Autor: Alvaro Cruz

  • Unos 920 mil migrantes salvadoreños están en condición irregular en EE.UU.

    Unos 920 mil migrantes salvadoreños están en condición irregular en EE.UU.

    Alrededor de 920,000 salvadoreños vivían en condición migratoria irregular en Estados Unidos durante 2024, lo que convierte a El Salvador en el cuatro país con mayor número de migrantes sin autorización legal, detrás de México, con 5.5 millones, de Guatemala, con 1.525 millones, y Honduras, con 1.349 millones, según un estudio del Migration Policy Institute (MPI).

    El estudio revela que la población de inmigrantes en condición migratoria irregular en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 15.8 millones de personas a mediados de 2024.

    La investigación señala que la población migrante irregular procedente de Centroamérica aumentó de 2.051 millones en 2019 a 4.304 millones en 2024, un incremento de 2.253 millones de personas en cinco años. El estudio atribuye este crecimiento a factores como la violencia, la inestabilidad política, las dificultades económicas y el aumento de los desplazamientos en la región.

    De acuerdo con el MPI, el crecimiento de la población migrante irregular también estuvo impulsado por las elevadas llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México durante la administración del expresidente Joe Biden, así como por programas de permanencia temporal, como el parole humanitario, que permitieron a miles de personas ingresar y permanecer legalmente por un período determinado mientras resolvían su situación migratoria.

    El estudio destaca que la composición de la migración irregular cambió de forma significativa en los últimos años. Aunque México sigue siendo el principal país de origen, su participación dentro del total cayó del 62 % en 2010 al 35 %en 2024. En contraste, Centroamérica incrementó su participación del 15 % al 27 %, impulsada principalmente por el aumento de migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

    Asimismo, el MPI estima que hasta 6.3 millones de inmigrantes, equivalentes al 40 % de la población irregular, contaban a mediados de 2024 con alguna protección temporal contra la deportación, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), el programa DACA, el parole humanitario o una solicitud de asilo pendiente de resolución.

    El informe advierte que ese escenario comenzó a cambiar durante 2025, debido al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump. Entre las medidas destacan la cancelación de programas de parole humanitario, el incremento de las deportaciones y una reducción significativa de los cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos.

    Los investigadores consideran que, si se mantienen los bajos niveles de ingresos irregulares y aumentan las deportaciones, la población migrante indocumentada podría estabilizarse o incluso comenzar a disminuir a partir de 2026. No obstante, subrayan que millones de personas, entre ellas miles de salvadoreños, continúan a la espera de resoluciones en procesos de asilo o bajo otras figuras de protección migratoria temporal.

     

  • Moody’s eleva la calificación del BCIE y mejora perspectiva positiva

    Moody’s eleva la calificación del BCIE y mejora perspectiva positiva

    La agencia Moody’s Ratings elevó la calificación crediticia de largo plazo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de «Aa3» a «Aa2» y, además, le asignó una perspectiva positiva, un reconocimiento que fortalece la posición del organismo como uno de los principales bancos multilaterales de desarrollo de la región.

    Con esta decisión, el BCIE acumula siete acciones positivas de calificación entre 2025 y 2026, reflejo de una mejora sostenida en su perfil financiero e institucional. Moody’s destacó que el banco fortaleció de forma estructural su posición financiera gracias a una mayor adecuación de capital, una cartera de crédito más diversificada y avances en materia de gobernanza.

    La calificadora también resaltó la reducción de la concentración del riesgo crediticio, impulsada por la implementación de los Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEAs) durante 2025 y 2026. Según el informe, estas medidas mejoraron la calidad del balance del BCIE y reforzaron su perfil crediticio, acompañado por un historial de liquidez sólida, acceso constante a los mercados internacionales y una tasa de mora de 0 %.

    La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, aseguró que la nueva calificación representa un respaldo a la estrategia implementada por la institución.

    “Esta mejora a ‘Aa2’ por parte de Moody’s se suma a las otorgadas en el último año por parte de S&P Global Ratings y Japan Credit Ratings desde “AA” hasta “AA+”, y confirma que las principales agencias calificadoras del mundo coinciden en la misma lectura: el BCIE va por la senda correcta. Más allá del reconocimiento, este hito de calificación refrenda la dirección estratégica que hemos tomado y complementa el voto de confianza que nuestros países miembros nos dieron a través del IX Incremento General de Capital”, dijo Sánchez.

