, estos grupos vulnerables representan más del 80 % de las muertes por accidentes. En términos generales, el 68 % de los fallecidos son hombres, mientras que las mujeres constituyen el 22.8 %.

Entre las principales causas identificadas en 2025 por el Viceministerio de Transporte (VMT) se destacan: Distracción al conducir (224 muertes), Exceso de velocidad (135 muertes),Invasión de carril (86 muertes). San Salvador continúa siendo el epicentro de la siniestralidad vial, aunque en 2025 ha mostrado una ligera reducción en el número de fallecidos. A nivel departamental, se observan diferencias significativas: mientras en San Salvador y La Libertad las cifras bajan, en Chalatenango los accidentes y muertes han aumentado. De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil y medios locales, la mayoría de los siniestros fatales ocurren entre las 21:00 y la madrugada. Estudios internacionales respaldan que los horarios más críticos suelen ser entre las 18:00 y las 21:00 horas, particularmente al atardecer y en las primeras horas de la noche. En cuanto a los días de la semana, el domingo (19 %) y el sábado (16 %) concentran la mayor parte de las muertes, mientras que el viernes presenta la menor frecuencia (12 %).

El Salvador lleva una década siendo golpeado por el flagelo de los accidentes de tránsito, y en todo ese tiempo, ningún gobierno —por incapacidad o indiferencia— ha logrado proteger efectivamente a la ciudadanía. El actual gobierno, que ya suma seis años en el poder, concentró sus primeros esfuerzos en combatir otro grave problema: el de los grupos terroristas o pandillas. Sin embargo, a estas alturas, resulta inaceptable que no exista una justificación clara sobre por qué los accidentes viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en el país. Se trata, sin duda, de un problema grave de salud pública. No obstante, el gobierno ha delegado el liderazgo en materia de tránsito y seguridad vial al Viceministerio de Transporte (VMT), dejando en un papel secundario al Ministerio de Salud (MINSAL), cuya intervención debería ser clave dada la magnitud del impacto sanitario y humano que estos siniestros provocan. Aunque podría ser que nuestro ministro de salud prefiera seguir jugando con sus robots.

Frente al establecimiento de un impuesto del 10 % a las exportaciones salvadoreñas y al abrupto debilitamiento del mecanismo migraciones/remesas —consecuencia directa de las políticas proteccionistas y antiinmigratorias adoptadas por la administración del presidente Trump—, se vuelve urgente no solo la formulación de una nueva política industrial, sino también el diseño de una política agrícola renovada, capaz de dinamizar de manera sostenida el sector agropecuario y devolverle su papel clave en la economía nacional.

Apostar por el turismo y por la construcción de un paraíso cripto-fiscal puede contribuir a diversificar la economía y atraer inversiones, pero estas apuestas, por sí solas, son claramente insuficientes para generar la cantidad de empleos decentes que el país necesita. Ninguna economía pequeña y abierta, como la salvadoreña, puede crecer de manera robusta y sostenida sin una base productiva sólida, capaz de generar niveles altos de valor agregado, aumentar las exportaciones, reducir los niveles de dependencia y absorber mano de obra de forma masiva. Para ello, tanto la agricultura como la industria son sectores esenciales y complementarios. Ignorarlos o seguir marginándolos equivale a renunciar a cualquier posibilidad real de desarrollo inclusivo y sostenible.

Durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (MISI) —el periodo de mayor crecimiento económico en la historia del país, con una tasa promedio anual del 5.5 %—, la política agrícola fue impulsada con retraso, y ese rezago tuvo consecuencias graves: el abandono del campo, el estancamiento rural y la creciente exclusión social se convirtieron en caldo de cultivo para el conflicto armado que estallaría más adelante. Repetir ese error en el contexto actual, marcado por el debilitamiento de los flujos migratorios, la disminución del FODES y la creciente vulnerabilidad alimentaria, sería no solo imprudente, sino francamente irresponsable.

