Autor: Alvaro Cruz

Desde el siglo pasado y el presente he podido observar como especialista en seguridad nacional y criminología, y es mi deber leer entre líneas los discursos políticos y las dinámicas sociales de nuestra región. Las recientes y desafortunadas declaraciones del presidente hondureño Asfura sobre la Isla Conejo no son un exabrupto aislado, ni el único presidente hondureño que lo ha hecho; responden a un manual político y a un guion de cajón tan antiguo como predecible. A seis meses de haber asumido el poder, la incapacidad para dar respuestas tangibles a las crisis estructurales lo ha empujado a desempolvar el desgastado discurso del nacionalismo y la soberanía nacional. Es una evidente cortina de humo, un distractor de manual diseñado para desviar la mirada de un país que exige soluciones reales, no conflictos artificiales y únicamente en la mente de dicho presidente con El Salvador.

Sin embargo, la retórica territorial en el Golfo de Fonseca, hay un elemento en el discurso oficial que resulta infinitamente más revelador y trágico. Según relató el propio mandatario, cuando recorre sus comunidades, la gente le suplica, le implora, primero por calles transitables, carreteras y oportunidades de trabajo; después, piden educación y salud. La seguridad ni siquiera figura entre las principales exigencias de la población, según sus mismas palabras no las de la prensa o del que escribe.

Cualquier político inexperto podría intentar vender esto como un triunfo, sugiriendo que el crimen ha dejado de ser una preocupación. Como criminólogo, afirmo categóricamente lo contrario: esto es una alerta máxima de colapso social. Nuestros hermanos hondureños se encuentran de rodillas ante las pandillas criminales y la delincuencia organizada, una sociedad en anomia.

Un pueblo que deja de pedir seguridad no lo hace porque haya alcanzado la paz o porque las estructuras criminales hayan sido desarticuladas. Lo hace porque está tan brutalmente golpeado por la pobreza, el abandono estatal y la falta de oportunidades, que sobrevivir al día a día se ha convertido en su única prioridad, estar con vida en aquel país es un verdadero milagro. La pirámide de necesidades básicas se ha invertido de la peor manera. Cuando una familia está aislada por caminos de tierra intransitables, sin trabajo para comer hoy y sin un hospital cercano para curar una infección básica, el miedo al delincuente pasa a un trágico segundo plano. La miseria asfixia antes que la violencia.

Por eso hemos observado como hermanos hondureños durante las últimas semanas han viajado tantas horas para llegar al Hospital Rosales de El Salvador y recibir atención médica especializada de última generación para enfermedades terminales sin costo alguno y los testimonios se encuentran en medios de comunicación y redes sociales. Encontraron vida, salud, restauración y esperanza en El Salvador, ya que en su país los desecho el gobierno de turno sin atención médica. Y otros miles nos visitan por turismo en sus días de vacación, asuetos y fines de semana porque aquí hay seguridad y tranquilidad.

Con un enfoque de seguridad nacional, este silencio ciudadano explica la peligrosa consolidación de poderes paralelos. Cuando la población ya no exige seguridad, es porque ha asimilado la presencia del crimen organizado, el narcotráfico o las pandillas criminales como una condición inamovible de su entorno, una especie de «desastre natural» inevitable. Han perdido por completo la fe en que su Gobierno pueda protegerlos, por lo que deciden concentrar sus pocas fuerzas en pedir, al menos, un camino para poder sobrevivir por su cuenta.

Agitar la bandera en la Isla Conejo buscando un falso patriotismo es una falta de respeto imperdonable hacia esa misma población vulnerable que exige los servicios básicos. La verdadera defensa de la soberanía no se ejerce llenado de personal militar un islote deshabitado, sino garantizando la presencia del Estado, el desarrollo y la dignidad en cada rincón del territorio que gobierna. Esa actitud de conquistador y de nacionalista la debería de utilizar para recuperar los territorios que controla los grupos de delincuencia organizada de narcotraficantes y de pandillas criminales.

Mientras el liderazgo político prefiera inventar enemigos externos en lugar de enfrentar a los monstruos internos de la miseria y el abandono, el silencio de su gente no será un síntoma de paz, sino el eco más doloroso de un Estado fallido. En El Salvador el gobierno del presidente Nayib Bukele ha declarado guerras abiertas y sin descanso contra: la criminalidad organizada, las pandillas criminales, la corrupción, contra la impunidad, contra la pobreza extrema, sistemas obsoletos de educación y salud, así como el abandono que se encontraba la primera infancia. Y esa voluntad y decisión alcanza para ayudar a hermanos de otras nacionalidades como Venezolanos, Costa Rica, Turquía, Jamaica, Guatemala y HONDURAS.

