El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el país debe prepararse ante una posible guerra con Estados Unidos, en medio del aumento de tensiones políticas y militares entre ambas naciones.
El mandatario advirtió que existe la posibilidad de una agresión por parte de Washington, por lo que consideró necesario fortalecer la preparación nacional.
“Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota”, expresó.
Díaz-Canel aclaró que su Gobierno no busca un conflicto armado, aunque aseguró que tampoco teme enfrentarlo si se ve obligado a defender la soberanía del país.
“No promovemos la guerra, no la estimulamos, pero no le tenemos miedo tampoco. Si tenemos que defender la revolución y la soberanía de la independencia del país, así será”, afirmó.
El gobernante explicó que la estrategia de defensa cubana se basa en la llamada “guerra de todo el pueblo”, que combina métodos convencionales con participación popular en caso de una eventual intervención.
“Nos preparamos no con una visión ofensiva, nos preparamos con una visión defensiva (…) donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria”, señaló.
Asimismo, aseguró que el país está listo para enfrentar un escenario de conflicto. “Claro que sí. Estamos preparados todos en Cuba y todos los que ocupamos responsabilidades”, sostuvo.
El presidente también advirtió que una acción militar de Estados Unidos tendría un alto costo político internacional, al considerar que sería rechazada por gran parte de la comunidad global.
Pese al tono de alerta, Díaz-Canel reiteró la disposición de Cuba a dialogar con Washington, siempre que se respete la soberanía e independencia de la isla, en línea con contactos diplomáticos recientes entre ambos países.
El mandatario además criticó el endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, al que responsabilizó de la crisis energética y dificultades económicas que enfrenta el país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves a la Armada abrir fuego contra cualquier embarcación iraní que coloque minas navales en el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en la región.
El mandatario anunció la medida a través de redes sociales, donde aseguró que la instrucción es neutralizar cualquier intento de minado en esta ruta clave para el comercio energético mundial.
“He ordenado a la Armada estadounidense que dispare y elimine cualquier barco (…) que ponga minas en aguas del estrecho de Ormuz”, expresó.
Trump también afirmó que fuerzas estadounidenses ya trabajan en la limpieza de la zona, al indicar que equipos especializados están retirando minas instaladas por Irán.
“Además, nuestros desminadores están limpiando el estrecho en estos momentos. Por ello, ordeno que las actividades continúen, pero triplicando su nivel”, agregó.
Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión, pese a la existencia de un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, vigente desde el 8 de abril y recientemente prorrogado.
El Pentágono calificó como “completamente inaceptable” la posibilidad de que el estrecho permanezca cerrado durante meses, tras estimaciones que señalan que las labores de limpieza podrían extenderse hasta seis meses.
Por su parte, Irán había advertido previamente a embarcaciones en la zona sobre posibles riesgos, sugiriendo rutas alternativas ante la presencia de minas navales.
La disputa se ha intensificado por el control de esta vía estratégica, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial, elevando la preocupación internacional.
El bloqueo naval y las recientes acciones militares han complicado además los esfuerzos diplomáticos, en medio de mediaciones internacionales que buscan evitar una escalada mayor.
Durante décadas, El Salvador vivió bajo el yugo de grupos que, al inicio —en los años 90—, eran «jóvenes» clasificados por muchos estudiosos de la época como «muchachos desorientados» o «excluidos». Ese infantilismo y esa mirada romántica les permitió transformarse en organizaciones criminales perfectamente estructuradas, casi como un ejército irregular. Sin embargo, el problema no solo fue su crecimiento, sino la complicidad política: durante los 20 años de ARENA y los 10 del FMLN, lejos de un combate frontal, estos partidos decidieron no solo ignorarlos y dejarlos crecer hasta que dominaron comunidades y barrios completos, sino pactar con ellos con fines electorales.
Pactos plenamente documentados que dejaron a la población a merced del asedio criminal.
No necesitas un doctorado en sociología o política para saber que, ante este agotamiento y la traición de los partidos tradicionales, la población llegó a un punto de quiebre y desesperación que los obligó a tomar la medida más desesperada: entregarle el poder al Caudillo que prometía soluciones definitivas. Tras dos años iniciales sin gobernabilidad legislativa —en razón al cálculo más torpe de la oposición ya defenestrada en ese momento, que buscaba seguir mandando y chantajeando al que estaba en el poder—, se generó un escenario que se usó con tanto éxito que en 2021 la oposición fue masacrada electoralmente.
Esto permitió la instauración en 2022 de un régimen de excepción que, aunque fue alabado al principio por el alivio inmediato que experimentó la población —un alivio que persiste a pesar de las múltiples denuncias de abusos—, demostró con el tiempo que la medicina podía ser más amarga que la enfermedad. La operatividad arrasó con miles de inocentes que todavía están detenidos, evidenciando que la eficacia no justifica la arbitrariedad.
Dentro de este contexto de persecución de voces disidentes y entrega de reportes a lo largo de cuatro años, lo que vimos en la **Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos** del Congreso de los EE. UU. fue la cereza del pastel de una estrategia coordinada. En estas últimas semanas, se presentó documento tras documento y se forzó una audiencia temática en la CIDH; pero, al parecer, no lograban ganar la narrativa y llegaron finalmente a lo absurdo en la audiencia ante el Senado. **Susana SáCouto**, Directora del *War Crimes Research Office*, afirmó que cualquier acción contra miembros de las maras bajo el régimen de excepción debe ser considerada un ataque directo del Estado hacia un grupo de «población civil». Esta premisa es un insulto profesional a quienes sufrieron el terrorismo de las pandillas: las maras no son población civil, vulnerable y desarmada; son, en realidad, los peores victimarios que crecieron bajo la negligencia política y académica.
No logro entender —y créanme que quiero hacerlo— a los directores de organizaciones consideradas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué Sergio Arauz (APES/El Faro), quien conoce la crueldad de las maras desde hace 15 años, se negó a reconocerlas de esa manera en el foro? ¿Por qué Noah Bullock, director de Cristosal, se centró en figuras políticas, dejando de lado a los sectores que no tienen esos privilegios? Si bien es cierto que Arauz y Ruth Eleonora López son víctimas indiscutibles del ejercicio del régimen, estos poseen redes de apoyo a nivel nacional e internacional que les brindan una plataforma y seguridad que el ciudadano común no tiene. Ruth cuenta con una familia ya resguardada fuera del país y un caso tan mediatizado que difícilmente sufrirá el desamparo total; Sergio cuenta con el respaldo para operativizar su exilio.
Desde mi perspectiva, ellos no necesitaban una silla en esa audiencia; en realidad, perdieron la oportunidad histórica de llevar a las «víctimas más vulnerables», a esas personas que sin redes de apoyo ni reflectores sufren lejos de los foros de premios. Bullock, por su parte, posee una ciudadanía norteamericana que le otorga una inmunidad que el salvadoreño de a pie no tiene. Esta élite de los derechos humanos parece haber caído en una burocratización del dolor, donde cada audiencia o documento es una vía para acceder a fondos de cooperantes. Se han vuelto mercenarios de la solidaridad que, en su afán por obtener la etiqueta de «crímenes de lesa humanidad», no dudan en desdibujar la realidad hasta convertir a los peores agresores en las «víctimas civiles» más importantes de su narrativa.
Concluyo con mucha claridad que entre la soberbia de ciertas organizaciones y protagonistas —tan evidente que las ha llevado a victimizar al victimario para ganar el titular mediático— y el oficialismo que pretende ignorar el dolor de las familias de los inocentes capturados o muertos en custodia del Estado, la realidad es desgarradora. Más allá de hablar de luces y sombras del régimen, hay que establecer con claridad que las evidentes violaciones cometidas y disfrazadas como margen de error, no justifican el relato sesgado de las élites. Al final del día, las víctimas reales —tanto las que sufrieron el terror de las maras como las que hoy sufren los atropellos del régimen— están solas.
El Salvador no necesita burócratas de los derechos humanos ocupando sillas ajenas, ni «mercenarios de la solidaridad» que justifican su fin último de poner una etiqueta internacional si esto pasa por volver a los peores agresores de los últimos 25 años en las víctimas civiles más importantes. Necesitamos justicia real para todos y todas: víctimas de maras y del régimen.
El Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) nació en una época muy dura: en septiembre de 1981. En este 2026 cumplirá 45 años, aunque en sus inicios se llamó Comité Pro Libertad de Presos Políticos y Desaparecidos de El Salvador. Lamentablemente, su figura más emblemáticas acaba de fallecer. Se trata de Guadalupe Mejía viuda de Mejía, quien a finales del próximo mayo arribaría a los 83 años; alrededor de la mitad, los dedicó a defender a las víctimas. Originaria del cantón La Ceiba, entonces parte del municipio Las Vueltas en Chalatenango, desde adolescente comenzó su noviazgo con Justo Mejía quien a sus veintisiete años era una década mayor que ella. Terminaron casados y tuvieron, entre hijos e hijas, nueve criaturas.
