Autor: Alvaro Cruz

  • Salvadoreño aparece muerto tras sufrir ataque homófobo en Italia

    Salvadoreño aparece muerto tras sufrir ataque homófobo en Italia

    Un salvadoreño de 24 años fue encontrado muerto este miércoles en el apartamento donde residía en Vigevano, provincia de Pavía, Italia, después de haber sido víctima de un ataque homófobo el pasado 21 de agosto. Las autoridades italianas investigan las circunstancias del fallecimiento, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

    El cuerpo fue descubierto por un joven que reside en el mismo edificio y que alertó a las autoridades. Agentes de la Policía Estatal y de la Policía Científica acudieron al inmueble para realizar las primeras diligencias y recopilar evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.

    El salvadoreño -cuya identidad no ha sido revelada- había sufrido una agresión el 21 de agosto en Vigevano, cuando dos personas lo atacaron. Según la reconstrucción disponible del incidente, los agresores profirieron insultos homófobos contra el joven antes de empujarlo al canal Naviglio.

    La agresión generó preocupación por la violencia y discriminación relacionadas con la orientación sexual. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no establecieron que ese ataque tenga relación directa con la posterior muerte del salvadoreño.

    Los investigadores realizan las diligencias necesarias para determinar la causa del fallecimiento. La información disponible tampoco precisa las condiciones en las que fue localizado el cuerpo ni establece si presentaba señales de violencia.

    La Policía recopila evidencias dentro del apartamento y las investigaciones podrían incluir entrevistas con personas cercanas al joven o que tengan información sobre sus últimos movimientos antes de ser encontrado sin vida.

    Los análisis forenses y las diligencias que determine la autoridad judicial serán fundamentales para establecer las circunstancias de la muerte. Los investigadores mantienen abiertas las distintas líneas mientras esperan los resultados de los exámenes correspondientes.

    Las autoridades deberán esclarecer si el fallecimiento respondió a causas naturales, un acto voluntario o un episodio violento, así como determinar si existe alguna conexión con la agresión sufrida el 21 de agosto.

     

     

  • Policía española culpa a Marruecos de planificar la crisis migratoria en Ceuta

    Policía española culpa a Marruecos de planificar la crisis migratoria en Ceuta

    Un informe de la Policía Nacional de España atribuye a las fuerzas de seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta ocurrida el 30 y 31 de julio, al considerar que el movimiento habría tenido una finalidad distinta a la estrictamente migratoria.

    El documento, elaborado por la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), fue remitido el lunes a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Las diligencias buscan determinar si existen indicios de un eventual delito contra la integridad territorial de España.

    Según la información divulgada por el medio El Español, el CENIF sostiene que la llegada masiva respondió a un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta española. El informe señala que la operación habría sido guiada por agentes marroquíes uniformados y de paisano, mientras la finalidad migratoria habría funcionado como cobertura.

    La Policía descarta, según el contenido divulgado, que los acontecimientos fueran únicamente consecuencia de una convocatoria en redes sociales, de la actuación de redes dedicadas al tráfico de migrantes o de un movimiento espontáneo. Entre los elementos señalados figura que el 90 % de quienes ingresaron irregularmente no permanecieron en Ceuta y regresaron pocas horas después.

    El CENIF había emitido el 29 de julio una primera alerta sobre el riesgo de entradas en Ceuta y Melilla previstas para el día siguiente, principalmente por vía marítima. La nota enviada a los puestos fronterizos calificaba de «riesgo extremo» la posibilidad de accesos ilegales a nado y mediante saltos de la valla «de forma coordinada».

    La existencia de esa advertencia coincide con declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró ante el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó del riesgo un día antes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había sostenido posteriormente que no existieron informes que anticiparan una entrada masiva.

    Grande-Marlaska solicitó este miércoles explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, para conocer desde cuándo disponía del documento relacionado con la llegada irregular de miles de personas desde territorio marroquí. El informe policial está acompañado de numerosas imágenes de los momentos previos y de la entrada a las playas de Ceuta.

    La investigación queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá valorar el contenido remitido por la Policía y determinar si existen elementos para continuar las diligencias por un posible delito contra la integridad territorial. Las conclusiones conocidas corresponden al informe del CENIF y atribuyen a las fuerzas marroquíes un papel en la planificación de la crisis fronteriza.

