Autor: Iliana Cornejo

Un hombre fue condenado a 104 años de prisión por abusar sexualmente de tres menores de edad y someterlas a explotación laboral durante varios años, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El condenado, Ricardo López Alonso, fue hallado culpable tras comprobarse que utilizó amenazas y su posición de control para someter a las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, las menores se encontraban en situación de vulnerabilidad cuando el imputado se acercó con la promesa de apoyarlas. Posteriormente, comenzó a obligarlas a vender productos en la calle y en unidades del transporte público.

Según la acusación fiscal, el hombre también aprovechó esta situación para cometer abusos sexuales de forma reiterada. Los hechos iniciaron en 2017 y se extendieron durante aproximadamente siete años.

La Fiscalía indicó que el proceso judicial incluyó varias apelaciones, ya que en resoluciones anteriores el acusado solo había sido condenado por una de las víctimas y absuelto por otros hechos. Tras la revisión del caso, se logró una condena que abarca la totalidad de los delitos.

Desde el pasado 26 de abril, el delito de violación es castigado con cadena perpetua según la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, inclusive, a menores de edad -a partir de los 12 años- cuando fueren los victimarios.

La cadena perpetua aplicará para los siguientes delitos de violación:

Violación: el que mediante violación tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona sería castigado con prisión perpetua.

Violación en menor o incapaz: el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad, o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental de su estado de inconciencia o de su incapacidad de resistir, sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Violación y violación en menor o incapaz agravada: los delitos de violación y violación en menor o incapaz serían sancionados con prisión perpetua.

Organizaciones sociales y de derechos humanos calificaron como una “victoria histórica” la ratificación de la condena contra tres altos mandos militares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, y señalaron que el fallo representa un avance en la lucha contra la impunidad en El Salvador.

En un pronunciamiento conjunto, la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) afirmaron que la resolución judicial reafirma la responsabilidad de altos mandos de la Fuerza Armada en un crimen ocurrido durante el conflicto armado.

Según las organizaciones, la decisión de la Cámara de lo Penal “reafirma que el asesinato fue un crimen ordenado y planificado desde el alto mando militar”, desmontando versiones que, a su juicio, buscaron encubrir los hechos durante décadas.

El pronunciamiento también destaca que la confirmación de la condena envía un mensaje sobre la posibilidad de alcanzar justicia en casos históricos, tras años de retrasos y obstáculos judiciales.

No obstante, las organizaciones cuestionaron otros aspectos del fallo, como la decisión de no ordenar una disculpa pública por parte de la Fuerza Armada y la resolución de que el Estado no asuma responsabilidad civil subsidiaria en el caso.

A su criterio, estos elementos limitan el alcance de la reparación para las víctimas y sus familias.

Las organizaciones también señalaron que este caso podría sentar un precedente para avanzar en la investigación de otros crímenes cometidos durante el conflicto armado, e insistieron en la necesidad de continuar los procesos judiciales pendientes.

“El caso marca una puerta que durante años permaneció cerrada”, indicaron en el comunicado, al tiempo que llamaron a mantener los esfuerzos para combatir la impunidad en el país.

Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Johannes Jan Wilemsen fueron asesinados en una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982 en el lugar conocido como La Lomona, jurisdicción del cantón Piedras Gordas, de Santa Rita, Chalatenango.

Un hombre fue condenado, este lunes, a 19 años de prisión por apropiarse ilegalmente de un vehículo y venderlo utilizando documentos falsificados, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El condenado, Jonathan Alexander Molina, fue hallado culpable de los delitos de apropiación indebida de vehículo automotor, estafa y falsedad material.

De acuerdo con la acusación fiscal, el caso se remonta a 2020, cuando el imputado firmó un contrato de promesa de venta de un automóvil. Sin embargo, no completó el pago acordado y retuvo el vehículo.

Posteriormente, Molina habría falsificado la firma del propietario para vender el automotor a otra persona.

La víctima descubrió la irregularidad cuando intentó renovar la tarjeta de circulación y fue informada de que el vehículo ya estaba inscrito a nombre de un tercero.

Según la FGR, las pruebas presentadas en el juicio permitieron que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitiera la condena. Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá pagar $5,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Parte de los 125 audios escuchados en la séptima jornada de la audiencia única abierta en contra de la Mara Salvatrucha (MS-13) revelaron que la pandilla planeaba, en abril de 2016,  recolectar más de $500,000 para comprar armas y vehículos.

Dos audios de las escuchas telefónicas,  reproducidos en el juicio, fueron compartidos por la Fiscalía General de la República a periodistas y en ellos se escuchan las conversaciones entre pandilleros; el primero, un pandillero que se identifica como «El Infierno», desde la prisión le llama a otro en libertad para preguntarle sobre esta recolección de fondos.

