Autor: Ariel Olivares

Maricruz Angulo, vecina de una zona rural de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano, recibe las primeras ayudas que llegan a su comunidad tras el terremoto con una sonrisa que se desdibuja cuando alerta de la presencia de miembros de un grupo armado, uno de los varios que operan en esta región, de las más pobres del país.

Buenaventura, distrito del departamento de Valle del Cauca (suroeste), fue una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y que dejó allí 26 fallecidos, 476 heridos, 38,175 personas damnificadas, 9.362 viviendas averiadas y 4,265 inhabitables, un escenario que agrava las condiciones de vulnerabilidad en las que vive buena parte de sus 320,000 habitantes.

Angulo es coordinadora de salud del Consejo Comunitario del Bajo Calima —una forma de organización territorial de comunidades afrodescendientes—, integrado por siete aldeas, entre ellas La Estrella, Las Brisas y Crucero, hasta donde llegó ayuda humanitaria del Consorcio Sharp, financiado por la Unión Europea, que atiende zonas en emergencia a las que la asistencia primaria del Estado no llega con rapidez.

«Estas zonas menos accesibles, como Buenaventura, siempre han sido de muy difícil acceso por diferentes razones (…) El terremoto hace que la situación de vulnerabilidad de todas estas familias sea aún peor», afirma María Alejandra Celis, gerente de emergencia del Consejo Danés para Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) en Colombia y parte del Consorcio Sharp.

La mayoría de estas comunidades, que no cuentan con servicios básicos, recoge agua de lluvia en tanques de almacenamiento, aunque después del terremoto algunos de estos sufrieron daños y los alimentos comenzaron a escasear.

«Después del terremoto ya no es lo mismo. Toda la vida trabajamos para tener nuestra casita y hoy en día quedamos prácticamente sin nada», afirma Angulo.

La crisis en medio del conflicto armado

Angulo baja la voz y mira a los costados cuando habla del conflicto armado que históricamente ha afectado a Buenaventura, donde operan las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como las bandas criminales Los Espartanos y Los Shottas, entre otros grupos.

«El territorio toda la vida se va a mantener con sus grupos armados (…) Han colocado banderas que uno ve más allá», dice mientras señala un camino de tierra rodeado de densa vegetación que une a La Estrella con otras aldeas.

Celis asegura que los caseríos rurales sufren una doble crisis luego del terremoto, ya que la emergencia se sumó a la falta de servicios básicos, empleo y educación.

«Son zonas que históricamente han tenido presencia de grupos armados y también disputas por control territorial (…) Las personas que atendemos están en medio de esta crisis, que al final ellos saben resolver. Lo que hace el terremoto es, obviamente, agravar toda la situación en la que están, los deja más desprotegidos», explica Celis.

Sin casas ni educación

Hace 40 años, Norma Rodríguez dejó su casa en el departamento del Tolima (centro) por el conflicto armado y se desplazó hasta asentarse en La Estrella. La misma casa que la recibió cuando llegó ahora tiene las paredes rajadas, las columnas desprendidas y el piso hundido.

Rodríguez cuenta a EFE que nunca había experimentado una situación similar a la del 10 de agosto y que las réplicas le dejaron secuelas psicológicas, como a varios miembros de la comunidad.

La imagen se repite en lugares como Las Brisas, donde varias casas quedaron inhabitables después del terremoto, entre ellas el único colegio del lugar.

«Una de las preocupaciones más grandes es cómo vamos a reponernos de esta situación, porque para construir una de estas viviendas las familias han luchado décadas y perder todo en un abrir y cerrar de ojos es difícil», relata a EFE Fernando Advíncula, habitante de la vereda Las Brisas.

Los caseríos rurales del consejo comunitario del Bajo Calima no tienen acceso a educación secundaria, lo que obliga a quienes quieren continuar sus estudios a desplazarse hasta el centro urbano de Buenaventura.

La escuela primaria de Las Brisas perdió el techo y parte de las paredes, los pupitres quedaron bajo los escombros y los niños suspendieron sus clases. En Buenaventura, 119 sedes educativas están afectadas, seis colapsaron y cinco se encuentran en riesgo inminente.

Esto preocupa a los habitantes de la zona, que coinciden en que a través de la educación los niños encuentran una oportunidad para salir adelante.

«Seguimos viviendo con miedo y temor, pero nos toca quedarnos en las viviendas porque no tenemos dónde vivir. Nos ha tocado como podemos y seguimos», indica Angulo.

Tres semanas después del terremoto, la vida en las zonas rurales de Buenaventura transcurre entre niños que juegan en las calles de tierra, casas con daños estructurales que aún no han sido evaluadas y grupos armados ilegales que permanecen en medio de la crisis.