    Moody’s también valoró la aprobación del IX Incremento General de Capital del BCIE, mediante el cual el capital autorizado de la institución aumentó de $7,000 millones a $10,000 millones. La medida incorpora a Panamá y República Dominicana como accionistas de la Serie «A» y abre la posibilidad de sumar nuevos socios con alta calificación crediticia, fortaleciendo la capacidad financiera del banco.

    La agencia indicó que la perspectiva positiva responde a la expectativa de que el BCIE continúe fortaleciendo sus niveles de capital, amplíe la diversificación de su cartera de préstamos y consolide una base accionaria más robusta. Asimismo, señaló que la incorporación de nuevos socios con elevada calidad crediticia podría traducirse en futuras mejoras de la calificación.

    El BCIE afirmó que estos resultados le permitirán acceder a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables y continuar financiando proyectos de desarrollo en los países miembros con costos más competitivos. La institución reiteró que mantendrá una política de gestión financiera prudente para respaldar el crecimiento económico y la inversión en Centroamérica y el resto de las naciones que integran el organismo.

    Con 66 años de trayectoria, el BCIE está integrado por 15 países miembros y se ha consolidado como la principal fuente multilateral de financiamiento para Centroamérica. En las últimas dos décadas, los proyectos financiados por la institución representan cerca del 50 % de los recursos provenientes de la banca multilateral destinados a la región, respaldados por las calificaciones AA+ de S&P Global Ratings, Aa2 con perspectiva positiva de Moody’s y AA+ de Japan Credit Ratings.

     

  • Las ventas de Walmart crecieron 2.4% en Centroamérica en el segundo trimestre de 2026

    Las ventas de Walmart crecieron 2.4% en Centroamérica en el segundo trimestre de 2026

    La división de Centroamérica de Walmart de México y Centroamérica (Walmex) cerró el segundo trimestre de 2026 con un crecimiento de 3.6 % en sus ingresos, al alcanzar $2.4 mil millones. El resultado estuvo respaldado por el aumento de las ventas en tiendas y la expansión de sus canales digitales.

    Las ventas en establecimientos con más de un año de operación crecieron un 2.4 % en la región centroamericana. La compañía explicó que este desempeño fue impulsado principalmente por un incremento del 2.3 % en el tráfico de clientes, mientras que el valor promedio de compra apenas aumentó un 0.1 %.

    Uno de los principales motores del crecimiento fue el comercio electrónico. Durante el segundo trimestre, el volumen bruto de mercancías (GMV) aumentó un 23.7 % respecto al mismo período de 2025, reflejando una mayor adopción de los canales digitales por parte de los consumidores centroamericanos.

    Pese al crecimiento de los ingresos, Walmex indicó que el margen bruto se redujo diez puntos básicos hasta situarse en 24.0 %. La empresa atribuyó este resultado a las inversiones estratégicas realizadas para ofrecer precios más competitivos en Centroamérica, como parte de su estrategia para fortalecer su posición en el mercado.

    Los gastos operativos aumentaron un 3.0 % y representaron el 17.4 % de los ingresos consolidados, debido a las inversiones destinadas a la apertura de nuevas tiendas y al fortalecimiento de la infraestructura de comercio electrónico. Como consecuencia, la utilidad operativa disminuyó un 1.4 %, mientras que el margen operativo cerró en 6.8 %.

    A nivel consolidado, Walmex reportó ingresos por $14.2 mil millones, un incremento interanual del 1.9 %. El EBITDA ascendió a  $1.4 mil millones, mientras que la utilidad neta se ubicó en $638 millones, un 0.7 % menos que en el mismo período del año anterior.

    «Si bien el consumo aún es débil, seguimos enfocados en lo que podemos controlar, con una ejecución disciplinada de nuestras tres prioridades de negocio, lo que lleva a un crecimiento por delante del mercado y un crecimiento sustentable a largo plazo”, dijo el presidente y director ejecutivo de Walmex, Cristian Barrientos Pozo.