  • Turista salvadoreña muere atropellada en carretera de Malasia

    Turista salvadoreña muere atropellada en carretera de Malasia

    Una turista salvadoreña de 29 años murió atropellada en Malasia mientras caminaba por el arcén de la carretera federal Melawi-Kuala Besut, informó la Policía del distrito de Pasir Puteh, que investiga el incidente como un presunto caso de atropello y fuga.

    Según medios malasios,  la víctima solo ha sido identificada como Camila Alejandra, sin mencionar apellidos, de 29 años y originaria de El Salvador. Malasia es un país del Sudeste Asiático.

    El accidente ocurrió alrededor de las 9:44 de la noche del 1 de septiembre (7:44 am del martes en San Salvador) en el kilómetro 24.5 de la carretera, en Pasir Puteh, estado de Kelantan. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la salvadoreña caminaba cerca de un hotel en dirección hacia Kuala Besut cuando fue impactada por un vehículo.

    El jefe de la Policía de Pasir Puteh, Saari Yaacob, confirmó que las autoridades recibieron información sobre el accidente esa misma noche y desplazaron personal hasta el lugar donde ocurrió el atropello.

    «La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos y trasladada a la Unidad Forense del Hospital Tengku Anis de Pasir Puteh para la autopsia», declaró en un comunicado citado por el diario Strait Times.

    Los restos de la turista fueron trasladados al Hospital Tengku Anis para realizar los procedimientos forenses correspondientes y determinar las circunstancias de su muerte, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre el vehículo involucrado.

    Hasta el momento, las autoridades malasias mantienen abierta la investigación para localizar al conductor que presuntamente abandonó el lugar después del atropello.

     

  • La falta de civismo y autoridad en las escuelas

    La falta de civismo y autoridad en las escuelas

    A un alumno de la universidad, seleccionado a azar, le pregunté quién era el autor de la Oración a la Bandera salvadoreña y con toda seguridad me respondió que Rubén Darío. Inmediatamente le dije que no y  les pedí a los 37  estudiantes restantes  que escribieran el nombre correcto del autor en un pedazo de papel y me lo hicieran llegar. De los  37 estudiantes solo tres respondieron correctamente, David Joaquín Guzmán, los demás mencionaron, entre otros, a Roque Dalton, José Matías Delgado, Juan José Cañas, Juan Aberle, Alfredo Espino, Maximiliano Hernández Martínez, Alberto Masferrer, Miguel Ángel Asturia, Juan Ramón Jiménez, Claudia Lars, Pablo Neruda, Paquito Palavaccini, Farabundo Martí, David Escobar Galindo, Álvaro Menen Desleal y hasta hubo quien respondió Álvaro Torres.

    Los alumnos de segundo semestre universitario, cuyas edades oscilan entre los 17 y 20 años, estudiaron en diversos centros educativos privados o nacionales, y aparentemente a ningún docente se le ocurrió recalcarles que David Joaquín Guzmán, en 1916, ganó un concurso literario convocado por el entonces Ministerio de Instrucción para componer la Oración a la Bandera Salvadoreña. sin embargo, fue por decreto legislativo de 2001 que se reformó el Artículo 18 de la Ley de Símbolos Patrios de 1972, para que dicho poema cívico tuviera reconocimiento oficial como símbolo patrio de la República de El Salvador.

    Que mis estudiantes no supieran quien era el autor de la Oración a la Bandera Salvadoreña no me genera tanta incomodidad, como algunas situaciones que percibí en la plática que tuve con ellos el primer día de clases. Resulta que ninguno de ellos había recibido algún castigo de sus profesores siendo estudiantes de educación básica y media, lo cual no debió ser así, pues algunos confesaron que se salieron de clases para irse a ver partidos de fútbol de la Champions, otros aseguran que participaron en pleitos a puño limpio contra otros compañeros, algunos llevaban ropa para cambiarse e irse de “joda”, señoritas que se maquillaban en plena clase, algunos que se dedicaban en clase a hacer videos para subir a las redes sociales, otros que organizaban competencias para ver quienes fastidiaban más al profesor de turno, otros que llevaban cigarrillos y hasta licor y drogas, etc.

