El FC Barcelona venció 1-0 al RC Celta de Vigo este miércoles en la jornada 33 de LaLiga, en el Spotify Camp Nou, con un gol de penalti de Lamine Yamal, quien terminó lesionado tras ejecutar la acción.
El equipo azulgrana logró un triunfo clave para mantenerse líder con una ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid, aunque sin mostrar su mejor versión ante un Celta que complicó el partido, sobre todo en la primera mitad.
El único tanto del encuentro llegó al minuto 40, cuando Lamine provocó y ejecutó un penalti con calma para vencer al portero rival. Sin embargo, tras el cobro, el joven atacante se resintió de los isquiotibiales y abandonó el campo.
El partido también estuvo marcado por la salida por lesión de João Cancelo en el minuto 21, lo que obligó a modificar el esquema del técnico Hansi Flick en plena primera parte.
Antes del gol, el Celta tuvo varias ocasiones claras, incluyendo intervenciones clave del portero Joan García, quien evitó la caída de su arco en momentos de presión del conjunto visitante.
El duelo se detuvo por más de 20 minutos debido a una emergencia médica en las gradas, donde un aficionado sufrió un paro cardíaco. Posteriormente, se confirmó su traslado a un hospital, lo que permitió reanudar el encuentro.
En la segunda mitad, el Barcelona mejoró su control del balón, con Pedri liderando el ritmo del juego, mientras que Ferran Torres anotó un gol que fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR.
En los minutos finales, el ingreso de Iago Aspas reactivó al Celta, que presionó en busca del empate, pero el Barcelona resistió y aseguró tres puntos importantes en la recta final del campeonato.
Con este resultado, el conjunto catalán se acerca al título de Liga, aunque queda pendiente la evolución de las lesiones de Lamine Yamal y João Cancelo.
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó el martes al Gobierno de El Salvador a suscribir un acuerdo de alcance parcial con el Estado Plurinacional de Bolivia, orientado a fortalecer el comercio bilateral.
El tratado establece un marco jurídico e institucional que facilitará la libre circulación de bienes, la diversificación de exportaciones y la eliminación progresiva de restricciones arancelarias y no arancelarias.
Como parte del acuerdo, Bolivia otorgará beneficios a 259 productos salvadoreños, mientras que El Salvador hará lo mismo con 250 productos provenientes de la nación sudamericana.
Entre los principales productos salvadoreños que podrán ingresar al mercado boliviano destacan la tilapia, el atún, camarones, café en grano y molido, confitería, jugos, medicamentos, cosméticos, textiles, calzado, así como productos de hierro y acero.
La diputada Evelyn Merlos detalló que el acuerdo también incluye manufacturas como papel, cartón y productos plásticos, ampliando las oportunidades para la industria nacional.
Por su parte, El Salvador facilitará el acceso a productos bolivianos como frutas, flores, hierba mate, medicamentos, pieles, calzado, vidrio, tuberías y muebles metálicos.
El convenio contempla además reglas para garantizar condiciones equitativas en el comercio, incluyendo un régimen de origen, medidas de defensa comercial, así como normas sanitarias y fitosanitarias.
Asimismo, ambos países reconocerán productos emblemáticos. Bolivia reconocerá el café Apaneca-Ilamatepec, licores artesanales y la pupusa de arroz de Olocuilta, mientras que El Salvador hará lo mismo con el singani, la quinua real y vinos del Valle de Cinti.
Las autoridades señalaron que este acuerdo permitirá diversificar mercados, incentivar inversiones y promover la cooperación en áreas como transferencia tecnológica y energía, incluyendo experiencias en la comercialización de gas licuado de petróleo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició esta semana una serie de reuniones informativas en Estados Unidos dirigidas a salvadoreños en el exterior, como parte de la implementación de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que estas jornadas forman parte de una campaña para facilitar el proceso electoral a la diáspora, especialmente en la actualización de su lugar de residencia.
“Hemos iniciado una campaña para que todos ellos puedan cambiar su lugar de residencia y ejercer este derecho sin ningún contratiempo”, afirmó la funcionaria.
El TSE detalló que el objetivo es garantizar una participación informada, inclusiva y en igualdad de condiciones para los salvadoreños que residen fuera del país.
“Aunque estén en el exterior, ellos han sido parte fundamental en su crecimiento económico, en el sostenimiento de sus familias y tienen ese derecho”, expresó Soriano.
“Queremos facilitarlo”, agregó la presidenta del organismo electoral.
Las jornadas iniciaron en los consulados de Los Ángeles, California, y Silver Spring, Maryland, desde el lunes hasta hoy miércoles 22 de abril, y continuarán en otras ciudades con alta concentración de salvadoreños.