*Por Ricardo Sosa / Doctor en Criminología / Experto en Seguridad Nacional /  @jricardososa

Las democracias contemporáneas suelen evaluar el éxito político mediante el frío pragmatismo de los marcadores mayoritarios. Bajo este lente, la escena electoral salvadoreña de cara a las presidenciales de 2027 parece un escenario clausurado de antemano: un presidente, Nayib Bukele, blindado por un robusto 84% de aprobación personal, frente a un bloque opositor atomizado donde las siglas históricas como el FMLN rondan un marginal 2% de intención de voto de base. Es precisamente bajo esta bandera que emerge la precandidatura del Dr. Rafael Aguirre, médico internista y líder sindical de la salud pública.

Para los analistas del pragmatismo más elemental, la irrupción de Aguirre constituye un ejercicio testimonial o, peor aún, un riesgo innecesario capaz de erosionar el exiguo patrimonio electoral de la izquierda tradicional. Sin embargo, un examen desde la ciencia política y la sociología electoral sugiere una lectura diametralmente opuesta: la candidatura de este médico no representa un suicidio institucional, sino un mecanismo sofisticado de supervivencia y un riguroso medidor del descontento ciudadano en contextos de hiperliderazgo.

Para comprender la racionalidad de una candidatura del 2%, es imperativo desmontar el mito del bloque oficialista monolítico. Las encuestas revelan una profunda asimetría en El Salvador: mientras el mandatario goza de un hiperliderazgo personalista, el partido oficialista posee un suelo real de apenas el 34%. A este dato se suma un indicador sísmico: un 57.9% de la población manifiesta una total desalineación, declarando no sentirse identificado por ninguna fuerza política existente. En términos de Russell Dalton (Citizen Politics), nos encontramos ante un electorado desalineado estructuralmente. El ciudadano moderno ya no vota por dogmas ni por aparatos; vota por causas, emociones y perfiles.

Es aquí donde el perfil del Dr. Rafael Aguirre adquiere valor estratégico. Aguirre no es un cuadro orgánico moldeado por la burocracia de los partidos tradicionales; es un outsider gremial cuya notoriedad pública deviene de su rol defensivo de la salud pública y, crucialmente, de haber enfrentado procesos de despido administrativo por parte del Estado tras denunciar las deficiencias del sistema de sanidad. Su figura opera bajo lo que el antropólogo político David Kertzer denomina un «símbolo de condensación»: Aguirre no necesita articular un complejo tratado de oposición; su sola presencia en la boleta electoral evoca la narrativa de la vulnerabilidad civil y la persecución laboral frente al poder centralizado.

Frente a quienes argumentan que un candidato de este perfil debilita el voto de base del partido que lo cobija, la teoría electoral ofrece respuestas categóricas. La Escuela de Michigan (Campbell et al., The American Voter) demostró que la identidad partidista residual no se diluye por la presencia de un candidato externo competitivo; al contrario, es la invisibilidad lo que extingue a los partidos pequeños (un fenómeno estudiado por Maurice Duverger como el efecto de auto-eliminación de las minorías). Si el partido decide no competir, su base cae en la apatía o migra. La postulación de Aguirre, por tanto, funciona bajo la «teoría de la activación» de Paul Lazarsfeld: la campaña despierta el voto durmiente de la base y ofrece, simultáneamente, un «puente libre de culpas» para el 57.9% de los desalineados que jamás votarían por las siglas tradicionales pero que sí validarían a un médico represaliado.

Asimismo, la postulación de un perfil médico redefine la contienda a través del concepto de Issue Ownership (Propiedad de la Agenda) de John Petrocik. Al situar a un cirujano en el centro del debate, la discusión pública se desplaza inevitablemente hacia la gestión de la salud, el desabastecimiento de medicamentos y las condiciones del funcionariado público. El oficialismo, sumamente cómodo debatiendo en sus terrenos de control, es obligado a justificar sus flancos más sensibles y humanos.

¿Qué busca medir, entonces, el Dr. Aguirre si las matemáticas de las encuestas le niegan la victoria ejecutiva inmediata? Busca activar lo que Karlheinz Reif y Hermann Schmitt denominaron el voto en «elecciones de segundo orden». Cuando el desenlace presidencial parece predeterminado, el electorado tiende a flexibilizar su comportamiento y a utilizar la urna como un «termómetro seguro» de castigo o advertencia, perdiendo el miedo a la inestabilidad política. En un ecosistema donde opera el sesgo de la «espiral del silencio» (Noelle-Neumann) —donde los ciudadanos descontentos ocultan su disidencia por temor al aislamiento social o político—, la boleta electoral de un candidato outsider provee un refugio institucional anónimo.

Finalmente, bajo la teoría del «voto expresivo» de Geoffrey Brennan y Loren Lomasky, sabemos que el ciudadano minoritario no acude a las urnas únicamente con un fin instrumental para elegir al ganador, sino para registrar su propia existencia e identidad moral frente a la hegemonía.