    Ninguno de los estudiantes había barrido a trapeado el salón de clases. Cuando les conté que en mis tiempos de estudiante de básica los estudiantes éramos los responsables de la limpieza del aula y sus alrededores lo vieron como algo extraño o producto del “mundo cavernícola”. Pues si, los alumnos aprendimos sobre la importancia de cuidar las cosas y la relevancia de la limpieza, siendo los responsables de asear  el aula y los pasillos. Los profesores hacían un calendario y nos distribuían a los alumnos para que un día a la semana o cada quincena hiciéramos la limpieza bajo su supervisión. Ese día llegábamos un poco más temprano para sacudir, barrer, trapear, ordenar los pupitres, asear la pizarra y garantizar que en el patio y los alrededores todo estaba limpio.

    A los alumnos nos hacían hacer fila para entrar al salón y nos revisaban los zapatos, el uniforme, las uñas y el cabello para saber si íbamos bañados y ordenados. Las niñas no podían maquillarse, so pena de ser castigadas. Los castigos por pelear o demostrar cualquier tipo de conducta anómala, desde llegar tarde o levantarle la voz a nuestros compañeros y profesores hasta portarnos mal, eran plantones a cielo abierto, cientos de líneas, reglazos y  expulsiones con la obligación de regresar a le escuela con nuestros padres o responsables. Generalmente el castigo se duplicaba o triplicaba en nuestros hogares porque a los maestros se les respetaba,

    Nadie de mis excompañeros se queja de  nuestra vida escolar, al contrario atesoramos esos recuerdos y agradecemos a nuestros maestros por habernos inculcado valores y enseñarnos con mucha disciplina. El sistema educativo de entonces priorizaba la enseñanza y el fomento de valores. Nos dejaban ser niños y adolescentes, pero nos inculcaban el respeto hacia lo demás. Por eso nuestras travesuras escolares eran sanas y hoy tienen mucha relevancia en nuestra añoranzas  infancia y adolescencia.

    Los lunes de todo el año lectivo, no solo en septiembre, practicábamos el civismo y el amor a la patria. Nos formaban en fila y en orden nos dirigíamos al acto cívico, cada vez organizado por diferente grado.  Era la mejor forma de generar esa sensación de ligamen y pertenencia a nuestra patrita. Precisamente cuando iba a segundo grado, siendo el alumno de más tierna edad y relativamente muy inteligente, me escogieron para que el 15 de septiembre recitara la Oración a la Bandera Salvadoreña, la cual me la aprendí, con la guía de mi mamá, en menos de una semana. Todos los días la practicaba en mi casa y en el aula. Llegado el momento, con el miedo escénico de un niño, la recité de corrido y sin pausas para que el público repitiera.

    Hoy me parece lejano aquel sistema educativo. El civismo y el respeto a los maestros pasó a segundo plano. A alguien se le ocurrió eliminar los lunes cívicos y con el marco normativo de los Derechos de la Niñez, el sistema educativo eliminó los castigos, Inclusive, algunos maestros han sido sancionados y hasta despedidos, por haber tratado de sancionar a los alumnos mal portados. Algunos alumnos y padres de familia amenazan a los profesores con denunciarlos si se atreven a castigar, incluso si se atreven a regañarlos.

    Eliminadas las facultades que tenían los maestros para sancionar las malas conductas, las pandillas fueron encontrando un “caldo de cultivo” para sus nocivas intenciones y lograron reclutar a  muchos niños y adolescentes. Este fue un factor, entre muchos, que contribuyó  a ese cáncer nocivo de la sociedad,

    Ahora está en boga la manipulación de conciencias (especialmente de  niños y adolescentes, a veces hasta con el consentimiento de padres de familia irresponsables e indolentes) debido al mal uso de las redes sociales. Desde los Therians, pasando por lo que actúan según se perciben, hasta los que promueven el sinsentido de “farmear aura”  inician en los hogares y siguen en los espacios de los centros educativos, donde los maestros no pueden intervenir por miedo a sanciones y represalias. “Le dije a un grupo de estudiantes que dejaran de hacer eso (”farmear aura”) y uno me amenazó con denunciarme en la Departamental de Educación por abuso de autoridad o con hacerme un video y subirlo a las redes sociales como maestra represiva” me contó una profesora de tercer ciclo de un centro escolar capitalino.

    El Estado debe reevaluar algunas transversalidades del sistema educativo y devolver la autoridad al maestro (con las supervisiones adecuadas), debe además prohibir el uso de redes sociales y teléfonos celulares en el seno de los centros escolares, debe volver a instaurar el civismo y garantizar que los grandes consorcios que manejan las redes sociales serán rígidas con las edades de sus usuarios salvadoreños.

