No estoy de acuerdo contigo, Sobrino, me decía mi tía Margot, usuaria de los servicios del ISSS, en reacción a mi artículo de la semana pasada sobre la integración del MINSA y el ISSS.
“Imagínate, en estos momentos tenemos que esperar hasta un año o más para una operación, muchas veces no hay medicinas y tenemos que comprarlas en las farmacias privadas. Con más gente, como tú sugieres en tu artículo, todo esto sería peor. Tiempos de espera más prolongados y la compra de medicamentos aún mayor. No hijo, no me compliques mi vida por favor”.
Como mi tía, muchos ciudadanos coinciden con este tipo de lógica: que la integración o ampliación del sistema podría colapsarlo aún más. El miedo es comprensible: si los recursos actuales no bastan para dar respuesta ágil y completa a los asegurados y usuarios, ¿qué pasaría si la demanda aumentara súbitamente sin una reorganización profunda y mayores inversiones?
Pero esta postura defensiva —“sigamos haciendo lo mismo, aunque no funcione, pero por lo menos que no empeore”— también refleja resignación ante un sistema que cada día muestra más señales de deterioro: consultas diferidas por meses, desabastecimiento crónico, trámites burocráticos, hospitales y clínicas sobrecargados, y cada vez más personas —como mi tía— que deben pagar de su bolsillo lo que el sistema debería garantizar.
En lo que sí todos, usuarios y proveedores, con excepción del gobierno reinante, estamos de acuerdo es que ¡el sistema de salud de nuestro país está cada día peor! Urge, más que nunca, una reforma a fondo que confronte las debilidades estructurales, no solo para integrar, sino para transformar y rescatar la salud pública y la seguridad social de El Salvador. Quedarnos haciendo lo mismo solo asegura que la crisis empeore, y condena a millones —como mi tía Margot— a una atención incierta, cara e insuficiente.
Pero ¿que nos está pasando?
El sistema nacional de salud viene arrastrando, desde hace décadas, una serie de debilidades estructurales que no han hecho más que agravarse con el tiempo. Hasta hoy, ningún gobierno —ni anterior ni actual— ha diseñado ni implementado acciones que realmente enfrenten de raíz estas falencias inherentes al modelo sanitario del país. De manera similar a lo que ocurre en el área educativa, donde se privilegia la construcción o reparación de escuelas sin asegurar la disponibilidad de personal docente cualificado, el Ministerio de Salud (MINSAL) pretende ampliar coberturas edificando hospitales supuestamente de primer nivel, pero sin contar con el recurso humano médico y de enfermería debidamente formado para operarlos.
En ambos sectores se incurre en el mismo error: intentar solucionar el problema colocando “la yunta antes que los bueyes”, es decir, priorizando la infraestructura física por encima de la formación y contratación del capital humano necesario para garantizar calidad y sostenibilidad en la atención. Esta aproximación parcial y desarticulada perpetúa la crisis, profundizando la brecha entre la demanda y la capacidad real de respuesta del sistema de salud.
El sistema de salud de El Salvador, siempre ha adolecido de coberturas insuficientes y una alto grado de segmentación; un déficit de recursos humanos y formación; infraestructura y equipamiento insuficiente o deteriorado; desabastecimiento crónico de medicamentos e insumos; listas de espera y demoras prolongadas; fragmentación y desconexión institucional; brecha de información y sistemas de información débiles; desigualdades y vulnerabilidad social; y en consecuencia, desgastes e insatisfacción de los usuarios.
Finalmente, la pandemia de COVID-19 profundizó aún más estas debilidades, y un porcentaje importante de la población se volcó hacia el sector privado de los servicios médicos. La utilización de este sector aumentó considerablemente después de la pandemia. Como resultado, la inflación específica en los servicios médicos privados en El Salvador ha superado de forma notable la inflación general del país desde agosto de 2023. Esta tendencia se ha mantenido durante 2024 y a inicios de 2025, con incrementos significativos en los costos de consultas, procedimientos, hospitalización y medicamentos.
Además del mayor uso de servicios médicos privados —que incide directamente en su encarecimiento—, otros factores han contribuido al aumento sostenido de los costos. Entre ellos destacan: la sobreutilización de servicios, el cambio en los patrones de consumo, y la falta de regulación de precios. En conjunto, estos elementos han impulsado el alza continua en los costos de atención médica y medicamentos.
El sistema de salud, tanto público como privado, en nuestro país sufre de una enfermedad terminal que requiere, con urgencia, acciones valientes, innovadoras y audaces. Durante años, las soluciones habituales –las mismas recetas de siempre, diseñadas e implementadas por gobiernos anteriores– han demostrado ser insuficientes. Lo vimos con el problema de la seguridad: no se resolvió con medidas convencionales, sino a través de acciones nuevas y atrevidas, incluso temerarias, que no estuvieron exentas de polémica ni de la reacción crítica de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
A pesar de ese malestar persistente —que aún genera debate entre instituciones, con excepción del gobierno actual—, lo cierto es que estas acciones consiguieron que el ciudadano salvadoreño, independientemente de su clase social, hoy se sienta más seguro y amparado por su gobierno. Así como se enfrentó el desafío de la seguridad, también la crisis de nuestro sistema de salud exige respuestas distintas, disruptivas y verdaderamente transformadoras. Seguir haciendo lo mismo solo agravará la enfermedad; es hora de sanar con la determinación y creatividad que el momento reclama.
* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo
