Autor: Alvaro Cruz

El desarrollo económico, social e institucional de una nación no suele ser resultado de su extensión territorial, su integrismo religioso o su unicidad lingüística, por relevantes que sean estos aspectos. Al comparar los procesos fundacionales de Estados Unidos y cualquiera de los países de América Latina, saltan a la vista las causas por las que sus trayectorias de progreso son tan dispares y contrastantes. La distinción clave la hallamos en las ideas políticas y su implementación, más que en la divergencia idiosincrática.

Me permito hacer aquí una oportuna aclaración. Por primera vez en esta columna tiraremos del muchas veces erróneo gentilicio “latinoamericano” (en lugar del más preciso “hispanoamericano”) con propósitos meramente ilustrativos. Dado que el artificioso constructo “Latinoamérica” alude a los países hablantes de una de las tres principales lenguas romances (todas de extracción latina) —español, francés y portugués—, hoy nos resulta útil porque demuestra que ni los idiomas ni las circunstancias históricas coloniales explican las enormes diferencias entre el norte y el sur del continente.

Brasil, Haití y México, por ejemplo, con todo y sus asimetrías, exhiben ciclos de estancamiento económico similares. Ninguno de los tres, a partir de sus respectivas independencias, se ha convertido en potencia global, mientras que EE UU y Canadá sí. Profundizar en las razones de esta obviedad merece una nueva zambullida en los paralelismos políticos más significativos.

La Declaración de Independencia estadounidense fue promulgada en 1776; la más temprana en América Latina (1804) fue la haitiana. El 5 de julio de 1811, Venezuela se convirtió en la primera antigua colonia española en proclamarse independiente; a ella seguirían, en el mismo año, las de Cartagena y de Quito. Perú, Centroamérica, México y Panamá (en ese orden) habrían de esperar hasta 1821 para decretar sus propias autonomías.

Estados Unidos adoptó en 1823 la Doctrina Monroe, que prohibía cualquier tipo de injerencia europea en los asuntos del hemisferio norte del nuevo continente. En ese mismo período, por ofrecer un ejemplo, legisladores centroamericanos proponían la anexión del istmo a la efímera autocracia de Agustín de Iturbide en México (imperio abolido aquel año).

Los patriotas fundadores de nuestras naciones no sabían muy bien qué hacer con la libertad conseguida. Brasil optó por una inédita monarquía constitucional. Panamá se unió a la Gran Colombia, igual que Venezuela y el futuro Ecuador. Uruguay fue incorporado a Brasil y República Dominicana anexionada a Haití. Aparte de quienes se resistieron a separarse de España, el rechazo poco informado de las reformas de Cádiz impidió que la herencia liberal hispana permeara en las grandes capas sociales iberoamericanas.

Hasta 1861, por espacio de 85 años, EEUU mantuvo su territorio libre de grandes peleas internas. En cambio, la primera guerra civil en Colombia estalló en 1813, seguida de alrededor de treinta más durante los siguientes 100 años. (Únicamente la “Guerra de los Mil Días” produjo alrededor de 100.000 muertos). El primer conflicto civil centroamericano tuvo lugar entre 1826 y 1829, y a él se agregarían otros, hasta que en 1839 el istmo se dividió por fin en cinco pedazos.

Los dos grandes partidos políticos de Estados Unidos, el Republicano y el Demócrata, nacieron en el siglo XIX y han gobernado alternativamente ese país en los últimos 172 años, brindándole al sistema una envidiable estabilidad. En contraste, todos los primigenios partidos políticos latinoamericanos se fragmentaron y desaparecieron incluso antes de alcanzar su madurez institucional, y las consecuentes luchas de facciones, hasta la llegada de regímenes militares manipuladores de elecciones, provocaron una constante perturbación social y económica que degeneró siempre en nuevos y empobrecedores enfrentamientos.

