Autor: Iliana Cornejo

La Policía británica hizo este viernes un llamamiento público para recabar información sobre la investigación abierta al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público, al indicar que las pesquisas abarcan también posibles casos de conducta sexual indebida.

La Policía del valle del Támesis (TVP, en inglés) quiso aclarar así el alcance del delito que examina, ante la preocupación de que exista la percepción pública de que el caso se limita a acusaciones de filtración de información confidencial cuando Andrés era representante especial británico para el comercio y la inversión, entre 2001 y 2011.

«El delito de conducta indebida en cargo público puede adoptar diferentes formas, lo que convierte esta investigación en un proceso complejo», señaló en un comunicado el subdirector jefe de la TVP, Oliver Wright.

Según la definición legal británica, ese delito puede incluir desde corrupción, abuso de posición o negligencia deliberada en el ejercicio de funciones públicas hasta conducta sexual indebida, conflictos de interés, fraude o actuaciones destinadas a obtener beneficio personal.

Wright pidió que cualquier persona con información relevante se ponga en contacto con las autoridades y aseguró que «un equipo de detectives con gran experiencia trabaja meticulosamente sobre una cantidad significativa de información recibida del público y de otras fuentes».

El segundo hijo varón de la difunta Isabel II fue detenido en febrero y posteriormente puesto en libertad mientras es investigado como sospechoso de conducta indebida cuando era representante comercial del Reino Unido.

Según los ‘archivos Epstein’ difundidos el año pasado en Estados Unidos, el antiguo duque de York pudo remitir información confidencial del Gobierno británico al pederasta estadounidense y millonario empresario Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019 a la espera de juicio por tráfico de menores.

Además, Andrés, sobre el que existen numerosas fotografías junto a Epstein y mujeres jóvenes, fue acusado por la estadounidense Virginia Giuffre de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad, en 2001, con intermediación del magnate.

Aunque el expríncipe niega todas las acusaciones, alcanzó un acuerdo millonario extrajudicial en 2022 para poner fin a la demanda civil presentada en EE.UU. por Giuffre, quien murió en abril de 2025 a los 41 años.

A parte de pedir información en el Reino Unido, la Policía británica ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia estadounidense acceso a las versiones originales de los expedientes sobre Epstein y están a la espera de respuesta.

El hoy conocido como Andrés Mountbatten-Windsor fue apartado de la vida pública en 2019 tras salir a la luz el alcance de su amistad con el delincuente convicto, pero las revelaciones posteriores llevaron al rey Carlos III a retirarle todos sus títulos oficiales el pasado octubre y a exigirle que abandonara Royal Lodge, la residencia que ocupaba en los terrenos del castillo de Windsor.

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, expresó este jueves su “dolor” por la masacre de al menos 19 personas en una finca de palma africana en el Caribe del país, y aseguró que el crimen “no se va a quedar impune”.

«Esta noche les hablo con dolor. Y antes de cualquier otra palabra, quiero dirigirme a las familias de las víctimas de la aldea Rigores en Colón. No hay palabras, ni las mías ni las de nadie (…). Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune», subrayó Asfura en una video divulgado por la Presidencia hondureña.

Asfura calificó el crimen múltiple como «una herida más que Honduras no merece» y envió un mensaje a los familiares de los fallecidos, asegurando que «solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos».

La matanza ocurrió de madrugada en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana y fueron emboscadas por hombres armados, vestidos con uniformes de la Policía.

Para esclarecer el crimen, el jefe de Estado anunció un despliegue conjunto e inmediato de las fuerzas de seguridad en Colón, una de las zonas más conflictivas del territorio hondureño debido al narcotráfico y a un histórico conflicto agrario que deja unos 200 muertos en las últimas décadas.

«El Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección Policial de Investigación (DPI) y el Ministerio Público (Fiscalía) están operando juntos en cada paso de la investigación», señaló Asfura.

Enfatizó que la presencia de la Policía Nacional y de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en la zona es «la primera respuesta» estatal, y adelantó que se ejecutarán más acciones a medida que avancen las investigaciones.

