Esta es, según el diccionario, la capacidad de las personas para “soportar algo molesto o penoso sin alterarse”. ¿Podríamos decir que el pueblo salvadoreño es paciente? Esta interrogante surge alrededor de la reciente conmemoración del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas; la Organización de las Naciones Unidas lo declaró como tal en diciembre del 2010. Así, anualmente, cada 30 de agosto se les rinde homenaje en el mundo. Pero en El Salvador, ¡no! Al menos oficialmente, porque las familias destrozadas por esa crueldad cometida contra sus seres queridos no cesan de recordar y exigir la verdad sobre lo ocurrido, además de reclamar el merecido castigo de sus responsables junto a la debida reparación por los daños que les causaron de por vida. En nuestro país, ahora controlado por Nayib Bukele, el clamor de estas para dedicar esa fecha en honor de dichas víctimas no ha tenido eco ni antes ni hoy.
Por eso, en esta época siempre viene a mi memoria aquella orden secreta que dio el 7 de diciembre de 1941 Adolfo Hitler –uno de los mayores genocidas en la historia de la humanidad– con el propósito de deshacerse de quienes consideraba una amenaza para el nazismo. Dicha aberración fue conocida como “Noche y niebla”; en realidad, formal y eufemísticamente se trataba de las “Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados”. Para este déspota criminal, la prisión y la cadena perpetua eran “signos de debilidad”. Había que ser más contundentes a la hora de sembrar el “terror eficaz y prolongado”; ello, únicamente se lograría con la pena de muerte de “los culpables” o manteniendo “a la población en la incertidumbre sobre la suerte” de las personas secuestradas.
Pues así como ocurrió allá en aquella época, acá en El Salvador nuestra “noche y niebla” comenzó en enero de 1932. Al menos esa es la información que tengo. Se suele hablar de “la matanza” de decenas de miles de víctimas, pero siempre estuve convencido de que esta no solo incluyó asesinatos; sin pruebas, ciertamente, he creído que también hubo personas indígenas y campesinas desaparecidas por la fuerza. No sé si ello ocurrió en sintonía con los propósitos del Führer o simplemente como parte de la barbarie consumada entonces por las fuerzas gubernamentales comandadas por el general José Tomás Calderón, alias “Chaquetilla”, cuando aplastaron el desesperado y suicida levantamiento popular que tuvo lugar debido principalmente a ‒en palabras del historiador y catedrático Héctor Lindo‒ “la agudeza de los problemas sociales”. La paciencia de la gente se agotó y estalló aquella “bomba de tiempo” social.
En tal escenario, tres indígenas cuyos nombres han sido resguardados aunque no sus edades –tenían 65, 48 y 45 años– fueron desaparecidos por integrantes del ejército en el entonces municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate. Según sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que arbitrariamente destituyó Bukele el primer día de mayo del 2021, la soldadesca los amarró y se los llevó con rumbo desconocido. Nunca más se supo de ellos. El de mayor edad había ganado la elección municipal en dicho poblado, pero tras su desaparición forzada obviamente no asumió el cargo.
Sus familiares demandantes pretendieron activar un recurso de exhibición personal; por lo general, este sirve ‒hoy solo teóricamente en nuestro país‒ para ubicar a quien le han violado sus derechos a la libertad, a la integridad personal y a la seguridad física. Con muy buen tino, dicha solicitud fue declarada improcedente por la autoridad judicial que ordenó tramitarla como demanda de amparo. Era imposible que estuvieran vivos después de más de 80 años de su desaparición forzada; pero eso no debía impedir hacer valer sus derechos a la verdad, a la integridad personal y ‒eventualmente‒ a la identidad cultural del pueblo indígena al que pertenecían las víctimas. Quién sabe qué habrá pasado con este reclamo, tras la ilegal destitución de los magistrados que así fallaron.
Más adelante, durante las décadas de 1970 y 1980 principalmente, en la preguerra y la guerra se desarrolló la práctica sistemática estatal de la desaparición forzada de personas por razones políticas; también de la guerrilla, la Comisión de la Verdad recibió denuncias al respecto. Luego se vino el accionar de las maras y sus innumerables víctimas. Y oficialmente nadie buscó ni busca, nadie respondió ni responde, nadie consoló ni consuela a las familias dolientes. Bien canta Guillermo Briseño que “la paciencia es un recurso natural no renovable”. Y la de nuestra sufrida gente, ¡ojo!, puede volver a desaparecer.
