Autor: Alvaro Cruz

Los salvadoreños cubren el 26.7% del gasto total en salud con pagos directos de su bolsillo, según informe de CEPAL y OPS de 2024 (datos hasta 2021). En 2022, este gasto de bolsillo total de hogares alcanzó 995 millones USD para una población de unos 6.4 millones, lo que equivale a unos 155 USD per cápita anual. Aunque no existe un estimado oficial preciso y actualizado al 2026 del costo anual exclusivo de la práctica privada de medicina para el ciudadano salvadoreño promedio —ya que los datos se centran en el gasto de bolsillo total (público y privado, consultas y medicamentos)—, este representa alrededor del 26.7% del gasto total en salud y es mayoritariamente en el sector privado.

Uso del Sector Privado

El 22.1% de quienes reportan enfermedades acuden a clínicas o hospitales privados, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2023. Una encuesta de 2024 indica un gasto promedio mensual de 126.57 USD en medicamentos —equivalente a ~1,520 USD anuales—, aunque solo el 25.1% destina presupuesto específico enfocado en farmacia. Las consultas privadas oscilan entre 39 y 70 USD cada una.

Disparidad Público-Privada

Existe una marcada disparidad: por cada médico público, hay 2.15 en el sector privado, reflejando una concentración en lo privado, aunque sin datos sobre superposiciones de empleo. No se ha encontrado un porcentaje oficial o estadística precisa sobre médicos del MINSAL que posean clínicas privadas o farmacias, información fundamental para detectar corrupción y planificar salud pública. La ausencia de estos datos por parte del MINSAL podría deberse a limitaciones regulatorias, falta de sistemas centralizados de registro o intereses políticos que evitan transparentar conflictos de interés.

Ejemplo Internacional: Malawi

Recientemente, el gobierno de Malawi prohibió a todo el personal médico estatal poseer u operar clínicas y farmacias privadas mediante una orden ejecutiva presidencial para combatir la corrupción en salud. La medida protege el acceso constitucional a servicios públicos gratuitos, respondiendo a denuncias de escasez de insumos, coerción para comprar en privados y pagos ilegales por servicios básicos. Si bien organizaciones civiles apoyan esta iniciativa, expertos advierten que no resuelve problemas estructurales sin rendición de cuentas, supervisión y mejoras salariales.

Contexto en El Salvador

En el país, es de conocimiento público que médicos del sector público ejercen en privado, generando críticas por conflictos de interés como recomendaciones a sus propios laboratorios o farmacias, aunque sin datos cuantitativos. Un proyecto de ley para la Red Nacional de Hospitales (2025) propone dedicación exclusiva para médicos contratados, prohibiendo consultas privadas salvo emergencias. No hay estadísticas oficiales centralizadas al 2026 sobre clínicas y farmacias privadas: se estiman ~2,000 farmacias (80% del mercado privado, con cadenas como Farmacia La Buena recibiendo contratos estatales por $5.8 millones en 2025) y 15-25 hospitales privados principales, concentrados en San Salvador, Santa Tecla y otras ciudades grandes. Personalmente he observado, la creación de hospitales pequeños en áreas rurales. Por ejemplo, en Intipucá, en los últimos años se han construido dos hospitales de tamaño mediano que brindan servicios de emergencia y encamado.

Esto de las farmacias “sin farmacéutico” es un histórico común en el país, especialmente en áreas rurales. La Ley de Farmacias y normativas de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) exigen que las farmacias cuenten con un profesional titulado en farmacia para su operación, quien debe estar inscrito como regente ante la DNM. Esto incluye un permiso sanitario del MINSAL y licencia municipal, verificando cumplimiento normativo. El MINSAL y la municipalidad extienden permisos y licencias para el funcionamiento de las farmacias que incluye la presencia de un profesional de farmacia. Me pregunto que estará haciendo el municipio de la Union Sur al respecto, o la municipalidad de San Salvador. Una invitación en Frente a Frente sería relevante a estos dos alcaldes para que nos expliquen. ¿No creen?

