Autor: Ariel Olivares

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía.

«Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo», dijo en un encuentro con periodistas, en declaraciones citadas este jueves por la agencia Ukrinform.

«He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la OTAN y parte de Europa. No estamos en contra», afirmó el presidente.

Por el contrario, descartó que el encuentro pudiera producirse en Moscú y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería «difícil».

«No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó», dijo.

Este martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI).

«Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (…), para permitir la participación del presidente Putin», señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker.

También el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ver «qué sucede» en una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse el lunes con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

La Asamblea de Estados Partes, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional (CPI), denunció este jueves como “intentos lamentables de obstaculizar” al tribunal las nuevas sanciones de Estados Unidos contra dos fiscales y dos jueces por la investigación a Israel, y pidió a la comunidad internacional reafirmar su “compromiso colectivo” con la corte.

La Presidencia de la Asamblea, que reúne a los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, reaccionó “con profunda preocupación” a las sanciones de la Administración de Donald Trump contra los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y los fiscales Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

Esta nueva ronda de sanciones, anunciada ayer, se suma a las emitidas en junio contra cuatro jueces, y en febrero contra el fiscal jefe, Karim Khan.

“Constituyen intentos lamentables de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes. Seguimos oponiéndonos a tales medidas unilaterales de manera firme e inequívoca”, señaló la asamblea.

Consideró que estas restricciones a sus funcionarios representan “una afrenta a la independencia de la corte” y, además, las sanciones “corren el riesgo de dificultar investigaciones en curso”, que van desde Palestina hasta Afganistán, pasando por Filipinas y Venezuela, hasta varios países africanos.

La Asamblea recordó que la CPI es “una piedra angular” de la justicia internacional y que funciona como un órgano judicial “independiente e imparcial”, por lo que las sanciones “buscan obstaculizar los esfuerzos por llevar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces”.

Asimismo, pidió a los países miembros “mantener su firme compromiso con la defensa de la justicia internacional”, pero añadió: “En estos tiempos difíciles, la comunidad internacional debe reafirmar su compromiso colectivo con el Estado de derecho y con garantizar que nadie quede por encima de la rendición de cuentas”.

Fue Israel quien urgió a Trump a sancionar a la CPI, que emitió en noviembre pasado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad como usar el hambre como método de guerra, dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde octubre de 2023.

Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI, aunque Washington sí ha cooperado con este tribunal por investigaciones como la de los crímenes de guerra en Ucrania, que llevó a la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero retiró ese apoyo cuando las investigaciones afectaron a su aliado israelí.

Países Bajos, anfitrión de la CPI en la ciudad neerlandesa de La Haya, mostró su apoyo a la Corte y “desaprobó” las sanciones, recordando que “los tribunales y cortes internacionales independientes deben poder llevar a cabo su labor sin obstáculos”, en palabras del ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp.

Este tipo de sanciones obliga a los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- a no cooperar con las personas o instituciones sancionadas, o sufrirán acciones penales. Entre otras consecuencias, también deja sin acceso los correos electrónicos o las cuentas bancarias si usan sistemas vinculados a Estados Unidos.

En este sentido, Veldkamp subrayó el compromiso de Países Bajos a “garantizar que la Corte pueda funcionar con la menor interferencia posible”.

Un juez federal de Nueva York negó la petición del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos para publicar las transcripciones y pruebas presentadas ante el gran jurado en el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

El juez Richard Berman, del Distrito Sur de Nueva York, determinó en un fallo de 14 páginas que el Gobierno del entonces presidente Donald Trump no logró demostrar una “circunstancia especial” que justificara levantar el secreto de dichas evidencias.

“La información contenida en las transcripciones del gran jurado sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación sobre Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”, escribió el magistrado.

Con esta decisión, Berman se convirtió en el tercer juez federal que rechaza divulgar materiales relacionados con el caso. Ya antes, un tribunal de Nueva York había denegado una solicitud similar en el proceso contra Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein, mientras que otro en Florida también descartó la publicación de documentos.

El Departamento de Justicia había presentado en julio su petición, firmada por la fiscal general Pam Bondi y el fiscal adjunto Todd Blanche, argumentando que el interés público exigía transparentar los hallazgos de la investigación conjunta del DOJ y el FBI.

Dicha pesquisa concluyó que Epstein no disponía de una supuesta “lista de clientes” de personalidades a quienes habría extorsionado, lo que causó malestar entre los seguidores del movimiento Make America Great Again (MAGA), afines a Trump, quien había prometido revelar “la verdad” sobre el caso.

La frustración de esa base llevó al expresidente a insistir a Bondi que liberara toda la información posible, siempre y cuando los tribunales lo autorizaran.

El caso volvió a encender la polémica tras la publicación en julio de un artículo de The Wall Street Journal que reveló una supuesta carta de contenido “obsceno” enviada por Trump a Epstein durante los años de amistad entre ambos. El exmandatario negó categóricamente su autenticidad y demandó al periódico, calificando la nota como “falsa”.