El calendario incluye sesiones en San Francisco, California, y Woodbridge, Virginia, los días 23 y 24 de abril; posteriormente en Fresno, California, el 25 y 26; y en San Bernardino, California, el 27 y 28 de abril.
Los salvadoreños en el exterior tienen derecho al voto presidencial y a votos de diputados, con la salvedad que los votos de salvadoreños con Documento Único de Identidad (DUI) domiciliado en el exterior se contabilizan automáticamente para el departamento de San Salvador.
Ocho salvadoreños vinculados a la estructura criminal MS-13 fueron condenados en Estados Unidos por su participación en una conspiración de crimen organizado que operó en el área de Houston entre 2017 y 2018, informó el Departamento de Justicia de EEUU.
Las autoridades estadounidenses detallaron que la red ejecutó múltiples delitos, entre ellos extorsión, tráfico de drogas, robos, obstrucción de la justicia y asesinatos, incluyendo víctimas desde los 14 años. Todos los pandilleros estaban con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.
«Las sentencias de hoy envían un mensaje claro: aquellos que llevan a cabo la violencia contra las organizaciones criminales transnacionales serán responsabilizados, sin importar de dónde vengan las órdenes. Estos acusados utilizaron la brutalidad para avanzar dentro de su empresa criminal, y ahora se enfrentan a las consecuencias”, dijo el fiscal John G.E. Marck, del Distrito Sur de Texas.
Entre los sentenciados figura Edgardo Martínez-Rodríguez, alias “Largo”, de 35 años, considerado un líder de alto rango que ordenó varios homicidios, quien recibió una condena de 50 años de prisión. También fue sentenciado Wilman Rivas-Guido, alias “Inquieto”, de 30 años, con 45 años de cárcel.
Otros seis implicados se declararon culpables previamente y permanecen bajo custodia. Miguel Ángel Aguilar-Ochoa, alias “Darki”, de 40 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en cuatro ocasiones, mientras que Wilson José Ventura-Mejía, alias “Discreto”, de 30 años, y Walter Chicas-García, de 28, recibieron penas de 50 años cada uno.
Asimismo, Luis Ernesto Carbajal-Peraza, de 34 años, y Carlos García-Góngora, de 28, fueron condenados a 45 años de prisión, mientras que Marlon Miranda Morán, de 26 años, deberá cumplir una pena de 35 años.
Las investigaciones revelaron que durante el periodo más violento de la pandilla en Houston, los mareros utilizaban armas de fuego, machetes, bates de béisbol y hasta sus propias manos para ejecutar a sus víctimas, con el objetivo de mantener el control territorial y fortalecer su reputación criminal.
Tras los asesinatos, los pandilleros enviaban fotografías de los cuerpos a líderes de la organización en El Salvador como prueba de las ejecuciones, en algunos casos tras mutilar o desmembrar a las víctimas.
“Estos acusados, actuando en nombre de una pandilla criminal transnacional, llevaron a cabo asesinatos brutales, matando a las víctimas con machetes, bates de béisbol y con sus propias manos, y luego glorificando sus actos violentos al enviar fotos de su carnicería a líderes de la MS-13 en El Salvador”, afirmó el fiscal adjunto A. Tysen Duva.
En febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la MS-13 como una organización terrorista extranjera, señalando su presencia en varios estados del país norteamericano, así como en El Salvador y Honduras.
El caso fue investigado por el FBI y otras agencias de seguridad, en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales, como parte de una ofensiva contra estructuras criminales transnacionales.
Glenda Isabel Hernández, oriunda de Texistepeque, era una hermosa, saludable y joven mujer de 28 años de edad y madre de familia. La gustaba hacer ejercicio y ser amable y llevadera con todo mundo. Vivía con su hija de ocho años en el barrio San Rafael de la ciudad de Santa Ana, donde la tarde del domingo pasado fue asesinada con arma blanca.
Fue su hija la que llamó a las autoridades policiales para reportar que su madre había sido asesinada supuestamente por Diego Santos Villanueva, un taxista que desde hace algún tiempo periódicamente le hacía viajes a la víctima, por lo que se había ganado su confianza y supuestamente se había convertido en su pareja sentimental.
La Policía Nacional Civil (PNC) con ayuda de las cámaras de seguridad municipal y en coordinación con su homóloga guatemalteca, capturaron el lunes en territorio del vecino país, al sospechoso, quien deberá enfrentar la justicia salvadoreña por el delito de feminicidio agravado, el cual hasta el 26 del mes corriente, es sancionado con una pena máxima de 50 años de cárcel. Después del 26 el referido delito conllevará una pena de prisión perpetua.
