Un fin de semana hace unos 15 años me encontraba en mi casa cuando recibí una llamada telefónica anónima de un sujeto que dijo conocerme y que me pedía 200 dólares para no hacerle daño a mi hija. Me pareció interesante y le saqué plática al sujeto quien usaba un léxico propio de los pandilleros.
Me pareció interesante porque el sujeto me trató por mi nombre, pero yo no tengo hijas, solo hijos. Terminé burlándome del sujeto, pero con la intriga de cómo sabía mi nombre y mi dirección, aunque era lo único que conocía, pues desconocía mi lugar de trabajo y otras particularidades. Cuando le dije que no tenía hijas y que ya sabía que me estaba llamando desde el Centro Penitenciario La Esperanza (Mariona) me colgó. Alargué la plática precisamente para ubicar la zona de origen, pues en la pantalla del aparato me salía que era un número privado.
Puse la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) y el resultado de la investigación fue que los pandilleros tenían acceso a un directorio telefónico y a llamadas ilimitadas desde el penal. Además, tenían sus contactos afuera responsables de darles información de sus potenciales víctimas y de recoger el dinero producto de la extorsión. Al siguiente año mi número telefónico ya no fue del conocimiento público.
La Fiscalía no logró individualizar al pandillero que trató de chantajearme ni a sus contactos dentro y fuera del penal. Era obvio que personal administrativo y de seguridad del Mariona también eran sus cómplices, pues en mi caso la plática duró cerca de 15 minutos aunque supuestamente los reos tenían derecho a llamadas que no pasaban de los tres o cinco minutos. Las investigaciones arrojaron que a diario hacían entre diez y 20 llamadas extorsivas.
La promesa de la Fiscalía fue que me iban a llamar a declarar en calidad de víctima cuando concluyeran las investigaciones y desmantelaran la red de extorsionadores. 15 años después sigo esperando a que me llamen.
El sábado pasado el Presidente Nayib Bukele dio a conocer que desde un penal de Colombia se realizaban llamadas telefónicas extorsivas a salvadoreños, a quienes les ofrecen trabajo u otras prestaciones a cambio de ciertas cantidades de dinero.
El mandatario aseguró que en El Salvador no hay cárteles de secuestradores y drogas, pero que desde la prisión de Cómbita, en el departamento de Boyacá, Colombia se realizan las llamadas que buscan chantajear no solo a salvadoreños, sino también a panameños, hondureños, costarricenses, dominicanos, peruanos, bolivianos, argentinos, chilenos y otros latinoamericanos.
Los reos colombianos se hacían pasar por empleadores para ofrecer trabajo a decoradores de interiores, albañiles, carpinteros, fontaneros, constructores y otros, a quienes lograban engañar y pedirles sumas de dinero, a veces bajo amenazas. Según Bukele pocos salvadoreños cayeron en la trampa e hicieron depósitos, por lo que instó a los compatriotas a no caer en las argucias psicológicas, pues no hay ningún peligro real.
El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, culpó a la “flojera” de Colombia para tratar a sus reos y en esto tiene justa razón. Las extorsiones desde los penales salvadoreños se realizaban por el sistema permisivo de los anteriores gobiernos que les facilitaban hacer llamadas desde teléfonos institucionales, incluso desde celulares los cuales les eran permitido a algunos reclusos privilegiados.
Recordemos que antes los reos tenían acceso a prostitutas, licor, cine, orquestas musicales, bailes, celulares, sexo, salidas clandestinas, banquetes, visitas sin mayor control y una serie de beneficios que les permitían tener una vida holgazana y delictiva. No se trata de violarles sus derechos humanos a los reclusos ni tener encerrada a las personas inocentes (a quienes debe hacérseles justicia y liberarlas si no hay pruebas), pero se trata de aplicar un régimen acorde a las exigencias de la seguridad penitenciaria.
En países europeos las cárceles son verdaderos centros de reinserción social, pero en América Latina, cultural, jurídica y técnicamente aún no lo son. Al contrario, hace años las cárceles en El Salvador eran sitios donde los delincuentes perfeccionaban sus conocimientos delictivos. Desconozco la realidad penitenciaria en Colombia, pero a juzgar por lo ocurrido en la cárcel de Cómbita (en Boyacá), es de suponer que hay permisividad que puede estar acompañada de corrupción estatal.
A raíz de la denuncia que hizo Bukele, el gobierno colombiano ha decidido bloquear la señal telefónica en tres penales de ese país, a saber: Cárcel Cómbita (en Boyacá), donde se han detectado más de 100 teléfonos móviles en manos de reos; cárcel en Valledepar (en el departamento de Cesar); y cárcel de La Dorada (en Caldas).
Al anunciar el bloqueo de la señal telefónica, el ministro de Justica Andrés Idárraga, señaló que su país no puede permitir que el flagelo de la extorsión se naturalice y mucho menos que se expanda a Centroamérica.
La verdad es que los salvadoreños no debemos ser ni tan ingenuos ni tan ambiciosos. Las redes sociales están llenas de contenidos falsos y de empleadores mentirosos. En las redes sociales y vía llamadas telefónicas (mensajes por whatsapp) muchos pícaros se aprovechan de la necesidad, ingenuidad y ambición de algunas personas para estafarlos o extorsionarlos. Si alguna vez detectamos que pretenden estafarnos o extorsionarnos debemos denunciar ante las autoridades de seguridad pública o ante la Fiscalía. Debemos verificar que toda oferta laboral es legal y para ello basta llamar al Ministerio de Trabajo.
Amigos lectores no permitamos que nadie nos engañe, mucho menos que nos estafen o extorsionen. Ponernos a salvo, a veces, pasa por evitar las ambiciones y no ser tan ingenuos. La denuncia es nuestra arma letal contra los delincuentes.
*Jaime Ulises Marinero/Periodista