​Conclusión

La opacidad en datos sobre el sector privado de salud en El Salvador agrava inequidades y riesgos de corrupción, similar a casos como Malawi, donde prohibiciones directas buscan frenar abusos. Reformas como dedicación exclusiva, registros unificados y mayor cobertura pública (ej. ISSS o Doctor SV) son urgentes para reducir la carga de bolsillo —estimada en 600-2,000 USD anuales por hogar— y garantizar acceso equitativo. Actualizar encuestas como EHPM 2025 vía DIGESTYC o BCR es clave para políticas basadas en evidencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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No me cabe duda. Nuestro país está construido sobre bases endebles y peligrosamente riesgosas. Eso provoca que –casi permanentemente– esté sometido a una fragilidad peligrosa, sobre todo para quienes habitan el abajo y el adentro del mismo; léase, sus mayorías populares. A lo largo de la historia estas se han visto privadas de la más elemental justicia social al permanecer sumidas en la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Ello ha generado revueltas y estallidos que han destacado en la región por su impactante violencia, hasta haber provocado durante la primera mitad del siglo pasado una matanza de alrededor de 30 000 personas y, en el marco de la segunda, una dolorosa guerra de más de una década de duración. En tal escenario, encontramos otro de los más cuestionables cimientos sobre los que han construido El Salvador: la impunidad.

Y marzo, machaconamente, me imposibilita dejar de tenerla presente. ¿Por qué? Veamos. ¿Quién no recuerda que en marzo de 1980 asesinaron al cuarto arzobispo de San Salvador y desde hace años santo, monseñor Óscar Arnulfo Romero? Este es probablemente el hecho atroz más conocido y conmemorado en el marco de la violencia y la perversidad mediante las cuales se ensañaron y ensañan con nuestra gente más vulnerable. Romero, nombrado por Pablo VI el 3 de febrero de 1977, ocupó dicho cargo el 22 del mismo mes. Dos días antes se habían celebrado las elecciones presidenciales, cuyo resultado fue fraudulentamente alterado en favor del oficialismo.

Y el 26 se consumó una masacre en el Parque Libertad, ubicado en el centro capitalino, mientras una multitud protestaba por la imposición del general Carlos Humberto Romero como titular del Ejecutivo. El 12 de marzo, también de 1977, asesinaron al jesuita Rutilio Grande, junto a dos campesinos; Rutilio era muy cercano al recién estrenado pastor católico metropolitano.

El 17 de marzo de 1982 fue emboscado y ultimado por el ejército gubernamental el periodista neerlandés Koos Koster, junto a tres de sus colegas y compatriotas. El 14 de marzo del año siguiente apareció el cadáver de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villas quien cayó herida ‒también en una emboscada‒ para ser trasladada luego a una sede militar adonde la torturaron y ejecutaron.

De igual manera, durante ese mes fallecieron en el 2007 ‒después de la guerra y de una vida consagrada a la causa de los derechos humanos‒ dos mujeres valientes e irremplazables cuyas trayectorias las han convertido en íconos de la lucha por la defensa de las víctimas: Rufina Amaya el 6 y María Julia Hernández el 30. La primera reveló la verdad de lo ocurrido en el cantón El Mozote y otros caseríos cercanos, iniciando diciembre de 1981: una barbarie que arrojó alrededor de mil personas campesinas ejecutadas. En su mayoría niñas, niños y adolescentes. Así desmanteló Rufina la falsa versión de lo ocurrido, difundida nacional e internacionalmente por la dictadura; María Julia luchó años por lograr que en el caso de esa terrible masacre se impartiera justicia, así como lo hizo en el de monseñor Romero y tantos más.

Por la muerte violenta de Koster y sus compañeros resultaron condenados tres oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña, incluido el ministro de Defensa y Seguridad Pública de la época; ese hecho aislado lo atribuyo en buena medida a la presión del gobierno holandés, pues ello me consta al haberlo conocido de primera mano siendo director del Instituto de Derechos Humanos de la universidad jesuita. En el caso de El Mozote, judicialmente se ha avanzado a cuentagotas en medio de numerosas artimañas a la espera de que fallezcan víctimas y victimarios. Pienso que eso ha ocurrido forzadamente, porque existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiéndole al Estado avanzar en el proceso judicial.