    Al cierre de junio de 2026, la empresa operaba 954 tiendas en Centroamérica y durante el segundo trimestre inauguró dos nuevas unidades en la región, como parte de su estrategia de expansión.

     

  • Brasileños culpan más a jugadores que a Ancelotti por la eliminación en el Mundial 2026

    Brasileños culpan más a jugadores que a Ancelotti por la eliminación en el Mundial 2026

    Los jugadores de la selección de Brasil cargan con la mayor responsabilidad por la eliminación de la Canarinha en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, según una encuesta de la firma Datafolha divulgada este jueves. El estudio muestra que las críticas de los aficionados se concentraron principalmente en el plantel y, en menor medida, en el entrenador Carlo Ancelotti.

    El sondeo reveló que un 47 % de los consultados considera que los futbolistas fueron los principales responsables de la eliminación frente a Noruega. En contraste, un 22 % señaló al cuerpo técnico encabezado por Ancelotti, mientras que un 18 % responsabilizó a la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

    La investigación también reflejó el descontento de la afición tras la eliminación de Brasil en los octavos de final, una instancia en la que no caía desde el Mundial de 1990. Para un 36 % de los entrevistados, el rendimiento del equipo estuvo «muy por debajo» de las expectativas, mientras que un 24 % opinó que estuvo «un poco por debajo».

    En sentido contrario, únicamente un 5 % consideró que el desempeño fue «un poco por encima» de lo esperado y apenas un 3 % afirmó que estuvo «muy por encima», lo que evidencia el bajo nivel de satisfacción con la participación de la selección brasileña en el torneo disputado en Norteamérica.

    Aunque la eliminación generó fuertes críticas, la imagen de Carlo Ancelotti sufrió un desgaste menor que el de otros entrenadores brasileños tras mundiales anteriores. Solo un 32 % calificó su trabajo como «mala o pésima», un nivel inferior al registrado por Tite, quien alcanzó un 38 % de desaprobación después del Mundial de 2022 y un 37 % tras Rusia 2018.

    La percepción negativa sobre Ancelotti, sin embargo, aumentó de forma considerable en los últimos meses. Entre abril y julio, la desaprobación de su gestión pasó del 12 % al 32 %, mientras que la evaluación positiva, catalogada como «excelente o buena», descendió del 28 % al 22 %.

    Pese a esa caída en la aprobación, el técnico italiano mantiene un importante respaldo entre los aficionados. Ancelotti llegó al Mundial con un contrato renovado hasta 2030 y esa decisión cuenta con el apoyo del 51 % de los encuestados, frente a un 37 % que preferiría un cambio en el banquillo de la selección brasileña.

    La encuesta de Datafolha se realizó entre el 22 y el 23 de julio mediante entrevistas a 2,004 personas mayores de 16 años. El estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %, por lo que ofrece un panorama sobre la percepción de los brasileños tras la temprana eliminación mundialista.

     

     

  • Crisis migratoria desborda la frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta

    Crisis migratoria desborda la frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta

    La frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta, enclavada en el norte de África, atraviesa una nueva crisis migratoria luego de que miles de personas intentaran cruzar hacia territorio español durante los últimos días. Este jueves, numerosos jóvenes marroquíes se concentraron en la zona fronteriza de Castillejos para tratar de superar la valla que separa ambos territorios, mientras en jornadas anteriores cientos buscaron llegar a nado y decenas perdieron la vida en el intento.

    Las autoridades de Ceuta estiman que entre 1,500 y 2,000 migrantes ingresaron a la ciudad durante los últimos diez días. El presidente del gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas, advirtió que esa cifra representa «el equivalente al 2 % de toda la población de Ceuta», lo que refleja la magnitud de la presión migratoria sobre una ciudad con poco más de 83,000 habitantes.

    La emergencia también quedó evidenciada este miércoles, cuando Salvamento Marítimo rescató a más de 300 migrantes de entre 18 y 30 años. Ese mismo día, unas 800 personas, en su mayoría marroquíes y argelinas, intentaron alcanzar Ceuta por mar, aunque gran parte fue interceptada por patrulleras marroquíes. Además, la Guardia Civil recuperó los cuerpos de dos migrantes fallecidos durante la travesía.

