Autor: Alvaro Cruz

El nuevo siglo nos abre las puertas hacia un orden mundial en transformación. Este nuevo orden, aunque todavía indefinido, parece marcar el fin de la diplomacia sutil y el inicio de una etapa donde el poder se ejerce mediante la fuerza, la invasión o la amenaza a los vecinos. Rusia y su invasión de Ucrania, la militarización de China en el mar de China Meridional y las acciones de Estados Unidos hacia Venezuela o Groenlandia son claros ejemplos de este giro geopolítico.

En este contexto, los tratados internacionales sobre armamento —algunos expirados y otros desactualizados, como los que buscan frenar la proliferación nuclear o la militarización del espacio— se debilitan o quedan en el olvido. El poder, hoy más que nunca, se mide por la capacidad de ejercer fuerza. Por ello, el poderío militar se ha convertido en un elemento central del nuevo orden. No sorprende que los tres países con mayor fuerza militar en el mundo sigan siendo Estados Unidos, Rusia y China.

Según las clasificaciones más recientes del Global Firepower Index 2025/2026, Estados Unidos mantiene la fuerza militar más poderosa del mundo. Su liderazgo se basa en el presupuesto de defensa más alto, una infraestructura global de bases, una flota naval con portaaviones de alcance planetario y amplias capacidades terrestres y aéreas. Esta supremacía se explica por múltiples variables, entre las cuales destacan: el tamaño del personal militar, el arsenal disponible (armas, tanques, barcos y aviones), la tecnología, la logística y la capacidad de proyectar fuerza más allá de sus fronteras.

Actualmente, Estados Unidos ocupa el tercer lugar mundial en número de efectivos, con alrededor de 1.32 millones de militares en activo, superado solo por China (2 millones) y la India (1.47 millones). Si bien el tamaño del ejército no es el único factor determinante de la fortaleza bélica, sigue siendo vital para sostener operaciones prolongadas y mantener presencia simultánea en varios frentes. “El tamaño gana guerras largas”, resumen los estrategas. No obstante, el tamaño de las fuerzas armadas depende, en última instancia, del tamaño y la estructura demográfica de la población.

El envejecimiento poblacional y las bajas tasas de reemplazo demográfico se perfilan como desafíos críticos. En Estados Unidos, la edad mediana alcanzó 39.1 años en 2024 (en el 2016 la edad mediana era de 37.9 años), y cerca del 18% de la población tiene más de 65 años (en el 2016 15.2% de la población tenía más de 65 años). Para la década de 2030, uno de cada cinco estadounidenses será parte de esa franja etaria. A la par, la tasa de fecundidad, con 1.62 hijos por mujer, está muy por debajo del nivel de reemplazo generacional (2.1 hijos por mujer). Este fenómeno afecta especialmente a la población blanca no latina, que es la principal fuente de personal militar.

Actualmente, el 51.6% del personal activo del ejército estadounidense es blanco, seguido por el 19.2% de latinos, 15.3% de afroamericanos, 7% de asiáticos y 6.3% de otros grupos o no identificados. La disminución de la proporción de población blanca y el envejecimiento general traerán consecuencias directas: menor capacidad de reclutamiento, aumento en los costos del personal, fuerzas más pequeñas y envejecidas, y una creciente dependencia de minorías étnicas, inmigrantes y mujeres para sostener la estructura militar. Análisis recientes de las fuerzas militares demuestra que, aunque la población blanca sigue siendo el grupo racial mayoritario dentro de las fuerzas armadas, su proporción relativa ha venido bajando lentamente, mientras que otras razas y etnias como hispanos, negros, asiáticos y multirraciales representan una parte creciente del total.

El nuevo orden mundial no solo redefine el equilibrio del poder entre Estados, sino también la naturaleza interna de la fuerza que lo sostiene. La superioridad militar estadounidense enfrenta un desafío demográfico que, si no se compensa con políticas migratorias, tecnológicas y sociales adecuadas, podría erosionar uno de los pilares fundamentales de su hegemonía global. En un mundo donde el poder vuelve a ejercerse por la fuerza, el envejecimiento de la sociedad y la reducción del capital humano apto para la defensa nacional se convertirán en los verdaderos factores estratégicos del siglo XXI.