Por predicar la palabra de Dios y promover la creación de la organización que se conocería como Unión de Trabajadores del Campo y formaría parte del Bloque Popular Revolucionario, Justo fue salvajemente asesinado por guardias nacionales el 9 de noviembre de 1977 cuando se disponía a participar en la primera toma del Ministerio de Trabajo realizada por dicho frente de masas. Monseñor Romero denunció cuatro días después, en la homilía dominical, su desaparecimiento; en la siguiente expresó que se le había horrorizado el corazón, al ver a la esposa con su prole cuando llegó a informarle que lo encontraron “con señales de tortura y muerto”.
“Su cadáver lo hicieron destrozado”, declaró ella. Por eso ‒agregó‒ nuestro ahora santo decía que “había sufrido la pasión de Cristo” pues “le quebraron los brazos, le sacaron el ojo, le quitaron las uñas con las boquillas de los fusiles y lo colgaron de los árboles”. Fue así que la vida de esta legendaria y digna luchadora cambió: comenzó “a ser padre y madre”, además de dedicarse a trabajar en la milpa con la ayuda de sus hijos más grandes. Y como ya se apuntó, posteriormente se entregó a la causa de los derechos humanos; sobre todo, a reclamar la presentación con vida de las personas desaparecidas entre las cuales se encontraba su hermano Gilberto. Así siguió hasta el recién pasado jueves 16 de abril.
Entre quienes fueron alcanzados por el flagelo de nuestra “noche y niebla” también está Mauricio Aquino Chacón. “Noche y niebla” fue la orden secreta emitida por Adolfo Hitler el 7 de diciembre de 1941, para desaparecer a las personas que eran consideradas una amenaza para el nazismo. Lo mismo ocurrió acá y en ese marco Mauricio fue secuestrado en la misma fecha que falleció Guadalupe Mejía, solo que en 1981; el hecho ocurrió después de la ofensiva guerrillera iniciada el 10 de enero del mismo año por el recién nacido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
“Pido a nuestra virgencita –clamó en su desgarrador testimonio la madre de este joven, a quien conocí en el colegio jesuita– que interceda en este drama desgarrador de personas desaparecidas y que no permita estos capítulos nunca más. Y que todo ciudadano tenga el justo derecho de ser juzgado si ha cometido algún delito”. ¡Nunca más! Este debió ser el propósito nacional después de que conseguimos se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía protectora de criminales, tras veintitrés años de vigencia.
Faltan alrededor de un par de meses para cumplirse una década desde que logramos dar ese paso necesario en el camino por derrotar la impunidad pero, al día de hoy, dicho fallo de la Sala de lo Constitucional ha terminado siendo un simple “papel mojado”; es decir, un documento que no produjo los efectos jurídicos esperados. En el mismo, se mencionó “una eventual legislación secundaria relacionada con las medidas de la justicia transicional salvadoreña”. Pero nada. Nada más allá de los intentos por aprobar una “amnistía maquillada” durante las legislaturas anteriores a las dominadas por el partido de Nayib Bukele, junto a la falsa “consulta” montada a partir del 2021 por esta facción que cumplirá ya cinco años dominando a plenitud el Legislativo.
¿Será que así como no incluyen la cadena perpetua para el delito de corrupción, también en este asunto están “matando su chucho a tiempo” o “curándose en salud”? Puede que sí, sobre todo tras publicarse el informe del Grupo internacional de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en El Salvador conocido como el “GIPES, en el cual se concluye ‒entre otras‒ que en “el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción”, hay hechos “que pueden constituir crímenes de lesa humanidad”; es decir, que trascienden a la víctima individual porque ofenden a la humanidad entera. Y estos gravísimos delitos, ¡no prescriben!
La narrativa del terror cinematográfico no se fundamenta únicamente en el miedo, sino en un contrato moral implícito entre la obra y el espectador. Según Noel Carroll en su teoría del art-horror, la efectividad de este género depende de la creación de un «monstruo» que amenaza el orden cultural y la integridad física de los protagonistas. Cuando el victimario finalmente sufre o muere, el espectador experimenta una liberación emocional: la catarsis. Sin embargo, este fenómeno traspasa la pantalla y se manifiesta hoy en la realidad sociopolítica salvadoreña, donde la violencia histórica de las pandillas ha reconfigurado los umbrales de la empatía ciudadana frente al Régimen de Excepción.
