Organizaciones civiles y miembros de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, Victoria, en Cabañas, celebraron la decisión de la Cámara de lo Penal de San Vicente, quien decidió rechazar la apelación de la Fiscalía General de la República y mantener la absolución contra ocho acusados de homicidio, en un caso del conflicto armado.
Los miembros de ADES señalaron que al final su hipótesis era cierta, ya que, desde el inicio sostuvieron que las acusaciones, y en su momento arrestos, obedecían a las denuncias antimineras que los líderes de Santa Marta habían realizado.
“La veracidad de dicha denuncia se demostró con el anuncio presidencial sobre minería y la nueva Ley General de Minería Metálica el 23 de diciembre de 2024, aprobada en un clásico madrugón legislativo: sin debate, sin consultar a los expertos y contra la opinión de la mayoría de la población salvadoreña que se opone a la minería”, dice el comunicado leído en la conferencia de prensa, presentada este día.
A la vez, las organizaciones pidieron que la sentencia quede en firme y que cese el proceso judicial en contra de los acusados. También, reconocieron que aún hay “jueces valientes” pero dijeron estar en contra de la condena civil que inicialmente el Tribunal de Sentencia de San Vicente impuso.
“No aceptamos castigo residuales ni que la vía económica sea el último golpe contra la persecución de los compañeros ambientalistas”, señaló el abogado Luis Rivera.
A través del comunicado, ADES también exigió la derogatoria de la ley de minería y el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, que según ellos, facilitaría la llegada de empresas mineras.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente exoneró a los ocho procesados por homicidio el 24 de septiembre de 2025, levantó las órdenes de captura y absolvió de forma unánime por falta de pruebas a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a los otros cuatro Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, y Arturo Serrano Ascencio, fueron absueltos por mayoría dado que hubo dudas en el tribunal, los jueces dijeron sobre ellos que hubo vinculación pero las pruebas no lograr quebrantar la hipótesis de la Fiscalía.
El Ministerio Público acusó a los ocho del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.
Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.
No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.
Recientemente, la cámara rechazó la apelación al segundo juicio que hizo la Fiscalía General de la República, donde había pedido procesarlos por tercera vez.
