Autor: Alvaro Cruz

“‘Me encanta mi país’, me decía un miembro de la diáspora. ‘Recuerdo cuando antes me avergonzaba de ser salvadoreño. Hoy, cada vez que me preguntan, lo digo con orgullo: soy salvadoreño, del país más seguro del continente’. En redes sociales, turistas —sobre todo centroamericanos— alaban también los progresos en seguridad que ha logrado El Salvador. La mayoría de esas voces, sin embargo, hablan desde lejos: no viven aquí, no hacen fila en el hospital, no toman el bus al amanecer, no miran por encima del hombro cuando comentan de política en una mesa cercana.

El problema con la percepción de turistas o compatriotas que residen en el extranjero —muchos de ellos en el país del norte— no es el sentimiento de seguridad que experimentan al visitar El Salvador. El problema es distinto: tiene que ver con cómo se vive y se experimenta esa seguridad por quienes habitamos y trabajamos aquí. Vivimos más seguros… ¿pero también más libres?

La seguridad y el orden que sentimos quienes residimos en este país son el resultado de una férrea militarización de la vida cotidiana y de la pérdida progresiva, durante casi cuatro años, de nuestros derechos constitucionales. A ello se suma un miedo constante que nos desgasta. Somos, al final, un país cansado. En El Salvador hemos dejado de temer a las pandillas en la calle, pero hemos aprendido a tener miedo a otra cosa: a hablar, a criticar, a disentir. Y esa nueva forma de miedo también marca, silenciosamente, nuestra vida cotidiana.

Hace apenas unos años, El Salvador se situaba entre los países más violentos del mundo, incluso por encima de algunos en guerra. Las tasas de homicidios estaban en la estratósfera. En muchos barrios de las grandes ciudades, tomar la ruta equivocada podía costar la vida, y más de la mitad de los negocios pequeños reportaban haber sufrido algún tipo de extorsión en algún momento.

Hoy, las cifras hablan de reducciones históricas en los homicidios y de miles de capturas asociadas al régimen de excepción. El CECOT se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de esta nueva seguridad y, para algunos, en motivo de orgullo. En 2025, El Salvador se ubicó como el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con alrededor de 1,600–1,800 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes: más del 2% de nuestra población adulta está tras las rejas.

Bajo el régimen de excepción se han denunciado miles de casos de personas detenidas sin antecedentes penales, incluyendo estudiantes, trabajadores informales y empleados públicos. Encontrarse, de pronto, sin derechos constitucionales limita nuestras libertades para expresarnos e infunde miedo y temor. Este miedo se encuentra omnipresente para aquellos que, si vivimos y trabajamos en este país, pero invisible para aquellos que solo nos visitan.

La vida en contextos de alta presión permanente —económica, emocional, simbólica— deja huellas físicas. Cuando la incertidumbre es constante, el cuerpo no descansa. Se mantiene en alerta, como si la amenaza fuera inminente, aunque no siempre sea visible. Ese estado prolongado tiene efectos reales: hipertensión, trastornos del sueño, depresión, enfermedades autoinmunes exacerbadas. La biología no es ajena a la política.

En El Salvador, el discurso público reciente enfatiza la fortaleza, la disciplina, la resistencia. Se celebra la dureza como virtud cívica. Pero poco se habla del costo humano de vivir en tensión sostenida. La narrativa del “aguante” invisibiliza el desgaste. Quien se cansa parece débil; quien se detiene, sospechoso. Así, el malestar se medicaliza en silencio, sin cuestionar sus causas estructurales. Vivimos mas seguros, por supuesto, ¿pero a que costo?

En una democracia sana, la seguridad no se mide solo por cuantos homicidios se evitan, sino también por cuantas palabras se pueden pronunciar sin temor a castigo. Según Freedom House, El Salvador es hoy un país ‘parcialmente libre’, con apenas 47 de 100 puntos en su Índice de Libertad; y Reporteros Sin Fronteras nos sitúa en la posición 135 de 180 en su ranking mundial de libertad de prensa, tras perder 61 puestos desde 2020. Si, estamos mas seguros… ¿pero más libres?

Nos repiten que nunca habíamos estado tan seguros, y tal vez sea cierto en las calles. Nadie quiere volver al pasado, pero sí ansiamos un futuro donde la verdadera democracia coexista con la seguridad, un futuro donde no tengamos miedo de hablar, de discutir, o de discernir.

Hay muchas maneras de enfangarse en territorio extranjero. EE UU tiene una larga historia de complicaciones internacionales, casi todas militares, por no haber aprendido la que quizá es la lección más importante en esta materia: si desconoces su idiosincrasia, ignoras los valores que la edificaron y careces de una vía segura de salida, ¡evita intervenir en una nación!

