El conflicto entre Rusia y Ucrania podría alcanzar la alarmante cifra de dos millones de soldados muertos, heridos o desaparecidos para la primavera de 2026, si se mantiene la actual intensidad de la guerra, advirtió este martes el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) con sede en Washington.
El análisis indica que casi 1.2 millones de soldados rusos y cerca de 600,000 ucranianos han muerto, resultado heridos o permanecen desaparecidos desde que comenzó la invasión en 2022. En conjunto, las bajas ascienden ya a 1.8 millones, lo que convertiría este conflicto en el más mortífero para grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial.
“Están pagando un precio extraordinario por ganancias mínimas”, señala el informe, que subraya el costo humano frente al escaso avance territorial.
El documento del CSIS destaca, por ejemplo, que en Pokrovsk, Donetsk, las tropas rusas han logrado conquistar territorio a un ritmo de apenas 70 metros por día, y que desde enero de 2024 han recuperado menos del 1.5 % del territorio ucraniano.
El informe se publicó tras las reuniones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebradas el pasado fin de semana en Abu Dabi, donde se busca establecer una hoja de ruta para una eventual salida negociada del conflicto. Según fuentes diplomáticas, se espera la realización de nuevos encuentros bajo el mismo formato en los próximos días.
En el plano económico, el estudio del CSIS advierte de un deterioro continuo en la economía rusa, con una caída sostenida en la producción industrial y niveles de inflación persistentemente altos.
Según el centro de análisis, “Rusia se está convirtiendo en una potencia económica de segunda o tercera categoría”, lo que pone en entredicho su capacidad de sostener la guerra a largo plazo.
Organizaciones opositoras nicaragüenses agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) denunciaron el martes que la reciente expulsión del embajador español en Managua, Sergio Farré, y de su adjunto responde al “miedo” de la dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras lo ocurrido con el régimen de Venezuela.
Rosalía Gutiérrez‑Huete, presidenta de la Nicaragua Freedom Coalition (NFC) —miembro de Pude y conocida como “la embajadora de la oposición en Washington”— afirmó en un audio difundido a medios que la reacción del Gobierno sandinista hacia España es “sumamente inusual y dañina” y que “nace del miedo, no de la fortaleza”.
Gutiérrez‑Huete sostuvo que los supuestos aliados internacionales de Ortega y Murillo han demostrado ser poco confiables, mencionando que las reacciones “tibias” de países como Rusia y China ante la crisis venezolana evidencian que no arriesgarán apoyo significativo. También citó a Irán como otro aliado clave que enfrenta sus propios desafíos internos.
Por su parte, el abogado nicaragüense desnacionalizado Roger Reyes manifestó que Pude condena “enérgicamente la expulsión injustificada del embajador de España y su adjunto” y calificó la decisión como “un ataque más contra quienes defienden los derechos humanos y la democracia en Nicaragua”.
Reyes destacó que España ha otorgado la nacionalidad española por carta de naturaleza a cientos de nicaragüenses despojados de la suya y que en noviembre de 2025 acogió a 245 refugiados nicaragüenses. También agregó que la expulsión diplomática revela lo que considera la verdadera estrategia de Ortega y Murillo: el “auto aislamiento deliberado”. Según él, al distanciarse de las democracias se acercan únicamente a regímenes autoritarios como Rusia, China e Irán.
El Gobierno de Nicaragua aún no ha emitido declaraciones oficiales sobre la expulsión de los diplomáticos españoles. Tampoco se ha referido a la medida recíproca tomada por el Gobierno de España, que ordenó la salida del embajador nicaragüense en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y de otro diplomático, en respuesta a la expulsión de Farré. Esta acción se aplicó en “estricta reciprocidad” por lo que Madrid calificó de “injusta expulsión” de su representante en Managua.
Las tensiones diplomáticas entre Nicaragua y España han sido constantes, con anuncios previos de ruptura y protestas mutuas sobre presunta “intromisión” en asuntos internos, así como medidas de sanciones y críticas por violaciones a derechos humanos en el país centroamericano.
Las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentan un creciente rechazo dentro de su propio Partido Republicano, especialmente después de los incidentes ocurridos en Minnesota, donde varios manifestantes fueron asesinados por agentes federales. La situación ha provocado críticas tanto de representantes y legisladores republicanos como de aliados cercanos de Trump.