«Como Estado estamos trabajando para que la justicia llegue», aseguró Asfura, quien también expresó sus condolencias a la Policía Nacional por la muerte de cinco de sus agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Los policías fueron secuestrados y asesinados en el sector de Corinto, fronterizo con Guatemala, durante un operativo para capturar al líder de una red de narcotráfico que se realizó «sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial», según la Secretaría de Seguridad.

El gobernante garantizó que las instituciones del Estado capturarán y lograrán la condena de los responsables de la reciente ola de violencia que azota al país.

«Vamos a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas. Honduras, estamos de frente a quienes nos hacen daño. Mis condolencias a cada familia y mi compromiso absoluto. Vamos a enfrentar este flagelo sin temor y con fuerza», concluyó Asfura.

Las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a 177 y los casos a 750, pero se teme que el alcance de la epidemia sea «mucho mayor», afirmó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la vecina Uganda la situación es «estable», sin nuevos casos registrados, por lo que los contagios confirmados siguen siendo dos, con un fallecido, agregó Tedros en su cuenta oficial en X.

En la RDC, las cifras aumentan «a medida que mejoran las labores de vigilancia y las pruebas de laboratorio, pero la violencia y la inseguridad están dificultando la respuesta«, agregó el máximo responsable de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

Tedros indicó que personal adicional de la OMS se ha desplegado en la provincia oriental congoleña de Ituri, el epicentro del brote, para apoyar a las comunidades afectadas, mientras se mantiene el contacto regular con las autoridades gubernamentales para coordinar las acciones de respuesta.

El director general ofrece este viernes una rueda de prensa sobre la situación de este brote, la segunda desde que el domingo 17 de mayo lo declarara una emergencia internacional.

Es la primera vez que un máximo responsable de la OMS declara este tipo de alerta sin convocar previamente un comité de emergencia, aunque por ahora los expertos de la organización consideran «bajo» el riesgo a nivel global, mientras que lo mantienen alto en la RDC y en la región de África subsahariana.

El expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández aseguró este jueves a EFE que ni él ni su familia prometieron nada al mandatario estadounidense, Donald Trump, a cambio del indulto que recibió de él en diciembre, que nunca ha hablado con él y que busca la forma de agradecerle.

«Absolutamente (nada), absolutamente», declaró el exmandatario en una de sus primeras entrevistas tras haber abandonado la cárcel después de la condena que recibió en 2024 a 45 años por narcotráfico.

Hernández sostuvo que ni él ni su familia han hablado de forma personal con Trump, quien el año pasado lo indultó al argumentar que el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) le «tendió una trampa», aunque el hondureño sí le envió una carta para solicitarle el perdón y garantizarle su inocencia.

«Yo buscaría una forma, cualquiera que sea, de poderle agradecer de manera personal porque me parece que honró su palabra cuando él dijo, el día que fue inaugurado en su segundo mandato, que nunca más el poder del Estado vuelva a ser usado como arma política para destruir a un oponente. Y, en efecto, eso fue lo que hizo», indicó.

El exmandatario, extraditado por Estados Unidos en 2022, aseguró que consiguió el indulto porque su familia «comenzó a mover en redes» investigaciones de periodistas y figuras como el estratega conservador Roger Stone y el excongresista republicano Matt Gaetz sobre el «montaje» y «cacería de brujas» que padeció Hernández.

Por ello, defendió el perdón ante las críticas de quienes señalan que ello socava el argumento de que la lucha contra el narcotráfico fue la principal motivación de la operación de EE.UU. para capturar el 3 de enero al depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien afronta cargos de «narcoterrorismo».

«Hubo una confabulación entre narcotraficantes y la izquierda radical de Honduras, pero también querían tapar o desviar la atención de los verdaderos socios del régimen de Nicolás Maduro con Honduras, protegiéndose mutuamente», expresó.

La polémica por su exoneración se reavivó hace dos semanas, cuando el portal web ‘Hondurasgate’ reportó supuestos planes de EE.UU. e Israel, con el apoyo de Honduras y de Hernández para desprestigiar a gobiernos progresistas como el de México y Colombia.

