El regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico, representa una «prueba de fuego» para la justicia hondureña, que deberá procesarlo, por presunto fraude y lavado de activos, bajo el escrutinio sobre su independencia.
Hernández, de 57 años, arribó el domingo a su país, de donde fue extraditado en 2022 a EE.UU., que lo juzgó y condenó en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, una sentencia que quedó sin efecto tras el indulto concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Su regreso fue posible luego de que un juez hondureño suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional en su contra, tras aceptar su comparecencia voluntaria para la audiencia de imputación del próximo 3 de agosto por el caso ‘Pandora II’, en el que ya fue sobreseído el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).
El exmandatario pidió el domingo, ante una masa de seguidores que fueron a recibirlo, que el proceso judicial que enfrentará en Honduras no sea politizado y que se aplique «la ley como corresponde».
Una prueba de fuego
Según la acusación, Hernández, quien también presidió el Parlamento hondureño entre 2010 y 2014, y otros implicados habrían conformado entre 2010 y 2013 una red de corrupción que desvió más de 288 millones de lempiras (unos 10,7 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.
Para el analista Kenneth Madrid, el retorno del exgobernante representa una «prueba de fuego» para el Poder Judicial y la Fiscalía, que deberán demostrar que pueden actuar con independencia frente a la figura de quien gobernó Honduras de 2014 a 2022.
«Eso va a ser elemental para que ese caso se pueda desarrollar con la independencia, con la imparcialidad o la transparencia que el Poder Judicial ha pregonado que tiene», afirmó Madrid a EFE.
El especialista consideró que el expediente debe avanzar hasta un juicio oral y público que permita determinar si existen elementos suficientes para una condena o una absolución.
La credibilidad del proceso
Por su parte, el analista Miguel Cálix coincidió con Madrid, aunque advirtió -en declaraciones a EFE- que «el Poder Judicial de Honduras, que está altamente partidizado, no ha sido hasta el día de hoy muy eficiente o efectivo en judicializar altas figuras como presidentes».
En procesos anteriores contra altos funcionarios no siempre fue posible acreditar responsabilidades penales por corrupción, por lo que, a juicio de Cálix, la credibilidad del proceso dependerá de la solidez de las pruebas que presente la Fiscalía.
Los analistas coinciden en que la figura política de Hernández se ha visto erosionada tras el juicio en EE.UU., las denuncias de corrupción y su cuestionada reelección presidencial en 2017, pese a que la Constitución hondureña no la permite.
Por ello, consideran que el gobernante Partido Nacional evitará «arroparlo» para no comprometer la recuperación electoral lograda en los comicios de 2025, que dieron como ganador a Nasry ‘Tito’ Asfura.
Considerado por aliados y adversarios como un dirigente pragmático, estratega y de carácter firme, Hernández proyectó durante sus dos mandatos una imagen de cercanía y carisma ante la población, una percepción que quedó reflejada este domingo en los actos públicos en los que participó tras regresar al país.
El desafío para las instituciones
Más allá de las implicaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y opositores sostienen que el proceso judicial será una prueba para las instituciones hondureñas y su capacidad de demostrar que la justicia se aplica en igualdad de condiciones.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó -esta semana- que el retorno del exmandatario representa una oportunidad para demostrar que «nadie está por encima de la ley».
Castellanos señaló que Hernández tiene derecho al debido proceso, pero cuestionó el supuesto trato diferenciado hacia integrantes de la clase política y recordó las denuncias de corrupción presentadas por el organismo durante los dos mandatos del expresidente.