Uno de los críticos más destacados es el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, quien aplaudió la decisión de Trump de enviar al «zar de las fronteras» Tom Homan para controlar la crisis en Minnesota, pero subrayó que la Casa Blanca necesita aclarar su estrategia migratoria. Stitt señaló que los ciudadanos estadounidenses quieren que se aborde la inmigración, pero no están satisfechos con lo que está sucediendo en las calles de Minneapolis.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, también expresó su preocupación, indicando que la Casa Blanca debería reconsiderar su enfoque para restaurar la confianza pública en el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La crisis en Minnesota también llevó a la retirada de Chris Madel, un abogado conservador, de la carrera por la gobernación de Minnesota. Madel criticó la operación Metro Surge, destinada a detener a inmigrantes indocumentados, argumentando que esta había ido más allá de abordar las amenazas reales a la seguridad pública. Según Madel, los ciudadanos de color viven con miedo, llegando incluso a portar documentos de ciudadanía para demostrar su estatus legal.
El caso del enfermero Alex Pretti, quien fue asesinado por un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha sido uno de los incidentes más impactantes, ocurriendo menos de tres semanas después de la muerte de Renee Good a manos de un agente del ICE. Estos hechos han desatado protestas a nivel nacional.
En el Congreso, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, Rand Paul, ha solicitado que los responsables de ICE, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) comparezcan ante el Congreso. Otros republicanos, como el senador por Utah, John Curtis, también han mostrado su desacuerdo con la gestión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por apresurarse a emitir juicios sobre los incidentes sin conocer todos los hechos.
El senador de California, Thom Tillis, advirtió que cualquier funcionario que intente cerrar investigaciones antes de su inicio está perjudicando al país y al legado del presidente Trump. También se unieron a las críticas figuras más moderadas del Partido Republicano, como Lisa Murkowski y Bill Cassidy, quienes calificaron los eventos de Minnesota de «inquietantes» y expresaron que la credibilidad del ICE está en juego.
El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, sugirió que si la situación en Minnesota sigue empeorando, Trump debería considerar retirar al ICE de la ciudad. Otros republicanos, como David McCormick, subrayaron que la situación se está viendo agravada por la «retórica irresponsable» de los políticos locales. Sin embargo, McCormick también apoyó la necesidad de una investigación sobre las muertes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “Cuba está a punto de caer” debido a que ya no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder en ese país. La declaración fue hecha ante la prensa antes de un mitin en el estado de Iowa.
Trump aseguró que Cuba dependía en gran medida del crudo y los ingresos provenientes de Venezuela, pero que ese apoyo ahora ha cesado.
“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, dijo el mandatario estadounidense.
El presidente agregó que Venezuela, con “las mayores reservas de petróleo del mundo”, ahora cuenta con una “presencia muy fuerte” de Estados Unidos y dijo que su gobierno trabaja de forma “excelente” con la administración interina de Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Maduro.
Trump afirmó además que “ahora les irá mejor que nunca” y que Estados Unidos obtendrá beneficios tanto para Venezuela como para su propio país mediante la cooperación energética. Según el presidente, la relación con los líderes venezolanos se mantiene fuerte y seguirá así.
El mandatario estadounidense atribuye el presunto debilitamiento económico de Cuba al fin del suministro de petróleo venezolano, un aliado histórico de La Habana. Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro y su traslado a Nueva York, Washington considera que la interrupción de los envíos de crudo podría provocar un cambio de régimen en Cuba.
El Gobierno cubano ha rechazado las afirmaciones de Trump, calificando la intervención estadounidense en Caracas como un “acto de terrorismo” y advirtiendo que no tolerará amenazas ni intimidaciones. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró que “no hay rendición ni claudicación posible” y que Cuba no aceptará concesiones políticas bajo coerción, asegurando que ese tema “jamás estará en una mesa de negociaciones” con Estados Unidos.
La tensión entre Washington y La Habana se agrava en el contexto de una profunda crisis económica en Cuba, marcada por la escasez de combustible y otros suministros básicos, así como por un significativo descenso en la actividad turística y dificultades energéticas que afectan a la población.
La denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual a dos empleadas en 2021, que fue archivada en España por falta de jurisdicción, podría ser procesada en la República Dominicana, país donde presuntamente ocurrieron los hechos, de acuerdo con abogados penalistas consultados por EFE.
El jurista y académico dominicano Cándido Simón afirmó que los hechos señalados ocurrieron en la mansión del artista en Punta Cana, y que una de las denunciantes es dominicana, al igual que el propio Iglesias, quien posee esa nacionalidad. Por ello, indicó que el caso debe ser competencia de la justicia dominicana y no de la española. “La jurisdicción competente es República Dominicana”, sostuvo Simón, quien consideró “correcta” la decisión de la Fiscalía española, que desestimó el caso por no cumplirse los requisitos legales exigidos en ese país.
Entre los argumentos de la Fiscalía española figuran que Iglesias no tiene nacionalidad española, que no hay conexión material con España, y que ya existe posibilidad de un proceso judicial en el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en Dominicana.
La denuncia, presentada el pasado 5 de enero, fue interpuesta por una exempleada doméstica y una fisioterapeuta, quienes aseguran haber sufrido agresiones sexuales, humillaciones y maltratos laborales sistemáticos por parte del cantante. Las mujeres presentaron supuestas pruebas como documentos laborales, fotografías, mensajes de WhatsApp, grabaciones y registros de llamadas.
El abogado penalista René del Rosario explicó que las denunciantes pueden acudir a la Fiscalía de Higüey, en la provincia La Altagracia, para interponer una querella. También señaló que el Ministerio Público dominicano podría iniciar una investigación de oficio por tratarse de un delito de acción pública.
Sin embargo, Del Rosario advirtió que el caso podría tener pocas probabilidades de éxito en el ámbito judicial dominicano, debido a las dificultades de obtener pruebas científicas tres años después de los presuntos hechos. “Aunque sin el perfil mediático de Julio Iglesias, regularmente estas acciones no proceden por la dificultad científica de establecer que los hechos ocurrieron”, apuntó.
Iglesias, por su parte, ha negado todas las acusaciones. “Nunca he abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, dijo el cantante tras conocerse la denuncia. Posteriormente intentó personarse en el proceso judicial en España para conocer el contenido de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su petición.
Las denunciantes son representadas por la organización Women’s Link Worldwide, y el pasado 16 de enero obtuvieron la condición de testigos protegidas. La apertura del caso coincidió con la publicación de una investigación conjunta de eldiario.es (España) y Univisión Noticias (EE.UU.), donde se detallaron los testimonios de ambas mujeres sobre las presuntas agresiones ocurridas en 2021, cuando Iglesias tenía 77 años.
Hasta la fecha, las autoridades dominicanas no se han pronunciado oficialmente sobre el caso, pese a los vínculos del cantante con el país.
El cambio está cada vez más orientado hacia la especulación financiera y menos hacia la creación de capacidades, con conciencia crítica y humanitaria, que tengan presente a todo ser humano en toda su integridad, sobre todo en el uso de las realidades terrenas, lo que nos demanda otras leyes morales y sociales, que reconsideren las diversas situaciones, ante un crecimiento mundial pobre, que lo único que fomenta es la desigualdad entre zonas. Por tanto, es una injusticia que los países menos adelantados reporten flujos estancados o en descenso, lo que agrava las brechas de financiamiento para el desarrollo. Además, sin medidas para reactivar la inversión productiva, los flujos seguirán concentrándose en pocas regiones y sectores, limitando su aporte al avance global.
Ciertamente, si la inflación baja, pero la inversión es moderada y la incertidumbre persiste, el costo de la vida continúa siendo un desafío global, instándonos a repensar sobre los riesgos de suministro, que nos reclaman por sí mismo, un enfoque más coordinado de las políticas monetarias, fiscales y generales, de forma que se ampare a los grupos de población más vulnerable. En este sentido, los anhelos sectoriales también desempeñan un papel vital, porque amplían la capacidad humanística con sus sistemas de producción, fortaleciendo las cadenas de suministros, especialmente en alimentos, energía y logística. Indudablemente, una acción coordinada entre manejos mercantiles, fiscales e industriales será fundamental, para gestionar los precios sin comprometer la estabilidad.