Pero Hernández presentó ahora un peritaje de la empresa española Graudio Forensis que señala que los audios sobre él difundidos por ‘Hondurasgate’ están «manipulados», incluso con inteligencia artificial (IA), por lo que negó «categóricamente» ser parte de la supuesta campaña.

Su futuro: amenazas y un proceso judicial en Honduras

El expresidente indicó que le gustaría volver a su país, pero que ha recibido amenazas de criminales que buscan atentar contra él y su familia, además de citar un reporte del FBI sobre «que le pusieron precio» a su vida.

Por otro lado, un juez en Honduras reafirmó en marzo el «carácter vigente» de la orden de aprehensión contra Hernández por el presunto lavado de activos y fraude relacionados con el desvío de más de 62 millones de lempiras ($2.3 millones) mediante grupos civiles, lo que él tacha de «montaje de la izquierda radical».

«Creo que pronto eso puede estar resuelto, pero es incierto (el regreso a Honduras) por el tema de los niveles de riesgos (de las amenazas a su seguridad)», aseveró.

Cuestionado sobre si volvería a la política, Hernández respondió que su mayor prioridad es reencontrarse con su familia, pues hace cuatro años que no la ve porque sus visados quedaron suspendidos por el caso judicial, y que la otra es «contar su verdad», aunque no descartó que su esposa, Ana García, persista en sus aspiraciones.

Por otra parte, evadió responder si también buscaría un indulto para su hermano, el exdiputado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, quien cumple una cadena perpetua por narcotráfico desde marzo de 2021 en Estados Unidos.

«Yo no puedo hablar mucho de ese caso porque está en proceso. Si le puedo decir algo: de lo que yo revisé, porque mi juicio lo basaron en el de él, no encontré nada que comprobara que él fuera parte de todo lo que dijeron», manifestó.

El Poder Judicial de Perú revisará el próximo 28 de mayo las apelaciones que se han presentado para que se anule una resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo del juicio que se seguía contra la actual candidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de dinero, a raíz de la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La Corte Superior Nacional informó este miércoles que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional desarrollará la audiencia de manera telemática desde las 10:00 hora local del 28 de mayo.

En esa audiencia se escucharán los argumentos de los recursos presentados por la Fiscalía y la Procuraduría (Abogacía del Estado), así como por el implicado Mark Vito Villanella, el exesposo de Fujimori que sigue siendo procesado por este caso.

Según la resolución, el tribunal declaró «bien concedidos» los recursos de apelación interpuestos después de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolviera el pasado 13 de enero el sobreseimiento definitivo del proceso por lavado de activos y organización criminal que se seguía contra Fujimori y otros altos cargos de su partido, Fuerza Popular.

Ese juzgado de primera instancia ejecutó, de esa manera, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que había ordenado que se archive el proceso por estos delitos contra Fujimori y señaló que solo se debía mantener vigente la imputación de falsedad de declaraciones.

En ese sentido, la Fiscalía y la Procuraduría han pedido la nulidad total de la resolución de primera instancia por presuntos defectos de motivación, por considerar que se originó en una interpretación errónea del fallo del TC que, según su posición, solo dispuso que se dejen sin efecto los actos procesales desde la etapa de investigación preliminar.

Ambas instancias consideran que, por ese motivo, la causa debería retornar a la fase inicial de indagación y no ser archivada definitivamente en la etapa intermedia.
A su turno, la defensa de Villanella apeló la decisión de continuar la investigación en su contra y solicitó que se le comprenda en los efectos de la sentencia del TC y la resolución judicial que ordenó que se archive el caso.

En su resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional enfatizó que todas las partes deberán presentarse a la audiencia virtual «bajo apercibimiento», ya que esta tiene «carácter inaplazable».

La audiencia de apelación se celebrará pocos días antes de que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) dispute, el próximo 7 de junio, la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral con el izquierdista Roberto Sánchez, quien participa en estos comicios en representación del encarcelado exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).