Estados Unidos, en dos siglos y medio, ha tenido una sola Constitución, documento de cuatro páginas (en su tamaño original de pergamino) conformado por apenas siete artículos. Y en ese tiempo, solo 27 veces se ha enmendado. América Latina, como región, acumula cerca de 200 constituciones, a razón de diez textos por país en promedio. Los dominicanos han tenido más de 30; los venezolanos, unas 25; los haitianos, oficialmente, 22. Argentina, el que menos documentos constitucionales ha emitido, contó tres hasta 1853.

Donald Trump está hoy a la cabeza del órgano ejecutivo federal número 47 de Estados Unidos, cuya forma republicana de gobierno no ha variado en 250 años. Haití, por su lado, fue primer imperio, reino, primera república, segundo imperio y de nuevo república, sumando a cerca de un centenar de personas que han ejercido el poder, sea en calidad de emperadores, reyes y presidentes, o formando parte de consejos de estado, triunviratos y gobiernos provisionales.

Brasil, tras una monarquía de 74 años, se convirtió en república federativa independiente hasta 1889, pero desde entonces han gobernado el país más de cincuenta personas, incluyendo dictadores reincidentes (como Getulio Vargas) o miembros de juntas militares golpistas. El Salvador, el más pequeño país de la América continental y república independiente desde 1841, ya en 1948 (solo cien años) había rebasado el número de gobernantes que EE UU ha tenido en toda su historia.

Si somos lo suficientemente honestos, veremos que el porcentaje de culpabilidad que endilgamos a factores externos para explicar nuestro atraso es bastante menor del que solemos admitir. Conviene reconocer que una nación próspera no es producto de sus justificaciones acomodaticias, sino resultado del trabajo que demanda la implementación de las ideas correctas.

Como columnista y analista especializado en criminología y justicia criminal, he observado durante años los complejos engranajes y dinámicas que mueven nuestros tribunales y el sector de Justicia. A menudo, la atención pública se centra exclusivamente en las sentencias y los jueces, en especial cuando hay absoluciones, con criticas muy fuertes y en la mayoría de los casos desconociendo las evidencias que no se convirtieron en prueba; pero muy rara vez dirigimos la mirada hacia la institución que cimenta las bases del sistema al proponer candidatos a magistraturas y juzgados: el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Hoy, es fundamental analizar y exponer la transformación histórica que esta entidad ha experimentado desde mi punto de vista, durante el periodo evaluado desde enero de 2022 hasta julio de 2026.

Cuando el actual Pleno del CNJ asumió sus funciones en septiembre de 2021 recibieron un panorama organizacional sumamente precario, lejano de los procesos de sus candidaturas. El CNJ padecía de una severa fragmentación de datos, una carencia absoluta de herramientas informáticas para la gestión interna y una profunda obsolescencia de equipos que obstaculizaba la labor de su talento humano. Ante este reto monumental, el presidente de la institución, Licdo. Miguel Ángel Calero Ángel, asumió el liderazgo con un enorme reto y desafío en conjunto con los consejeros y consejeras Verónica Lissette González Penado, Doris Deysi Castillo de Escobar, Carlos Wilfredo García Amaya, Alcides Salvador Funes Teos y Luis Alonso Rodríguez Meléndez, Santos Guerra Grijalva, quienes decidieron actuar, ponerse a trabajar y revertir dicho panorama. Como pleno formularon e implementaron el Plan Estratégico Institucional 2022-2026, apostando firmemente por la innovación, la búsqueda de la excelencia y la calidad.

El resultado de esta gestión gerencial estratégica ha sido la modernización sin precedentes de la entidad. Para superar el rezago, el CNJ implementó el Sistema Integrado de Unidades Sustantivas, una plataforma centralizada que unifica los procesos de selección de candidatos, la evaluación del desempeño judicial y el control del historial de la Escuela de Capacitación Judicial. A la par, se instauró un Sistema de Gestión de Correspondencia Digital respaldado por firmas electrónicas y una política de «cero papel», logrando agilizar los trámites y reducir el impacto ecológico.