En consecuencia, hoy más que nunca se precisa una coordinación global profunda y una acción colectiva decisiva. La mejora sostenida y sustentada, dependerá de reconstruir la confianza y de vigorizar la previsibilidad, renovando compromisos, con un sistema multilateral de comercialización abierta, basado en normas; considerando a la juventud, que representa más de la mitad de la población mundial, como uno de los principales motores de la innovación y del progreso. Sin embargo, muchos jóvenes siguen enfrentándose a obstáculos constantes que les impiden reconstruir el futuro que desean, como la pobreza y la diferenciación extrema o el acceso limitado a una educación de calidad y a un trabajo digno.
Sea como fuere, el momento actual es de transformación radical, inducido en parte por la revolución tecnológica, lo que debe estimular a que los aprendices cooperen en la creación conjunta de sistemas educativos modernos, pertinentes e inclusivos, para que la docencia y el aprendizaje respondan realmente a sus aspiraciones. En efecto, las personas menores de treinta años representan más de la mitad de la población mundial. Son una fuerza motriz que requieren de empleos dignos. A mi juicio, para conseguir este objetivo equitativo y universal, el liderazgo instructivo es esencial para un adiestramiento contributivo con las circunstancias que vivimos. De lo contrario, tampoco lograremos alcanzar la igualdad de género y mucho menos romper con el ciclo del descarte.
Para responder a estos retos actuales, hay que llamar la atención sobre la importancia de la responsabilidad moral, basada en la dignidad y en la innata vocación humanística del sujeto, como ciudadano de bondad y bien, máxime en un orbe heterogéneo y computarizado como jamás. La dimensión ética es cardinal, ya que son las gentes las que diseñan los sistemas y determinan para qué se utilizan. De hecho, al igual que la especulación financiera, con la ganancia fácil como fin fundamental, sigue causando estragos; igualmente, la inteligencia artificial, puede deshumanizarnos por completo. Porque lo que mide la perfección del individuo, no radica en los conocimientos adquiridos, sino en la capacidad de servicio, lo que revela nuestra humanidad, que es lo que nos hermana y armoniza.
Bayardo Arce Castaño, quien fuera uno de los nueve históricos comandantes de la revolución sandinista y asesor en temas económicos de la Presidencia de Nicaragua, fue condenado este martes por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, junto a su asistente Ricardo Bonilla Castañeda, por un fraude al Estado nicaragüense que asciende a 4.961,9 millones de dólares.
La Procuraduría General de Justicia confirmó el veredicto, anunciando que ambos deberán enfrentar cargos por lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado.
Arce Castaño, de 76 años y uno de los sobrevivientes de los nueve comandantes de la revolución, fue detenido en julio pasado tras no presentarse a una cita para esclarecer su vinculación con «transacciones al margen del Estado». La sentencia del tribunal también incluye el decomiso de los bienes de los acusados.
El juicio reveló que Arce Castaño y Bonilla Castañeda operaron un esquema sofisticado de ocultamiento de fondos ilícitos, a través de sociedades mercantiles, cuentas bancarias y transacciones internacionales, lo que afectó gravemente la transparencia del sistema financiero del país. De acuerdo con la Procuraduría, los acusados emplearon 49 sociedades, 35 de las cuales estuvieron activas en la canalización de flujos de capital provenientes de la evasión fiscal, y usaron países como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para realizar transferencias ilegales.
Ambos individuos fueron responsables de reclutar a terceros para que figuraran como testaferros, mientras ellos ocultaban la identidad de los verdaderos beneficiarios de las transacciones. Las autoridades también destacaron que los acusados utilizaron métodos como préstamos ficticios para disimular el origen de los fondos.
Arce Castaño, quien fuera jefe de campaña del presidente Daniel Ortega en 1990, ha tenido un papel destacado en la política nicaragüense, siendo asesor económico de la Presidencia desde 2007.
José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de Panamá (2019-2024), fue capturado este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, tras regresar de Guatemala. La captura fue ordenada por el Ministerio Público (MP), que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento injustificado.
Al ser arrestado, Carrizo se mostró desafiante ante los medios y afirmó: «Aquí estoy porque soy inocente», mientras era escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.
En un video difundido horas antes de su captura, Carrizo explicó que optó por no juramentarse como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con sede en Guatemala, para evitar especulaciones sobre su situación legal. El cargo de diputado le otorgaría inmunidad ante la justicia ordinaria, lo que pudo haber complicado las investigaciones en su contra.