    Un estudiante universitario debe sentirse orgulloso de conocer la historia patria, no de haber  participado en un concurso inútil de “farmear aura”. Y es que necesitamos profesionales que sepan que el departamento se llama La Unión y no Santa Rosa de Lima, como se lo escuché hace poco a un dizque periodista deportivo que además señaló que  Cabo Verde esta estaba en Oceanía.

    *Jaime Ulises Marinero/Periodista

     

  • La dictadura de Nicaragua prohíbe a opositores participar en elecciones

    La dictadura de Nicaragua prohíbe a opositores participar en elecciones

    La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó el martes en primera legislatura una reforma constitucional que amplía a siete años los mandatos de cargos de elección popular y excluye de las candidaturas y puestos públicos a las personas calificadas como “traidores a la patria”, en referencia a opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    La enmienda fue respaldada por unanimidad mediante votación a mano alzada durante una sesión especial celebrada en León, al noroeste del país. El artículo 47 establece que no podrán competir por puestos de elección popular ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», denominación utilizada por el Gobierno contra opositores y críticos.

    Según la información proporcionada, al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados han sido incluidos bajo esa calificación, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. La prohibición también alcanza a quienes hayan tenido algún tipo de vinculación con la planificación, financiamiento, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o uno consumado.

    La reforma también impedirá ocupar cargos públicos a quienes sean señalados de menoscabar la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz de Nicaragua, promover una intervención extranjera, recibir financiamiento del exterior o respaldar bloqueos y sanciones contra el Estado, sus instituciones o ciudadanos.

    Las personas comprendidas en estas prohibiciones tampoco podrán integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. Para entrar en vigor, la reforma impulsada por Daniel Ortega deberá recibir una segunda aprobación durante la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027.

    La modificación constitucional establece además períodos de siete años para los «copresidentes» de la República (la pareja Ortega-Murillo), diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, así como para el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y de la Policía.

    Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y anteriormente coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidió el país entre 1985 y 1990. Desde una reforma constitucional aprobada en 2025, dirige el Ejecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, bajo la figura de copresidentes.

    Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero las modificaciones constitucionales ampliaron el período presidencial y trasladaron los comicios hacia noviembre de 2027. La nueva reforma fue aprobada después de que Ortega afirmara el pasado 19 de julio que en su país «no volverá a haber elecciones».

     

  • Millones de niños ucranianos vuelven a clases bajo ataques rusos

    Millones de niños ucranianos vuelven a clases bajo ataques rusos

    Unos 2.2 millones de niños ucranianos regresaron el martes a las escuelas después de las vacaciones de verano, mientras otros 1.4 millones reanudaron sus estudios mediante clases a distancia o bajo un sistema híbrido en medio de los constantes ataques rusos contra Ucrania.

    Algunos centros educativos realizaron breves ceremonias para inaugurar el curso pese a las recomendaciones oficiales de evitar concentraciones masivas.

    “A mis hijos les gusta la escuela, ¿pero quién de verdad quiere que termine el verano?”, dijo a EFE Anastasia Zolotariova, residente de Petropavlivska Borshchahivka, en el distrito de Bucha, región de Kiev.

    Las condiciones de seguridad obligaron a varias escuelas públicas a suspender sus actos y comenzar el año mediante internet.

    “Algunas escuelas públicas han suspendido las ceremonias. Harán clases por internet durante la primera semana y luego verán cómo está la situación”, dijo Zolotariova. La escuela de sus hijos incluso preparó un refugio antiaéreo para realizar la ceremonia en caso de activarse las alarmas.

    Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, 423 instituciones educativas fueron destruidas y otras 4,227 resultaron dañadas, según datos oficiales ucranianos. El Ministerio de Educación informó que alrededor del 80 % de las escuelas dispone actualmente de acceso a refugios antiaéreos.

    Sin embargo, la proximidad de algunas ciudades al frente dificulta que los alumnos puedan resguardarse a tiempo ante los ataques. Entre 700,000 y 800,000 menores reciben actualmente educación híbrida, alternando durante la semana entre clases presenciales y remotas. Este sistema funciona, entre otros lugares, en Járkov, donde operan decenas de escuelas subterráneas.

