La Arquidiócesis de Nueva York ha ofrecido pagar 800 millones de dólares para alcanzar un acuerdo, tras intensas negociaciones, con 1,300 personas que reclaman haber sido abusadas sexualmente por sacerdotes o personal laico cuando eran menores de edad.
Antes de presentar la oferta final, la Iglesia vendió varias propiedades de alto valor y recortó personal y presupuesto para reunir los fondos, según medios locales.
De acuerdo con una carta enviada a sus clientes por abogados que representan a 300 denunciantes, en la que les exhortan a aceptar la propuesta, los demandantes tendrían la opción de un pago de 250,000 dólares o de un proceso de revisión de reclamaciones administrado por un fideicomiso y llevado a cabo por un evaluador independiente.
Si alguna de las partes no acepta la propuesta, advierten los abogados en la misiva, «el acuerdo global no se concretará» y la Arquidiócesis y las partes implicadas podrían acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, lo que prolongaría el litigio y reduciría la indemnización, según el diario The New York Times.
Varias diócesis se han acogido ya al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, pero ninguna es tan grande o influyente como la Arquidiócesis de Nueva York, que representa a 2.5 millones de católicos en casi 300 parroquias de Manhattan, El Bronx, Staten Island y los suburbios del norte de la ciudad.
«La Arquidiócesis necesita que todos los supervivientes acepten el acuerdo propuesto para que este pueda seguir adelante», señala la carta enviada a 300 de los demandantes, a la que tuvo acceso el citado diario.
En el documento se indica además que, tras varios meses de mediación, ambas partes acordaron que todos los supervivientes con casos pendientes deben aceptar el acuerdo sin oposición, una frase que aparece subrayada en el texto.
«Si se alcanza un acuerdo verdaderamente global, las víctimas recibirán una indemnización de la manera más rápida y completa posible, sin necesidad de largos y dolorosos litigios ni de un procedimiento de quiebra para la Arquidiócesis», afirmó Ronald Hicks, nombrado el pasado febrero tras la salida del cardenal Timothy Dolan, quien ha liderado el proceso de negociación.
Como parte del acuerdo, la Arquidiócesis deberá divulgar públicamente información sobre los agresores y otros documentos que ayudarían a proteger mejor a los menores en el futuro.
También estará obligada a mantener en su página web una lista de obispos, sacerdotes y diáconos que hayan sido acusados de forma creíble de abuso, y a actualizarla periódicamente con nuevas denuncias verificadas.
Estas demandas se presentaron al amparo de una ley aprobada en 2019 por la legislatura estatal que abrió durante un año una ventana legal para que supervivientes de abusos sexuales pudieran presentar demandas civiles que anteriormente habían prescrito.