Carrizo, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), defendió su posición asegurando que enfrenta una «persecución política» y criticó que estuviera siendo investigado por más de tres fiscalías por la misma causa de enriquecimiento injustificado. La Fiscalía ha solicitado su comparecencia para responder por los señalamientos.
En octubre de 2025, la Contraloría General de Panamá ordenó el secuestro de ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados a Carrizo, por un valor aproximado de 1,3 millones de dólares. El exvicepresidente presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Panamá para impugnar esta medida. En respuesta a las acusaciones, Carrizo afirmó que había entregado el 15 de enero de 2026 una auditoría forense ante la Contraloría que, según él, demostraba que no se había enriquecido de manera ilícita.
Carrizo, de 42 años, fue una de las figuras más visibles en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y su nombre ha estado vinculado a varios escándalos desde el inicio de la administración, especialmente durante la pandemia de la covid-19, cuando se cuestionó el manejo de los fondos destinados para enfrentar la emergencia sanitaria. En ese contexto, Transparencia Internacional destacó en 2021 que, debido al estado de emergencia, el gobierno de Cortizo se eximió de los controles regulares y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que alimentó las sospechas de corrupción.
Carrizo defendió el «manejo transparente» de los 1.457 millones de dólares aprobados para la pandemia, asegurando que los fondos fueron utilizados de forma adecuada.
La investigación en su contra sigue su curso y Carrizo tendrá que enfrentar a las autoridades judiciales para aclarar las acusaciones que pesan sobre él.
Norman Quijano, excandidato presidencial por el partido ARENA en las elecciones de 2014, expresidente de la Asamblea Legislativa y exalcalde de San Salvador, fue condenado en abril de 2024 a 13 años y cuatro meses de cárcel por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. La condena fue emitida luego de que el tribunal encontrara pruebas suficientes para establecer que Quijano negoció con pandilleros durante su campaña presidencial, ofreciendo favores a cambio de votos.
La condena fue dictada bajo los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La Fiscalía General de la República de El Salvador presentó pruebas documentales, testimoniales y audios que mostraban reuniones entre Quijano y los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 antes de la segunda vuelta electoral en 2014. Según la acusación, Quijano pidió el apoyo de estas pandillas para que permitieran votar a los ciudadanos bajo su control a cambio de compromisos con programas de reinserción social y otros beneficios, como la reducción de ataques policiales.
La defensa de Quijano, sin embargo, ha rechazado la sentencia, argumentando que las pruebas presentadas en el juicio no son suficientes para probar los delitos de agrupaciones ilícitas ni fraude electoral. El abogado Lisandro Quintanilla, entonces defensor de Quijano, aseguró que los testimonios de los testigos con régimen de protección no demostraron que Quijano estuviera involucrado en negociaciones con pandillas, y afirmó que los audios y videos presentados en el juicio no respaldan la acusación de que el exfuncionario pidió votos a cambio de dinero o beneficios.
La condena también incluye la inhabilitación de Quijano para ejercer cargos públicos, incluyendo su puesto como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), por lo que la Cámara de lo Penal notificó al PARLACEN para que inicie los trámites para su cese.
Condena en apelación
A pesar de la condena, la defensa presentó una apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema el 24 de junio de 2025, solicitando la nulidad del proceso, al considerar que no se probó el delito y que se violó el debido proceso durante el juicio. La apelación se centró en la falta de evidencia suficiente para respaldar las acusaciones y en la irregularidad del desafuero de Quijano, que no se siguió como lo establece el Código Procesal Penal.
No se ha conocido una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema al respecto.
Catapultado a la primera vicepresidencia de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano dirigente del Ejército chino, en 2022, el general Zhang Youxia parecía inmune a las purgas que habían sacudido a la cúpula castrense en los últimos años. No lo era.
El sábado pasado, el Ministerio de Defensa de China sorprendió al anunciar que tanto Zhang como Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, estaban siendo investigados por «graves violaciones de la disciplina y de la ley», eufemismo habitual para referirse a delitos de corrupción.