    Con estos hallazgos, el número de migrantes muertos en el litoral ceutí asciende a 29 en lo que va del año, de los cuales 10 fueron encontrados durante julio. No obstante, Vivas aseguró que han aparecido en el mar «sesenta cadáveres en el último mes». Aunque la situación mantiene en alerta a las autoridades, todavía está lejos de la crisis registrada en 2021, cuando unas 10,000 personas ingresaron a Ceuta en medio de un conflicto diplomático entre España y Marruecos.

    Especialistas consideran que uno de los factores que impulsó el aumento de intentos de ingreso fue la reciente decisión del Tribunal Supremo de España, que determinó que la legislación de extranjería no permite aplicar las llamadas «devoluciones en caliente» a los migrantes interceptados en alta mar.

    A ello se suma el denominado «efecto llamada», impulsado por mensajes difundidos en redes sociales por jóvenes que ya emigraron a España, según explicó el presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, Mohamed Benaissa.

    La presión migratoria también provocó una crisis humanitaria en Ceuta. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado para albergar a 512 personas, opera por encima de su capacidad, mientras que el área destinada a menores registra una sobreocupación del 2,400 %. Ante este escenario, Vivas calificó la situación como una «absoluta emergencia humanitaria y social» y solicitó apoyo financiero al Gobierno español, además del cierre «urgente e inaplazable» de la frontera.

    Para contener la crisis, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación bilateral y aplicar medidas que permitan acelerar la repatriación de las personas que ingresaron irregularmente a Ceuta.

    El Gobierno español destacó la «ejemplar colaboración» entre ambos países en materia migratoria, mientras el presidente Pedro Sánchez afirmó: «Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible». Por su parte, fuentes oficiales marroquíes confirmaron el compromiso de revisar y ejecutar los procedimientos de devolución «a la mayor brevedad posible».

    La respuesta de ambos gobiernos generó críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, advirtió que «La colaboración no puede traducirse en una entrega sin atender las circunstancias de cada persona» y sostuvo que Marruecos «no es un país seguro». Asimismo, la Instancia Democrática Marroquí de Derechos Humanos calificó la situación como el resultado de un «fracaso político estructural».

    «Lo que está ocurriendo no es un hecho aislado ni una crisis pasajera, sino el resultado directo de un fracaso político estructural y de la acumulación de políticas públicas injustas que han profundizado las desigualdades sociales», dijo Valiente.

  • Tokenización de activos impulsa nuevas oportunidades de financiamiento en El Salvador

    Tokenización de activos impulsa nuevas oportunidades de financiamiento en El Salvador

    El Salvador continúa consolidándose como uno de los principales referentes de Latinoamérica en el desarrollo de activos digitales, impulsado por la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), un marco regulatorio que, según Bitfinex Securities, abre nuevas oportunidades para que empresas, emprendedores e inversionistas accedan a mecanismos de financiamiento mediante la tokenización de activos.

    La compañía explicó que la tokenización permite transformar activos del mundo real, como proyectos inmobiliarios, infraestructura, deuda corporativa, capital o ingresos futuros, en activos digitales registrados en tecnología de libro mayor distribuido. Con ello, las empresas pueden acceder a nuevas fuentes de liquidez, reducir costos de financiamiento y atraer inversión internacional.

    De acuerdo con el Informe de Inclusión en el Mercado para Latinoamérica elaborado por Bitfinex Securities, esta tecnología dejó de ser un concepto teórico para convertirse en una herramienta que impulsa la inclusión financiera y facilita la captación de capital en la región. El documento sostiene que el modelo puede beneficiar tanto a emprendimientos como a grandes compañías.

    El gerente de Desarrollo de Negocios para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex, Fabián Delgado, aseguró que “La tokenización representa el mayor cambio en los mercados de capitales desde el desarrollo de la línea de producción. No es simplemente una innovación tecnológica, sino una nueva infraestructura financiera capaz de sortear las limitaciones estructurales que históricamente han excluido a inversores más pequeños e impuesto costes desproporcionados a los emisores”.

