Autor: Alvaro Cruz

Las condiciones no estaban dadas. No fue antes ni después que cumpliera su ciclo. Es como si fuera aquello de todo tiene su tiempo:  “Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo…su tiempo la guerra  y su tiempo la paz..” Eclesiastés 3.8.

Desde ese fatídico martes 2 de febrero de 1999, cuando aquél vanidoso, envalentonado, irrespetuoso y felón ex-militar alzó su mano derecha  y posó su izquierda sobre la Constitución de 1961 sobriamente empastada, mientras pronunciaba su histórica irreverencia que presagiaba los tormentosos y dolorosos días a porvenir: ”Sí, juro ante esta Constitución moribunda…”, Venezuela no sería la misma, ni para ella, ni para el continente, ni para el mundo.

Primero se le llamó el proceso, luego revolución bolivariana, y finalmente el filósofo alemán nacionalizado mexicano Heinz Dieterich Steffan le otorgó el edulcorado nombre de Socialismo del Siglo XXI. Y con ese romántico nombre con aroma soviético/cubano, se inició el proceso más tenebroso, sufriente y alocado que haya conocido el continente americano, y buena parte de la comunidad internacional.

Y con ese pomposo nombre, y una vez asegurada la cooptación de los poderes legislativo y judicial, los medios de comunicación, se inició el proceso de influenciar, financiar y participar en la actividad política y económica del resto de los países hispanoamericanos desde México a la Argentina, sin olvidar el esquivo Caribe angloparlante. Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú. Todos ellos, alineados en un solo objetivo: enfrentar la influencia de los Estados Unidos en Hispanoamérica  y el Caribe; neutralizar la Unión Europea con su complejo del Buen Salvaje y buscar alianzas políticas, militares y comerciales, con Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Turquía, Siria y el Medio Oriente en general, salvo con  el Estado de Israel, declarado por el mismísimo Chávez como enemigo de la humanidad y con quien muy pronto rompió relaciones diplomáticas .

Cuba fue otro esquema, en realidad, se fundió con la Venezuela y el Socialismo del Siglo XXI una alianza casi consanguínea, al punto que el propio Chávez lo presentaba como su padre.

En el 2005 se debió reunir en la ciudad de Mar de Plata/Argentina una Cumbre Extraordinaria de Las Américas, para tratar el tema económico, una especie de ALCA continental. Cumbre que fue saboteada por los peronistas del ala kirchnerista bajo la protección y financiamiento de Venezuela. Allí se jugó la suerte del continente, y se supo desde ese momento que el objetivo era la destrucción de los valores democráticos occidentales sustentados en la libertad individual, la separación de los poderes públicos republicanos y la libertad de mercado.

Desde ese momento, el objetivo fue sustituir  la OEA por una nueva organización continental  sin la presencia e influencia de los Estados Unidos y Canadá. Y se consiguió. Ya para ese entonces el precio del petróleo había subido  de manera tan repentina y exponencial que le fue posible a Venezuela no solo crear, con la asistencia del Foro de Sao Paulo, diferentes organizaciones latinoamericanas y del Caribe que se podían financiar con el apoyo exclusivo de Venezuela.

Fue el caso de la Alianza latinoamericana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) fundada por Hugo Chávez y Fidel Castro en el 2004, Petrocaribe fundada en el 2005, la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) fundada en el 2008, TeleSur fundada en el 2005 que transmite en televisión de alta definición, y que desde el 2014 en inglés desde Quito, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creada en el 2011, AlbaPetróleo en el 2006 entre PDVSA y una organización de 19 municipios de El Salvador gobernadas por el FMLN, Albanisa de Nicaragua (2007).

En medio de esta ebriedad monetaria sin control en Venezuela ni en el país receptor, el Socialismo del Siglo XXI creó una alianza con los mismos fines ideológicos que abarcó  todo el continente hispanoamericano y el Caribe, la España de Zapatero y Pedro Sánchez, y las ciudades de Londres, Italia y Nueva York, además de sus alianzas políticas con Rusia, Bielorrusia, Irak, Siria, Irán, Turquía y Libia.

Cuando no era donando o vendiendo petróleo y asfalto a precios reducidos, pagaderos a largo plazo, con intereses irrisorios, lo fue prestando un servicio público loable como la Misión Milagro, solo que los beneficios eran remitidos a Cuba.

