El Gobierno español aprobó este martes una regularización extraordinaria de migrantes que prevé dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas que ya están en el país, defendida por el presidente Pedro Sánchez como un acto de justicia y de necesidad, y rechazada por la derecha y la ultraderecha.
La regularización reconoce derechos a ciudadanos que ya viven en España, que ya «están aportando a la prosperidad y a la cohesión» del país, afirmó este martes Sánchez en una rueda de prensa en Pekín, donde está de viaje oficial.
Proceso de regularización
Para beneficiarse de la regularización, los migrantres deben estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida, además de no tener antecedentes penales, entre otras condiciones que deben cumplir.
Las personas que quieran regularizar su situación podrán solicitarlo a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque hasta el día 20 no podrán acudir en persona a formalizar su petición, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos «a lo largo de todo el territorio», según Saiz, para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, y la intención del Gobierno es dar respuesta a todas las peticiones en dos meses y medio, vengan de donde vengan.
Sin embargo, la huelga indefinida anunciada en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril para protestar porque estos trabajadores no participan en el proceso puede complicarlo.
Además, los principales sindicatos policiales critican que la regularización se apruebe «de espaldas» a los profesionales de la seguridad con un proceso de tramitación «externalizado» que incrementa, advierten, los riesgos de fraude, errores o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes de los solicitantes.
Regularización por justicia y por necesidad
En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno asegura que esta medida es un acto de «normalización» al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden.
Pero también se trata, señala, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008.
Todos ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron y contribuyeron a modernizar España, escribe Sánchez.
El jefe del Ejecutivo apunta que se trata también de «una necesidad», ya que España, «como otros países europeos, envejece» y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren.
En España hay miles de personas que entraron al país de forma irregular y que trabajan en sectores con una gran demanda de mano de obra como la agricultura o los cuidados.
Oposición de los conservadores
El conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición, rechaza esta regularización, al considerarla «inhumana» e «injusta», además de que «alimenta a las mafias», denunció este martes su líder, Alberto Núñez Feijóo.
Aseguró además que «es insegura», porque «no hay control suficiente» ni «exigencias suficientes».
Feijóo consideró también que va en contra del Pacto europeo de Migración y Asilo, defendido por la mayoría del Parlamento Europeo.
Desde Vox (ultraderecha) lanzaron este martes una campaña de concienciación sobre las consecuencias de la inmigración «masiva» y contra el decreto de regularización, y anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Supremo para solicitar su suspensión cautelar.
Apoyo de la iglesia
Mientras, entidades de la iglesia Católica como Cáritas pidieron este martes a la Administración que ponga todos medios para que el proceso de regularización llegue a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.
Consideran que la irregularidad administrativa coloca a las personas en una situación de «fuerte vulnerabilidad», ya que «limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación», mientras la regularización les permite «salir de la incertidumbre».