La construcción del «monstruo» y la satisfacción punitiva
En el cine de terror, la audiencia busca la supervivencia de la víctima. No obstante, existe un subgénero donde el placer deriva del castigo infligido al antagonista. Esta «satisfacción punitiva» se basa en la deshumanización previa del agresor. En El Salvador, décadas de una violencia pandilleril agresiva y omnipresente funcionaron como un prólogo de terror real, desplazando a la sociedad hacia un estado de hipervigilancia y trauma colectivo.
Como señala la psicóloga social Adriana Clemente, cuando el miedo se vuelve estructural, el «otro» deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en una amenaza biológica. Esta premisa explica por qué una parte considerable de la población percibe las noticias sobre detenciones arbitrarias o muertes en centros penales no como una tragedia humanitaria, sino como un «final necesario». La violencia de las pandillas fue tan lacerante que anestesió la capacidad de distinguir entre la justicia y la venganza.
La erosión de la empatía por el inocente
El aspecto más crítico de esta comparación radica en el daño colateral. En una película, el guion nos asegura quién es el culpable. En la realidad jurídica, esa certeza debería otorgarla el debido proceso. Sin embargo, bajo el Régimen de Excepción, la línea entre el victimario y el inocente se ha difuminado deliberadamente en el discurso oficial.
«La deshumanización no solo afecta a quienes son considerados culpables, sino que expande su manto sobre cualquier individuo que caiga en los engranajes del sistema, eliminando la presunción de inocencia como valor social».
La sociedad, agotada por el horror previo, parece haber aceptado un intercambio utilitarista: la pérdida de derechos humanos de miles de inocentes a cambio de una sensación de seguridad. Es aquí donde la analogía con el cine se vuelve amarga. Mientras que en la ficción la muerte del villano restaura el orden, en la realidad, la indiferencia ante la tortura o la detención ilegal de ciudadanos sin vínculos criminales no restaura el tejido social, sino que lo descompone bajo una nueva forma de violencia estatal.
El tránsito de la emoción a la norma
Esta satisfacción que produce el castigo del «villano», tan propia de la catarsis cinematográfica, opera bajo una lógica de seguridad ilusoria: la creencia de que siempre seremos los espectadores y nunca los protagonistas del horror. Sin embargo, la construcción de una nación funcional no puede basarse en el entusiasmo de la grada, sino en la solidez de sus reglas de juego. Es en este punto donde la ética política de John Rawls nos obliga a encender las luces de la sala y abandonar la comodidad del juicio visceral. Para Rawls, la validez de un contrato social no se mide por el alivio de la mayoría, sino por la protección que este brinda a cualquier individuo, independientemente de su posición, a través del ejercicio intelectual del «velo de la ignorancia».
El «Velo de la Ignorancia» como imperativo ético
Para cuestionar la validez moral de un sistema que sacrifica a inocentes en nombre de la seguridad colectiva, resulta ineludible citar a John Rawls y su obra A Theory of Justice. Rawls propone un experimento mental conocido como la «posición original», en la que los ciudadanos deben diseñar las leyes de su sociedad bajo un «velo de la ignorancia»; es decir, sin saber qué rol ocuparán en ella.
Si los ciudadanos salvadoreños tuvieran que elegir las reglas del Régimen de Excepción sin saber si mañana serán el civil protegido o el inocente capturado por error, difícilmente optarían por un sistema que elimina las garantías judiciales. Bajo el velo de la ignorancia, la justicia no es el triunfo del más fuerte ni la satisfacción de la mayoría, sino la garantía de que el sistema no atropellará al individuo más vulnerable.
«La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». — John Rawls.
La justicia no es un juego de suma cero
La comparación con el cine de terror se vuelve aquí más profunda: en la ficción, el espectador sabe que está a salvo en su butaca, por lo que puede permitirse el lujo de la sed de sangre. Sin embargo, Rawls nos recordaría que en la vida real nadie tiene garantizada esa «butaca». Al perder la empatía por el detenido inocente, la sociedad ha olvidado que, en un sistema sin debido proceso, cualquiera puede ser la próxima víctima del error administrativo o el abuso de poder. La justicia, según la óptica rawlsiana, no puede ser un intercambio donde el bienestar de unos se logre a costa de la violación de los derechos fundamentales de otros.
Hacia una justicia sin espectáculo
El filósofo institucionalista Robert Cover afirmaba que «interpretar la ley es un acto que siempre conlleva violencia». No obstante, cuando esa violencia se celebra como un espectáculo de justicia poética, se corre el riesgo de normalizar la barbarie.