    Otros 200,000 estudiantes residentes cerca de las líneas de combate tendrán clases completamente remotas, mientras unos 400,000 niños ucranianos refugiados en el extranjero también continuarán su educación a distancia, según la diputada Irina Borzova. Los ataques rusos destruyeron además recientemente 1.2 millones de libros de texto, que serán reemplazados temporalmente por versiones digitales mientras se imprimen nuevos ejemplares.

    Una de las comunidades donde las clases presenciales dejaron de ser una alternativa es Gontarivka, en la región de Járkov, situada a unos 15 kilómetros del frente. Su instituto quedó completamente destruido y tanto profesores como estudiantes abandonaron el pueblo, aunque mantienen las actividades académicas mediante una plataforma digital.

    “A pesar de todo estamos trabajando y eso es lo más importante”, dijo a EFE su directora, Liudmila Mironenko.

    La educadora aseguró que continuarán impartiendo clases pese a la destrucción de las instalaciones y los ataques que todavía afectan a la localidad. “Los rusos creen que nos destruirán, pero esto no ocurrirá. Seguiremos enseñando a nuestros niños pase lo que pase”, dijo Mironenko desafiante.

     

  • Lionel Messi ha construido una fortuna de $1,000 millones fuera del fútbol

    Lionel Messi ha construido una fortuna de $1,000 millones fuera del fútbol

    El retiro de Lionel Messi de la selección argentina marca el final de una etapa deportiva que avanzó paralelamente a la construcción de un patrimonio familiar estimado en $1,000 millones, sustentado en sus ingresos como futbolista, acuerdos publicitarios e inversiones en los sectores inmobiliario, hotelero, gastronómico y deportivo.

    Según Forbes, Messi obtuvo durante 2025 unos $135 millones, procedentes de su contrato con el Inter Miami y sus diferentes acuerdos comerciales. Su trayectoria con Argentina, con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias durante más de 20 años, fortaleció una imagen que atrajo a numerosas marcas desde su etapa en el Barcelona.

    En la administración de ese patrimonio desempeñó un papel fundamental su padre y representante, Jorge Messi, quien diversificó los ingresos obtenidos por el futbolista hacia inversiones como clubes de campo, edificios y hoteles de lujo. Medios especializados calculaban en mayo de 2026 que la fortuna familiar había alcanzado los $1,000 millones.

    La gestión económica de la familia también enfrentó problemas judiciales. Lionel Messi declaró en 2013 ante tribunales españoles que su padre era responsable de sus cuentas durante un proceso por fraude fiscal superior a $5.8 millones. Ambos fueron condenados en 2016 a 21 meses de prisión, una pena que no implicó su ingreso a la cárcel por carecer de antecedentes.

    Entre los principales activos familiares figura la cadena MiM Hotels, con establecimientos en diferentes destinos turísticos de España y operada por Meliá desde finales de 2025. Messi también incursionó en proyectos inmobiliarios junto a Ángel Di María mediante la construcción de viviendas en Rosario, ciudad natal de ambos futbolistas.

    Las inversiones alcanzaron además al fútbol. Messi y el uruguayo Luis Suárez fundaron el Deportivo LSM en Uruguay, mientras la familia posee el Unió Esportiva Cornellà, de la quinta división española. En Argentina, Matías Messi, hermano del futbolista, preside el Leones FC, que compite en la Primera C.

    El grupo familiar también participa en restaurantes ubicados en Rosario y Barcelona, entre otras ciudades. Lionel Messi amplió recientemente su presencia en este sector al incorporarse como socio de la cadena argentina El Club de la Milanesa, que pretende expandir sus operaciones hacia España. La firma Limecu España 2010, encabezada por su hermano Rodrigo Messi y registrada en Andorra, conecta parte de la estructura empresarial familiar.

    Messi reconoció en noviembre de 2025 que todavía estaba comenzando su aprendizaje en el mundo de los negocios. Durante su participación en el American Business Forum de Miami afirmó: «El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto».

     

  • La incertidumbre de los salvadoreños con el TPS

    La incertidumbre de los salvadoreños con el TPS

    Más de 200,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal han construido durante décadas una vida productiva en Estados Unidos, donde trabajan, pagan impuestos y sostienen a sus familias.

    Mientras se aproxima una nueva fecha decisiva para el programa, una eventual deportación masiva no solo tendría consecuencias humanas: también afectaría a la economía estadounidense y podría ejercer una fuerte presión sobre El Salvador, un país que ha avanzado notablemente en seguridad, pero que todavía enfrenta importantes desafíos económicos.