    Según la empresa, entre las principales ventajas de este modelo destacan la reducción de los tiempos operativos, la disminución de los costos de emisión y la posibilidad de movilizar activos productivos para obtener financiamiento. Además, señala que procesos que tradicionalmente tardaban meses pueden ejecutarse en cuestión de minutos gracias a la digitalización y automatización de operaciones.

    Bitfinex Securities indicó que El Salvador ofrece uno de los entornos regulatorios más avanzados de la región al establecer plazos definidos para la revisión de emisiones bajo la LEAD. La compañía sostiene que esta certeza jurídica facilita la creación de instrumentos financieros tokenizados y fortalece la conexión entre empresas locales y mercados internacionales de capital.

    El informe también analiza el avance de la tokenización en otros países latinoamericanos. Brasil apuesta por la automatización de procesos regulatorios mediante tecnología de libro mayor distribuido; Argentina impulsa la tokenización de fideicomisos financieros y fondos de inversión bajo los lineamientos de su regulador, mientras que Colombia busca ampliar el acceso al mercado de capitales mediante la propiedad fraccionada de activos digitales.

    Para Bitfinex Securities, la tokenización representa una oportunidad para que las empresas latinoamericanas optimicen sus estrategias de financiamiento, reduzcan costos de capital y accedan directamente a inversionistas internacionales. La firma sostiene que tanto la infraestructura tecnológica como el marco legal ya están disponibles, por lo que considera que esta transformación financiera ya comenzó en El Salvador y continuará expandiéndose en la región.

     

  • Cae el telón

    Cae el telón

    No es ninguna sorpresa la decisión del actual gobierno de Nicaragua de hacer mutis en la cuestión electoral. Desde hace años el terreno electoral era quebradizo, desequilibrado y excluyente. Lo de ahora es solo un ladrillo más que se quita.

    Ortega y sus ‘lumbreras’ políticas que lo asesoran (¿tendrá algo como eso?) ¿qué estarán pensando? ¿Acaso sueñan con un escenario límpido de adversarios y donde solo las voces quejumbrosas de Ortega y de su consorte se escuchen? ¿O ya deambulan platicando con el viento?

    A estas alturas, el octogenario Daniel Ortega ya no está, como la Magdalena, para tafetanes. Se ha de levantar cada mañana con el peso insoportable del sopor de la soledad política en la que se encuentra. Ese régimen político se ha quedado ya sin cuerda, aunque en términos de actividad económica general a Nicaragua no le va mal.

    Desde el campo opositor, sin embargo, hay poca visión aguda para apreciar con cuidado el momento actual y actuar en consonancia. Los egos, las engañifas, los lentes empañados, las ambiciones apenas ocultadas… han impedido que se configure un tejido organizativo político-social que, dentro y fuera de Nicaragua, sepa sentar las bases para articular una propuesta viable para sacar a ese país del pozo profundo en el que se encuentra.

    Aunque no lo diga, Ortega sabe que ha llegado la hora de quitar la carpa. Y la decisión de suprimir de manera formal la dimensión electoral tal y como estaba establecida (en los hechos, ya lo electoral no era algo sustantivo), es un intento ingenuo, tardío y peligroso con el que se pretende postergar el inevitable declive de un proyecto político autoritario que se ha quedado sin aire. Y no importa si después dicen que nadie entendió el trabalenguas de su visión electoral. Lo real es que este régimen ya está maniatado por su propia mano. El libreto se acabó y sacan de la chistera lo que pueden.

    ¿Qué viene? Pues nada. La inercia de un previsible despellejamiento. Capa por capa, hasta que solo queden los puros huesitos.

    Dentro del antiguo sandinismo, Bayardo Arce era lo último que tenía, y Ortega lo metió preso.