Hoy, todo es diferente. Nuestro continente hispanoamericano, decidió rechazar de forma contundente, esos cantos de sirenas sostenidos con dinero mal habido y peor distribuidos. Desde Argentina a Venezuela se ha rechazado el modelo estatista y unipersonal totalmente ideologizado del Socialismo del Siglo XXI, que no fue más que el mismo proyecto marxista tropicalizado por Fidel, que se derrumbó por sí solo.

El primero en cambiar el ritmo sostenido fue El Salvador con la presidencia de Nayib Bukele, le siguió Ecuador, Bolivia, Peru, Paraguay, Chile, Saint Vincent y las Granadinas, Guyana, Trinidad y Tobago, República Dominicana, y tal como despuntan los resultados, Honduras. Con un hecho muy representativo, en Chile, y ahora en Honduras, cualesquiera fuere en definitiva el ganador, el 80% del electorado rechazó en forma irreversible cualquier propuesta que conlleve caudillismo, comunismo, socialismo, partidismo, negadores todos de la dignidad humana, la libertad y el Estado de Derecho democrático.

*  Juan José Monsant Aristimuño es diplomático venezolano retirado. Fue embajador de Venezuela en El Salvador

Este martes 2 de diciembre se cumplieron 45 años de la captura, la violación sexual y el asesinato de Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan. Creo no equivocarme al afirmar que con el sacrificio de estas cuatro religiosas estadounidenses, culminaron las muertes violentas más sonadas en el país y conocidas en el mundo durante 1980. La primera víctima fue Mario Zamora Rivas; este era hermano de Rubén, quien quizás por ser crítico de Nayib Bukele está siendo procesado de la manera más estúpida en el caso de la masacre en El Mozote. Tras la muerte de Mario, procurador general de pobres y dirigente del Partido Demócrata Cristiano, hubo más ejecuciones; monseñor Óscar Arnulfo Romero y otros nombres engrosaron la larga lista. Entonces no existía la figura estatal del “ombudsman”, cuya traducción al español es “defensor del pueblo”.

Pero esos crímenes no fueron los únicos. Según la Comisión de la Verdad, citando al Socorro Jurídico Cristiano, la matancinga en ese año sumó casi doce mil personas entre la población civil no combatiente; la inmensa mayoría asesinadas a manos de fuerzas gubernamentales, pero también las hubo producto del accionar guerrillero. Además, una gran cantidad de gente fue detenida arbitrariamente y torturada; también abundaron las desapariciones forzadas. Junto con otras atrocidades ocurridas antes y durante la guerra, a excepción del caso de la masacre de los periodistas holandeses, quienes ordenaron y planificaron la barbarie así como quienes la financiaron y encubrieron permanecen protegidos por la impunidad.

Solo que ahora, existe la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como institución encargada –entre otras funciones– de asistir a “presuntas víctimas”. Al menos aún aparece en nuestra ninguneada y violada Constitución. Y todas las personas que sobrevivieron a los atropellos contra su dignidad junto a aquellas familias de las que no, no son “presuntas víctimas” sino víctimas reales que sufrieron antes por dichos vejámenes y han seguido siendo ultrajadas hasta la fecha al negarles siempre el conocimiento de la verdad sobre los hechos que las afectaron, la justicia que debió ser impartida y la reparación que les es debida.

Fuera de algunos informes puntuales y bastante contados, como en el caso de la masacre dentro de la universidad jesuita perpetrada hace más de 36 años, la PDDH no ha estado a la par de esa parte de nuestro pueblo sufriente que en su mayoría habitó y habita el abajo y el adentro nacionales. Podríamos imputar a sus anteriores titulares de haber pecado por omisión, con o sin mala leche, al no agarrar por los cuernos al toro de la arbitraria protección de los autores imprescindibles de las canalladas del pasado.

Pero ni el primer procurador –Carlos Mauricio Molina Fonseca, buena persona pero desconocedor en su momento de la materia– ni Eduardo Peñate Polanco, exjuez y exmagistrado cuestionado por su pasado en la judicatura y sancionado internamente dentro del Órgano Judicial que renunció al cargo, ni Marcos Valladares quien por ser su adjunto lo sustituyó, hicieron lo que Raquel Caballero de Guevara hizo y está haciendo: arrodillarse sin vergüenza ante el poder y ser tapadera de los malacates oficialistas y sus maldades mientras se dedica a ofender con su desprecio hacia las víctimas y hasta burlarse de estas.