No podemos permitir que el trauma del pasado dicte una ceguera moral en el presente. La pérdida de empatía por las víctimas del Régimen de Excepción —aquellos padres, hijos y trabajadores detenidos sin pruebas— es el síntoma de una sociedad que, tras haber vivido en una película de terror real, ha decidido cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno con tal de no volver a sentir miedo. Recuperar la capacidad de indignación ante la injusticia, incluso en un contexto de seguridad recuperada, es el primer paso para transitar de una catarsis violenta a un verdadero Estado de Derecho.
Los incendios han incrementado significativamente en El Salvador en lo que va del año, con un aumento del 42 % en comparación con el mismo período del año anterior, confirmó el director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano.
Según detalló, entre el 1 de enero y el 22 de abril de 2025 se registraron 2,353 incendios, mientras que en 2026 la cifra asciende a 3,349 emergencias atendidas a nivel nacional.
En incendios de maleza, las estadísticas pasaron de 1,699 en 2025 a 2,414 en 2026, lo que representa un incremento del 42 %, mientras que los incendios forestales aumentaron de 80 a 166, equivalente a un alza del 108 %.
“Desde el uno de enero hasta el 22 de abril, en incendios de maleza, en 2025 tuvimos 1,699; en 2026, 2,414 incendios, 42 % más. Forestales: en 2025, 80; y en 2026, 166 incendios, con un incremento de 108 %”, aseguró Solano en la entrevista con Ernesto López Radio.
El funcionario explicó que la mayoría de estos siniestros no se originan por causas naturales, sino por acciones humanas, lo que incrementa la preocupación de las autoridades.
“La mayoría de incendios no se origina por causas naturales; en muchos casos existe intervención humana detrás de estos incidentes”, afirmó.
Asimismo, señaló que las condiciones climáticas actuales, como altas temperaturas y baja humedad, favorecen la propagación del fuego y elevan el riesgo de nuevos incidentes.
“Las actuales condiciones climáticas —altas temperaturas y baja humedad relativa— incrementan el riesgo de ignición y favorecen la rápida propagación del fuego. La prevención y la conducta responsable son determinantes para reducir la incidencia de incendios”, indicó.
En cuanto a otros tipos de emergencias, los incendios estructurales también aumentaron de 277 en 2025 a 405 en 2026, mientras que los incendios en basureros pasaron de 162 a 200, y los vehiculares de 135 a 164.
“En incendios estructurales, en 2025 tuvimos 277 y en 2026, 405; en basureros, 162 en 2025 y 200 en 2026; y en vehículos, 135 en 2025 versus 164, en 2026. Totalizando emergencias, en 2025 registramos 2,353 incendios y este año tenemos 3,349; es decir, un 42 % más”, detalló.
El director agregó que, en el caso de incendios vehiculares, la principal causa es la falla en el sistema eléctrico, especialmente cortocircuitos.
“En incendios vehiculares, la principal causa es la falla en el sistema eléctrico, especialmente cortocircuitos que generan sobrecalentamiento y pueden iniciar la ignición”, explicó.
Solano reafirmó el compromiso de la institución para atender emergencias en todo el país con personal capacitado y equipo moderno.
“Nuestro compromiso es la protección de la vida y la atención oportuna de emergencias, mediante una institución fortalecida con equipamiento moderno, recurso humano especializado y capacidad de respuesta operativa a nivel nacional”, concluyó.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
El Gobierno de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas a la Ley Amor Convertido en Alimento para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, con el objetivo de fortalecer la regulación de los sucedáneos de la leche materna.
La propuesta, enviada el 17 de abril de 2026 por el Ministerio de Salud, plantea actualizar disposiciones legales para mejorar el control sanitario, el etiquetado y la promoción de estos productos dirigidos a la primera infancia.
Según el documento, la reforma busca garantizar mayor claridad normativa y reforzar los mecanismos de vigilancia, con el fin de proteger el derecho a la salud y nutrición de niños en sus primeros años de vida.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la obligación de que los sucedáneos de la leche materna cuenten con autorización de etiqueta y registro sanitario, conforme a estándares establecidos por las autoridades competentes.
Según la reforma, un sucedáneo de la leche materna se define de manera amplia como «todo alimento fabricado, presentado o comercializado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin».