Desde luego en los tribunales se tiene que demostrar que Santos Villanueva es el autor material del feminicidio. Todo indica que el sujeto es el culpable, pues se cuenta con la declaración de la hija de la víctima, pero será un juez el que con base a las pruebas determine la inocencia o culpabilidad del imputado.
Por la naturaleza del hecho es muy probable que los juzgados le decreten reserva total, por lo que todo lo que se diga quedará como especulación, lo que si se tiene la certeza es que víctima y victimario se conocían y hasta habían desarrollado algún tipo de confianza, situación que aparentemente aprovechó el sujeto para cometer su atroz crimen que de inmediato genera el repudio general de la población.
Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en lo que va de 2026, con la muerte de Isabela, ya suman siete los casos de feminicidios, donde el patrón es el mismo o parecido. Es decir, la víctima conoce al victimario y generalmente el hecho es originado tras una discusión.
No se trata de juzgar o cuestionar a las víctimas, pero muchos de estos casos de feminicidio pudieron evitarse a través de la denuncia oportuna y a tiempo. El feminicidio, casi siempre, es antecedido por violencia doméstica y en ocasiones por la ingesta del alcohol y/o consumo de drogas por parte del victimario.
Las mujeres deben auto cuidarse y saber denunciar ante las respectivas autoridades, por ninguna razón deben aceptar o admitir un relación de hostigamiento o intolerancia, nadie tiene derecho a maltratarlas o a verlas de menos, mucho menos a agredirlas física o verbalmente. La violencia puede ser psicológica, física, verbal, material, económica, etc. Si la mujer se siente incómoda en una relación debe analizar si es porque está siendo objeto de maltrato o por otra razón. En una relación de pareja nadie debe estar forzado.
Denunciar ante las autoridades no necesariamente conlleva la intención de meter a la cárcel al denunciado. Al contrario, puede ser en busca de ayuda institucional del Estado para la pareja y como una medida preventiva para evitar una agresión mayor que culmine con un feminicidio en grado de tentativa o en un feminicidio agravado.
La Fiscalía General de la República, los juzgados, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República, algunas ONG y hasta las alcaldías son instituciones que pueden procesar o encausar por los canales legales las denuncias de maltrato. Cada institución sabe qué hacer ante estas situaciones. Ninguna mujer debe callar, para evitar hechos lamentables como el de Isabela, una joven y hermosa mujer víctima de la violencia hacia las mujeres.
Ojalá que en este caso se haga justicia y que mediante el debido proceso se juzgue al sospechoso y si es culpable que le caiga todo el peso de la ley. Asimismo, ojalá que a la niña sobreviviente el Estado le brinde todo el apoyo psicológico y material que necesitara para seguir con su vida, y que se haga conciencia social de la importancia de la denuncia a tiempo de las situaciones de maltrato y violencia familiar, ya que estos casos horripilantes y repudiables de feminicidio pueden ser evitables.
Durante la última década, el mundo miró a Suecia como el faro de la modernidad educativa. Sus aulas, despojadas de libros físicos y saturadas de iPads, eran el sueño de Silicon Valley hecho realidad. Sin embargo, el experimento ha fallado. Ante una caída histórica en la comprensión lectora y la capacidad de atención de sus estudiantes, el gobierno sueco ha decidido dar un paso que muchos tildan de «retroceso», pero que en realidad es un acto de supervivencia pedagógica: el regreso masivo al lápiz, el papel y el libro de texto.
La decisión de la ministra de Educación, Lotta Edholm, de frenar la estrategia de digitalización no es un capricho nostálgico. Es una respuesta a datos alarmantes. El informe PIRLS (Estudio Internacional del Progreso en Comprensión Lectora) mostró que los niños suecos están perdiendo la habilidad de entender lo que leen.
La ciencia es clara: el cerebro humano procesa la información de manera distinta frente a una pantalla que frente al papel. La lectura en digital tiende a ser fragmentada, superficial y llena de distracciones (hipervínculos, notificaciones, multitarea).
En contraste, el libro físico exige una «lectura profunda», fomenta la memoria muscular al escribir a mano y permite una conexión cognitiva que el píxel simplemente no puede replicar.
El error de Suecia y de muchos países que hoy intentan imitarla fue confundir herramientas con pedagogía. Se priorizó la adquisición de hardware sobre la formación docente y el desarrollo cognitivo. Las escuelas se convirtieron en centros de consumo tecnológico bajo la promesa de que la tecnología, por sí sola, democratizaría el conocimiento.