Sin embargo, la tecnología debe ir siempre acompañada de integridad. En este sentido, un hito de la actual administración es la obtención de la Certificación Internacional Antisoborno bajo la estricta norma ISO 37001:2016. Este aval garantiza públicamente que el CNJ cuenta con controles financieros robustos y opera bajo una política de tolerancia cero a la corrupción. Estas prácticas de transparencia se tradujeron en un rotundo éxito financiero: al aplicar nuevas estrategias bajo la Ley de Compras Públicas, la institución logró reducir, en promedio, un 50% los precios de adquisición de bienes y servicios. Esto representa una maximización invaluable del dinero de los salvadoreños.

En el ámbito formativo y de control judicial, la gestión también presenta logros innegables. Se diseñaron auditorías de seguimiento para verificar rigurosamente que jueces y magistrados acaten las recomendaciones de sus evaluaciones, dotando de mayor seguridad jurídica a las sedes judiciales. Adicionalmente, el CNJ fomentó las competencias de litigación organizando exitosamente el XVIII Concurso Interuniversitario en 2025, enfocado en cibercriminalidad contra las mujeres, y el XIX Concurso en 2026, centrado en el Derecho Civil y Mercantil. Asimismo, la reconocida nacional e internacionalmente, icónica, Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” desplegó amplias jornadas para actualizar a los operadores de justicia sobre los nuevos cuerpos legales del país y de otras formaciones especializadas.

A mediados de 2026, el CNJ cuenta con un Sistema de Información Gerencial donde sus módulos de planificación estratégica y ejecución presupuestaria operan al 100%, restando únicamente un 5% para finalizar el módulo de compras. La presidencia y los consejeros han demostrado que una gestión enfocada en la ética, la tecnología y el control presupuestario puede rescatar a una institución vital, garantizando así a El Salvador un sistema judicial más transparente, eficiente y preparado.

Desde mi opinión, es altamente satisfactorio los altos resultados y estándares brindados por el pleno al sector de Justicia ya que el Consejo Nacional de la Judicatura es una institución fundamental dentro del sistema democrático y legal de El Salvador. Funciona como una entidad independiente de los tres órganos del Estado y juega un papel crucial en la calidad del sistema de justicia del país. La misión central del CNJ es contribuir a la independencia, eficiencia, eficacia y mejora continua de la administración de justicia en El Salvador. Y la actual administración además de cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales ha marcado un antes y un después en dicha Institución, fortaleciendo el trabajo interinstitucional, desarrollando una clara ruta en la búsqueda de la excelencia y el apoyo dentro del sector de Justicia. Todo es posible con la voluntad de transformar y poniendo al servicio de la Justicia el talento y capacidad del equipo de consejeros y consejeras, y el gran talento humano especializado que la labora en el CNJ.

*Por Ricardo Sosa / Doctor y Msc. en Criminología / Egresado doctorado en Justicia Criminal / @jricardososa 

Ignoro si estamos cerca del final de los regímenes inspirados por Fidel Castro y Hugo Chávez, léase Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, sin olvidar Ecuador, que pudo librarse gracias a la soberbia y fatuidad de Rafael Correa, uno de los payasos mas conspicuo que haya desgobernado una república latinoamericana, solo comparado con el cocalero de Evo Morales, aunque muy lejos del letal Daniel Ortega.

No obstante, todos los sujetos mencionados se caracterizan por un populismo que lindaba con lo absurdo, una profunda y expandida corrupción, mas una ineptitud para gobernar sus respectivos países sumado a la habilidad para proclamar una visión nacionalista, mientras, le traspasaban la soberanía del país al aliado más prometedor.