Aun así, la experiencia del MISI ofrece lecciones valiosas. Durante ese periodo, el gasto público agropecuario se incrementó notablemente, llegando a representar cerca del 15 % del presupuesto nacional en 1974. El Ministerio de Agricultura y Ganadería fue reestructurado, y se crearon o fortalecieron instituciones claves como el Instituto Regulador de Abastecimientos (1953), la Escuela Nacional de Agricultura (1956), el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (1955), el Departamento Nacional del Café (DNC), la Dirección General de Investigaciones Agronómicas (DGIA), transformada en 1975 en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), y el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) en 1973. Estas entidades promovieron la investigación científica, la transferencia tecnológica, el desarrollo de semillas mejoradas, la formación de técnicos y productores, y el acceso a crédito en condiciones favorables, lo que permitió ampliar la superficie cultivada y mejorar significativamente los rendimientos en rubros clave como el café, el algodón, la caña de azúcar y los granos básicos.

Como resultado, entre 1960 y 1980, El Salvador logró avances notables en materia de seguridad alimentaria. Los coeficientes de dependencia alimentaria —es decir, la proporción del consumo nacional cubierta con importaciones— se redujeron de forma sustantiva: en maíz, del 16.1 % al 3.7 %; en frijol, del 51.6 % al 3.4 %; en arroz, del 16.4 % al 8.9 %; en carne de res, del 3.8 % al 0 %; en huevos, del 0.6 % al 0.1 %; y en carne de aves, del 1.9 % al 0.2 %. El único rubro donde la dependencia aumentó fue el de los productos lácteos, cuyo coeficiente pasó de 21.3 % a 30.5 %. Estos logros no fueron casuales, sino fruto de políticas públicas coherentes, inversiones sostenidas y una institucionalidad que acompañó activamente a los productores.

Sin embargo, con el inicio de la guerra civil y, posteriormente, durante más de tres décadas de gobiernos orientados por principios neoliberales, la modernización y diversificación del agro dejaron de ser prioridad. El gasto público agropecuario cayó primero al 7 % durante el conflicto y luego se desplomó a apenas el 1 % en los últimos 25 años. A ello se sumó el desmantelamiento de las políticas de fomento productivo: se abandonaron los programas de investigación y extensión, se eliminó la prioridad de garantizar precios atractivos para los productores y justos para los consumidores, y se cancelaron las líneas de crédito a tasas preferenciales. En su lugar, se impulsaron programas como el “Paquete Agrícola” —centrado en la entrega de insumos mínimos— y más recientemente, la creación de “agromercados”, orientados más a aliviar la pobreza urbana que a reactivar la producción agropecuaria. El resultado ha sido el desvanecimiento de los avances en seguridad alimentaria y el registro de niveles de dependencia alimentaria sin precedentes.

La reconstrucción del aparato productivo nacional exige, sin ambigüedades, una nueva política agrícola. Esta debe ser ambiciosa en su alcance, moderna en sus instrumentos, inclusiva en su enfoque territorial y sostenida en el tiempo. Requiere de una institucionalidad fuerte, de una nueva generación de técnicos y extensionistas, de políticas crediticias específicas y de un marco regulatorio que proteja al productor y al consumidor. Más aún, debe estar alineada con una visión de país que reconozca que no hay desarrollo posible sin un agro dinámico, productivo y digno. En un contexto en el que las fuentes tradicionales de ingresos externos pierden fuerza, en el que el mundo experimenta crisis alimentarias cada vez más frecuentes y en el que la desigualdad territorial se profundiza, renunciar a una política agrícola transformadora sería condenar a amplias regiones del país a una marginalidad perpetua. El momento de actuar es ahora. Y el agro debe volver a ocupar el lugar que le corresponde en la agenda nacional.