Lo que ocurrió fue lo opuesto: la brecha educativa se acentuó. Los estudiantes con menos recursos, que ya pasan horas frente a pantallas en casa, perdieron en la escuela el único refugio de concentración y pensamiento crítico que les quedaba. Al eliminar el libro, eliminamos la quietud necesaria para aprender.
¿Significa esto que debemos quemar las computadoras? Absolutamente no. Pero sí significa que los sistemas educativos que hoy priorizan lo digital deben reevaluar su jerarquía de valores. Aquí una propuesta para un modelo resiliente:
El «Derecho al Analógico»: Las bases de la alfabetización (lectura y escritura inicial) deben ser 100% analógicas. El desarrollo de la motricidad fina y la lectoescritura en papel debe ser innegociable hasta los 10 o 12 años.
Tecnología como «Asignatura», no como «Entorno»: La tecnología debe enseñarse como una herramienta específica (programación, ética digital, investigación), pero no debe ser el medio a través del cual se consume toda la materia.
Prohibición de Dispositivos Móviles Personales: Al igual que Suecia, los sistemas deben avanzar hacia la prohibición de celulares en los recreos y aulas. La escuela debe recuperar su función como espacio de socialización física y juego no mediado por algoritmos.
Inversión en Bibliotecas Escolares: Menos licencias de software y más libros físicos. La biblioteca debe volver a ser el corazón de la escuela, un lugar donde el silencio sea un valor y no un castigo.
En conclusión Suecia nos está enviando un mensaje desde el futuro: la digitalización total es una vía agotada. El regreso al papel no es una derrota, es una rectificación valiente. Para que nuestros estudiantes puedan navegar el complejo mundo digital de mañana, primero deben aprender a concentrarse en el mundo físico de hoy. La verdadera innovación educativa, irónicamente, podría estar en recuperar aquello que nunca debimos abandonar.
Este miércoles 22 de abril se estrena en los cines de El Salvador la película “Michael”, un biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson y dirigido por Antoine Fuqua.
La cinta, con una duración de 127 minutos, tendrá funciones desde esta noche en las principales salas de Cinemark y Cinépolis del país, donde se espera atraer a seguidores del artista y amantes del cine musical.
La producción aborda la vida de Michael Jackson desde sus primeros pasos como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como una figura icónica del entretenimiento mundial.
“El viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento. Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, Michael nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia”, detalla la sinopsis oficial.
El filme se enfoca en el conflicto interno del artista entre su familia y su vocación artística, así como en su lucha contra la soledad mientras buscaba independencia creativa.
“Se encontraba dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, cómo luchaba contra la soledad mientras buscaba la libertad”, señaló el director Antoine Fuqua durante un panel en Berlín.
La historia se desarrolla hasta 1988, año en que Jackson emprendió su primera gira mundial en solitario para promocionar su álbum “Bad”, dejando fuera episodios posteriores y más polémicos de su vida personal.
Uno de los momentos clave retratados es el accidente durante la grabación de un anuncio de Pepsi en 1984, cuando sufrió quemaduras en el cuero cabelludo, lo que marcó un cambio físico y emocional en su vida.
La película presenta dos etapas del cantante, interpretadas por Juliano Valdi en su niñez y Jaafar Jackson en su juventud, quien se sometió a un intenso entrenamiento actoral y físico para replicar los movimientos del artista, incluso sufriendo lesiones durante el rodaje.
Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala señalada de monopolizar la justicia durante ocho años al frente del Ministerio Público, dejará el cargo en medio de acusaciones de corrupción y constantes fricciones con el actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período, después de que el lunes quedara fuera de un listado de seis candidatos finales para el cargo al que aspirada por tercera vez (2026-2030) pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra.
«Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo», aseguró el presidente Arévalo el pasado 13 de abril.
Será Arévalo quien, por mandato de la ley, elija a quien suceda a Porras, su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca comprobado.
Pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el próximo 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria: en 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.
Sancionada por múltiples países
Sobre Porras recaen serias acusaciones por corrupción así como de intentar socavar la democracia durante sus ocho años al frente del Ministerio Público.
Estados Unidos la sancionó en 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir y debilitar investigaciones de alto nivel.
La Unión Europea también le impuso restricciones por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, la han acusado de perseguir a figuras claves de la sociedad civil así como de socavar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.
Y la opinión pública en Guatemala la ha señalado. Por ejemplo, el diario La Hora le ha recordado constantemente que lleva más de 800 días con una «protección oficiosa» al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por corrupción por EE.UU. y con docenas de casos documentados por los medios de corrupción durante su Gobierno.
Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala desde 2018, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.
Ocho años turbulentos
Porras asumió el puesto en mayo de 2018 y desde entonces se convirtió en la funcionaria con más poder dentro del país, inmune a cualquier fiscalización y con la capacidad de encarcelar a periodistas, fiscales y líderes indígenas con acusaciones que nunca se probaron en tribunales.
Fue elegida en 2018 para un primer mandato por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y en 2022 para un segundo período por Giammattei, su supuesto protector. Justamente, muchos le critican mantener lejos de tribunales a ambos mandatarios.
A Porras se le atribuye la persecución judicial en contra de más de 50 periodistas, jueces, activistas y exfiscales que tuvieron que salir exiliados, así como el encarcelamiento de «presos políticos» en palabras de organizaciones sociales.
Resaltan los casos de José Rubén Zamora Marroquín (periodista), Eduardo Masaya (abogado), Virginia Laparra, Stuardo Campo (exfiscales anticorrupción), Héctor Chaclán y Luis Pacheco (líderes indígenas), además de otro amplio grupo de activistas y estudiantes universitarios.
En cada uno de esos casos, los procesos judiciales se derrumbaron sin pruebas de sustento. Pero Campo, Chaclán y Pacheco, viceministro de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo de León, siguen en prisión preventiva, al igual que Zamora Marroquín quien cumple casa por cárcel.
Otra de las polémicas aristas del periodo de Porras ha sido las tensiones con Arévalo de León desde que llegó al Ejecutivo, pues la fiscal general encabezó una batería de acciones para intentar desbancar al presidente anulando los resultados electorales, lo que fue considerado como intentos de golpe de Estado.
El Ejército de Estados Unidos anunció la creación de una nueva fuerza de guerra autónoma basada en inteligencia artificial que operará en América Central, Sudamérica y el Caribe.
La iniciativa estará bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y tendrá como objetivo fortalecer las capacidades operativas en la región frente a amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.
El comandante Francis L. Donovan explicó que esta fuerza empleará sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para enfrentar diversos desafíos.
“El nuevo mando se dedicará al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en diversos ámbitos, vinculando las misiones tácticas con los efectos estratégicos a largo plazo”, indicó el Southcom en un comunicado.
Entre los principales objetivos se encuentra desarticular redes narcoterroristas y carteles, así como responder a crisis provocadas por desastres naturales de gran escala en la región.
El desarrollo de esta capacidad militar se apoyará en inteligencia artificial para dotar de mayor autonomía a las operaciones, en un esfuerzo por modernizar la estrategia de defensa estadounidense.
“Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia”, afirmó Donovan.
La creación de esta fuerza forma parte de la iniciativa denominada Grupo de Guerra Autónoma de Defensa, orientada a integrar tecnologías avanzadas en operaciones militares.
El Southcom, uno de los seis comandos unificados de las Fuerzas Armadas estadounidenses, busca con esta medida aumentar la capacidad de respuesta, el intercambio de datos y la efectividad en operaciones conjuntas con países aliados.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a varios implicados en un caso de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa YKK El Salvador, tras comprobarse un esquema que operó durante varios años.
El principal responsable, Francisco Ernesto Garmendez Vásquez, recibió una pena de cinco años de prisión y fue condenado al pago de $2,936,607.12 en concepto de responsabilidad civil, luego de que el tribunal determinara que abusó de su cargo dentro de la empresa.
Según la investigación judicial, Garmendez Vásquez se desempeñaba como auditor auxiliar y aprovechó su posición para sustraer más de 1,000 cheques de la compañía, los cuales fueron cobrados por terceros vinculados al fraude.
Entre los cómplices, Orlando Oliverio Toledo Funes fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión, además de pagar $2,939,546.67 como responsabilidad civil.
Con la misma pena, pero en calidad de rebeldes, fueron sentenciados Adalberto de Jesús Aguirre Rivera, Gerson David Mena Sánchez, Rosa Vila Alvarado, Saúl Carías Hernández y Josué Daniel Marinero Maravilla, para quienes el tribunal giró órdenes de captura por no comparecer a la vista pública.
Por otra parte, los imputados Víctor Antonio Martínez Cortez y Nelson Rodolfo Ulloa recibieron una condena de tres años de prisión, la cual fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública, bajo supervisión judicial.
En el caso de José Noé R. M., el tribunal otorgó sobreseimiento definitivo tras alcanzar un acuerdo conciliatorio con la empresa afectada.
Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron entre 2002 y 2011, período en el que operó la red que permitió la sustracción y cobro irregular de los cheques, generando un millonario perjuicio económico a la compañía.