Y entre todas las deudas pendientes con la justicia, está el escamoteo de la verdad como primer paso para alcanzarla. Cinco días después de la publicación del informe de la comisión creada para investigarla y difundirla, fue decretada una infame amnistía para proteger a los criminales de los bandos enfrentados en la preguerra y la guerra. Pese a que luchamos más de 23 años hasta lograr su inconstitucionalidad en julio del 2016, ya transcurrió casi una década de ese evento y a la fecha ni siquiera se ha aprobado una ley para dignificar a las víctimas y a la sociedad salvadoreña. Por ello estoy convencido de que dicha impunidad aún vigente, es uno de los inmorales cimientos de una patria exactamente injusta con su mayoría populares. Y, obviamente, mucho le está sirviendo al actual gobierno inconstitucional.

Durante décadas, las organizaciones hablaron de “recursos humanos”. El término no era casual: respondía a una lógica industrial donde las personas eran vistas como parte de la estructura operativa, un engranaje necesario para producir resultados. Sin embargo, en el actual entorno empresarial, marcado por la transformación digital, la inteligencia artificial y la volatilidad de los mercados, esa mirada ha quedado superada.

Hoy, el capital humano dejó de ser un área más dentro del organigrama. Se ha convertido en un factor estratégico que define la capacidad de una empresa para adaptarse, innovar y sostener su competitividad.

La experiencia demuestra que las organizaciones que mejor responden a contextos inciertos no son necesariamente las que cuentan con más infraestructura o mayores recursos financieros. Son aquellas que han desarrollado capacidades internas sólidas: liderazgo, pensamiento crítico, cultura colaborativa y aprendizaje permanente. En este escenario, la pregunta ya no es si las empresas deben invertir en capacitación, sino cómo hacerlo de forma estratégica.

La automatización y la inteligencia artificial están transformando procesos completos. Sin embargo, lejos de reemplazar el rol humano, están elevando el nivel de exigencia. A medida que las tareas repetitivas desaparecen, ganan protagonismo habilidades vinculadas al análisis, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones en entornos cada vez más complejos.

Esto también obliga a replantear los modelos tradicionales de formación. Los programas basados únicamente en contenidos teóricos o desconectados de la práctica resultan cada vez menos efectivos frente a la velocidad con la que evolucionan los negocios.

Las organizaciones necesitan esquemas de aprendizaje que combinen actualización conceptual con aplicación real, capaces de fortalecer tanto las competencias técnicas como las habilidades de liderazgo.

Uno de los errores más comunes en muchas empresas es tratar la capacitación como iniciativas aisladas: cursos puntuales o programas que responden a necesidades momentáneas, pero que no forman parte de una visión integral de desarrollo. Sin una estrategia clara, el aprendizaje pierde impacto. Por el contrario, cuando se integra a la planificación del negocio, se convierte en una herramienta clave para mejorar la productividad, impulsar la innovación y fortalecer la cultura organizacional.

En este proceso, el liderazgo cumple un rol central. Las empresas necesitan líderes capaces de comunicar con claridad, gestionar equipos diversos y tomar decisiones en contextos de incertidumbre. Estas competencias no se improvisan: se construyen con formación, experiencia y reflexión estratégica.

Al mismo tiempo, las nuevas generaciones valoran entornos donde puedan desarrollarse profesionalmente. La posibilidad de acceder a programas de aprendizaje y crecimiento con el de ADEN se ha convertido en un factor decisivo para atraer y retener talento.

La irrupción de la inteligencia artificial plantea además un nuevo desafío: desarrollar competencias digitales en todos los niveles de la organización. Pero el verdadero diferencial no estará solo en el acceso a la tecnología, sino en la capacidad de las personas para utilizarla de forma estratégica.

En un mundo donde la tecnología evoluciona a gran velocidad, las empresas que entienden el valor de su capital humano construyen organizaciones más ágiles, innovadoras y sostenibles. Porque, al final, la ventaja competitiva más importante sigue estando en las personas.

* Carolina Tomba es directora de Soluciones Corporativas ADEN International Business School