Autor: Alvaro Cruz

La semana pasada, un periódico de amplia circulación en nuestro país publicó un artículo sobre el temor que tienen los sindicatos médicos ante la nueva ley de hospitales, que podría llevar a la privatización de la salud. Según la nota, el Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” (ALAMES El Salvador) y el Sindicato de Trabajadores por la Salud (SITRASALUD) consideran que la aprobación de esta ley representa el primer paso hacia la privatización del sistema público de salud. “Se confirma lo que este gobierno quería ocultar: vamos camino a la privatización del sistema público de salud”, afirmaron miembros de SITRASALUD.

No sé si estamos leyendo y analizando el mismo documento, pero en mi opinión, la nueva propuesta de ley establece exactamente lo contrario. Las redes nacionales de hospitales —recordemos que este no es un invento de este gobierno, sino un modelo internacionalmente reconocido para la provisión de servicios hospitalarios— son un componente clave en los sistemas de salud, especialmente dentro del marco de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) promovidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Estas redes son estructuras operativas cuyo objetivo principal es aumentar la cobertura y el acceso universal a la atención sanitaria, ofrecer una atención integral, integrada y continua, mejorar la eficiencia y calidad técnica, así como reducir la fragmentación de los servicios. Muchas veces, nuestra desconfianza es tan profunda que cualquier propuesta, proveniente de personas o instituciones, se interpreta negativamente, llegando al pesimismo extremo y a la falta de fe en las intenciones o acciones ajenas.

En la vida, nada es completamente blanco ni negro. El gremio médico, incluyendo sus sindicatos, es consciente de que nuestro sistema de salud, tanto público como privado, está quebrado y necesita desde hace mucho tiempo una reforma profunda. El debate y cuestionamiento son saludables y necesarios, pero deben basarse en evidencia.

La nueva ley no permite la privatización de los servicios médicos ofrecidos por los hospitales de la Red Nacional de Hospitales. Según el documento, esta red se establece como una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía administrativa y jurídica, pero que continúa siendo parte integral del sistema público de salud. Su objetivo principal es garantizar atención médica eficiente y accesible para la población salvadoreña, manteniendo siempre su carácter público.

En distintas plataformas de redes sociales, como WhatsApp y X, se han difundido una serie de mensajes con conceptos apocalípticos que, más que informar, buscan generar temor tanto en el gremio médico como en la población en general. En particular, se mencionan temas como la incorporación de médicos extranjeros, la supuesta prohibición de consultas privadas para médicos de la red hospitalaria, y la diferencia salarial entre médicos nacionales y extranjeros.

La nueva ley permite la contratación de médicos extranjeros por hasta diez años, sin necesidad de homologar títulos si provienen de países con sistemas de salud superiores. Estos médicos trabajarán exclusivamente en el sistema público, podrán participar en docencia e investigación en hospitales escuela, y se facilitará su residencia temporal o definitiva junto con sus familias. El objetivo es fortalecer el sistema de salud, cubrir la demanda especializada y mejorar la calidad de los servicios médicos.

La nueva ley prohíbe que los médicos contratados por la Red Nacional de Hospitales realicen consultas privadas o intervenciones en clínicas u hospitales privados, salvo en casos excepcionales como emergencias, catástrofes, epidemias u otras calamidades generales. Estas situaciones deben estar debidamente justificadas y autorizadas por la Junta Directiva de la Red Nacional de Hospitales.

Además, los profesionales de la salud contratados por la Red deberán dedicar su labor exclusivamente al beneficio de la salud de la población salvadoreña y de los usuarios de la Red Nacional de Hospitales.

La ley no establece explícitamente que los médicos extranjeros ganarán más que los médicos nacionales. Sin embargo, permite que los médicos extranjeros contratados por la Red Nacional de Hospitales ejerzan su profesión sin necesidad de homologar sus títulos, siempre que provengan de países con sistemas de salud superiores al de El Salvador.  Esto podría facilitar su contratación y condiciones laborales.

