Autor: Alvaro Cruz

El mes de enero de 1981, es decir, hace 45 años, en El Salvador hubo un punto de quiebre en su proceso político. Claro, esto no siempre ha sido apreciado de esta forma y se ha tendido a valorar tal momento como una circunstancia oscura y llena de desaciertos.

La muy raquítica labor de investigación socio-histórica que padece El Salvador   no ha permitido ir reconstruir los principales procesos y dinámicas de las últimas tres décadas del siglo XX de un modo amplio y considerando diversas vetas, de ahí que lo que predomina son visiones adelgazadas, edulcoradas o dislocadas.

El 10 de enero de 1981 el proceso salvadoreño saltó de la crisis política a la generalización de la guerra. Y esto no fue un asunto de un solo actor. Creer tal cosa oscurece la comprensión.

A la guerra se llegó por un camino estrecho de intolerancia y de rupturas institucionales. No fue algo que ocurrió, así, de pronto, sin avisar. Desde 1970, o quizás un poco antes, ese fenómeno social que fue la guerra asomó su cresta. Pero el proyecto político conservador dominante en ese momento desestimó las señales que lo anunciaban. E imaginó que con mano de hierro eso podría contenerse, y para eso se apeló al ejemplo del aplastamiento de la insurrección campesina e indígena de enero de 1932.

Sin embargo, las diferencias entre aquel enero de 1932 y el enero de 1981, son enormes.

Entre el 15 de octubre y el 30 de diciembre de 1979 existió la posibilidad real de ‘desactivar’ el estallido que el 10 de enero de 1981 detonó. No se hizo porque el paroxismo político-ideológico de todos los actores obnubiló las visiones y desde los primeros días de enero de 1980 se pasó a un escalamiento de la represión en todos los órdenes (la institucional y la subterránea atribuida a los fatídicos Escuadrones de la Muerte). De hecho, todo el año de 1980, a la par del incremento de las acciones contestatarias (de masas y guerrilleras) se dio un sangriento lapso donde operativos militares masivos en el interior del país y puntuales acciones de asesinato y de desaparecimiento de personas fue la norma. Y la respuesta a esto fue el desafío armado. En ese cuadro, lo que era previsible es que la confrontación político-militar pasara a un escalón superior: el de la guerra.

No es que antes de enero de 1981 no hubiese intensa actividad militar, es que a partir del 10 de enero se produjo una dislocación territorial de las fuerzas guerrilleras de tal magnitud que el ejército gubernamental tuvo, de facto, que reacomodarse para enfrentar esa situación. Y aún más, desde julio de 1981, la iniciativa estratégica de la guerra estuvo en manos del movimiento guerrillero.

Pero como las guerras irregulares ―y esta de El Salvador no fue la excepción― no se reducen a la dimensión militar, lo que vivió El Salvador fue un complejo proceso de colisión de al menos tres proyectos políticos, los fundamentales, que estaban activos en ese momento.  Y que pueden resumirse su denominación de la siguiente manera: 1) el contestatario (constituido por las fuerzas guerrilleras y sus aliados políticos y sociales), 2) el gubernamental (que, en ese momento, y durante casi toda la década de 1980, se expresó a través del pacto entre la Fuerza Armada, el Partido Demócrata Cristiano y la ‘presencia norteamericana’) y 3) el conservador (primero descarrilado el 15 de octubre de 1979 y después rehabilitado a partir de finales de 1980 al conformarse como ‘nuevo’ partido político).

Cuando las fuerzas guerrilleras se lanzaron el 10 de enero de 1981 a la llamada ‘ofensiva final’ (y después reclasificada días después como ‘ofensiva general’), en realidad partían de un análisis de la situación donde sus expectativas eran mayores que la ponderación de las realidades que enfrentarían. Esto es, supusieron que podían alcanzar las metas que se propusieron: derrocamiento del Gobierno y derrota militar de la Fuerza Armada, y para esto la clave estaba en la combinación del poder de fuego que tenían, la disponibilidad de combatientes en sus filas, el diseño insurreccional y de huelga general que habían esbozado y las alianzas nacionales e internacionales con las que contaban.

Al poner sobre la mesa esos aspectos, es evidente que las cosas no podían salir como lo imaginó la dirigencia guerrillera.

El diseño insurreccional y de huelga general fue la cuestión más endeble y volátil que mostró el movimiento guerrillero, al punto que el adversario estatal que enfrentaban y el bloque de los sectores conservadores proclamaron, casi al instante, el fracaso de la ofensiva del 10 de enero. ■

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones