Colombia intenta avanzar hacia la reconstrucción diez días después del terremoto de magnitud 7.4 que devastó el centro-oeste del país y dejó 312 muertos, mientras el nuevo Gobierno enfrenta polémicas por actuaciones de funcionarios, contradicciones en las cifras y decisiones cuestionadas durante la atención de la emergencia.
Por primera vez desde el terremoto, ocurrido el lunes de la semana pasada, el Gobierno y el Instituto de Medicina Legal (IML) coincidieron este martes en contabilizar 312 fallecidos. En los días anteriores hubo diferencias en las estadísticas oficiales, incluso sobre el número de damnificados. “Yo creo que ese tipo de desfases entre entidades hace parte del proceso de ajuste que solamente se va a dar cuando entre a operar un sistema único de corte de incidentes, afectaciones y daños”, explicó Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia.
El experto considera necesario implementar un sistema único que concentre, contraste y depure la información proporcionada por las diferentes instituciones para evitar confusiones entre la población. Pese a las dificultades iniciales y a que el presidente Abelardo de la Espriella tardó varias horas en llegar a Bogotá para ponerse al frente de la emergencia, Libreros considera oportuna la reacción de la nueva administración, que apenas tenía tres días en el poder cuando ocurrió el terremoto.
“Mediáticamente han copado los espacios con presencia de altos funcionarios. Creo que hay una distribución por ministros, altos directores, que permiten enviar un mensaje institucional importante”, expresa el experto y añade: “Nosotros no podemos olvidar que esa buena respuesta, con las dificultades que hubo, se da en la primera hora hábil del nuevo Gobierno”.
Sin embargo, varias actuaciones generaron cuestionamientos. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, viajó el fin de semana a la turística ciudad de Santa Marta mientras continuaba la emergencia, que dejó 134,282 viviendas averiadas y más de 29,680 destruidas. De la Espriella también recibió críticas después de lanzar balones de fútbol con el logotipo de su partido, Defensores de la Patria, durante una visita a Buenaventura, una de las ciudades golpeadas por el sismo.
Otra polémica surgió cuando el ministro del Interior, Rodrigo Lara, planteó utilizar educación virtual para los niños afectados en Chocó, pese a las dificultades de conectividad, pobreza, aislamiento geográfico y déficit de infraestructura que enfrentan numerosas comunidades del departamento.
“Ese tipo de salidas en falso como la del ministro de Vivienda, el tema de los balones y otro tipo de escándalos que se han venido conociendo (…) terminan por afectar la confianza de los ciudadanos que ya está resquebrajada por cuenta de la tragedia”, explica Libreros.
El Gobierno estima que reconstruir las zonas afectadas costará 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos $9,500 millones. De la Espriella declaró la emergencia económica y anunció subsidios de vivienda y otros alivios para los damnificados. San José del Palmar, en Chocó y epicentro del terremoto, junto con zonas de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, afrontan ahora el desafío de recuperar viviendas, escuelas y negocios mientras miles de familias necesitan asistencia.
La emergencia también generó una movilización de ciudadanos, artistas, deportistas y empresarios. La población ha donado decenas de miles de toneladas de ayuda humanitaria, mientras figuras como Shakira y el futbolista Jhon Arias anunciaron contribuciones. Empresarios colombianos han aportado en conjunto más de 550,000 millones de pesos colombianos, unos $179 millones.
Para organizar la reconstrucción, el Gobierno anunció la creación del “Fondo Milagro”, inspirado en el mecanismo utilizado tras el terremoto de Armenia de 1999, aunque todavía no ha detallado completamente cómo distribuirá las ayudas más allá de subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y programas de construcción y mejoramiento de viviendas.