*William Pleites es director de FLACSO El Salvador

El discurso del señor Fiscal General de la República licenciado Rodolfo Delgado Montes en el marco del LI Pleno de GAFILAT, celebrado en San Salvador la semana anterior, ha marcado un hito que va más allá de la simple retórica diplomática o técnica fiscal. Desde la perspectiva de la criminología, este evento no es un foro más de tecnócratas financieros, sino una declaración de guerra estratégica contra las arterias del crimen organizado. Su mensaje resuena con una verdad fundamental que la ciencia criminal ha validado: la desarticulación de las estructuras criminales no se logra solo con capturas, sino con la asfixia financiera de sus redes de poder.

Tradicionalmente, la criminología se ha centrado en el estudio del delincuente y el delito, a menudo desde una perspectiva de «delito de calle». Sin embargo, la evolución del crimen hacia organizaciones transnacionales sofisticadas nos obliga a ampliar el enfoque. La criminología corporativa y financiera nos enseña que el verdadero poder de una estructura criminal reside en su capacidad para generar, mover y legitimar capital ilícito. El dinero no es solo el fin; es el medio para corromper instituciones, armar a sus miembros, expandir sus operaciones y, en última instancia, socavar el Estado de derecho.

El discurso del señor Fiscal General muy categórico y potente, pone de manifiesto que El Salvador ha comprendido esta lección. Las estrategias de las que habló, centradas en la persecución de los activos ilícitos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, son la esencia de una política criminal moderna. Esto demuestra un salto cualitativo desde el combate frontal a las pandillas en las calles, hacia la batalla invisible contra sus financistas, testaferros y cómplices de cuello blanco.

Implicaciones Criminológicas de la estrategia fiscal

1. Enfoque en la Criminología del poder: La estrategia expuesta por el señor fiscal Delgado Montes no persigue al eslabón más débil, sino que apunta a los cerebros detrás de las operaciones. Esto es un cambio fundamental, ya que ataca la capacidad de liderazgo y de resiliencia de las organizaciones criminales. Al golpear el poder económico de estas estructuras, se envía un mensaje claro: la impunidad no está garantizada ni siquiera para quienes operan desde la sombra.

2. Uso de la inteligencia financiera como herramienta criminológica: La capacidad de seguir el rastro del dinero —a través del análisis de transacciones, criptomonedas y complejas estructuras de inversión— es la nueva ciencia forense del crimen organizado. El trabajo de la Fiscalía en esta área se convierte en una criminología de la evidencia digital y financiera, que permite mapear la red completa de una organización, desde sus líderes hasta sus colaboradores externos.

3. Prevención general y especial: Al despojar a los criminales de sus ganancias y bienes, se envía un poderoso mensaje de prevención general a la sociedad: el delito no paga. Esto desincentiva a quienes podrían verse tentados a colaborar o a emular estas conductas. A su vez, para los criminales ya activos, la pérdida de sus activos es una forma de prevención especial que debilita su capacidad para seguir operando.

4. Fortalecimiento del control social formal: El éxito en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un indicador clave del fortalecimiento de las instituciones de un país. Refuerza la confianza de la ciudadanía en que el sistema de justicia es capaz de enfrentar a los criminales más poderosos, restaurando la credibilidad en el control social formal y el Estado de derecho.

El mensaje del señor Fiscal General Rodolfo delgado Montes en este cónclave del GAFILAT en la ciudad capital de San Salvador, por lo tanto, no es solo un compromiso técnico. Es un reconocimiento de que, para ganar la guerra contra el crimen, debemos librarla en los foros internacionales y en las esferas económicas, siguiendo el rastro del dinero. Este enfoque proactivo y sofisticado es la única vía para garantizar que la paz alcanzada en nuestras comunidades sea duradera y que el poder del Estado prevalezca sobre el poder de las estructuras criminales. Y para ello el señor fiscal cuenta con un equipo de fiscales especializados bien capacitados, adiestrados y con tecnología de punta, y se confirma el compromiso del licenciado Delgado Montes en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, otras amenazas, pero además el compromiso de la FGR con los valores de: integridad, cooperación, fortalecimiento del talento humano, combate a la impunidad yla justicia. 

* Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología 

@jricardososa