Autor: Alvaro Cruz

La noche del martes de la semana pasada María Idaura callejas, de 42 años de edad había ido a realizar algunas compras a un supermercado en Sensuntepeque, Cabañas, cuando fue interceptada por su expareja Fabricio Antonio Meza, de 48 años, quien le disparó hasta asesinarla en el estacionamiento. El sujeto, quien era locutor y subsargento administrativo de la Fuerza Armada abordó su motocicleta y se dio a la fuga rumbo a Dolores.

En su huida Meza perdió el control y con todo y motocicleta se precipitó a un barranco en el caserío El Carrizal Río Grande, donde fue rescatado con vida por socorristas, pero debido a la gravedad de las lesiones murió instantes después. Unos dicen que fue accidente y otros que su intención fue suicidarse. Al final producto de este feminicidio y posterior muerte del supuesto feminicida, cuatro menores de edad han quedado huérfanos da padre y madre.

Resulta que desde hace más de un año María fue a los tribunales a denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar y en el juzgado le impusieron medidas al sujeto, entre ellas excluirse del hogar y no acercarse a la víctima (medidas de alejamiento), no obstante, Meza incumplía y se la pasaba persiguiendo, acosando y amenazando a su expareja, quien le contaba sus temores a sus amigos y familiares, pero nunca se atrevió a avisar a las autoridades policiales y judiciales sobre el acoso que recibía de su victimario.

Las mujeres deben darse a respetar y hacer prevalecer las medidas a su favor cuando son dictadas por un tribunal. Las medidas de alejamiento funcional solo si la víctima se atreve a denunciar el incumplimiento de los victimarios de lo contrario en ocasiones terminan en horrendos crímenes con secuelas lamentables. Una hipótesis, en este caso, es que Meza había citado a su expareja a un comedor cercano al supermecado, donde al parecer solían ir en ocasiones a comer.

Ningún caso de homicidio debe quedar impune, mucho menos los casos de feminicidio que dejan como consecuencias orfandad y angustia. Ayer se conoció que el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso 50 años de cárcel a  Geovanny Pablo Gómez Milán y a Jorge Efraín Vásquez Ibarra, por el feminicidio agravado en perjuicio de una adolescente de 14 años, crimen el 30 de mayo de 2025 en un predio baldío de Soyapango.

El cuerpo de la adolescente, que al parecer adolecía de problemas mentales y fue asesinada  con arma blanca, fue localizado un día después en una finca en la comunidad 10 de Octubre, en Soyapango. Las investigaciones permitieron reconstruir los hechos y establecer la participación de los acusados en el crimen.  En la vista pública la Fiscalía presentó pruebas que vincularon a Vásquez  y Gómez  con el homicidio. como el arma utilizada en el ataque, en la que también se encontró ADN de la adolescente.

Desde el primer caso de feminicidio en El Salvador registrado en marzo de 2012 en la colonia Escalón. con la vigente Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) se han procesado y condenado a más de 400 feminicidas, así como se ha logrado la sentencia condenatoria en 181 casos de intento de feminicidio agravado. Por supuesto han quedado algunos casos impunes, pero han sido los menos y en algunos casos no hay a quien perseguir porque el feminicida optó por suicidarse,

Uno de los casos más sonados ocurrió el 29 de mayo de 2022 cuando en la colonia Santa Elena de Antiguo Cuscatlán, la expresidenta de la Defensoría del Consumidor  Jancy Urbina, de 58 años de edad, fue asesinada por su esposo alemán Peter Wachowski. Dos años después, tras las pruebas certeras y contudentes del Ministerio Público, el ciudadano europeo fue sentenciado a 30 años de cárcel.

En la mayoría de los casos el feminicida actúa bajo los efectos de las drogas o las bebidas embriagantes y motivados por la enfermiza celotipia que conduce al desequilibrio emocional y a la posterior perdida del equilibrio emocional y psicosis que embrutece a los hombres. Las secuelas son las mismas: Orfandad, sed de venganza, odio, cárcel, condena y muchos años (hasta 50) en prisión.

Que la mayoría de casos de feminicidios terminen en condena no es consuelo de la sociedad ni el fin de la LEIV. La sociedad pretende que se acaban estos bochornosos y repudiables hechos que tanto angustian a las familias; mientras que la LEIV busca prevenir estos ilícitos y castigar a los que sobrepasan la sensatez para cometer delitos contra las mujeres.

Todo feminicidio puede evitarse con la denuncia inicial. Ninguna mujer, por mucha dependencia material que tenga, debe soportar violencia de su compañero de vida. Denunciar es la clave. Todos los hombres debemos rechazar toda forma de violencia, principalmente contra la mujer y abstenernos de ser entes generadores, provocadores o ejecutores de violencia contra la mujer y cualquier ser humano.

Las condenas son el éxito procesal jurídico contra los feminicidas y los que intentan cometer un feminicidio, pero el éxito existencial de una sociedad, es evitar que esos casos ocurran. Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a nadie. Todo homicidio es condenable. Repudiable.