Con este movimiento, el presidente Xi Jinping, quien también dirige la CMC, «consolida su poder y autoridad» sobre las Fuerzas Armadas y «asegura un alto grado de lealtad a su liderazgo» dentro del Ejército Popular de Liberación (EPL), una institución clave del sistema político chino que responde orgánicamente al Partido Comunista (PCCh).
«Xi probablemente considera que Zhang ha desarrollado una base de poder demasiado independiente dentro del EPL, lo que podría representar una amenaza para su autoridad. Por lo tanto, necesita destituir a Zhang para garantizar su control sobre el Partido y que el EPL se mantenga firme», asegura a EFE William Yang, analista sénior para el Noreste de Asia en International Crisis Group.
Las investigaciones abiertas sobre estos dos oficiales han terminado por trastocar la estructura de mando del EPL: de los siete miembros que tenía la CMC a finales de 2022, actualmente solo quedan dos, el propio Xi y Zhang Shengmin, vicepresidente segundo y jefe de la campaña anticorrupción del Ejército. Los demás han sido purgados.
Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) de China, asiste a una reunión en el Ministerio de Defensa en Hanói, Vietnam, el 24 de octubre de 2024. El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció el 24 de enero de 2026 que los altos oficiales militares Zhang y el general Liu Zhenli, jefe de Estado Mayor del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, han sido investigados por presuntas «graves infracciones disciplinarias y de la ley». EFE
Una purga diferente a las demás
Las pesquisas en torno a Zhang Youxia, de 75 años, son diferentes a las anteriores, no solo por tratarse del oficial uniformado de mayor rango en ser depurado hasta la fecha, sino por su estrecha vinculación personal y familiar con Xi -sus padres combatieron juntos en la guerra civil- y por su papel fundamental en las reformas militares lanzadas por el líder chino en 2015.
Zhang era, además, uno de los pocos generales que quedaban en China con experiencia real en combate, lo que probablemente llevó a Xi a promoverlo hasta la primera vicepresidencia de la CMC a los 72 años, cuatro por encima de la edad oficial de jubilación.
Sin embargo, en un editorial publicado el domingo, el principal periódico del EPL empleó un vocabulario muy duro para denunciar las presuntas irregularidades de Zhang, acusándolo de «debilitar gravemente la imagen y la autoridad» de la dirección de la CMC -es decir, de Xi- y de causar daños «extremadamente negativos» al Partido, al Estado y al EPL.
«El mero hecho de que Xi haya podido destituir a tantas élites del EPL desde que asumió el poder es una clara señal de que su posición en el régimen sigue siendo inquebrantable», afirma a EFE James Char, profesor asistente de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de Singapur.
¿Qué sucederá con Taiwán?
Las causas contra Zhang y Liu llegan a un año de dos hitos clave: el XXI Congreso del PCCh -que se celebra cada cinco años y en el que Xi buscará previsiblemente un cuarto mandato- y el centenario de la fundación del EPL, fecha para la que, según la inteligencia estadounidense, el líder chino habría ordenado que las Fuerzas Armadas estén preparadas para una posible contingencia sobre Taiwán.
La «reunificación» con esta isla, administrada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una «parte inalienable» del territorio chino, es una de las prioridades estratégicas de Xi, y las purgas no alterarán ese objetivo a largo plazo. En todo caso, podrían postergarlo brevemente.
«Probablemente Xi necesite algún tiempo para encontrar candidatos adecuados para las vacantes en la cúpula del EPL. Sin embargo, esto solo debe verse como un período temporal de calma en torno a la preparación del EPL para una eventual campaña contra Taiwán, en lugar de un retroceso fundamental», señala William Yang.
La incógnita ahora es qué perfiles escogerá Xi para dirigir los designios del Ejército más grande del mundo. Para Drew Thompson, exfuncionario del Departamento de Defensa de EE. UU., Zhang Youxia -a quien conoció en 2012- era el único oficial en servicio activo que podía brindarle al mandatario el «mejor y más objetivo asesoramiento» sobre las capacidades reales del EPL, incluyendo sus «deficiencias».
«Creo que (Zhang) podría evaluar objetivamente las capacidades militares de Estados Unidos y Taiwán y explicarle a Xi Jinping los riesgos y costes militares de una operación para tomar Taiwán», escribió Thompson este lunes en Substack. «Un adulador sin experiencia en combate le dirá a Xi lo que quiere oír», remató.