Mineápolis no es, como a veces se cree, la capital del estado de Minesota. Sin embargo, con alrededor de 430.000 habitantes, sí se trata de la urbe más poblada de la zona, y junto a Saint Paul —la verdadera capital— reúne siete condados que conforman las llamadas Ciudades Gemelas del estado. En el área metropolitana, más extendida, viven unos 3,6 millones de personas, lo que la incluye entre las primeras veinte regiones urbanas más grandes de toda la unión americana.

Minesota tampoco es, por cierto, el territorio estatal más grande de EE UU sino el décimo segundo. Pero su ubicación septentrional, en la frontera con Canadá, le otorga un paisaje único que mezcla las grandes llanuras del oeste con los bosques boreales y las extensas mesetas de Ontario. Esa condición ha permitido a los minesotanos desarrollar una sólida y multifacética cultura, alimentada por la constante migración de afrodescendientes, asiáticos, hispanos y, recientemente, somalíes.

Minesota también tiene una particularidad relacionada con la política: en ese estado no gana un candidato presidencial republicano desde la reelección de Richard Nixon en 1972. Donald Trump ha perdido allí en las tres ocasiones en que ha competido. Ningún otro estado tiene el récord de una racha triunfal tan larga concedida a los aspirantes demócratas.

Así y todo, el Gobierno Federal envió un ejército de dos mil agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a partir de diciembre de 2025, sumados a las fuerzas de la Patrulla Fronteriza encabezadas por su comandante Gregory Bovino. Estos elementos infestaron las calles y plazas de Mineápolis causando verdaderos estragos, primero interrumpiendo la vida cotidiana de los ciudadanos y luego, al caldearse los ánimos, procediendo a hostigarlos con manifiesto abuso de poder.

Cruzadas todas las líneas, los desenlaces fatales eran esperables. El 7 de enero de 2026, tras orillarse con su auto sobre la avenida Portland, la madre de tres hijos Renée Good, de 37 años, resultó muerta de un balazo en la cabeza. Apenas unos días después, el 24 de enero, otro joven de 37 años, el enfermero Alex Pretti, fue asesinado a tiros luego de haber sido golpeado, rociado con gas pimienta, arrojado al pavimento y doblegado sobre su pecho por un grupo de uniformados.

En ambos casos, bajo los estándares mínimos de profesionalismo policial, estas tragedias no solo eran evitables, sino que las tesis esgrimidas por funcionarios de la Administración de Trump para justificarlas bordean lo inverosímil. La cabeza de Greg Bovino rodó como consecuencia de estos dramáticos incidentes, pero la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem —que llegó al colmo de calificar a Good y Pretti como perpetradores de “terrorismo doméstico”—, sigue en su cargo pese a no reunir, palmariamente, las cualidades necesarias.

Mineápolis es hoy el epicentro de la efervescencia antigubernamental en Estados Unidos. Algo muy profundo parece haberse quebrado cuando la sangre de dos ciudadanos de a pie, blancos y en edades productivas, coloreó la nieve que cubre la ciudad. Nada ha vuelto a ser igual desde entonces y todo indica que las ondas expansivas llegarán hasta las elecciones de noviembre, con serias repercusiones para el partido oficial.

El poder de tantas imágenes desgarradoras ha sacudido los cimientos del trumpismo. La sociedad de Mineápolis, por su parte, ha demostrado lucidez y capacidad de integración, pues toda la experiencia ganada durante las protestas desatadas por el salvaje asesinato de George Floyd, hace casi seis años y en sus mismas calles, se ha convertido hoy en activismo ágil y denuncia creativa.

Los minieapolitanos han dado ejemplo de lo que se hace frente a un agresor incompetente y brutal. Cuando los elementos del ICE se asoman a los barrios, la gente sale con sus móviles en la mano para grabarles, haciendo cundir la alarma y dando tiempo a los indocumentados para huir de la zona. Las movilizaciones han sido masivas y bulliciosas, tanto en la cobertura de redadas como en el asedio a las empresas que colaboran con los federales. El humillante boicot al documental de la Primera Dama, Melania, no es únicamente una bofetada indirecta a su marido, sino también un rechazo a la productora del film, Amazon, que facilita las operaciones de vigilancia digital del Servicio de Inmigración.

Otros estados de la Unión ya anunciaron estar preparándose para la llegada del ICE. Sus prevenciones son transmitidas en ruedas de prensa. La hostilidad es abierta y sin complejos. Lo de Mineápolis ha sido el resorte que necesitaban muchos gobernadores y jefes locales de policía para unir tras de sí a una ciudadanía espantada por los excesos represivos de su propio gobierno.