La candidatura del Dr. Rafael Aguirre en 2027 no debe ser leída como una ingenuidad aritmética. Es la edificación de una trinchera institucional indispensable. En la política de mediano plazo, los hiperliderazgos personalistas sufren desgastes naturales o crisis de sucesión inevitables. Cuando el cheque en blanco del actual mandatario comience a registrar los costos reales de la gestión, la disidencia técnica y social salvadoreña necesitará un vehículo previamente validado y legalmente estructurado.

Medir el voto disidente hoy, aunque empiece en el 2%, no es un error de cálculo: es la siembra obligatoria de la alternativa del mañana.

Con solo 17 años el más insigne de todos los cubanos, escribió en la prisión, «Mírame madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores».
José Martí, con la sabiduría que le definió, entendió a tan temprana edad lo traumático que es el presidio, sin embargo, lo enfrento con la entereza que le caracterizo, tal y como hacen, numerosos jóvenes cubanos del presente que no temen demandar sus derechos, aunque terminen en prisión.

Este 11 de julio arribamos al quinto aniversario de una protesta nacional sin precedentes en Cuba, en la que cientos de personas fueron a prisión por reclamar derechos cercenados por el totalitarismo

La prisión ha sido bajo el totalitarismo castrista, a pesar de los horrores que allí se padecen, una especie de oasis y crisol donde los prisioneros al forjar sus ansias de libertad vigorizan sus compromisos con la patria. Creo que la tiranía jamás se ha percatado que quienes se encuentra en prisión endurecen sus convicciones e idean nuevas formas de demandar sus derechos.

La prisión puede ser para algunos el final de su autoestima, decoro y dignidad, para otros, un horno donde se forjan los valores que le van a guiar por el resto de la vida, una realidad que ha experimentado la mayoría de los cubanos de distintas generaciones que han pasado por las cárceles del totalitarismo castrista.

La juventud cubana es la que más ha padecido los horrores de las cárceles y más de uno el infausto paredón de fusilamiento como fue el caso de Emeterio García Rodríguez, fusilado a los 17 años, 1962, y de su compañero de causa, Teodoro González que con 15 años fue condenado a muerte, sentencia conmutada a 30 años, el mismo veredicto que recibió a los 16 años Ricardo Vázquez, recientemente fallecido.

La juventud ha sido la principal víctima del sistema represivo del castrismo, no solo por la gestión política que pudieran haber participado, también, han sido apresados y golpeados por la forma de vestir o llevar el cabello largo, uso que los represores castigaban con un corte a rape y brutales palizas.

La represión cobró cotas más masivas a partir de las protestas populares del 11 de julio del 2021, como refleja un informe del pasado 30 de junio de 2026 que apunta que el número de prisioneros políticos menores de edad alcanza los 40, siendo la cifra más alta documentada hasta la fecha por la organización Prisoners Defenders, especializada en esos temas.

Es apropiado decir que los cubanos de intramuros saben lo cruel y despiadadas que son las mazmorras del castrismo, un conocimiento en la Isla que nadie ignora. No obstante, cada día se aprecia más la disposición de la ciudadanía a reclamar los derechos que le fueron conculcados hace décadas, contrario a lo que sucedía en el pasado reciente en el que los padres les pedían a sus hijos que no se involucraran en actividades antigubernamentales, porque eso había llegado para quedarse.

Recuerdo expresiones que lastimaban fuertemente a los que combatían al régimen, entre otras, “que lo quite quien lo puso” o la más egoísta de todas, “no voy a ser el primero que proteste”, invenciones que han sido desplazada por la dolorosa realidad de que los hijos y los nietos se están depauperando ante los ojos de padres y abuelo y que, para evitar un trágico final, es imprescindible tomar los riesgos que sean necesarios.

La población ha dejado de creer los cuentos de la tiranía, entre ellos, la farsa leyenda urbana de que los represores lo saben todo, al ritmo que la miseria y la desesperación le hace más presa que en el pasado. Las protestas nocturnas son testimonio del hartazgo general y las cadenas pueden ser quebradas por la voluntad popular.

Lo hemos comentado antes, pero es importante no perder de vista que los hermanos Castro le robaron al pueblo la esperanza al imponer un poder absoluto y un pensamiento único. El control de la sociedad y muy en particular de la economía, difundió la certeza de que el nuevo orden era irrevocable, percepción que empezó a cambiar el 11 de julio del 2021.

Todos estamos conscientes que deslastrarse del miedo demanda mucho esfuerzo y voluntad, pero cuando se rompe ese cántaro que aplasta el pecho, la prisión se rompe, parafraseando nuevamente al Maestro Marti, y empieza al fin con la destrucción del totalitarismo, la vida.