    Lo sucedido en enero pasado en Venezuela, al incursionar las tropas norteamericanas y llevarse a Maduro a los empellones, pareciera que Ortega no lo ha procesado con claridad. Nicaragua no tiene ese ‘océano’ de petróleo de Venezuela ni Ortega anda alardeando a los cuatro vientos su animadversión contra Trump. ¿Y eso lo hace candidato para que no lo toquen? No. El actual modo de operar de la política exterior norteamericana es desquiciante, sin embargo, pareciera que ‘por ahora’ Ortega no constituye un ‘peligro’ inminente que haya necesidad de ‘extirpar’. El modo carnavalesco como Trump y Rubio atienden los casos de Cuba y Nicaragua no permite, aún, atisbar el tipo de decisiones que adoptarán (si lo hacen) con respecto a estos países.

    De cualquier modo, en Nicaragua ya no hay máscaras: todas han caído. Ortega no va más. ¿Y Rosario Murillo? La Chayo patea ya los 75 años y está flaca como un fideo. ¿Las elecciones de 2027 serán ‘sus’ elecciones? ¿Creerá que es cierto, que por fin será la presidenta de Nicaragua por los siglos de los siglos?

    ¿Y el Chigüín Ortega Murillo, es decir, el tenor Laureano? En realidad, es un chiste imaginar que se vaya a producir un ‘traspaso dinástico’.

    Cuando un proceso político se ha agotado, como el de Nicaragua, no resulta imposible pensar en que los cuarteamientos internos, las disidencias sordas y las inconformidades de los afectados por un régimen cerrado en un momento determinado, difícil de establecer, puedan converger en un torrente social.

    El gobierno nicaragüense, en términos políticos, no va para ningún lado.  Y esto, que ya no se puede ocultar, tiene consecuencias internas.

    Lo que sostiene en pie a los copresidentes Ortega y Murillo es la obediencia del Ejército y de la Policía. No el de la población en general. En este momento eso de buscar el ‘apoyo popular’ ya es una carta gastada.

    Lo de ampliar a 7 años el mandato presidencial es un movimiento de piezas inútil, si se piensa que los beneficiados son Ortega y Murillo.

    Quiere Ortega salir del atolladero político y se decidió a mover ficha. En los hechos, le está pasando la estafeta a la señora Murillo, pero esa papa caliente quizá no la pueda sostener durante mucho tiempo.

    Cae el telón y el escenario empieza a desmontarse, los personajes a salir de cuadro y la noche a crujir…

    •Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones

  • ¿“Bomba de tiempo”?

    ¿“Bomba de tiempo”?

    Al hablar de lo que determina a nuestro país en materia de emigración, establezcamos algo básico: esta “es alimentada por factores estructurales, tales como falta de oportunidades de empleo, inseguridad alimentaria, violencia, desastres, así como por factores de atracción que incluyen la reunificación familiar y las perspectivas de oportunidades de empleo en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos”. Eso se lee en la “Estrategia de la OIM para El Salvador 2023 – 2026”. ¿Por qué lo cito? Pues porque la Organización Internacional para las Migraciones –la OIM– como parte de las Naciones Unidas es, según afirma, el principal organismo en la materia; sus investigaciones, asegura, “orientan la adopción de políticas y prácticas migratorias y ponen a disposición conocimientos que permiten dar mejores respuestas en todo el mundo”.

    Partiendo de la caracterización señalada, debemos reconocer algo elemental: fuera de aquella que tiene los recursos y las posibilidades para viajar a otra nación para vacacionar o estudiar, por ejemplo, la gente no abandona su tierra de origen por hobby; tal decisión está relacionada con el conflicto en su diversidad de expresiones: sociales, económicas, políticas, bélicas y climáticas, por ejemplo. Todas estas tienen que ver con violaciones de derechos humanos que no afectan a las minorías privilegiadas, obviamente; quienes real y crudamente han padecido y padecen sus riesgos y consecuencias, pertenecen a las mayorías populares.

    Asomarse al mundo de las personas que han dejado atrás su terruño por la conflictividad señalada en alguna o varias de sus manifestaciones, irremediablemente nos ubica ante un drama de incalculables y dolorosos alcances. Por la persistencia de la injusticia estructural, dicha movilidad humana existe y seguirá existiendo sin que la frene el trayecto inseguro y traumático hacia un imaginario y soñado “mejor sitio donde vivir”, pese a la desintegración familiar y las enormes dificultades para reconstruir espacios vitales en medio de realidades que –por lo general– resultan ser diferentes y adversas. Súmense además las indignas condiciones de trabajo en las que se desenvuelven cantidades de personas que arriban a un país extraño y no cuentan con documentos migratorios que les amparen; añádase también el maltrato, la discriminación y la permanente amenaza de la deportación o la denigrante consumación de la misma.

