Autor: Iliana Cornejo

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reveló este jueves que el país ya decomisó más de siete toneladas de droga en lo que va el año 2026, tras la reciente incautación de 6.6 toneladas de presunta cocaína, el pasado 13 de febrero, en una operación que ha sido catalogada como la más grande hecha en el país.

Ayer, durante una conferencia en la base naval de La Unión, el ministro indicó que éstas más de siete toneladas equivalen a 22 millones de porciones o dosis que no llegarán a la calle. El ministro de la Defensa Nacional, René Merino, precisó que se trata de 7.41 toneladas equivalentes a $184.5 millones.

Solo  la última incautación está valorada en $165 millones y afirmó que equivalen a 19,800,000 dosis de cocaína.

“Estos resultados están sirviendo de ejemplo para otros países, para que los ciudadanos también les exijan a su gobierno poder poner un basta ya a estas organizaciones criminales que sin duda en muchos países son los que realmente gobiernan”, indicó el ministro.

El pasado domingo en la noche, el presidente salvadoreño Nayib Bukele reveló que la Marina Nacional había incautado 6.6 toneladas de presunta cocaína, al interior de un Buque de Apoyo Multipropósito, un barco de grandes proporciones, con bandera de Tanzania, África. El operativo contra el narcotráfico se realizó a 380 millas naúticas, es decir, a 703.7 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, del estero de Jaltepeque.

En su interior, fueron detenidos 10 presuntos narcotraficantes, cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano identificados como Luis Enrique Rodelo Osorio de 59 años, Antonio José Ángulo Narváez de 59 años, Mario Alonso Pérez Hernández de 58 años y Miguel Antonio Galeano Ariaza de 71 años

, así como José Martín Cerda Cea de 60 años, Roberto Adolfo Día de 64 años z y Francisco Javier García Duval de 63 años (nicaragüenses), Yareth Sanir Carr Garcés de 29 años y Vicente Ramos de 60 años (panameños) y el ecuatoriano José Ramiro Valencia Fox de 59 años, dos de ellos, fueron señalados con antecedentes de narcotráfico.

Ayer, la Fiscalía General junto con la División de Análisis Técnico Científico Forense de la Policía Nacional Civil anunciaron que empezarían el peritaje de los 330 bultos de droga, para confirmar que se trata de cocaína. Al terminar el análisis, los 10 detenidos serán acusados de  tráfico internacional de drogas.

La Fiscalía General de la República (FGR) apeló, el pasado viernes, la segunda absolución del caso Santa Marta, donde ocho exguerrilleros habían sido exonerados del delito de homicidio en perjuicio de una mujer, durante el conflicto armado.

Según la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, Victoria, Cabañas, el Ministerio Público Fiscal pidió a la Cámara de lo Penal de San Vicente que revoque el fallo y ordene repetir el juicio, por tercera vez.

“La Fiscalía presentó la apelación el viernes pasado, (13 de febrero) era el último día hábil durante el plazo, que son 10 días después de recibida la sentencia”, manifestó ayer el líder de ADES, Alfredo Leiva, en conferencia de prensa.

Según Leiva, la apelación fiscal no posee argumentos jurídicos para revocar el fallo, sino inconformidades. “No están satisfechos con la resolución de los jueces sin plantear mayores argumentos jurídicos que sustenten la apelación, entonces nosotros consideramos que más que buscar hacer justicia lo que tratan es con su estrategia de dilatar el proceso”, añadió.

A través de un comunicado, la asociación señaló que consideran que se trata de una manera de retardar la justicia y mantener el caso, cuando el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, que permitiría a las empresas de ese país del norte, la extracción de “minerales críticos” y “tierras raras”.