El salario y las prestaciones de los médicos, tanto nacionales como extranjeros, estarán regulados por la normativa interna de la Red Nacional de Hospitales, y no se menciona una diferenciación salarial basada en la nacionalidad. Por lo tanto, cualquier diferencia en remuneración dependerá de las políticas internas de la institución y no de una disposición explícita en la ley.

* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo, consultor independiente de salud de nivel internacional

La historia de El Salvador demuestra que los militares han desempeñado un papel importante más allá de las armas. En distintas épocas, su participación ha incidido en la vida social y cultural del país, particularmente en el ámbito educativo. Lejos de una visión reducida, los hechos muestran que presidentes y ministros con formación castrense han contribuido al fortalecimiento de la educación, generando instituciones y obras que aún hoy sostienen el desarrollo nacional. Desde las reformas impulsadas por Gerardo Barrios en el siglo XIX, pasando por el ambicioso plan de construcción de 5,000 escuelas bajo el gobierno del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977).

El presidente Gerardo Barrios, en el período 1859-1863, fue un militar liberal de pensamiento reformista. Durante su gobierno se consolidó la Universidad de El Salvador, fundada en 1841, pero revitalizada bajo su gestión con un carácter verdaderamente nacional. Barrios comprendió que el progreso dependía de formar profesionales en derecho, medicina, ingeniería y magisterio, capaces de conducir al país hacia la modernidad. Promovió becas al extranjero, introdujo textos modernos y fomentó una enseñanza crítica.

Las crónicas cuentan que en más de una ocasión visitó personalmente los colegios para animar a los jóvenes a estudiar, convencido de que la educación era la más alta expresión de patriotismo. Un siglo después, el coronel Arturo Armando Molina, presidente entre 1972 y 1977, emprendió uno de los programas de infraestructura educativa más significativos en América Central: la construcción de 5,000 escuelas. El proyecto buscó ampliar la cobertura en todos los departamentos, llevando la escuela a comunidades que antes carecían incluso de un aula formal.

Las escuelas no solo significaron edificios, sino espacios de esperanza. La población celebraba su inauguración con entusiasmo, porque representaban la posibilidad de romper con generaciones de analfabetismo. Hoy, muchas de esas escuelas siguen funcionando y constituyen un testimonio palpable de una política de Estado que priorizó la educación como motor de transformación social. La visión militar ha concebido históricamente la educación como un proceso de disciplina, orden y servicio a la patria. Lejos de concebirse como autoritarismo, esa disciplina aplicada correctamente ha significado organización institucional, responsabilidad en el cumplimiento de metas y resultados concretos.

De esta manera, la contribución militar a la educación en El Salvador no debe evaluarse únicamente desde la política, sino desde sus resultados en la formación de ciudadanos, la creación de infraestructura y el fortalecimiento de valores cívicos. En la actualidad, la Doctora Karla Trigueros, como nueva Ministra de Educación y oficial militar, creo que retomara esa tradición de servicio, adaptándola a las necesidades del siglo XXI. Su gestión impregna una visión clara de modernización de centros educativos, con mejoras en infraestructura y programas académicos, pero también por un énfasis en la disciplina escolar.

Ahora bien, las comunidades educativas han recibido estas medidas con una visión positiva, pues contribuyen a restaurar la imagen de la escuela como espacio de respeto y dignidad donde la rebeldía no tendrá lugar. Desde un punto de vista académico, se observa que la disciplina se enmarca en la tradición militar de organización y orden, pero con un enfoque pedagógico que fortalece la autoestima y la identidad de los estudiantes. Estudios internacionales demuestran que la disciplina escolar, entendida como orden y constancia, está directamente relacionada con la mejora del rendimiento académico y la disminución de la deserción.