Las encuestas, sin excepción, están indicando que Trump ha conseguido indisponer al país en su contra a solo un año de haber retomado el poder. Quiso edificar una administración absolutista en una nación que lleva dos siglos y medio de vocación liberal. Y a estas alturas, por lo visto, no hay nadie que acierte a decir en Washington, siquiera por lo bajo: “¡Es la prepotencia, estúpido!”.

La rebeldía activa de Mineápolis está haciendo historia. Inundarla de hombres armados fue un error grave del que la Casa Blanca tendrá que arrepentirse tarde o temprano. De lo contrario, los republicanos pueden irse despidiendo de las dos mayorías que ostentan en el Capitolio.

Desde el enfoque de la criminología clínica y ambiental, el hurto de vehículos y motocicletas no es considerado legalmente solo como un delito contra el patrimonio. En realidad, es un termómetro de una parte minoritaria de la sociedad y un indicador de la sofisticación de los mercados ilícitos. Cuando una motocicleta desaparece en una calle del gran San Salvador, no solo estamos ante un individuo perdiendo su herramienta de trabajo y quizás pagando un crédito aún; estamos ante una cadena de fallos sistémicos. El vehículo es la materia prima perfecta: es móvil, tiene un alto valor de reventa en piezas y, sobre todo, posee una funcionalidad operativa para el crimen organizado y de alta demanda en la sociedad desde la pandemia por el Covid-19

En criminología, el hurto de vehículos suele responder a la Teoría de las Actividades Rutinarias. Para que ocurra, se necesitan tres elementos: un infractor motivado, un objetivo alcanzable (posible victima) y la ausencia de un guardián capaz.

Sin embargo, en el contexto de nuestra sociedad, este delito representa algo más profundo:

La infraestructura del delito: El hurto alimenta «deshuesaderos» ilegales que funcionan a plena vista, lo que sugiere una normalización de la economía informal criminal. Los famosos «topeteros» que compran y venden partes hurtadas o robadas

Logística de movilidad: Muchas veces, el vehículo hurtado es el medio para cometer delitos de mayor impacto (homicidios o extorsiones), garantizando el anonimato y la huida rápida. Pablo Escobar puso de moda las motocicletas en los delitos.
Desafío al control territorial: La frecuencia de estos hechos en zonas específicas representa un desafío para las autoridades.

El desmantelamiento de bandas por el gabinete de seguridad ampliado

La semana anterior hemos visto operaciones contundentes contra bandas dedicadas al hurto y desmantelamiento en al menos tres distritos del gran San Salvador. Desde la seguridad pública, estos operativos representan un punto de inflexión necesario, pero que debe analizarse con cautela profesional. El desmantelamiento de una banda en El Salvador hoy significa tres cosas fundamentales:

Ruptura de la cadena de suministro: No basta con capturar al que se lleva la moto. El éxito real radica en desarticular al receptador (quien compra lo robado) y al distribuidor de piezas. Al golpear la logística, se asfixia el incentivo económico del delito. Lo cual ha sido anunciado por el señor Fiscal General de la República Rodolfo Delgado Montes de manera categórica y contundente.

Recuperación del espacio público: Estas capturas envían un mensaje de disuasión focalizada. El gabinete de seguridad ampliado reafirma que no existen «zonas de sacrificio» donde el crimen puede operar con impunidad burocrática.
Inteligencia criminal sobre fuerza bruta: Los operativos exitosos demuestran que la policía y la FGR además de reaccionar desarrollan investigación proactiva, utilizando análisis de datos para identificar patrones y nodos críticos de las redes criminales. Un trabajo altamente especializado y de estrecha coordinación.

El hurto de vehículos es la manifestación de una sociedad donde el orden legal compite con un mercado negro que intenta ser eficiente. Cada banda desarticulada es una victoria, pero el verdadero reto criminológico es reducir la demanda. Mientras exista un ciudadano dispuesto a comprar un repuesto de dudosa procedencia por ahorrarse unos dólares o revender, la estructura criminal encontrará la forma de regenerarse. La seguridad pública tiene grandes e innegables avances, pero el combate continua, las instituciones están activas y coordinadas.

*Por Ricardo Sosa  / Doctor y máster en Criminología  /  @jricardososa