Desde el ilegal apoyo de infantes de marina al derrocamiento de la reina de Hawái en 1893 –acción por la que se vio obligado a pedir disculpas el presidente Grover Cleveland– hasta la controvertida participación de alrededor de 1.000 soldados americanos en Níger, África occidental, en 2013, o la desastrosa retirada de tropas de Afganistán, hace menos de cinco años, Estados Unidos ha protagonizado demasiadas operaciones militares calamitosas fuera de sus fronteras, en las que además de experimentar pérdidas humanas y económicas terminó incumpliendo los objetivos que originalmente planteaba la concreta intervención.

Filipinas (1899-1902), México (1916-1917), Corea (1950-1953), Vietnam (1964-1975), Laos (1964-1973), Irán (1980), Irak (2003-2011) y Siria (2014) son algunos de los nombres de países que, con sus respectivas fechas, no figuran en la lista de acciones guerreras que EE UU desearía recordar, pues tanto políticos como historiadores –y muchos ciudadanos informados– siguen deplorando las justificaciones y los resultados de aquellas incursiones. La Administración de Donald Trump, en consecuencia, debería evitar a toda costa sumar Venezuela a esa penosa lista.

Nada tendría que complicarse demasiado en la tierra de Bolívar si el Gobierno estadounidense entendiera, luego de remover a Nicolás Maduro, el compromiso que ha adquirido delante del mundo. Como se ha explicado en esta columna, Trump, lo quiera o no, solo puede exhibir una campaña exitosa en Venezuela si el trance desemboca en un proceso democrático. Ningún otro objetivo le otorgaría credenciales de triunfo al presidente, a ojos de la comunidad internacional y –¡muy importante!– de los votantes de su partido en noviembre, si la caída del dictador chavista no se traduce, más pronto que tarde, en un retorno de la libertad y el rescate de la institucionalidad.

Ciertamente, es un mal necesario contar con cuadros del chavismo para cubrir la primera etapa de la transición; sin embargo, como todo mal, lo “necesario” se empieza a volver relativo conforme pasan los días. Delcy Rodríguez está obligada a manejar un doble discurso y eso es muy entendible: su situación política –y hasta quizá su seguridad personal– depende del fino equilibrio con que logre aplacar a los extremistas bolivarianos mientras cumple las órdenes de la Casa Blanca. Pero Donald Trump no puede seguir comportándose como lo está haciendo. En este momento tiene que apretar las tuercas del régimen para que el proceso gane ritmo, hondura e intensidad.

Contrario a las de Oriente Medio, Venezuela es una nación cultural y étnicamente uniforme. Apenas en septiembre pasado, una encuesta seria expuso que siete de cada diez venezolanos rechaza sin paliativos la dictadura chavista. Edmundo González Urrutia y sobre todo María Corina Machado son reconocidos como los líderes de la oposición que triunfó en las elecciones de julio de 2024. Esto es fundamental: existe una alternativa política que goza de credibilidad y apoyo.

Sin embargo, como ocurre cuando se descabeza a un cartel criminal, la estructura tiende a adaptarse al nuevo entorno; las lealtades se vuelven transaccionales, de mera sobrevivencia; y si además son muchos los que pueden perder sus privilegios e ir directo a la cárcel, la cuestión se complica. El aparato ya no responde a idealismos revolucionarios trasnochados, sino a la necesidad de permanecer lo más posible y evadir la rendición de cuentas.

Como ha escrito la académica Colette Capriles, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, “incluso sin Maduro el Estado sigue siendo un laberinto, compuesto por una extensa red de servicios de inteligencia superpuestos, grupos paramilitares conocidos como colectivos y jefes regionales que compiten por sobornos. Esta fragmentación (…) ha contribuido a garantizar que ningún general o ministro tuviera suficiente poder unificado para liderar un golpe de Estado, al tiempo que mantenía a todos los funcionarios vinculados al centro por la necesidad compartida de protección y ganancia”. En otras palabras, un sistema mafioso en toda regla.

Para domar un pulpo así, Trump y Marco Rubio deben exigir mayores muestras de compromiso por parte del grupo que gobierna. Aparte de las excarcelaciones –que se han venido dando a cuentagotas–, el interinato de  Rodríguez debe empezar a liberalizar la economía y restaurar los incentivos que hacen de la propiedad privada una garantía de dignidad humana. No se olvide que la inflación provocada en Venezuela confiscó el fruto del trabajo de varias generaciones; se imprimió billetes, agregándoles ceros, tratando de cubrir los agujeros heredados del gasto incontrolable de Hugo Chávez.

La moneda de la libertad, ya se sabe, tiene una cara política y otra económica: ambas subsisten solo si van juntas. Pero, ¿quién está a la cabeza de ese esfuerzo paralelo? Desde luego no serán los remanentes del chavismo, que entienden de libre intercambio lo que un chimpancé entiende de trigonometría. Y tampoco puede hacerlo a control remoto la Casa Blanca, porque toda intervención extranjera en otra nación, si no culmina en democracia, apenas es hinchazón gubernamental extendida en un mapa.

Mientras más tiempo le lleve asegurar la libertad en Venezuela, por mucho que rehúya enfangarse en territorios extraños, peores consecuencias habrá para Trump y su legado.