“Esto es una clara señal de que la amenaza de la minería metálica se aproxima rápidamente, poniendo en grave peligro el agua,  la salud de la población y la existencia misma del país”, añade el comunicado.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente exoneró a los ocho procesados por homicidio el 24 de septiembre de 2025, levantó las órdenes de captura y absolvió de forma unánime por falta de pruebas a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a los otros cuatro Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez,  y Arturo Serrano Ascencio, fueron absueltos por mayoría dado que hubo dudas en el tribunal, los jueces dijeron sobre ellos que hubo vinculación pero las pruebas no lograr quebrantar la hipótesis de la Fiscalía.

El Ministerio Público acusó a los ocho del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.

Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió este jueves 330 bultos de presunta cocaína en la base naval de La Unión, luego de que fueran decomisadas a 10 presuntos narcotraficantes en un buque con bandera africana el pasado 13 de febrero.

El Ministerio Público Fiscal anunció que junto a la División de Análisis Técnico Científico Forense de la Policía Nacional Civil empezarán el peritaje para determinar el tipo de droga que llevaban a bordo.

Aunque la incautación fue hecha el viernes, la información fue revelada hasta el domingo 15 de febrero en la noche por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien aseguró que se trata de la operación más grande de la historia del país.

Preliminarmente, el mandatario indicó que se trata de 6.6 toneladas de cocaína valoradas en $165 millones, las cuales iban a bordo de un Buque de Apoyo Multipropósito FMS EAGLE, el cual, fue localizado a 380 millas naúticas, que equivalen a 703.7 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, del estero de Jaltepeque. El buque llevaba una bandera de Tanzania, África.

El ministro de la Defensa, René Merino, reiteró este jueves que para encontrar la droga, los buzos de la Marina Nacional tuvieron que hacer maniobras para dar con las caletas que llevaba el buque.

En la operación fueron detenidos 10 narcotraficantes, identificados como Luis Enrique Rodelo Osorio, Antonio José Ángulo Narváez, Mario Alonso Pérez Hernández y Miguel Antonio Galeano Ariaza, así como José Martín Cerda Cea, Roberto Adolfo Díaz y Francisco Javier García Duval (nicaragüenses), Yareth Sanir Carr Garcés y Vicente Ramos (panameños) y el ecuatoriano José Ramiro Valencia Fox, dos de ellos, fueron señalados con antecedentes de narcotráfico.

Todos serán procesados por el delito de tráfico internacional de drogas, luego de verificar el cargamento.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que la incautación se hizo bajo un trabajo de inteligencia coordinado.

El Fondo de Conservación Vial (Fovial) entregó este miércoles el proyecto de pavimentación de la carretera que conecta El Ceibillo con San José El Naranjo, en Ahuachapán Sur, una obra que busca mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica del sector.

La intervención contempló la pavimentación de por lo menos ocho kilómetros de vía, desde el empalme con la carretera El Litoral hasta el cantón San José El Naranjo. El proyecto representó una inversión de $8.82 millones y se ejecutó entre mayo de 2024 y octubre de 2025, indicaron las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, la obra impacta de forma directa a más de 27,400 habitantes y a un promedio de 279 conductores que transitan diariamente por el sector.

El acto de inauguración fue encabezado por el director ejecutivo de Fovial, Alexander Beltrán, y el presidente del Consejo Directivo de la institución y ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez Herrera.

Los trabajos incluyeron la construcción completa de la estructura del pavimento, con base y subbase mejoradas y la colocación de una carpeta asfáltica de ocho centímetros de espesor. Además, se instalaron 16 kilómetros de drenajes y se habilitó una sección vial de 7.30 metros de ancho, con canaletas laterales de 0.65 metros a cada lado para facilitar la evacuación de aguas lluvias.

Como parte de las obras adicionales, se ejecutaron pozos, muros de mampostería y colectores pluviales, así como la instalación de tuberías para agua potable. También se dio mantenimiento a un puente existente y se reconstruyó una cama de agua. El proyecto incorporó acciones de mitigación ambiental, entre ellas jornadas de siembra de árboles, informó Fovial.

“Este proyecto es una intervención que mejora la conectividad, impulsa la productividad local y eleva la calidad de vida de los habitantes, permite que estudiantes de los centros escolares El Quebracho y Los Calderón se trasladen con mayor seguridad y facilita el acceso a servicios básicos. De igual manera, fortalece la economía local del cantón San José El Naranjo, reconocido por su producción apícola, de granos básicos y café”, informó Beltrán por medio de una conferencia de prensa.

Además de este tramo remodelado, el MOPT también entregó la renovación de 17 kilómetros de capa asfáltica en la carretera Panamericana, específicamente en el tramo entre San Martín y Cojutepeque el pasado domingo.

Según un comunicado de la institución, este proyecto de renovación de cuatro carriles, que abarca 17 kilómetros, tuvo un costo de $10 millones. La nueva capa asfáltica tiene un espesor de 7.54 centímetros, y se reutilizó parte del asfalto antiguo retirado.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, reveló este miércoles que las primeras cámaras de videovigilancia en el transporte público serán instaladas en el próximo mes de julio al 100 % de las unidades.

«El proyecto ya fue adjudicado y se espera que en julio ya se esté instalando la primera cámara en las primeras unidades», reveló Reyes en la entrevista YSKL.

El viceministro señaló que las cámaras se instalarán en todas las unidades, incluidas las interdepartamentales, para tener un control y vigilancia del funcionamiento de las unidades, si estas brindan el servicio y conocer cómo funcionan.

Además de cámaras, también instalarán botones de pánico y GPS en las unidades, y una de las empresas que las instalará es Radio Comunicaciones (Radiocomp), S.A. de C.V., según el contrato “Suministro de instalación de sistema integral de videovigilancia para el sistema de transporte colectivo de El Salvador” fue adjudicado el 13 de febrero por $19.2 millones.

La adquisición consiste, según la publicación de la Dinac, en cámaras de videovigilancia, unidades MDVR, sistemas GPS, botones de pánico y componentes del centro de monitoreo, condiciones del servicio de la instalación en los vehículos de transporte público colectivo y adecuaciones necesarias en el centro de monitoreo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

El Viceministerio de Transporte (VMT) del MOPT anunció, hace una semana, la instalación de cámaras y GPS en más de 9,000 unidades de transporte público. Según las bases de licitación, cada unidad de transporte tendría cuatro cámaras y se requerirían cámaras para 5,000 paradas de buses con capacidad de visión nocturna, tres botones de pánico por unidad de transporte, un botón de pánico por cada poste en las paradas de buses, según las bases de licitación publicadas con el primer aviso, el 31 de julio de 2025.

El sistema integral de videovigilancia se financía con el convenio de préstamo 2240 denominado “Programa de modernización y desarrollo institucional para la protección ciudadana”, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Se trata del préstamo 2240 por $109 millones que originalmente era destinado al “Programa de modernización de las instituciones de seguridad ciudadana en el marco del financiamiento del Plan Control Territorial en su fase III” y cuya falta de aprobación el 9 de febrero de 2020 provocó la incursión de militares en la Asamblea Legislativa cuando el presidente Nayib Bukele ingresó al Salón Azul. Este préstamo fue modificado el 20 de agosto de 2024.

Un estudio de la Agencia de Cooperación Coreana, KOIKA El Salvador, planteó un plan piloto al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, donde se implementen GPS, cámaras y botones de pánico en las unidades del transporte público, con la finalidad de agilizar el colectivo a los usuarios.

Esta prueba piloto es uno de los componentes de un plan maestro y comprende la remodelación y modernización de al menos 13 paradas de autobuses del Área Metropolitana de San Salvador para seguir en tiempo real las unidades del transporte público.

Actualmente, el gobierno está a la espera de la llegada de una flota de más de 6,000 autobuses provenientes de China con el que se pretende renovar el transporte público de la metrópolis.