    Así las cosas, es sabido que con la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025 la situación de mucha de la población que emigró a dicho país se volvió aún más dura. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas –conocido como ICE por sus siglas en inglés– arreció la cacería de personas en el desempeño frenético de su rol “policial”. En el marco de ese accionar, la llamada “migra” ha cometido atropellos brutales sin mayor contención;  ha habido, incluso, consecuencias fatales. Al temor de nuestra “paisanada” en ese entorno, súmese la preocupación actual por la renovación de los permisos de trabajo de quienes los poseen y la extensión del Estatus de Protección Temporal, más conocido como el “TPS”, para la gente que está bajo su amparo. A la fecha, no se sabe qué ocurrirá.

    Guardando la distancia y las proporciones, vuelven a mi mente situaciones conflictivas que generaron una considerable movilidad humana de retorno a El Salvador y de salida del mismo. La primera impuesta por los hechos de violencia ocurridos en Honduras antes de que se desatara la guerra con el país vecino en julio de 1969; muchísimas familias se vieron obligadas entonces a volver al suelo patrio, que habían abandonado buscando oportunidades para sobrevivir. Eso podría repetirse, producto de las decisiones de Trump. La otra está relacionada con lo acontecido en los tensos años previos al conflicto armado interno y durante los que duró este, principalmente a lo largo de la década de 1980; por la violencia política desatada y los combates militares, el desplazamiento forzado interno de buena parte de la población y la búsqueda de seguridad en territorios del norte de América fueron sobresalientes.

    Del segundo escenario, pecando de realista, no me atrevería a asegurar que la convulsiva historia regional es imposible que se repita. En Nicaragua la familia dictatorial suspende las elecciones; a Honduras regresa “triunfante” un expresidente narco, indultado por el inquilino actual de la Casa Blanca; en El Salvador, el autócrata “digital” está a punto de reelegirse por segunda vez para permanecer en el “trono” hasta ‒al menos‒ el 2033; en Costa Rica a este lo consideran ejemplo; en Guatemala, de su presidente se dice que no perdió el norte pues “nunca lo tuvo”. A ese panorama, agréguele la extendida pobreza y el crimen organizado transnacional. Por ello, cabe preguntarnos si nuevamente Centroamérica es o no una “bomba de tiempo”.

  • Futuro embajador de EEUU en El Salvador tiene una trayectoria en inteligencia y asuntos internacionales

    Futuro embajador de EEUU en El Salvador tiene una trayectoria en inteligencia y asuntos internacionales

    El futuro embajador estadounidense en El Salvador, Mark Joseph Abreu, tiene acumula casi tres décadas de trayectoria en los ámbitos de inteligencia, seguridad nacional, asuntos internacionales y liderazgo estratégico, según el “Certificado de Competencia Demostrada” remitido el miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos al Comité de Relaciones Exteriores del Senado para el proceso de confirmación del funcionario.

    Según Departamento de Estado, una parte importante de su carrera transcurrió en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde ejerció como jefe de estación en varios países de América Latina. En esos cargos dirigidos operaciones y personal de la agencia, desempeño por el que recibió reconocimientos como los Exceptional Performance Awards, Meritorious Unit Citations y condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros.

    Abreu, de origen puertorriqueño, ha trabajado en América Latina, Europa Occidental, el norte de África, Asia Oriental y Medio Oriente, coordinando esfuerzos entre organismos de inteligencia, fuerzas militares, agencias de seguridad, empresas tecnológicas y actores del sector privado para respaldar los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

    El Departamento de Estado también resalta que Abreu posee experiencia en el ámbito legislativo. Fue designado como oficial de enlace de la CIA con el Congreso y posteriormente fue Congressional Fellow en la oficina del entonces senador Marco Rubio, funciones que, según el informe, le permitieron adquirir un amplio conocimiento del proceso legislativo estadounidense.