    El Estatus de Protección Temporal (TPS) ha acompañado durante décadas la historia de miles de familias salvadoreñas en Estados Unidos. El Salvador fue el primer país cuyos ciudadanos pudieron acogerse a una protección temporal en 1990, en momentos en que el conflicto armado hacía peligroso el retorno.

    Desde entonces las circunstancias del país han cambiado considerablemente, pero más de 200,000 salvadoreños beneficiarios del TPS vuelven a encontrarse ante la incertidumbre sobre su futuro, mientras se aproxima el 9 de septiembre, fecha prevista para la terminación de la designación y de sus beneficios asociados.

    Sería un error analizar esta discusión únicamente desde la perspectiva migratoria. Los salvadoreños beneficiarios del TPS llevan años, y en muchos casos décadas, trabajando y construyendo sus vidas en Estados Unidos. Pagan impuestos, compran viviendas, crean negocios, consumen bienes y servicios y forman parte de la fuerza laboral estadounidense. Sus hijos han crecido en ese país y sus familias están profundamente integradas en las comunidades donde viven. Reconocer ese aporte no significa ignorar las facultades del Gobierno estadounidense en materia migratoria, sino valorar las consecuencias económicas y sociales que tendría prescindir abruptamente de una población productiva y establecida.

    Ese aporte también cruza fronteras. El trabajo de los salvadoreños en Estados Unidos constituye una fuente fundamental de ingresos para miles de hogares en El Salvador mediante las remesas. Ese dinero ayuda a pagar alimentación, vivienda, educación, salud y pequeños emprendimientos, al tiempo que sostiene el consumo interno y aporta divisas a la economía nacional. Por ello, una deportación a gran escala tendría un doble impacto: Estados Unidos perdería trabajadores y contribuyentes, mientras El Salvador podría experimentar una reducción de remesas al mismo tiempo que tendría que absorber a decenas de miles de retornados.

    Es cierto que El Salvador de hoy es muy diferente al de décadas anteriores. La recuperación de la seguridad constituye uno de los cambios más importantes de los últimos años. La reducción de la violencia y el mayor control territorial han transformado la vida cotidiana de numerosas comunidades y han abierto oportunidades para el turismo, la inversión y la actividad empresarial. Esos avances deben reconocerse. Sin embargo, una mejor situación de seguridad no significa que hayan desaparecido todos los factores que hacen complejo el retorno de una población tan numerosa. El empleo, los salarios, el costo de vida y la capacidad de la economía para generar suficientes oportunidades continúan siendo desafíos fundamentales.

    Por esa razón, una deportación masiva podría poner a prueba precisamente los avances que El Salvador busca consolidar. Recibir en un período relativamente corto a más de 200,000 personas supondría una presión considerable sobre el mercado laboral, los servicios públicos, la vivienda y las redes familiares. Muchos beneficiarios del TPS dejaron el país hace décadas y han desarrollado prácticamente toda su vida económica en Estados Unidos. Su reinserción no sería automática. A esto habría que sumar el impacto que una reducción de sus ingresos en Estados Unidos tendría sobre las familias que actualmente dependen de sus remesas.

    Todavía existe espacio para evitar un desenlace abrupto. La administración del presidente Donald Trump debería considerar una nueva extensión del TPS que permita abordar el tema de manera ordenada y responsable. El Gobierno salvadoreño, por su parte, debe intensificar su diálogo con Washington y defender los intereses de sus ciudadanos, mientras las organizaciones de la diáspora deberían continuar acercándose tanto a legisladores republicanos como demócratas. Una extensión adicional no tendría que interpretarse como la solución definitiva, sino como un período razonable para buscar una salida que tome en cuenta la realidad de personas que llevan décadas contribuyendo a Estados Unidos.

    Al mismo tiempo, el Congreso estadounidense debería retomar la discusión de una solución legislativa de largo plazo para quienes cumplen los requisitos y han demostrado durante años arraigo, trabajo y respeto a las leyes.

    El futuro de los salvadoreños bajo TPS merece, por tanto, una decisión que considere tanto la realidad migratoria como la económica. Estados Unidos se ha beneficiado durante décadas del trabajo, los impuestos y el espíritu emprendedor de esta comunidad; El Salvador, a su vez, se beneficia de las remesas y de los vínculos económicos de su diáspora.

