El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, afirmó en una entrevista con EFE que en 2026 el Ejecutivo impulsará la revisión de las leyes especiales que presionan el gasto público y son parte de las rigideces presupuestarias que afectan el perfil crediticio del país, que mantiene el grado de inversión con las agencias Moody’s y S&P.
La aspiración del Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, es presentar la mayoría de estas propuestas a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) «en la primera legislatura» de 2026, que comenzará el 1 de julio de ese año, señaló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Se trata de atacar «iniciativas que vienen acumulándose por años o décadas y que imponen aún más rigidez» al presupuesto nacional, que en el 2026 llega a 34,901 millones de dólares, el más elevado de la historia y un 13.6 % mayor al de este año.
Chapman, un economista que ha estado vinculado al mundo de los negocios y que por primera vez ejerce en el sector público, señala «lo contradictorio» de las normas especiales, porque son «decisiones que se van tomando mayoritariamente empujadas por grupos minoritarios que imponen rigidez en el presupuesto general del Estado, contrario a las demandas de los ciudadanos», que están exigiendo «disminuir el gasto y más inversión» para el desarrollo.
Con la revisión de estas legislaciones vigentes, el Ejecutivo se hace «eco del sentir de la población, de los ciudadanos, primordialmente los que no están vinculados al sector público, y también de los pronunciamientos de quienes analizan el país, dentro y fuera».
Es por ello que el ministro anhela que el Parlamento unicameral, de 71 escaños, actúe de forma «responsable» frente a la iniciativa del Ejecutivo para establecer «reglas que sean sostenibles a lo largo del tiempo, donde los funcionarios públicos reciban el beneficio al que aspiran pero también se cumpla con las demandas de los ciudadanos, que son quienes proveen los recursos» a través del pago de impuestos.
Chapman ha puesto sobre la mesa la necesidad de esta revisión en el marco de política de reducción y optimización del gasto público ante los riesgos persistentes de que Panamá pierda el grado de inversión, que aún mantiene con las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s (S&P), no así con Fitch, que se lo quitó en marzo de 2024.
Moody’s señaló en noviembre pasado, cuando ratificó en Baa3 con perspectiva negativa el grado de inversión a Panamá, que el país enfrenta desafíos fiscales principalmente a causa de la rigidez presupuestaria en el gasto y una base de ingresos gubernamentales estrecha resultado de la baja recaudación.
La calificadora señala como rigideces presupuestarias las leyes que dictan aumentos salariales, las ineficiencias en la asignación de subsidios y los gastos en educación, que representan el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), y afirma que estas limitan la capacidad del gobierno para realizar un ajuste fiscal efectivo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de Panamá crecerá un 4 % este 2025, por encima del 2,4 % de América Latina y el Caribe.