A sus actitudes y expresiones bayuncas –como enojarse y no responder en una entrevista al preguntarle por el nepotismo comprobado durante su primer mandato o presumir de su “linda cara” mientras “comparecía” ante la comisión legislativa respectiva al cuestionarla por sus viajes al exterior durante el segundo– debe sumarse algo más reciente e infame: la repartición de los premios y reconocimientos institucionales que acostumbran realizar anualmente desde hace un buen tiempo. ¿Por qué? Pues, entre otras razones, por haber galardonado a la Policía Nacional Civil siendo acusada de violar derechos humanos en el marco del régimen de excepción

Además, por haberle entregado una estatuilla a Carlos Marroquín –alias “Sliptone”– nombrado por Bukele como director de Reconstrucción del Tejido Social y mantenido en el cargo hasta la fecha pese a que hace unos años escuchamos una grabación nunca desmentida en serio, no obstante la anuencia del medio que lo publicó a someterla a un peritaje para demostrar su autenticidad. En este, Marroquín se oye conversando con un desconocido integrante de una mara acerca de la protección y la ayuda que le brindó a un destacado líder pandillero para huir del país.

A él, junto a la citada corporación policial y otras objetadas entidades estatales, la “defensora del puesto” le agradeció “por cada palabra y acción” buscando “proteger la vida, acompañar el sufrimiento, promover la justicia y sembrar esperanza”. ¿Proteger a quiénes? ¿A los liderazgos de esas agrupaciones criminales? ¿Sembrar esperanza entre una población desesperada por tantas causas? Debería ella responder tales interrogantes. Y usted que leyó estas líneas, me gustaría que respondiera esta: ¿Esta doñita es impresentable?

El Derecho Laboral en El Salvador atraviesa un proceso de modernización profunda. La reciente aprobación de la Ley para la Protección de Datos Personales ofrece un hito importante: por primera vez el país cuenta con una norma integral que regula el tratamiento de información personal de trabajadores y empleadores, consolidando derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO-POL), así como obligaciones de custodia, seguridad y transparencia. Esta ley no es un accesorio: es una herramienta que reconoce la dignidad de las personas en un mundo laboral crecientemente digital y globalizado.

De igual forma, la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo consolida un compromiso internacional: visibilizar y sancionar conductas que vulneran la dignidad, la integridad física y psicológica de quienes laboran. Por primera vez, la normativa internacional exige que empleadores, sindicatos y Estado garanticen espacios laborales libres de violencia, sea en oficinas, casas, centros de trabajo o en entornos virtuales.

Existiendo, a nuestro criterio, una deuda pendiente con una normativa secundaria que desarrolle todos los derechos y obligaciones detallados en el Convenio referido. A ese impulso normativo se añade una práctica judicial moderna: cada vez con más frecuencia se admite la prueba digital en procesos laborales, reconociendo que las relaciones laborales, los contratos, las comunicaciones y hasta las evidencias de acoso o incumplimiento pueden residir en plataformas electrónicas.

Ese reconocimiento —aunque todavía con matices— desplaza la cultura del papel y consolida un enfoque de Derecho Laboral adaptado a la era digital. No obstante, más allá de estos logros, el escenario exige anticipación.

Tal como advierte un reciente artículo sobre empleos en riesgo para 2030, la automatización y el uso de inteligencia artificial (IA) amenazan empleos administrativos, de oficina, contables, teleoperadores y otras ocupaciones repetitivas. Esa tendencia obliga al país no solo a modernizar la regulación tradicional, sino a construir un marco jurídico capaz de responder a la transformación estructural del trabajo: modalidades transnacionales, teletrabajo mas flexible, colaboradores que prestan servicios desde otro país para empresas sin presencia local, jornadas asincrónicas, la desconexión digital, regulación de algoritmos y protección de Derechos Fundamentales en entornos virtuales.

En pocas palabras: el Derecho Laboral salvadoreño requiere Normas que garanticen Derechos ante la algorítmica, reglamentos claros para trabajadores remotos y transnacionales, protección frente a vigilancia digital, regulación sobre inteligencia artificial en la gestión del talento, así como estándares de formación continua. El camino recorrido en 2024–2025 demuestra voluntad normativa: protección de datos, dignidad, acoso cero, reconocimiento de lo digital.

Pero el desafío del futuro —una revolución en la naturaleza del trabajo— demanda visión, actualización constante y compromisos de largo plazo. Si logramos anticipar esos cambios con regulación adecuada, no solo preservaremos Derechos sino que construiremos un mercado laboral competitivo, justo y preparado para la economía del siglo XXI.

* Jaime Solís es experto en Derecho Laboral