Esta definición incluye específicamente los siguientes productos fórmulas infantiles, fórmulas especiales, y fórmulas de crecimiento y seguimiento, además otros productos de origen lácteo o vegetal, alimentos y bebidas, incluyendo el agua, destinadas a menores desde su nacimiento hasta los 36 meses de edad.
La iniciativa también establece restricciones en el etiquetado, prohibiendo elementos que puedan desalentar la lactancia materna o inducir a sustituirla de forma directa o indirecta.
En esa línea, se prohíben las declaraciones de beneficios que sugieran que estos productos son equivalentes o superiores a la leche materna, especialmente en relación con el desarrollo físico y cognitivo de los niños.
Otro de los puntos clave es la extensión de las regulaciones a productos asociados como biberones, pachas y chupones, los cuales también deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la ley.
Asimismo, se prohíbe la promoción y publicidad de estos productos dentro de establecimientos de salud, salvo en los casos permitidos por la normativa vigente.
La reforma contempla además la aplicación de sanciones y procedimientos administrativos en caso de incumplimiento, facultando a la autoridad competente a investigar posibles infracciones y aplicar las medidas correspondientes.
De aprobarse, el decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, mientras que los detalles técnicos serán desarrollados mediante reglamentos complementarios.
El Concejo Municipal de Usulután Este aprobó una ordenanza transitoria que exonera del pago de intereses y multas a los contribuyentes en mora por tributos municipales, con el objetivo de incentivar la regularización de deudas.
La medida se sustenta en las facultades legales que otorgan la Constitución de la República, la Ley General Tributaria Municipal y el Código Municipal, que permiten a las alcaldías crear o modificar tasas y mecanismos de recaudación.
Según el decreto, la decisión responde al impacto del alto costo de la vida en los habitantes del municipio, situación que ha provocado atrasos en el cumplimiento de obligaciones tributarias. El municipio incluye los distritos de Usulután (cabecera), California, Concepción Batres, Ereguayquín, Jucuarán, Ozatlán, San Dionisio, Santa Elena, Santa María y Tecapán.
La normativa establece que todos los contribuyentes que se encuentren en mora podrán cancelar únicamente el monto principal de sus tributos, sin recargos adicionales durante la vigencia del beneficio.
Para acogerse a esta disposición, los usuarios deberán presentarse a la Unidad de Cuentas Corrientes en cualquiera de los distritos del municipio y efectuar el pago correspondiente dentro del período establecido.
La ordenanza también incluye a contribuyentes con procesos administrativos o judiciales en curso, incluso si ya existe resolución o sentencia, siempre que liquiden el total de la deuda principal.
En los casos donde el contribuyente no pueda pagar de inmediato, se contempla la posibilidad de suscribir planes de pago, los cuales deberán ser autorizados por las autoridades municipales correspondientes en cada distrito.
Sin embargo, el beneficio podría perderse si el usuario incumple el acuerdo, ya que la falta de pago de dos cuotas consecutivas provocará la caducidad del plan y la exigencia del saldo total, incluyendo intereses.
La ordenanza estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2026 y entró en vigor el miércoles, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, según lo aprobado por el Concejo Municipal encabezado por el alcalde Santiago Martínez Bonilla.
La Unión Europea reconoció a El Salvador como “Campeón TAIEX” por su desempeño en el fortalecimiento de la cooperación técnica y la asociación estratégica con el bloque europeo.
El reconocimiento, otorgado por la Comisión Europea, destaca los avances del país en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a través del instrumento TAIEX.
Este mecanismo, conocido como Instrumento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información, apoya a las instituciones públicas en la implementación de normativas europeas y fomenta la cooperación internacional.
En ese marco, El Salvador ha impulsado iniciativas en áreas clave como transporte, transformación digital y control de cuentas públicas, con participación de diversas entidades gubernamentales.
Entre los proyectos sobresalen capacitaciones sobre sistemas de transporte por teleférico dirigidas al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, así como esfuerzos para modernizar el registro civil digital.
También se ha promovido el intercambio de experiencias en procesos de fiscalización con la Corte de Cuentas de la República, fortaleciendo la transparencia institucional.
La distinción fue recibida por la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, encargada de coordinar el trabajo entre las instituciones nacionales y los programas europeos.
Este reconocimiento posiciona al país como un referente en cooperación técnica en la región, al consolidar relaciones con la Unión Europea en áreas estratégicas.
La Unión Europea reiteró su compromiso de continuar apoyando a El Salvador mediante el intercambio de conocimientos y proyectos conjuntos orientados al desarrollo.
