Autor: Iliana Cornejo

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pedirá declarar de nuevo ante la jueza una vez analice el sumario, mientras su defensa trabaja para refutar el móvil económico y las «graves imprecisiones» de los informes de la Policía autonómica de Cataluña, que creen basados en conversaciones sin contexto e incluso de hace años.

Su equipo de abogados está analizando las 1,400 páginas que integran el sumario de la causa, que estuvo bajo secreto de sumario hasta instantes antes de su declaración de ayer como investigado ante la magistrada instructora.

Tras la comparecencia, Jonathan Andic quedó en libertad provisional al depositar el millón de euros de fianza que le fijó la jueza, quien le atribuye un delito de homicidio ante los indicios de que «planificó» dar muerte a su padre en una excursión por la montaña de Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Según fuentes cercanas al caso, el desconocimiento de los indicios incriminatorios que relata el sumario motivaron que ayer ante la jueza Andic se acogiera a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado.

En la vista, no obstante, afirmó que, una vez conociera el contenido del sumario, pediría volver a declarar para responder a las preguntas de todas las partes. De acuerdo con la ley, el juez debe aceptar si lo estima pertinente.

La defensa considera que parte de las conclusiones de la Policía catalana son interpretaciones «sesgadas», sin contexto y basadas en mensajes que intercambiaron años atrás, incluso en 2018.

Los abogados también tratan de desmontar que Andic planificara el homicidio por un móvil económico, llevado por su «obsesión por el dinero», tras saber que su padre planeaba cambiar su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación social.

Los portavoces de la familia insistieron ayer en un comunicado en proclamar la inocencia de Jonathan y en que ni hay ni habrá pruebas en su contra.

La jueza, no obstante, subraya que los resultados de la autopsia «descartan prácticamente» que la caída fuese producto de un «resbalón o tropiezo» y considera que el hijo del empresario tuvo una «participación activa y premeditada» en el homicidio.

La magistrada hace hincapié en que acudió en tres ocasiones a la zona en los días previos.

Insiste también en la desaparición, «en extrañas circunstancias», de su móvil antiguo -cuyos datos ya habían sido borrados-, en un «viaje relámpago» a Quito al trascender que se había reabierto la investigación, a finales de marzo de 2025, o en que, según la policía, las huellas detectadas en el suelo en el lugar de la caída se tuvieron que hacer de forma «deliberada», ejerciendo presión.

El expresidente cubano Raúl Castro podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua por la imputación por asesinato que afronta en Estados Unidos, donde el fiscal general interino, Todd Blanche, confió este miércoles en que comparezca «por su propia voluntad o de otra forma».

«Esta es una imputación, hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión», declaró Blanche en Miami tras revelarse los cargos contra Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996, cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas.

El fiscal evadió responder si Washington planea una operación en Cuba como la que ocurrió en Venezuela el 3 de enero pasado para capturar al entonces gobernante Nicolás Maduro, quien también afronta cargos criminales en Estados Unidos y ahora está preso en Nueva York.

«No voy a comparar casos, en primer lugar. En segundo, como dije hace unos minutos, imputamos a hombres que no están físicamente en Estados Unidos todo el tiempo. Este no es un nuevo proyecto o aventura para nosotros. Y la forma en la que traemos a personas acusadas de un crimen varía», indicó Blanche.

El Departamento de Justicia (DOJ) reveló este miércoles que, en la corte federal del Distrito del Sur de Florida, Castro afronta cargos desde abril por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronave y asesinato por presuntamente ordenar el derribo de dos avionetas el 24 de febrero de 1996.

El primer delito le valdría un máximo de cadena perpetua, el segundo cinco años en prisión y por cada uno de los cuatro asesinatos afrontaría «un máximo cargo de muerte o cárcel de por vida», explicó la senadora de Florida, Ashley Moody, al leer los cargos.

La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal, todos de origen cubano, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

El Gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran «terroristas», pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump contra el gobierno castrista, en particular tras la captura de Maduro.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación presentada en EE.UU. contra su predecesor, Raúl Castro, es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar» el argumentario «para justificar el desatino de una agresión militar».