    El presidente Nayib Bukele tiene razones para plantear directamente este asunto al presidente Trump, y Washington tiene razones económicas y sociales para escucharlo.

  • Juez hondureño absuelve a expresidente Juan Orlando Hernández en sonado caso de corrupción

    Juez hondureño absuelve a expresidente Juan Orlando Hernández en sonado caso de corrupción

    Un juez de Tegucigalpa ordenó este martes el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, con lo que cerró el proceso que enfrentaba por presunto fraude y lavado de activos tras su regreso al país en julio.

    “En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado”, informó el Poder Judicial hondureño.

    La institución explicó que la decisión fue adoptada porque la prueba presentada durante la audiencia “no determinó participación del imputado en los hechos investigados”. La Fiscalía había solicitado admitir las pruebas y dictar un auto de formal procesamiento contra Hernández, pero la petición fue rechazada.

    El proceso estaba relacionado con Pandora I, una investigación sobre una presunta red de exfuncionarios vinculada con la ampliación y aprobación, entre 2010 y 2013, de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras, equivalentes a $10.8 millones, destinados a diferentes fundaciones.

    Hernández se puso a disposición de la justicia hondureña el pasado 3 de agosto. Durante una audiencia de imputación recibió medidas diferentes a la prisión, aunque se le prohibió abandonar Honduras. La audiencia inicial comenzó el 12 de agosto, pero fue suspendida en tres ocasiones antes de retomarse este martes.

    Seguidores del exmandatario se concentraron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia durante la audiencia. “Hoy (martes) se cierra este capítulo de persecución política, cerramos el de Estados Unidos, se está cerrando este”, expresó el expresidente después de conocer la resolución judicial.

    Hernández regresó a Honduras el 26 de julio, cuatro años después de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. En junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión, pero posteriormente recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump y recuperó su libertad.

    El exmandatario, de 57 años, gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Con el sobreseimiento definitivo, la justicia hondureña cerró el proceso por fraude y lavado de activos que permanecía abierto contra Hernández, al considerar que las pruebas presentadas no establecieron su participación en los hechos investigados.

     

  • El ministro de Justicia de Perú aboga por la construcción de cárceles siguiendo el modelo salvadoreño

    El ministro de Justicia de Perú aboga por la construcción de cárceles siguiendo el modelo salvadoreño

    El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, planteó este martes la construcción de nuevas cárceles inspiradas en el modelo implementado en El Salvador, como parte de las medidas que analiza el Gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria y los problemas de seguridad.

    Álvarez explicó en una entrevista con la agencia Andina que propone construir cárceles «tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador», aunque precisó que estos establecimientos estarían destinados a personas privadas de libertad que no representen un elevado peligro para la sociedad.

    «Esas personas deben ir a un penal de mínima seguridad para poder trabajar durante el día (…) para reducir mediante beneficios penitenciarios su propia pena y tener una salida laboral para después. Los grandes penales, los que ya han sido construidos para tener seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre», sostuvo.

    Para los internos considerados de alta peligrosidad, el funcionario propone condiciones diferentes. Álvarez sostuvo que «no deben tener ningún tipo de beneficio penitenciario» y deberían permanecer bajo «regímenes sumamente estrictos», incluyendo fuertes restricciones a las visitas.

    «Aquellas personas que han demostrado que no merecen seguir viviendo en comunidad, en la sociedad peruana, deben tener severas restricciones para separar, efectivamente, los no violentos de los violentos, cosa que no ocurre en las cárceles actualmente», dijo durante la entrevista.

    El ministro indicó que algunos gobernadores regionales ofrecieron terrenos para levantar nuevos centros penitenciarios alejados de las ciudades. A su juicio, el incremento de la criminalidad obliga al Estado peruano a disponer de más instalaciones tanto para personas que ingresan por primera vez al sistema penitenciario como para delincuentes considerados peligrosos.

    Álvarez señaló que el Gobierno dispone de un terreno para un segundo penal en Ica y analiza ampliar establecimientos de alta seguridad. También defendió mantener en funcionamiento el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en el departamento de Tacna, mientras se estudia la construcción de otros centros con tecnología y cooperación extranjera.

    El funcionario agregó que las reformas no se limitarían a la infraestructura penitenciaria, sino que incluirían modificaciones al Código Procesal Penal y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El Ejecutivo pretende impulsar estos cambios mediante decretos legislativos para modificar el funcionamiento actual del sistema carcelario peruano.