Al igual que Gerardo Barrios en el siglo XIX apostó por la universidad como símbolo del progreso, y Arturo Armando Molina en los años setenta llevó la educación primaria a todos los rincones. Ahora debemos ver hacia el futuro con el fundamento en una cultura educativa integral y de valores, donde la disciplina es tan importante como la infraestructura y el currículo. La historia de El Salvador no puede narrarse sin reconocer el aporte de los militares en el desarrollo educativo. El Capitan General Gerardo Barrios impulsó la universidad nacional como motor de modernización.

Arturo Armando Molina construyó 5,000 escuelas que aún siguen en pie como testimonio de un sueño cumplido; por lo tanto, no le tengamos temor a la educación con disciplina y al orden y excelencia académica. El legado de todos ellos coincide en una convicción: educar es también una forma de defender la patria.

Como lo enseña la Palabra de Dios: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6). Este principio sigue siendo vigente, y se refleja en cada aula que abre sus puertas, en cada niño que se forma con disciplina, y en cada generación que encuentra en la educación la herencia más noble del Estado salvadoreño.

La reciente negativa de libertad condicional a los hermanos Lyle y Erik Menéndez nos obliga a reflexionar sobre un caso que, a más de tres décadas de los asesinatos de sus padres, sigue fascinando y dividiendo a la opinión pública. Como criminólogo, la pregunta que surge es: ¿qué significa esta decisión para el futuro de los Menéndez y para el sistema de justicia en sí mismo?

La Junta de Libertad Condicional de California, al denegar su solicitud, envió un mensaje claro: la crueldad de sus crímenes y la falta de un remordimiento genuino, percibido por las autoridades, pesan más que el tiempo cumplido y la supuesta rehabilitación. En el imaginario colectivo, los Menéndez no son solo asesinos; son la encarnación de la traición familiar, un acto que rompió el tabú más sagrado de la sociedad. Si bien la defensa argumentó que los asesinatos fueron una respuesta a años de abuso físico, emocional y sexual, la corte original y, ahora, la junta de libertad condicional han optado por priorizar la brutalidad del acto.

Esta negativa no es un hecho aislado. Se enmarca en una tendencia de la justicia estadounidense, que a menudo, por lo general muestra una reticencia a perdonar crímenes de alto perfil que conmocionaron a la nación. La posibilidad de un «perdón» o una segunda oportunidad para figuras como los Menéndez genera controversia. ¿Se les debe considerar rehabilitados, capaces de reintegrarse a la sociedad? ¿O la pena es un castigo perpetuo, un recordatorio de que ciertos actos son imperdonables? La junta, al rechazar su solicitud, se inclinó por la segunda opción, reafirmando la idea de que la magnitud de su crimen los condena a una vida tras las rejas por sobre la posibilidad que existiera cuaquier tipo de abusos contra los hermanos.

Para Lyle y Erik, esto significa que sus vidas están selladas. Si bien tendrán derecho a futuras audiencias de libertad condicional, la probabilidad de que su situación cambie es escasa. Los Menéndez ya no son los jóvenes que mataron a sus padres; son hombres de mediana edad que han pasado más de la mitad de su vida en prisión. Es probable que sus últimos años transcurran en un entorno de reclusión, lejos de la redención o el perdón público.

Este caso, y la reciente decisión, nos invitan a un debate más amplio sobre el propósito de la prisión. ¿Es solo un lugar de castigo o un centro de rehabilitación? Se consideran bodegas humanas donde los criminales deben morir sin ningun tipo de beneficio penitenciario. La negativa de libertad condicional a los Menéndez parece sugerir que, al menos en su caso, la prisión es un castigo. Y si bien esto puede satisfacer a quienes creen que los crímenes graves deben ser castigados sin piedad, también plantea interrogantes sobre la posibilidad de la redención.

¿Hay límites al perdón, incluso cuando los perpetradores han pagado su deuda con la sociedad? La respuesta de la junta en Estados Unidos por ahora, parece ser «sí». Y para los hermanos Menéndez, esa respuesta es un punto final a cualquier esperanza de un futuro fuera de las rejas.

*Ricardo Sosa es Dr y Msc en Crimlnologia 

@jricardososa