La propuesta castrochavista devino de la alianza Castro y Chávez. Previamente el tirano cubano había intentado a través de la violencia y una manipulación sistemática de la realidad, imponer gobiernos a su imagen y semejanza en el hemisferio, proyecto, en el cual solo cosechó fracasos, puesto que, aunque Daniel Ortega llegó al poder por medio  del terror, contó con la asistencia de algunos países vecinos y de otros no tan cercanos geográficamente como la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, quien, según Sergio Ramírez, entregaba 100,000 dólares mensuales a los sandinistas y los Estados Unidos de Jimmy Carter, quien le retiró toda la ayuda al dictador Anastasio Somoza, lo mismo que hizo Eisenhower con Fulgencio Batista,

Castro con treinta años ininterrumpidos en el poder fue testigo del arribo de Hugo Chávez a la primera magistratura de Venezuela, fatídica coexistencia que tuvo como resultado, fuese por acuerdo previo o entendimiento sobre la marcha, una coalición en la que se fundieron sus respectivos odios contra la democracia, la libertad y respeto a la dignidad humana junto a la rencorosa envidia que profesaban hacia Estados Unidos, forjando, la indecorosa propuesta que hoy llamamos castro chavismos, no sin antes haber proclamado que estaban a favor del Socialismo del Siglo XXI.

La nueva alianza, es apropiado reconocerlo, fue exitosa. Los hermanos Castro proveyeron su capacidad subversiva, represiva y de tergiversación de la realidad, mientras Chávez y Nicolas Maduro aportaron toda la riqueza de Venezuela, que embolsada por Chávez y Maduro que como buenos tiburones salpicaron a sus crías, subsidiaron el totalitarismo castrista y compraron voluntades políticas con una diplomacia petrolera que condujo a la bancarrota al erario venezolano.

Este programa captó rápidamente numerosos partidarios entre los que se destacaron el corrupto y farsante Luis Inacio Lula da Silva, el hipócrita mas aberrante entre todos los políticos latinoamericanos, y los no menos nefastos Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, aunque honrando a la verdad a estos canallas no le faltaron nunca aliados, tanto que hubo una corriente que se llamó la “marea rosa” que siempre estaban presta a respaldar sus propuestas, entre los que recuerdan al expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández.

Deslastrarse de los legados castro chavistas no es sencillo porque deja huellas tan profundas como lastimosas. Rafael Correa, dejo el poder en 2017 y todavía el país padece su herencia. La clientela que instrumentó bajo sus mandatos continua ansiosa por el retorno, fueron sacramentados por el correísmo y protegidos por su devoción.

El ejemplo de Bolivia es todavía más desafiante. Evo Morales intentó perpetuarse en el poder de manera indefinida cubriéndose de una falsa legitimidad, sin embargo, el fraude fue descubierto y tuvo que renunciar, causando en el país un periodo de ingobernabilidad bien complejo hasta que llegó al gobierno uno de sus tiburones más preciado Luis Arce Catacora que como voraz piraña, clavo sus afilados dientes en Morales, su antiguo protector.

Sin embargo, el país del altiplano sigue preñado del castrochavismo. El actual presidente Rodrigo Paz Pereira no ha podido encausar el país hacia una verdadera democracia, numerosos problemas siguen amenazando la libertad y la ruta hacia una sociedad libre.

Venezuela es todavía mas obscuro. El dictador está preso, pero la dictadura continua. Hay numerosos presos políticos, los exiliados no disfrutan de garantías para su retorno y no se avizoran unas elecciones en la que estén garantizados los derechos de todos.

De Cuba y Nicaragua, casi quedamos sin comentarios. La tierra de Ruben Darío padece una dictadura de dos que ensombrece a los gobiernos somocistas. Sus abusos son innumerables, presos políticos, destierros masivos, crímenes sin olvidar más el ultimátum de que no habrá elecciones en un país donde los comicios del yugo Ortega-Murillo, siempre han sido fraudulentos.

Por último, Cuba está regida por el totalitarismo, bajo una ineptitud llevada al paroxismo y un pueblo, que, al parecer, está al borde de la aniquilación por sus propios gobernantes.

*Pedro Corzo, Periodista cubano