A su juicio, la «pretendida acusación» tan solo evidencia «la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo».

«La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de ejército Raúl Castro», afirmó Díaz-Canel, quien calificó la decisión en EE.UU. de «ridículo intento de menoscabar su talla de héroe».

Con respecto al controvertido incidente del derribo de dos avionetas, con el resultado de cuatro muertes, hace 30 años, hechos por los que se acusa ahora a Castro de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves, Díaz-Canel expuso la versión oficial en la isla de lo acontecido.

«EE.UU miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate en 1996», una acción del ejército cubano al frente del cual estaba Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El Gobierno cubano, afirmó el presidente, actuó entonces «en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales tras sucesivas y peligrosas violaciones» del espacio aéreo de la isla por «connotados terroristas». Esto contradice otras versiones que apuntan a que el derribo tuvo lugar en aguas internacionales.

Díaz-Canel añadió que las autoridades estadounidenses fueron alertadas «en más de una decena de ocasiones» de estos hechos (y de otras acciones previas de los Hermanos al Rescate), pero que se hizo «caso omiso de las advertencias» y se permitieron las violaciones.

«No se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico», agregó Díaz-Canel.

El Departamento de Justicia de EE.UU. imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra el Gobierno cubano, que incluye un bloqueo petrolero desde hace cinco meses y una ampliación de las sanciones económicas contra la isla.

La imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es el último de varios casos de presunta corrupción que salpican al partido socialista (PSOE), incluidas personas que formaron parte del Gobierno actual y miembros de la familia del presidente Pedro Sánchez.

Este martes, Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer expresidente del Gobierno de la democracia española en ser imputado. Su caso se suma a otros abiertos que afectan al entorno del Ejecutivo.

1. La acusación contra Zapatero

El expresidente Zapatero (2004-2011) está siendo investigado en el marco del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

El 19 de mayo de 2026, un juez de la Audiencia Nacional lo imputó por los delitos de presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en una investigación que indaga supuestos cobros de comisiones ilegales vinculados a ese préstamo dado a Plus Ultra.

Según el juez, existirían indicios de que es el «líder» de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias para obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra.

La investigación también analiza un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el destino de los fondos del rescate.

El magistrado ha cifrado en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habrían recibido Zapatero y su entorno, incluida la empresa de sus hijas, a través de distintas sociedades.

2. El exministro Ábalos

El exministro de Transportes (2020-2021) José Luis Ábalos, que fue mano derecha de Sánchez en el PSOE, es investigado en el denominado caso Koldo por la existencia de indicios de su presunto papel principal en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos, especialmente de mascarillas durante la pandemia.

El Tribunal Supremo aprecia indicios de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Según los autos judiciales, pudo aprovecharse de su condición de ministro para favorecer adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama a cambio de beneficios económicos.

Entre los indicios figuran el presunto pago del alquiler de una vivienda en Madrid para su expareja, el alquiler con opción a compra de un chalet y otras supuestas contraprestaciones económicas.
También se investiga su posible intervención en adjudicaciones de contratos de material sanitario y en otras actuaciones vinculadas a la trama.

3. La esposa de Sánchez

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada judicialmente desde abril de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato vinculado a la ultraderecha Manos Limpias. La Fiscalía ha solicitado repetidamente el archivo de este caso.

El juez Juan Carlos Peinado indaga si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, lo que encajaría en delitos de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, la investigación se ha ampliado a su actividad al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en particular por la creación y registro de un software desarrollado en ese marco, por posibles delitos de apropiación indebida e intrusismo.

También se investiga un delito de presunta malversación relacionado con el nombramiento y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para determinar si pudo haber un uso indebido de recursos públicos en beneficio de actividades privadas.

4. El hermano de Sánchez

El hermano de Sánchez, David Sánchez, es investigado por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz (oeste de España), donde ocupó el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y posteriormente cargos vinculados a Artes Escénicas.