    El expediente presentado al Senado añade que el nominado también sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde trabajó como agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI) y como comisionado oficial. Además, desarrolló parte de su carrera en el sector privado como consultor de gestión en la firma Booz Allen Hamilton.

    El documento sostiene que esa combinación de experiencia en los poderes Ejecutivo y Legislativo, junto con su trayectoria en inteligencia, defensa, seguridad, el Congreso y la empresa privada, le proporciona una perspectiva interinstitucional que lo convierte en un candidato con amplias credenciales para representar a Estados Unidos en El Salvador.

    Abreu obtuvo una licenciatura en la Academia de la Fuerza Aérea y una maestría en Administración de Empresas en Webster University. Habla español, una capacidad considerada relevante para el desempeño de sus funciones diplomáticas en el país.

    El Certificado de Competencia Demostrada forma parte del proceso de confirmación de embajadores en Estados Unidos. De conformidad con la Sección 304(a)(4) de la Foreign Service Act de 1980, el secretario de Estado debe certificar ante el Senado que toda persona nominada por el presidente para desempeñarse como jefe de misión ha demostrado la competencia necesaria para asumir el cargo.

     

     

  • El Salvador oficializó en mayo su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia

    El Salvador oficializó en mayo su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador notificó el pasado 20 de mayo de 2026 la denuncia del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), mediante una nota verbal dirigida a la institución, confirmaron fuentes diplomáticas.

    La decisión se produjo después de los retiros previamente anunciados por Nicaragua y Honduras, dejando al tribunal regional sin el instrumento jurídico que sustentaba su funcionamiento.

    Con la salida de los tres Estados parte, la Corte Centroamericana de Justicia quedó sin personalidad jurídica internacional y cesó formalmente sus funciones. Nicaragua notificó su retiro el 18 de marzo de 2025, Honduras formalizó la denuncia el 29 de abril de 2026 y El Salvador completó el proceso el 20 de mayo de 2026.

    La CCJ tenía su sede en Managua, Nicaragua, y funcionaba como el órgano jurisdiccional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Entre sus atribuciones figuraban resolver controversias entre Estados miembros, emitir opiniones consultivas y contribuir al desarrollo jurídico del proceso de integración centroamericana.

    Pero la CCJ tuvo un historia de desacatos de los países de la región que veían sus resoluciones como no aplicables.

    Uno de los episodios más relevantes en la relación entre El Salvador y la Corte ocurrió durante la crisis institucional de 2012. En ese momento, la CCJ intervino en medio del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una actuación que generó un amplio debate sobre el alcance de las competencias del tribunal regional.

    El entonces presidente de la Asamblea Legislativa, el efemelenista Sigfrido Reyes, pretendió utilizar a la CCJ para desconocer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

    Durante la última década, la CCJ enfrentó cuestionamientos sobre su efectividad, el alcance de sus resoluciones y las dificultades para mantener consensos entre los gobiernos centroamericanos. Esas críticas se sumaron a las diferencias políticas entre los países de la región y al reducido número de Estados que permanecían vinculados al convenio constitutivo.

    Tras el retiro de Nicaragua, Honduras y El Salvador, el portal oficial de la Corte dejó de estar operativo y sus cuentas en redes sociales permanecen sin actualizaciones desde hace varios meses, reflejando el cese de actividades del organismo.  

    Especialistas en integración regional consideran que el cierre de la CCJ evidencia el debilitamiento de algunos mecanismos jurídicos del SICA y plantea nuevos desafíos para la resolución de controversias entre los Estados centroamericanos. También sostienen que la desaparición del tribunal obliga a replantear los instrumentos institucionales disponibles para fortalecer la cooperación regional.

    El cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia representa uno de los cambios más relevantes en la arquitectura jurídica de Centroamérica en los últimos años. Su desaparición abre interrogantes sobre el futuro del proceso de integración regional y sobre los mecanismos que podrían sustituir al tribunal en la solución de conflictos entre los países miembros del SICA.

    La Asamblea Legislativa ratificó en 2025 una reforma constitucional para separarse del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y en mayo de 2026 completó la supresión de la institución en sus leyes secundarias, argumentando que representaba un gasto innecesario.