«Hemos hecho un presupuesto de gastos, se han recogido un poco más de $500,000 en el censo, son como $500,000 y fracción, ¿me entendés?, hemos intentado de hacer un valúo de a cómo podemos encontrar los juguetes (armas) en otro lado y le hemos puesto un precio, de más o menos $1,200, lo que aquí nos están vendiendo en $3,000 ver como lo equiparamos allá en $1,200, va», le responde este pandillero de la MS-13 al «Infierno».

Luego le detalla que al comprar las armas a $1,200 les alcanza para 494 «juguetes». El pandillero explica que no solo piensan comprar las armas, sino también munición y armas de grueso calibre al que llama «chuchuluco» con cargador y munición, también planean comprar carros porque los pandilleros «no pueden andar a pie».

El pandillero en libertad le sigue explicando al «Infierno» este plan y le indica que no pueden quedarse atrás porque se han enterado que los «Chavalas», es decir los pandilleros del barrio 18, «ya tienen entrenada su gente». «Tienen fusiles y un pijazal de cosas ya. Están preparadas para la guerra y güachá nosotros como estamos», le cuestiona el pandillero al Infierno.

¿Pero para qué se preparaba la MS-13? Según los audios y el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, para una ofensiva o guerra en contra de ellos, dado que estos audios fueron de abril de 2016, y los mismos lo reconocieron en una conversación grupal en otro de los 125 audios que se reproducen en este juicio masivo.

«Ya aprobaron la ley que nos quieren bloquear a los hermanos allá adentro. Ahorita ya no quieren negociar con nosotros, ahorita ya no quieren ni hablar, ahorita es un gran pegue el que viene, y tenemos poco tiempo para llevar a cabo este proyecto», dijo uno de los pandilleros, en la escucha telefónica.

El 1 de abril de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 321 que contenía las disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión.

Estas medidas eran 14 prohibiciones, entre éstas, el encierro en las celdas las 24 horas, el bloqueo a las señales telefónicas, la no asistencia a las audiencias judiciales, la vigilancia perimetral a cargo del ejército y el bloqueo de señal WiFi, en los alrededores del centro penal, que hasta el año 2026 se mantienen porque pasaron a formar parte de las medidas ordinarias en los penales.

«Escuchamos como se distribuían las rentas de todas las clicas y todos los programas, escuchamos como había un sujeto, un pandillero que se había encargado de hacer la recolección del dinero, de las rentas para el barrio, para la familia, se habló que en ese momento, tenía contabilizado cerca de $500,000 y que eso era para el barrio porque se estaban preparando para la guerra».
Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.

Este macrojuicio es desarrollado por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado y desde la semana pasada reproducen 125 audios, como parte de la fase probatoria, contra 486 cabecillas de la MS-13, entre estos, 22 ranfleros, es decir, los jefes de la pandilla.

A todos se les imputan más de 47,000 ilícitos, entre ellos, los homicidios cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo los 86 asesinatos que propiciaron el régimen de excepción.

El pronóstico del clima para este miércoles  indica lluvias en sectores de la cordillera volcánica y la zona norte del país, principalmente durante la tarde y noche.

Por la mañana, el cielo estará poco nublado en zonas montañosas y del norte. Sin embargo, en horas de la tarde se espera un incremento de nubosidad con lluvias breves en el tramo Apaneca–Ilamatepec, así como en sectores del norte de Chalatenango y Santa Ana.

Para la noche, las condiciones inestables se mantendrán, con cielo mayormente nublado y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la zona norte, además de precipitaciones en la cordillera volcánica.

El viento se mantendrá del noreste y sureste, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 30 km/h.

Estas condiciones están asociadas a vaguadas en la región y al ingreso de humedad desde el océano, lo que favorece la formación de nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente continuará caluroso, con máximas que alcanzarán los 38 °C en San Miguel y 37 °C en Nueva Concepción. En San Salvador se espera una máxima de 32 °C, mientras que en Santa Ana y La Unión se prevén hasta 35 °C.

Cuatro personas acusadas de delitos relacionados con drogas permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso penal en su contra, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado, luego de incautarles 207 gramos de cocaína valorada en $5,045.80.

Se trata de Jennifer Stephany Portillo Fogoaga y Alirio Antonio Renderos Torres, señalados por tráfico ilícito, así como de Diego Alejandro Ramírez Anaya y Jairo Antonio Beltrán Hernández, procesados por posesión y tenencia.

De acuerdo con la FGR, el caso avanzó a la fase de instrucción, en la que se continuará recabando pruebas.

Las detenciones se realizaron el 18 de abril durante allanamientos en distintos bares de San Salvador. En los procedimientos, las autoridades incautaron varias porciones de cocaína a los imputados.

Uno de los operativos se desarrolló en un bar donde fueron detenidos tres de los acusados, mientras que otro procedimiento tuvo lugar en un establecimiento ubicado sobre el bulevar del Hipódromo.