El Estado salvadoreño ganó un arbitraje internacional iniciado por la empresa guatemalteca Fibranet S.A. y su filial salvadoreña, Cablefrecuencias S.A. de C.V., donde reclamaban al país al menos $130 millones por supuestos daños al extinguirles las concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico.
«Tras un proceso de negociación, las partes alcanzaron un acuerdo definitivo que puso fin al arbitraje y cerró de manera permanente esta disputa. En dicho acuerdo: Fibranet retiró todas sus reclamaciones y renunció de forma irrevocable a iniciar nuevos procesos legales o arbitrales relacionados con el mismo tema», dice un comunicado publicado por la Fiscalía General de la República.
El mismo añade que el Estado salvadoreño no asumió ningún compromiso de pago, de devolver o entregar nuevas concesiones de frecuencias a las empresas que habían demandado.
La Fiscalía explicó en su publicación que un arbitraje internacional es un mecanismo, a través del cual, se resuelven disputas entre inversionistas y Estados ante un tribunal especializado; en este caso, el reclamo fue presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En septiembre de 2024, la empresa reclamante notificó al Estado salvadoreño de su interés de iniciar el arbitraje por $130 millones. Este reclamo fue presentado en enero de 2025, según la Fiscalía.
¿Por qué la empresa reclamó $130 millones a El Salvador?
Los representantes de la empresa Fibranet y su filial Cablefrecuencias –que se registraba en canales 53, 55 y 59– detallaron, en el aviso, que en el año 2010 Fibranet adquirió el 99.9 % de Cablefrecuencias, S.A., por lo que importó infraestructura de radiodifusión.
Sin embargo, dice que la Asamblea Legislativa emitió un nuevo mecanismo de renovación de concesión del espectro en noviembre de 2017 pero que la empresa había solicitado la renovación de concesiones en abril de 2017.
Según la versión de los demandantes, la Siget no respondió su petición y, el 12 de junio de 2017, la Siget exigió los formularios de renovación con base al nuevo decreto aprobado por la Asamblea Legislativa.
«Si bien la Sala de lo Constitucional había derribado el régimen de renovación automática de las concesiones de señal abierta, las concesiones de sus bandas por suscripción de Cablefrecuencias seguían sujetas el régimen de renovación automática», dice el escrito.
La empresa habría recurrido al tribunal de la Siget en agosto de 2018 pero el tribunal rechazó la impugnación el 18 de julio de 2023.
En un reporte de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) estaba registrada Cablefrecuencias, S.A. de C.V. como titular de concesión para la explotación del espectro radioeléctrico, con la «cesión y traspaso de 11 canales para la prestación de servicios de televisión inalámbrica»; según una resolución de la Sala de lo Constitucional, la operación fue concedida desde 1986 por la extinta Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, pidió, el 22 de octubre pasado, una certificación completa del proceso de demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones 65-2012, ya que está relacionado con el aviso de arbitraje. La certificación del fiscal fue notificada a la Asamblea Legislativa y recibida en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa en diciembre de 2024.