La investigación judicial, iniciada tras una denuncia también de Manos Limpias, analiza si en la creación y adjudicación de esa plaza pudieron cometerse delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, concretamente si el puesto pudo haberse creado específicamente para él. La Fiscalía ha solicitado el archivo de este caso.

5. Otros casos

En diciembre de 2025 fue detenida -y puesta luego en libertad condicional- la exmilitante del PSOE Leire Díez en el marco de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos vinculados a empresas públicas.

Además, el PSOE ha tenido que lidiar con diversas denuncias de acoso sexual y comportamientos machistas entre sus filas, tanto del Gobierno como en alcaldías y gobiernos regionales.

El caso más destacado es el del exasesor de Presidencia Paco Salazar, después de que dos militantes socialistas denunciaran un ambiente laboral “irrespirable”, con lenguaje hipersexualizado y comportamientos como simular felaciones o mostrarse con la bragueta bajada.

La muerte de Isak Andic, fundador de la cadena de moda Mango y considerado el hombre más rico de Cataluña, dio un giro radical esta semana luego de que la justicia española detuviera e imputara a su hijo mayor, Jonathan Andic, por presunto homicidio.

El empresario murió el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, tras caer por un barranco de unos 150 metros durante una excursión en Collbató, Barcelona, junto a Jonathan. En un inicio, el caso fue archivado como un accidente, pero la investigación fue reabierta meses después por inconsistencias detectadas en el relato del hijo, único testigo de los hechos.

Según la jueza del caso, existen indicios de una “participación activa y premeditada” de Jonathan Andic en la muerte de su padre. La magistrada sostiene que el presunto móvil estaría relacionado con disputas económicas y el temor de que Isak Andic modificara su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación social.

Entre los elementos que levantaron sospechas están contradicciones en las declaraciones del hijo sobre la excursión y los movimientos registrados por el GPS de su celular. Además, investigadores concluyeron que el lugar donde cayó el empresario no era un punto donde alguien pudiera precipitarse fácilmente por accidente.

La policía catalana también analizó el teléfono de Jonathan Andic para revisar mensajes, llamadas y posible eliminación de información. La jueza señaló como sospechoso que cambiara de celular poco después de que la causa fuera reabierta.

Aunque fue detenido este martes, Jonathan Andic quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros. Además, deberá entregar su pasaporte, no podrá salir de España y tendrá que presentarse semanalmente ante la justicia.

La familia Andic defendió públicamente su inocencia y aseguró que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen.

Actualmente, Mango mantiene su operación bajo la dirección de Toni Ruiz. La compañía cuenta con más de 2,900 puntos de venta en más de 120 países y registró ingresos por 3,767 millones de euros en 2025.

El Gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por las declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, sobre los conflictos en Bolivia que las autoridades nacionales consideran una «injerencia», aunque aseguró que esto no constituye una «ruptura de relaciones».

La Cancillería boliviana señaló este miércoles en un comunicado que el Gobierno «ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes».

«La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas», indicó.

El Ministerio de Exteriores también señaló que esta decisión «no constituye ruptura de relaciones diplomáticas» con Colombia, «ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados».

Además, consideró «indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente».

Añadió que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse «exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos» y «sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización».

El presidente Gustavo Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una «insurrección popular» que, a su juicio, es una «respuesta a la soberbia geopolítica» frente las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia de Rodrigo Paz.

Petro ofreció la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis y también pidió que «no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas» y llamó a construir una «democracia profunda, multicolor» en la región.

El martes, el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, aseguró que las protestas en contra de Paz muestran que hay «un golpe de Estado en marcha» en Bolivia y dijo que le gustaría ver a Gobiernos como los de Brasil y Colombia respaldar al mandatario boliviano.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia de Paz, que lleva seis meses de gestión.

Como consecuencia de los bloqueos de carreteras iniciados hace 15 días, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

El lunes, las manifestaciones en La Paz derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos, además de agresiones a periodistas, agentes y ciudadanos que no eran parte de esas movilizaciones.